Decaída

Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2020 se recogieron entre finales de año y enero del 2021. Capturan parcialmente los efectos de la cuarentena de cinco meses y —ya lo sabemos— muy pocos de los efectos de la Covid 19, pues los picos más frecuentes y altos se dieron después de esas fechas. Pero muestran el deterioro de la calidad de vida en la ciudad.

Los habitantes de Medellín afirman que su situación económica empeoró (37%); el 22% se consideran pobres, lo que implica un retroceso de diez años, y uno de cada cinco habitantes de Medellín no pudo consumir las tres comidas diarias, dato nunca visto desde que se iniciaron las mediciones en 2006. A las mujeres, a la clase media y a los habitantes de la zona suroccidental les fue peor. El informe no muestra los datos por rangos de edad, pero debemos suponer que los jóvenes están en ese grupo. En coincidencia con los informes internacionales, uno de cada cuatro ciudadanos dijo tener un estado de salud mental regular o malo, siendo más afectados los pobladores de la zona centro oriental, las mujeres y los sectores medios y bajos.

No extraña, por tanto, que los ciudadanos de Medellín sigan manteniendo la economía familiar y la salud como prioridades personales y como demandas a los gobernantes, algo sobre lo que administradores y opinadores generaron confusión al plantear la falsa disyuntiva entre economía y salud. Una política pública que consulte la opinión ciudadana debería darle prioridad, según la encuesta, al empleo, la educación y la pobreza, además de la salud. Notable y alentador que los medellinenses redescubran la importancia de la familia y los amigos.

El alcalde de la ciudad presenta la mayor brecha histórica entre conocimiento (96%) y favorabilidad (74%). Esto quiere decir que es muy conocido, un fenómeno asociado a la actividad en medios sociales y a la adicción al sensacionalismo. Y que su favorabilidad es la peor para el primer año de cualesquiera de los cuatro alcaldes cubiertos por la encuesta.

Nuestra gente sigue estando orgullosa de su ciudad, satisfecha de vivir en ella y es optimista, pero todos estos indicadores han caído notablemente en los últimos años. El orgullo ha bajado más de diez puntos en 15 años, lo mismo que la satisfacción de vivir en Medellín; son optimistas dos de cada tres, pero hace 15 años eran cuatro de cada cinco.

El 21 de octubre de 2019 publiqué mi análisis de la encuesta de entonces bajo el título Medellín conforme. El título original era Medellín estancada, cambiado porque no quería mostrarme pesimista. Pero la realidad es tozuda: los indicadores subjetivos de calidad de vida no son buenos y la tendencia decreciente se ha prolongado. Con lo que resta de esta administración solo es previsible un mayor deterioro.

El Colombiano, 25 de abril

Feria del libro: Pensar la crisis

 

Una muerte feliz

Hace un par de semanas (6 de abril) murió el sacerdote y teólogo católico Hans Küng, discípulo del joven Joseph Ratzinger y pupilo de Juan XXIII, silenciado en la cátedra por Juan Pablo II. El señor Küng dejó una extensa, obra en el pleno sentido de la palabra, de la cual quiero rescatar tres aspectos en los que contribuyó, desde su fe, a construir puntos de encuentro con la ética civil, las asociaciones privadas y los estados. 

Küng fue uno de los inspiradores de la declaración Hacia una ética mundial (1993) que promulgó el Parlamento de las Religiones del Mundo, una asociación creada a fines del siglo XIX, y luego promovió la Fundación por una Ética Mundial. Aunque la conversación sobre una ética global ha evolucionado desde entonces, vale la pena mencionar los cuatro compromisos alrededor de los que se estructuró el documento: (i) cultura de la no violencia y respeto a toda vida, (ii) cultura de la solidaridad y de un orden económico justo, (iii) cultura de la tolerancia y un estilo de vida honrada y veraz, y (iv) cultura de igualdad y camaradería entre hombre y mujer. Esta empresa trasciende los límites religiosos e involucra a pensadores e instituciones muy diversas.

Fue promotor de una religiosidad ilustrada, razonable, que tuviera en cuenta el estado intelectual de la humanidad y los avances científicos. Un sendero que abrió Tomás de Aquino y que después de Teilhard de Chardin parecía expedito, pero que se ha frustrado por una religiosidad supersticiosa, fanática e incivil, conducente a prácticas inhumanas, que el señor Küng no admitía como religión auténtica.

Aunque no quería que su memoria se vinculara exclusiva o fuertemente con su defensa por el derecho a una muerte digna, el que una de sus últimas obras girara alrededor de esa idea, más el tiempo de la pandemia global, hacen inevitable esa referencia. Una muerte feliz (2018) se tituló el libro y allí explica como “morir feliz no significa para mí una muerte sin nostalgia ni dolor por la despedida, sino una muerte con una completa conformidad” y hace una defensa ardorosa de la eutanasia como el conjunto de “medidas para el alivio del tránsito a la muerte de enfermos incurables”. También el mundo avanza en este sendero, aunque acá cojeamos, pues, la Cámara de Representantes enterró en estos días el proyecto de ley para reglamentar el derecho a una muerte digna, reconocido hace un cuarto de siglo por la Corte Constitucional (Alberto Velásquez Martínez, “¿Morir sin dignidad?”, El Colombiano, 14.04.21).

Un día antes de la muerte de Küng, se cumplieron 25 años del deceso del padre Carlos Alberto Calderón, durante su misión en Kenia. Su última carta hablaba, también, de una muerte feliz. Ambos, fueron sacerdotes que no se amurallaron en su fe, siempre atentos al mundo y a los gentiles.

El Colombiano, 27 de diciembre

Red cultural del Banco de la República

 

Retrato de un hombre

[Portrait of a Man]

Retrato de un hombre

Screamin’ Jay Hawkins

 (versión libre)

Estoy pintando con óleo

El retrato de un hombre

Que ha cargado su corazón con todo el dolor

Y toda la pena que puede soportar.

Estoy usando todos los tintes de azul

Que tengo en mi paleta.

 

Puedo decir que está muriendo.

Veo la muerte en sus ojos

Sí, lo sé... Sé cuándo está llorando.

Son mis lágrimas... mis lágrimas las que llora.

Estoy muy cansado de sentir su aflicción.

Mezclo la pintura con mis manos.

 

Mientras pinto la frente arrugada

Y el pelo que se está volviendo gris,

Oh, dime cómo... ¿cómo puedo pintar una sonrisa

Y unos ojos huidizos?

Estoy usando todo... todos los tonos de azul

Que tengo en mi paleta.

 

Estoy pintando al óleo

El retrato de un hombre.

Hace 50 años fue grabada por su compositor; en los años recientes ha sido interpretada por el artista oceánico Marlon Williams.

Trumpito

“‘Lo que están diciendo en redes es mentira’... dijo a este diario la persona que atiende a los usuarios en la Clínica Bolivariana… ‘Tengan respeto por las personas’, escribió una lectora”. Estas expresiones —recogidas de la cobertura periodística de este diario— revelan el meollo de los hechos del jueves pasado (“El desconcierto que generó anuncio de vacuna sin cita a mayores de 70”, El Colombiano, 09.04.21). La mentira, que comenzó a circular por Twitter antes de las seis de la mañana, anunciaba vacunación sin cita para mayores de 70 años; el irrespeto, además de la mentira, fue producir movilizaciones fallidas a los puestos de vacunación, congestiones y frustraciones a los ancianos y sus familiares.

Las aclaraciones sobre la mentira fueron oficiales. Pude recoger mensajes de la IPS Universitaria, las clínicas Soma, Ces, Las Américas y Bolivariana, la Eps Sura y Comfama indicando —también por medios sociales— que no estaban en jornada de vacunación para público en general. La indignación ciudadana parece ser masiva, según me comentan los usuarios de medios sociales. Todo esto fue grave, por sí mismo. La cosa se torna crítica porque la fuente de la mentira y la causa del irrespeto radican en el alcalde Daniel Quintero, que fue  quien invitó a la gente a ir a vacunarse sin cita a las 5:45 de la mañana y quien, a las 11:46 de la mañana, alegaba por Twitter que las IPS “privadas” no podían negarse a administrarlas. 

La razón de fondo es que no hay suficientes vacunas disponibles y el alcalde debía saberlo. Si no lo sabía, es un problema de incompetencia de él y de su secretaría de salud, y debió haber rectificado inmediatamente. Si lo sabía, y en ello se sostuvo, se trata de un acto de mala fe de Quintero. Mala fe del alcalde contra dizque las IPS “privadas”, aunque la IPS Universitaria no es privada. Esta pelea del alcalde con el sector salud muestra su ignorancia del ordenamiento colombiano que indica que “la salud es un servicio público” que puede ser prestado por entidades privadas bajo las políticas, vigilancia y control estatales (Constitución Política, art. 49). Es decir, no existe en salud, y menos aún en asuntos epidemiológicos, esa gruesa línea divisoria que Quintero imagina. Su pelea también es un engaño a la ciudadanía y una mezquindad con el sector, pues, como indicó hace poco Pascual Gaviria, la mitigación de la pandemia en la región está relacionada “sobre todo con estrategias impulsadas por EPS privadas” (“Un genio asintomático”, El Espectador, 07.04.21).

En una democracia, sin embargo, las reglas y las políticas públicas son una parte. La otra —la más importante en estos momentos— es la relación con la ciudadanía. A Quintero no le basta destruir las infraestructuras que aseguran el actual nivel de bienestar de Medellín; humilla y manipula a sus ciudadanos.

El Colombiano, 11 de abril

Un año desagradable, brutal y largo

Ha trascurrido un año desde que se decretó la primera cuarentena. Cierto; de la propagación del virus que produce la covid-19 sabemos desde hace casi año y medio y de este tipo de virus desde hace casi veinte años. Pero los daños más extensos y profundos no los produjo ningún virus, fueron producidos por las medidas gubernamentales. Aquella primera cuarentena, recordémoslo, duró realmente cinco meses e hizo de nuestro 2020 un año hobbesiano, es decir, desagradable, brutal y largo, no breve, como esperaba Thomas Hobbes de un mundo sin estado de derecho.

Hace un mes, el rector de la Universidad de Los Andes hizo una breve evaluación de las medidas gubernamentales para concluir que no hay correlación significativa entre las restricciones impuestas y el comportamiento de los contagios y muertes por la enfermedad. Y concluye afirmando que “creer que los políticos controlan plenamente el virus, que basta con su voluntad y coraje, es una ilusión, una especie de falla democrática y una fuente de confusión y malas decisiones” (Alejandro Gaviria, “La ilusión del control”, 15.02.21). El diagnóstico de Gaviria indica que seguimos sin saber mucho sobre este virus —más aún con el fenómeno de las mutaciones en marcha— y que las tareas para enfrentarlo deben hacerse con modestia.

En situaciones de alta incertidumbre, como la que vivimos, el intervencionismo apresurado y múltiple tiende a producir más daños, muchos de ellos silenciosos y de largo plazo. El punto de vista del rector Gaviria está alimentado por la noción, establecida por los ilustrados escoceses, de que la acción humana más promisoria es aquella basada en la experimentación y que la idea de que los planes de un pequeño grupo de iluminados pueden resolver nuestros problemas es peligrosa.

Después de un año, esta enseñanza elemental se abre paso con dificultades por la tozudez de los expertos y el afán demostrativo de los gobernantes. Los fracasos repetidos de la mayoría de los países occidentales no provienen de la democracia liberal sino de la facilidad con la que los gobernantes pudieron eludir sus normas. Me explico. Los gobiernos democráticos tomaron medidas que vulneraban el estado de derecho, el control político y las libertades individuales; muy pocos las respetaron. Después vino un asunto cultural: la dificultad para admitir los errores y aprender de ellos.

En Colombia, por desgracia, las autoridades regionales y locales han mostrado ser más tozudas y arbitrarias que el gobierno nacional. Para ejemplo están las medidas de la gobernación de Antioquia tomadas sobre la marcha este martes santo, como si no se supiera hace tiempos que habría otro pico de contagios ni cuándo caía la semana santa. Es una muestra de lo mal que están funcionando los mecanismos deliberativos, de consulta y control en el nivel regional. Hay tiempo para recapacitar y hacer ajustes porque esto va para largo.

El Colombiano, 4 de abril.

González sobre la impaciencia

Una observación de Fernando González sobre la impaciencia ya que el tema luce abstruso. Puede ser una aclaración del apotegma de Kafka.

El hombre de acción, a pesar de que se contiene por sistema, es un ansioso; a pesar de que va paso a paso, por sistema es un desesperado; a pesar de que sostiene el valor de la intranquilidad, es un intranquilo.

La paciencia, la contención, todas las antiguas virtudes de nuestros gordos antepasados, se predican a la juventud, pero ya no como virtudes, sino como métodos. La moral es pragmatista. Se aceptan las virtudes de los viejos tratadistas, pero porque son útiles.

Fernando González (2010), Viaje a pie. Medellín: Editorial EAFIT, p. 67.

Virtudes comunes

Un problema creciente de la sociedad contemporánea es la fragmentación, la cada vez más aguda tendencia a construir identidades narcisistas inflando las peculiaridades y discriminando a los diferentes. Las respuestas modernas al problema de la integración están en declive: la primera fue la identidad nacional, cuya careta ha caído mostrando los viejos rostros del racismo y los particularismos; la segunda, la identidad bajo la constitución y la ley requiere cada vez de la coerción para sostenerse.

Se intentan respuestas desde varios lados. Una es la de la interculturalidad religiosa que se basa en la idea cierta de que las grandes religiones del mundo comparten unos preceptos básicos que, de cumplirse, contribuirían a cimentar un orden moral ecuménico. En la práctica, la secularización ha desgastado la capacidad de convocatoria de las religiones que hoy se mueven entre el fundamentalismo y la frivolidad. ¡Qué país tendríamos donde los católicos cumplieran el quinto y el séptimo mandamientos!

Hace un lustro, el intelectual canadiense Michael Ignatieff emprendió un proyecto para tratar de responder esa pregunta y se sumergió en seis comunidades de cinco continentes. Fueron dos sus conclusiones más notables. La primera es que los códigos posmodernos de la moral siguen siendo poco operativos. Según Ignatieff, esos códigos son los derechos humanos, el derecho humanitario y el ecologismo. Se han logrado avances, pero también son fuente de tensiones y de discrepancias. Las reacciones gubernamentales y ciudadanas ante la pandemia mostraron la precariedad de la fuerza de los derechos humanos, por ejemplo. La segunda conclusión es que lo que permitía la convivencia en esas comunidades eran los que llamó “virtudes cotidianas”. Encontró que las principales son la confianza, la tolerancia, el perdón, la reconciliación y la resistencia adaptativa, que llaman ahora con la fea y engañosa palabra “resiliencia” (Michael Ignatieff, Las virtudes cotidianas, 2018).

Poco después, un grupo de antropólogos de la Universidad de Oxford adelantó una investigación que cubrió sesenta comunidades en todo el mundo, incluyendo tres colombianas (koguis, cunas y tucanos). El estudio identificó siete formas de comportamiento que fomentan las relaciones cordiales y cooperativas en las comunidades. Ellas son: ayudar a los familiares, apoyar al grupo social propio, mantener la reciprocidad en las relaciones, ser valiente y emprendedor, ser respetuoso con las diversas jerarquías, repartir los recursos escasos o conflictivos y respetar la propiedad. “Llegamos a la conclusión de que estos siete comportamientos cooperativos son candidatos plausibles para las reglas morales universales” (Curry et al, “Is It Good to Cooperate?”, 2019).

Estas son virtudes concretas que dependen del refuerzo de las instituciones públicas, especialmente, aquellas que interactúan cotidianamente con la gente, tales como la policía, la escuela y los empresarios. Serían un punto de partida para recomponer el orden social, bien sea el elemental “vivir unos junto a otros” o la meta más exigente de una sociedad cooperativa.

El Colombiano, 28 de marzo.

Impaciencia

Branko Milanovic es uno de los más visibles economistas dedicado al estudio global y general del capitalismo contemporáneo. Hace poco, escribió una columna de prensa lanzando —como audaz novedad— la hipótesis de que la crisis occidental puede hallar una explicación en la impaciencia. La impaciencia, dice, es la expresión de una ideología basada en el éxito económico, la financiarización, el endeudamiento y el consumo, en suma, lo que en su campo se llama “preferencia de tiempo puro” (“Impaciencia: la causa del fracaso occidental contra la pandemia”, Letras libres, 17.12.20).

La preocupación de Milanovic es válida, mucho menos su sorpresa. La filosofía lleva décadas, quizás siglo y medio, hablando de fluidez, aceleración, velocidad. Desde que Marx acuñara el célebre “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Incluso un pensador francés intentó crear un campo de estudios sobre el tema, hace 35 años, que llamó dromología. Las inseguridades científicas del economista serbio encuentran un alivio en una frase que Franz Kafka había apuntado en sus diarios y que cito completa: “Hay dos pecados humanos capitales, de los que se derivan todos los otros: la impaciencia y la pereza. Por la impaciencia fueron expulsados los hombres del Paraíso, por la pereza no vuelven a él. Pero tal vez haya sólo un pecado capital: la impaciencia. Fueron expulsados a causa de su impaciencia, no vuelven a causa de su impaciencia”.

La frase de Kafka es dura de roer, especialmente en su segunda parte. Todos entendemos los afanes que hicieron que Adán y Eva perdieron el paraíso para ellos y sus descendientes. Pero cuando Kafka dice que “por la pereza no vuelven a él”, “no vuelven a causa de su impaciencia”, el argumento no es evidente. La pereza no parece ser impaciente sino lo contrario.

¿Por qué la pereza es impaciente? Confieso que es un tema nuevo para mí, pero ensayo una respuesta. La pereza es impaciente porque el camino de la redención es largo y difícil. Puesto en pagano: todo proyecto auténtico de transformación social —organizativa o política— requiere coraje, esfuerzo y “tiempo impuro”, es decir, necesita paciencia, serenidad y resistencia, pero el marco mental en el que estamos instalados los occidentales es el del cortísimo plazo. Los gobernantes se apuran a mostrar resultados diarios, los empresarios hacen balances trimestrales.

Eso no significa que la impaciente pereza no haga nada. La impaciencia de la pereza consiste en que solo hace lo que se puede ver y tocar, lo que se puede mostrar al final del día o del trimestre. De hecho, la impaciente pereza hace muchas cosas; lo que pasa es que no hace las pocas cosas que hay que hacer para producir una transformación cualitativa y no, simplemente, para hacer más de lo mismo. La impaciente pereza trabaja mucho y produce poco, es multitarea pero evade lo fundamental.

El Colombiano, 21 de marzo

Contrato social

 Los llamados a una reforma de los esquemas de protección social se incrementaron en el mundo en 2020 y dejaron de ser un asunto de los académicos y los pocos tecnócratas sensibles que hay. El más reciente de ellos lo hizo The Economist partiendo de la base de que el gasto social se canaliza “a una red de seguridad obsoleta” y que “debería reconstruirse” alrededor de los cambios en las condiciones laborales, los desplazados tecnológicos, los trabajadores del cuidado, todo lo cual exige hacer eficientes las instituciones públicas para balancear “la generosidad y el dinamismo” (“Welfare in the 21st century”, The Economist, 06.03.21). 

Recientemente Fedesarrollo, el centro pensamiento promovido por empresarios en 1970, presentó al país el resumen de su propuesta denominada “Hacia un nuevo contrato social” (03.03.21). La sintetizo en los párrafos siguientes.

Unificar en el Sisbén 4.0 la focalización de los subsidios, lo que conlleva la eliminación del odioso y antitécnico estrato socioeconómico. Llevar el programa Colombia Mayor a todos los adultos mayores de 65 años no pensionados con un monto mensual que hoy sería de $412.000. Crear una renta mínima para los hogares por debajo de la línea de pobreza, condicionada a escolaridad y chequeos de salud, que estiman hoy en un promedio de $138.000 mensuales por hogar. 

En materia pensional se propone introducir un “pilar contributivo y flexible”. En salud y compensación familiar se introducirían aportes progresivos partiendo de 0% y buscando mayor equidad entre asalariados e independientes. Crear un seguro de desempleo no contributivo ($412.000 de hoy) hasta por seis meses a trabajadores que devenguen menos de 1,5 salarios mínimos, y un auxilio de solidaridad del 4% de un salario mínimo para quienes devengan menos de dos salarios mínimos.

La propuesta, como es entendible, incluye también asuntos fiscales como la eliminación de las exenciones sectoriales, zonas francas, los impuestos de comercio y avisos, reducir la renta corporativa, generalizar el IVA y aumentar las compensaciones por este gravamen.

En mi opinión la propuesta de Fedesarrollo es modesta (mucho) y viable (sus números deben ser irreprochables). Preferiría una más simple y ambiciosa pero, como “esta es Colombia, Pablo”, para nuestro reformismo de baja intensidad, las ideas gruesas de la misma apuntan en la dirección adecuada: simplificación de los mecanismos, flexibilidad, más equidad.

El gran lunar, como siempre, es la falta de atención a la clase media. Los hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos quedan igualados (excepto para la compensación familiar) con los hogares de mayores ingresos. Fedesarrollo utiliza el concepto de “contrato social”. El premio nobel Thomas Schelling dice que para que se pueda hablar de contrato social hay que compensar a todos aquellos cuyos costos serían mayores que la ventaja resultante (Micromotives and Macrobehaviour, 2006). La clase media vulnerable quedaría en la condición de pagar más que el beneficio obtenido.

El Colombiano, 14 de marzo

John Rawls

Hace cien años nació John Rawls (21 de febrero), en Baltimore, Estados Unidos, y buena parte de los estudiantes de filosofía del mundo lo estamos recordando, en compañía de algunos economistas y juristas. Rawls nunca salió del mundo académico pero su influencia en las discusiones sobre la cuestión social y el constitucionalismo es notable. La respuesta de los gobiernos occidentales a los desafíos planteados por la pandemia ha realzado la importancia de las ideas de Rawls, así que no se trata de una celebración rutinaria.

Las previsiones de los economistas sobre el curso de la recuperación económica han sido variadas, aunque la más plausible es la llamada recuperación en forma de K. La tal K nítidamente sería un signo “menor que”, es decir <. ¿Qué significa eso? Que un sector de la sociedad disfrutará los beneficios del nuevo crecimiento económico y otro padecerá por largo tiempo las consecuencias de la crisis (cerca del 80% de la población). Estos últimos son los “que están desempleados o parcialmente empleados en trabajos de poca calificación y servicios de bajo valor agregado —el nuevo ‘precariado’— endeudados, con poca capacidad financiera y con menguantes perspectivas económicas” (Nouriel Roubini, “The Covid Bubble”, Project Syndicate, 02.03.21).

En Colombia, eso significaría que los avances del siglo XXI en lo tocante a la superación de la pobreza y la subsecuente expansión de la clase media, que se perdieron el año pasado, durarán por un largo tiempo, agravando las condiciones de penuria y desigualdad. Este gobierno no solo se ha esforzado poco, sino que, además, contrató una misión que está proponiendo medidas laborales, pensionales y sociales que empeorarían la situación de los más vulnerables.

Aquí entra en juego el principio de la diferencia de Rawls, que rechazan los librecambistas. Rawls cree que las desigualdades sociales y económicas pueden ser justificadas solo si son el resultado de acceder a cargos que se provean en condiciones abiertas y con igualdad de oportunidades; esto es, mercados laborales abiertos, sin discriminación alguna y basados en el mérito (este requisito está siendo cuestionado hoy), que permitan la movilidad social. Además, los gobiernos estarían justificados para ejecutar políticas que no son imparciales solo si ellas van en “beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad”.

Rawls —algo que olvidan los igualitarios (y todos los populistas) y que siguen ignorando durante el encierro autoritario— planteó su principio de libertad como el derecho de cada persona “a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos”. El principio de libertad tiene primacía sobre el principio de diferencia.

Una democracia liberal que siga ignorando la cuestión social, afanada con la creación de riqueza y perezosa ante el sufrimiento de la mayoría de los ciudadanos, más temprano que tarde dejará de ser una sociedad libre.

El Colombiano, 7 de marzo

Más sobre presidencia y alcaldía

Como veníamos diciendo, el presidente de la república sí tiene velas en el entierro de EPM —espero que el viejo dicho no se torne literal. Ya intervino negociando, no sabemos en qué términos, la entrada de EPM al Caribe a través de Afinia; y puede intervenir, sugerí, por las funciones de inspección, vigilancia y control. 

Los constitucionalistas y administradores públicos usan otro argumento: que la constitución establece que tiene que haber coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los distintos niveles territoriales, es decir, presidente, gobernador y alcalde (art. 288). Por la coordinación, el alcalde y el presidente tendrían que estar identificados en el fin que se busca con las acciones en EPM; por la concurrencia, tendría que haber participación del nivel nacional cuando las decisiones tienen un alcance mayúsculo, máxime teniendo en cuenta la importancia estratégica de EPM en la provisión de energía eléctrica en el país; por la subsidiariedad, el poder central tiene que intervenir cuando en el nivel municipal hay problemas para resolver asuntos de interés fundamental. En el caso de los servicios públicos, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que la responsabilidad es del estado, no de “un órgano específico” y que el presidente de la República tiene a su cargo, entre otras, la función de “señalar… ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios” (art. 370).

Creería que no existe ninguna razón distinta a la falta de voluntad política para que el presidente Duque se desentienda de lo que está pasando en EPM.

Puede que tenga que ver o no, el gobierno nacional también tiene sus pecados en materia de gobierno corporativo. ¿Por qué digo esto? El exministro Carlos Caballero Argáez acaba de plantear un problema serio generado a partir de la propuesta de que Ecopetrol compre a ISA. Dice Caballero que, en este caso, “mediante un cuestionable ‘convenio administrativo’ entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda se omite el procedimiento establecido para vender empresas estatales —la Ley 226 de 1994—, que conduciría a efectuar una operación en condiciones de mercado, colocando a la Nación y a los accionistas minoritarios en igualdad de condiciones. Se le propina así un golpe al mercado de capitales cuando, en teoría, lo que el Gobierno buscaba era promover su desarrollo e inclusive había convocado una misión de expertos para tal fin” (“Interrogantes sobre la confianza pública”, El Tiempo, 12.02.21). Todo esto después de que el estado los animara y muchos colombianos compraran acciones en esas empresas directamente o a través de los fondos de pensiones.

Herbin Hoyos: 

Si las organizaciones de defensa de los derechos humanos y que actúan en representación de las víctimas del conflicto armado se pronunciaran lamentando su muerte y reconociendo su invaluable trabajo por los secuestrados, daríamos un paso adelante en la reconciliación.

El Colombiano, 28 de febrero

Aron, Berlin, Revel, comentados

 

La presidencia y la alcaldía

Las relaciones entre la presidencia de la república y las alcaldías tienen un antes y un después cuyo parteaguas es la elección popular de alcaldes, que inició en 1988. Antes, el presidente de la república nombraba al alcalde y era su jefe directo. De algún modo, existía una relación de solidaridad entre ambos y al presidente le incumbía una responsabilidad mediata en la gestión del alcalde. En ese entonces, específicamente entre 1958 y 1982, a Medellín no le fue muy bien: el periodo promedio del alcalde fue de un año, mientras en Cali fue de año y medio y en Bogotá tres años. ¿Podía gobernar así un alcalde? El tiempo alcanzaba para arreglar la oficina, ir a los eventos protocolarios y poco más. La proyección de la ciudad descansaba en el gerente de EPM y en la dirigencia privada. La expansión educativa, hospitalaria, asistencial y recreativa fueron obra, básicamente, de fundaciones cívicas o religiosas y de iniciativa empresarial, como las cajas de compensación, para no ir muy lejos.

Las cosas cambiaron después de 1988. El presidente dejó de ser el jefe directo del alcalde, aunque, como jefe de gobierno es superior jerárquico del mismo. Esta primacía se expresó en la historia reciente en actos como las negociaciones con las milicias populares o la Operación Orión, para mencionar dos casos municipales que eran de competencia presidencial. Un acto más protuberante fue la creación de la Consejería Presidencial para Medellín —punto de inflexión de la transformación de la ciudad— que se constituyó en una auténtica alcaldía ad hoc. En la mayoría de los casos el presidente no le da órdenes al alcalde pero lo condiciona con inversiones nacionales, proyectos de los institutos descentralizados o las empresas estatales, disponibilidad de la policía, o —maliciosamente— usando los órganos de control. Como jefe del estado, además, el presidente de la república tiene la atribución constitucional (art. 189) de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre toda actividad que sea de utilidad común. No sobra decir que los presidentes han usado discrecionalmente sus poderes para constreñir a los alcaldes más allá de sus competencias, a veces, simplemente por diferencias políticas.

Esta argumentación preliminar es para decir que una cosa es la intervención administrativa y política que el presidente de la república puede hacer —por ejemplo, en el caso de EPM— y otra distinta la intervención corporativa y legal (Ley 142 de 1994), que dijo que no haría. Duque ya intervino en EPM induciéndola a asumir parte de los restos del naufragio eléctrico en la costa Caribe, lo que supondrá inversiones calculadas en 8 billones de pesos. No tiene excusas para la inacción respecto a EPM, y debería ser corresponsable de lo que ocurra.

Chiche: 

A Venezuela, estado fallido con un régimen inepto y corrupto, llegaron primero las vacunas anticovid que a Colombia.

El Colombiano, 21 de febrero

Vargas Llosa, El llamado de la tribu

 

A esta conversación le seguirán, seis presentaciones sobre sendos capítulos del libro en marzo y abril.

Silencio, palabra, grito

Haciendo un pequeño ejercicio tipológico podría decirse que en la política democrática se trabaja con tres tipos de materiales: el silencio, la palabra y el grito. Estos materiales estaban ya presentes en el ágora ateniense y en el senado romano; habría que decir, para no pecar de idealistas, que allí aparecía ocasionalmente el puñal, pero este es un anuncio de la dictadura y como tal cae fuera de lo que debe llamarse la política democrática.

El silencio hace parte de la civilidad y podríamos equipararlo a lo que llamamos la diplomacia. En política, muchas veces se deja pasar, cosa que hacen políticos, expertos y analistas. El silencio ha sido, clásicamente, una manera de crear distensión y dar margen a que los involucrados reflexionen, o simplemente una forma de desentenderse de asuntos que no se consideran importantes o fundamentales. Por supuesto, existe el silencio como máscara de la perfidia, ahora en boga a través de las llamadas “bodegas” que producen información falsa y hacen el trabajo sucio de un jefe particular.

La palabra ha sido siempre la materia privilegiada de la política; la palabra motivante del orador, la palabra persuasiva del intelectual público, la palabra como ejercicio de la libertad y como derecho de todo ciudadano, incluso esa palabra abreviada que es el voto. Desde hace unas cuantas décadas, la palabra se llevó al centro del paradigma democrático cuando se trató de postular la democracia deliberativa como una especie alternativa o complementaria a la representación y a la participación. Poca duda cabe de la desvalorización que ha sufrido la palabra, por obra y gracia de la demagogia y la mentira consuetudinaria de los jefes políticos y sus serviles.

El grito como expresión de indignación, protesta, reproche, siempre ha hecho parte de la política; que no les guste al conservador aristocrático que prefiere la diplomacia o al liberal racionalista que siempre opta por el discurso es otra cosa. El grito volvió a la política democrática hace una década larga como lo prueban los nuevos observatorios (Acled, por ejemplo). La indignación espontánea y significativa es una fuente de información muy valiosa para los gobernantes democráticos; el reflejo autoritario conduce simplemente a mandar la policía. La indignación canalizada bajo la forma de un proyecto político contribuye a producir cambios.

El manejo de los materiales es un arte y arte es considerada la política desde los tiempos clásicos; un arte difícil de consumar. ¿Cuándo callar, dejar pasar? ¿Cuándo debatir? ¿con quién argumentar? ¿cuándo protestar? ¿qué motivo merece una movilización, cuál daría pie a una propuesta? La política es un arte que no se deja engañar por el disfraz de líder o estadista que usa aquel que llega al poder por azar, por descarte o por suerte.

(Impropia forma de celebrar los sesenta años de la publicación de Silence, de John Cage.)

El Colombiano, 14 de febrero

Terminator

Empieza Jorge Orlando Melo las conclusiones de su Historia mínima de Colombia (2017), diciendo que “la mirada de conjunto a Colombia desde la Independencia permite ver un desarrollo económico rápido y mejoras notables de las condiciones de vida de la población, en especial después de 1850. Esto fue obra sobre todo de los ciudadanos”. De los ciudadanos más que del estado, es decir, del esfuerzo familiar, asociativo y empresarial. En Medellín no fue diferente y es, básicamente, nuestra historia, incluyendo la de Empresas Públicas de Medellín.

El brusco despido del Gerente de EPM, anunciado por un medio independiente dos semanas antes y negado categóricamente por el alcalde, fue un acto grotesco pero ante todo la muestra de la situación en que está la gran empresa de los antioqueños. En la entrevista que le realizó el periodista Juan Diego Ortiz de El Colombiano contó el señor Álvaro Rendón la forma intrusiva, arbitraria y personalista como el alcalde se comporta en EPM. En nombre de una lucha fantasiosa contra el empresariado antioqueño, Daniel Quintero está realizando la peor de las privatizaciones posibles: la apropiación de una empresa pública por parte de un individuo.

EPM es la pieza más visible y estratégica entre todos los objetos atacados por el alcalde, pero no es el único. Hace poco han salido a relucir los casos de Buen Comienzo y el Jardín Botánico. El programa Buen Comienzo está siendo destrozado, perjudicando a los niños más pobres de Medellín para favorecer a una empresa contratista vinculada con los peores políticos de Bello. El Jardín Botánico está siendo asfixiado económicamente con la suspensión de todos los contratos municipales, ¿a quién se los dará?

Detrás de cientos de programas e instituciones como estas hay cientos de organizaciones de la sociedad civil tan antiguas y venerables como la Sociedad de Mejoras Públicas o la Fundación Carla Cristina. El programa político del alcalde Quintero es copar las instituciones y programas del municipio de Medellín, tomar la nómina, canalizar los presupuestos o, directamente, favorecer bolsillos particulares por donde se puedan capturar las rentas públicas. La única manera de hacerlo es destruyendo el tejido asociativo y empresarial que ha hecho posible el mejoramiento de las condiciones de vida de los medellinenses y nuestro desarrollo económico, para usar las expresiones de Melo.

Los antioqueños nos resignamos a que algunos alcaldes hicieran y deshicieran en La Alpujarra, creyendo que esa era su casa y que parte del precio a pagar era con la burocracia para la clientela y el 15% para el jefe. Quintero empezó haciendo y deshaciendo a un costado, en el edificio inteligente, con el aplauso de algunos incautos. Ahora hace y deshace a lo largo y ancho de la ciudad, a costa de los sectores populares y las entidades cívicas que la construyeron. Y le faltan tres años.

El Colombiano, 7 de febrero

Algunos pioneros

No sorprende que Colombia esté entre los tres peores países del mundo en el manejo de la pandemia, ni que el cuarto (Irán) duplique nuestro puntaje. Cuando el Lowy Institute incorpore la gestión de la vacuna quedaremos de últimos; no es un pronóstico arriesgado. Mirar al gobierno y lo malo (que en estos años vienen siendo lo mismo) debe llevarnos a buscar lo bueno, que está casi todo en la iniciativa de personas e instituciones privadas.

Les cuento cuatro historias breves.

El señor Juvenal Marín decidió realizar uno de los objetivos de su vida: abrir una librería. En plena cuarentena arrendó un local al frente de su tradicional tienda de artesanías en Jardín, lo adecuó y cuando menos pensamos, abrió. Libros, pintura, fotografía, juegos, café para charlar. “Algún día se acaba esto”, me dijo. El hecho es que, aunque no se acabe, Martín Fierro ya es un triunfo para la literatura y el arte.

El colegio Avanzar queda en Envigado y pocos lo conocen; me enteré por los padres de mi nieta. Es una institución privada fundada en 1988. Apenas terminó la cuarentena, Avanzar decidió volver a la educación presencial. Mientras otros se sometían a la idea dominante del cierre, directivos y profesores le dieron esa oportunidad a los menores y sus familias. El lema de Avanzar es “Fomentamos la libertad de crear, pensar, expresar y hacer desde la responsabilidad y la esencia”. La decisión de abrir respalda la seriedad de su propósito.

El liderazgo cultural de Roberto Ojalvo en Jericó es un secreto a voces. Es ingente contar qué iniciativas promovió y, más aún, qué nuevas ocurrencias estará moviendo. Me dejó boquiabierto la semana pasada al escucharle la enumeración de conciertos, exposiciones y actividades comunitarias efectuadas desde septiembre pasado. Todas con presencia física de la gente. De ñapa, la Casa Museo José Tomás Uribe y el nuevo museo de música mantienen sus puertas abiertas, además del Maja.

Claudia Patricia Restrepo, la rectora de la Universidad Eafit, dio una explicación contundente esta semana sobre la importancia de hacer la vida: si necesitamos adaptarnos a la situación presente, la educación es el ámbito de aprendizaje para desarrollar nuevos hábitos, nuevas formas de comportamiento y nuevas maneras de relacionarnos. El campus universitario se está abriendo, además, con la convicción de que la universidad debe hacer pedagogía con estudiantes, profesores, familias y la sociedad en general.

Hay muchos ejemplos de coraje e imaginación en la sociedad civil que merecerían destacarse. Mencioné algunos que conozco. Me ocupé de ejemplos provenientes de los ámbitos de la educación y la cultura porque han sido los principales marginados por las autoridades gubernamentales, por muchos colegas profesores y por padres de familia. Estos ejemplos debieran animar a los directivos del sector y a los educadores, artistas, empresarios a moverse.

El Colombiano, 1 de febrero

Desvalorización de la ley

La inquietud de estudiosos y observadores de la política global por el abuso autoritario de la ley para controlar el virus que ocasiona la Covid-19 es constante desde hace casi un año, aunque marginal. La mayoría de los gobernantes han mostrado muy poco instinto democrático-liberal, el esfuerzo pedagógico ha sido mínimo y el sesgo represivo se expresa cotidianamente en el intento de controlar los cuerpos y doblegar los espíritus. Los daños actuales a las libertades presentes podrían resultar pequeños, considerando el carácter exponencial que pueden adquirir dadas la ruptura de la normalidad y el adiestramiento en las medidas de excepción.

Las anécdotas de la semana pasada en Antioquia son ilustrativas. Gobernantes que intentan mandar por Twitter (los imagina uno sentados en el sofá de la casa, sobando el gato, sin consultar el trino con un asesor ni discutirlo con un consejo de gobierno o consultarlo con un cuerpo colegiado); contradiciéndose cada tres minutos; “debatiendo” con colegas a través de medios sociales y otras, mejor ilustradas por los memes que circulan. Alcaldes y gobernador tomando medidas pocas horas antes de aplicarlas como si los ciudadanos, las empresas y las organizaciones no requirieran seguridad normativa y previsión.

Es un terrible contraste que en un país al que le sobran leyes y abogados exista tan poca sensibilidad jurídica. Un decreto gubernamental es una norma; las normas tienen que ser claras, públicas, con cierta estabilidad temporal (aún en casos de excepción). Las normas —si aspiran a tener eficacia— deben tener en cuenta la idiosincrasia, las costumbres y la cultura de la población, cuando no su opinión, mediada o directa.

La abundancia de decretos contradictorios, ilógicos, ineficaces, desconcierta a la gente y la induce a la inobservancia generalizada. En el pasado reciente había palabras que causaban temor como “toque de queda”, hoy dan risa. Entonces estamos abocados a otro problema grave: en la cultura ciudadana se está sembrando la idea de que la ley es inútil, quizá perversa. La majestad de la ley como elemento de un estado legítimo empieza a cuestionarse por la vía de los hechos, la más firme de las vías. ¿Qué nos espera?

Carlos Jiménez Gómez (1930-2021). 

Uno de los pioneros de las doctrinas de los derechos humanos y el derecho humanitario en Colombia, defensor de los ideales de la democracia liberal, acaba de morir en Bogotá (16 de enero). Una de las figuras más significativas del país durante la década tenebrosa de 1980 y una de las más descollantes entre los funcionarios del estado. En vida, sus méritos fueron resaltados por muy pocos: Carlos Gaviria Díaz, sus paisanos de El Carmen de Viboral (más por su labor como escritor) y —debo decirlo— yo, en mi libro “Las ideas en la guerra” (Debate, 2015). Sobre él se lanzó un manto de silencio, pero su legado prevalecerá.

El Colombiano, 24 de enero