Trumpito

“‘Lo que están diciendo en redes es mentira’... dijo a este diario la persona que atiende a los usuarios en la Clínica Bolivariana… ‘Tengan respeto por las personas’, escribió una lectora”. Estas expresiones —recogidas de la cobertura periodística de este diario— revelan el meollo de los hechos del jueves pasado (“El desconcierto que generó anuncio de vacuna sin cita a mayores de 70”, El Colombiano, 09.04.21). La mentira, que comenzó a circular por Twitter antes de las seis de la mañana, anunciaba vacunación sin cita para mayores de 70 años; el irrespeto, además de la mentira, fue producir movilizaciones fallidas a los puestos de vacunación, congestiones y frustraciones a los ancianos y sus familiares.

Las aclaraciones sobre la mentira fueron oficiales. Pude recoger mensajes de la IPS Universitaria, las clínicas Soma, Ces, Las Américas y Bolivariana, la Eps Sura y Comfama indicando —también por medios sociales— que no estaban en jornada de vacunación para público en general. La indignación ciudadana parece ser masiva, según me comentan los usuarios de medios sociales. Todo esto fue grave, por sí mismo. La cosa se torna crítica porque la fuente de la mentira y la causa del irrespeto radican en el alcalde Daniel Quintero, que fue  quien invitó a la gente a ir a vacunarse sin cita a las 5:45 de la mañana y quien, a las 11:46 de la mañana, alegaba por Twitter que las IPS “privadas” no podían negarse a administrarlas. 

La razón de fondo es que no hay suficientes vacunas disponibles y el alcalde debía saberlo. Si no lo sabía, es un problema de incompetencia de él y de su secretaría de salud, y debió haber rectificado inmediatamente. Si lo sabía, y en ello se sostuvo, se trata de un acto de mala fe de Quintero. Mala fe del alcalde contra dizque las IPS “privadas”, aunque la IPS Universitaria no es privada. Esta pelea del alcalde con el sector salud muestra su ignorancia del ordenamiento colombiano que indica que “la salud es un servicio público” que puede ser prestado por entidades privadas bajo las políticas, vigilancia y control estatales (Constitución Política, art. 49). Es decir, no existe en salud, y menos aún en asuntos epidemiológicos, esa gruesa línea divisoria que Quintero imagina. Su pelea también es un engaño a la ciudadanía y una mezquindad con el sector, pues, como indicó hace poco Pascual Gaviria, la mitigación de la pandemia en la región está relacionada “sobre todo con estrategias impulsadas por EPS privadas” (“Un genio asintomático”, El Espectador, 07.04.21).

En una democracia, sin embargo, las reglas y las políticas públicas son una parte. La otra —la más importante en estos momentos— es la relación con la ciudadanía. A Quintero no le basta destruir las infraestructuras que aseguran el actual nivel de bienestar de Medellín; humilla y manipula a sus ciudadanos.

El Colombiano, 11 de abril