Quienes suscribimos esta carta condenamos de manera firme y sin ambigüedades el uso de recursos públicos, de plataformas estatales y de vocerías oficiales para difundir acusaciones falsas contra un medio de comunicación independiente.
Lo ocurrido en los últimos días con La Silla Vacía, su directora, Juanita León, y su equipo periodístico, es particularmente grave. A partir de piezas fragmentarias y de la omisión de información decisiva, se construyó la acusación de que el medio haría parte de una estrategia para manipular la opinión pública y el proceso electoral. Esa imputación no resiste un examen mínimo de los hechos. El señalamiento más aberrante —la supuesta existencia de un contrato que comprometería su independencia— se funda en una distorsión que busca sostener una narrativa falsa.
Estas acusaciones han sido amplificadas por funcionarios del gobierno, por el sistema de medios públicos y por canales financiados con recursos de todos los ciudadanos. No se trata de un error ni de una controversia editorial legítima, sino del uso del poder para estigmatizar a un medio independiente que ha ejercido durante años un periodismo crítico, riguroso y sin concesiones frente a todos los gobiernos.
Pero este caso no es aislado. Hace parte de una práctica más amplia y preocupante: una forma de entender la libertad de expresión como una libertad de una sola vía. Desde el poder —y desde sectores que lo respaldan— se ataca de manera reiterada e injustificada a los medios independientes, al tiempo que se pretende ocupar el lugar de víctima del escrutinio. Es una lógica en la que el gobierno se arroga una suerte de monopolio de la crítica: cuando habla, lo hace como supuesto vocero del pueblo; cuando se le critica, responde con estigmatización y descalificación. Este gesto es profundamente antidemocrático.
La gravedad de estos hechos se acentúa en el contexto actual. Que estos ataques se produzcan en medio de un proceso electoral introduce un elemento adicional de preocupación: la pugnacidad permanente desde el poder erosiona las garantías que el propio gobierno está llamado a proteger, debilita la confianza en las instituciones y afecta las condiciones de deliberación pública en las que se sostiene la democracia.
Las consecuencias son concretas: intimidación a redacciones, afectación del buen nombre de periodistas y deterioro de las condiciones para el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Frente a ello, la defensa de principios básicos —el pluralismo, la tolerancia, el respeto por la crítica y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y contextualizada— no admite ambigüedades.
El periodismo independiente no es un adversario de la democracia. Es uno de sus componentes esenciales. Defenderlo es, por tanto, un deber de todos los demócratas.
