Hace cinco años las ONG Temblores e Indepaz y el PAIIS de la Universidad de los Andes acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el “uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021”.
La conclusión del informe dice:
La represión con la que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable saldo de al menos 4,687 víctimas de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública distribuidas así: 1617 víctimas de violencia física, 44 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 2005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 casos de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual y 9 víctimas de violencia basada en género.
La estigmatización de los manifestantes, el incumplimiento de acuerdos puntuales hechos con ellos y la ausencia de acciones de reconocimiento y reparación por parte del Estado hacen parte de una tradición histórica de las élites colombianas. A primera vista podría parecer que se trata simplemente de la aplicación de la lógica maniquea de buenos y malos que empezó a convertirse en consigna a principios de este siglo.
Pero no es tan simple. Si se observa lo que ocurre con los miembros de la Policía Nacional es posible detectar también la desconsideración hacia ellos. La creciente violencia que el gobierno nacional usó contra las protestas de 2019, 2020 y 2021 tuvo como instrumento principal a la policía. No es de extrañar que el número de suicidios entre los policías aumentara (de ocho en 2018 a 45 en 2022). Según la Procuraduría, entre 2020 y 2022, la Fuerza Pública empezó a representar cerca del 20% de los intentos de suicidio a nivel nacional atendidos por el sistema de salud estatal.
Cinco años después del estallido social en Colombia, surge la pregunta sobre la sensibilidad moral de nuestra sociedad, sobre nuestra memoria, sobre el cuidado de los ciudadanos y de los miembros de la Policía Nacional. Máxime cuando altos cargos del Estado en ese entonces aparecen directamente vinculados a la campaña de uno de los actuales candidatos a la presidencia de la república que promete hacer que la violencia estatal durante el gobierno de Iván Duque parezca poca cosa.