Por el respeto

En los tiempos que corren, en el país que vivimos y compartimos, es necesario un llamado urgente por el respeto. Respeto por el lenguaje. La palabra es puente que nos acerca, pero también es piedra si se usa para atacar con bajeza.

Nunca un insulto será un argumento.

Un llamado por el respeto a las diferencias. 

Respeto a los simpatizantes de cada candidato. Y por los candidatos.

Un llamado a los candidatos a no encender con gestos y palabras el fuego de la agresión. Aprendamos las lecciones del pasado. No queremos, no merecemos, revivir los días más tristes de nuestra historia política. La violencia partidista ha consumido vidas y esperanzas durante más de dos siglos: en la patria temprana, en La Guerra de los Mil Días, en el período oscuro que llamaron La Violencia, en la crueldad impuesta por guerrillas y paramilitares y narcos que se han escudado en la política. Mala siembra, peor cosecha.

Un camino asfaltado de ofensas solo lleva al vacío.

No es lo mismo un oponente que un enemigo. La competencia no es enemistad, son formas distintas de definir el mañana.

Es necesario un llamado por el respeto a cada persona que cada día apuesta y aporta por una Colombia mejor. Respeto a periodistas y periodismo. Respeto a observadores electorales. Respeto a tus amigos, a tu familia. 

Estamos de acuerdo en que no siempre estamos de acuerdo. Pero sí en la necesidad de este acuerdo por el respeto.

Nuevas heridas no nos harán ningún bien cuando las elecciones terminen.

Elijamos, también, el respeto. Lo necesitamos.

En defensa de la libertad de prensa

Quienes suscribimos esta carta condenamos de manera firme y sin ambigüedades el uso de recursos públicos, de plataformas estatales y de vocerías oficiales para difundir acusaciones falsas contra un medio de comunicación independiente. 

Lo ocurrido en los últimos días con La Silla Vacía, su directora, Juanita León, y su equipo periodístico, es particularmente grave. A partir de piezas fragmentarias y de la omisión de información decisiva, se construyó la acusación de que el medio haría parte de una estrategia para manipular la opinión pública y el proceso electoral. Esa imputación no resiste un examen mínimo de los hechos. El señalamiento más aberrante —la supuesta existencia de un contrato que comprometería su independencia— se funda en una distorsión que busca sostener una narrativa falsa. 

Estas acusaciones han sido amplificadas por funcionarios del gobierno, por el sistema de medios públicos y por canales financiados con recursos de todos los ciudadanos. No se trata de un error ni de una controversia editorial legítima, sino del uso del poder para estigmatizar a un medio independiente que ha ejercido durante años un periodismo crítico, riguroso y sin concesiones frente a todos los gobiernos. 

Pero este caso no es aislado. Hace parte de una práctica más amplia y preocupante: una forma de entender la libertad de expresión como una libertad de una sola vía. Desde el poder —y desde sectores que lo respaldan— se ataca de manera reiterada e injustificada a los medios independientes, al tiempo que se pretende ocupar el lugar de víctima del escrutinio. Es una lógica en la que el gobierno se arroga una suerte de monopolio de la crítica: cuando habla, lo hace como supuesto vocero del pueblo; cuando se le critica, responde con estigmatización y descalificación. Este gesto es profundamente antidemocrático. 

La gravedad de estos hechos se acentúa en el contexto actual. Que estos ataques se produzcan en medio de un proceso electoral introduce un elemento adicional de preocupación: la pugnacidad permanente desde el poder erosiona las garantías que el propio gobierno está llamado a proteger, debilita la confianza en las instituciones y afecta las condiciones de deliberación pública en las que se sostiene la democracia. 

Las consecuencias son concretas: intimidación a redacciones, afectación del buen nombre de periodistas y deterioro de las condiciones para el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Frente a ello, la defensa de principios básicos —el pluralismo, la tolerancia, el respeto por la crítica y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y contextualizada— no admite ambigüedades. 

El periodismo independiente no es un adversario de la democracia. Es uno de sus componentes esenciales. Defenderlo es, por tanto, un deber de todos los demócratas.