Adiós Panini

Han pasado quince mundiales y casi sesenta años, y en la semana de inauguración no tengo ni un caramelo -lámina, mona, pegatina- del álbum del campeonato mundial de fútbol. No lo tengo ni lo tendré.

Empecé a hacer álbumes a mis ocho años de edad, no sé cómo, ni cuál; probablemente el de Disgra. Las imágenes eran retocadas, en colores inverosímiles y las cabezas de los futbolistas parecían esculturas romanas. Los más pobres los pegábamos con engrudo, aquella mezcla de agua y harina; los más pudientes con goma. El resultado era el mismo: al cabo de las meses las láminas se despegaban, se regaban dentro de las páginas y culaquier movimiento amenazaba descompletarlo.

Con él y otros similares vivimos cuatro mundiales.

Luego llegó 1982 y con él Panini. El primer Panini colombiano fue ese, quizás, aunque la edición en libro de la compilación de los álbumes (Modena, 2006) remonta la publicación internacional a 1970. Panini logró un álbum más imperecedero y comercial. También, al principio, más informativo y más bonito. Mis hijos y yo nos familirizamos con nombres de países, banderas, rostros extraños y apellidos en otros idiomas repasando las páginas de los álbumes.

Panini nos permitió atesorar el objeto y perder las relaciones sociales que incorporaba. Desde 1982 los caramelos valían dinero, antes eran el dinero. Me explico: en mi niñez y juventud las láminas servían para hacer apuestas -jugando bolas o vuelta a Colombia-, para pagar favores -mandados o tareas- y, por supuesto, para intercambiar o ganárselas al monto, un juego simple que ya desapareció. Con Panini, apareció la comercialización y el costo prohibitivo para las familias más pobres.

Tengo mis once paninis empastados. Los conservo con sus huecos: los jugadores de México que no pude conseguir en el 86, las páginas obscenas de Coca-Cola y otras redundantes de leyendas y cosas por el estilo diseñadas solo para hacer más dinero. Veo la belleza del álbum del Mundial de España y, en el libro, la vastedad de la información que traía el del Mundial de Alemania 74 que incluía a los directores técnicos y a los presidentes de las federaciones.

A lo largo del tiempo pude percibir el deterioro de la marca, las imágenes insulsas de las sedes y los estadios, la información precaria, la foto realista que solo empaña la mitología futbolera, la discriminación (Haití o Zaire con dos jugadores por lámina). Y después el engrosamiento perverso alimentado por la FIFA: 16 equipos, 24, 32 y ahora 48.

Basta.

Todo esto es solo un reflejo de lo que el fútbol es hoy, como lo señala Branko Milanovic. Hay una saturación con un juego cada vez más pobre y menos emotivo, más farandulero y especulativo. Me es inevitable ver a Gianni Infantino en cada caramelo y pensar que llenarlo equivale a un salario mínimo legal.

Por el respeto

En los tiempos que corren, en el país que vivimos y compartimos, es necesario un llamado urgente por el respeto. Respeto por el lenguaje. La palabra es puente que nos acerca, pero también es piedra si se usa para atacar con bajeza.

Nunca un insulto será un argumento.

Un llamado por el respeto a las diferencias. 

Respeto a los simpatizantes de cada candidato. Y por los candidatos.

Un llamado a los candidatos a no encender con gestos y palabras el fuego de la agresión. Aprendamos las lecciones del pasado. No queremos, no merecemos, revivir los días más tristes de nuestra historia política. La violencia partidista ha consumido vidas y esperanzas durante más de dos siglos: en la patria temprana, en La Guerra de los Mil Días, en el período oscuro que llamaron La Violencia, en la crueldad impuesta por guerrillas y paramilitares y narcos que se han escudado en la política. Mala siembra, peor cosecha.

Un camino asfaltado de ofensas solo lleva al vacío.

No es lo mismo un oponente que un enemigo. La competencia no es enemistad, son formas distintas de definir el mañana.

Es necesario un llamado por el respeto a cada persona que cada día apuesta y aporta por una Colombia mejor. Respeto a periodistas y periodismo. Respeto a observadores electorales. Respeto a tus amigos, a tu familia. 

Estamos de acuerdo en que no siempre estamos de acuerdo. Pero sí en la necesidad de este acuerdo por el respeto.

Nuevas heridas no nos harán ningún bien cuando las elecciones terminen.

Elijamos, también, el respeto. Lo necesitamos.

En defensa de la libertad de prensa

Quienes suscribimos esta carta condenamos de manera firme y sin ambigüedades el uso de recursos públicos, de plataformas estatales y de vocerías oficiales para difundir acusaciones falsas contra un medio de comunicación independiente. 

Lo ocurrido en los últimos días con La Silla Vacía, su directora, Juanita León, y su equipo periodístico, es particularmente grave. A partir de piezas fragmentarias y de la omisión de información decisiva, se construyó la acusación de que el medio haría parte de una estrategia para manipular la opinión pública y el proceso electoral. Esa imputación no resiste un examen mínimo de los hechos. El señalamiento más aberrante —la supuesta existencia de un contrato que comprometería su independencia— se funda en una distorsión que busca sostener una narrativa falsa. 

Estas acusaciones han sido amplificadas por funcionarios del gobierno, por el sistema de medios públicos y por canales financiados con recursos de todos los ciudadanos. No se trata de un error ni de una controversia editorial legítima, sino del uso del poder para estigmatizar a un medio independiente que ha ejercido durante años un periodismo crítico, riguroso y sin concesiones frente a todos los gobiernos. 

Pero este caso no es aislado. Hace parte de una práctica más amplia y preocupante: una forma de entender la libertad de expresión como una libertad de una sola vía. Desde el poder —y desde sectores que lo respaldan— se ataca de manera reiterada e injustificada a los medios independientes, al tiempo que se pretende ocupar el lugar de víctima del escrutinio. Es una lógica en la que el gobierno se arroga una suerte de monopolio de la crítica: cuando habla, lo hace como supuesto vocero del pueblo; cuando se le critica, responde con estigmatización y descalificación. Este gesto es profundamente antidemocrático. 

La gravedad de estos hechos se acentúa en el contexto actual. Que estos ataques se produzcan en medio de un proceso electoral introduce un elemento adicional de preocupación: la pugnacidad permanente desde el poder erosiona las garantías que el propio gobierno está llamado a proteger, debilita la confianza en las instituciones y afecta las condiciones de deliberación pública en las que se sostiene la democracia. 

Las consecuencias son concretas: intimidación a redacciones, afectación del buen nombre de periodistas y deterioro de las condiciones para el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Frente a ello, la defensa de principios básicos —el pluralismo, la tolerancia, el respeto por la crítica y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y contextualizada— no admite ambigüedades. 

El periodismo independiente no es un adversario de la democracia. Es uno de sus componentes esenciales. Defenderlo es, por tanto, un deber de todos los demócratas.  

Cinco años

Hace cinco años las ONG Temblores e Indepaz y el PAIIS de la Universidad de los Andes acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el “uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021”.

La conclusión del informe dice: 

La represión con la que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable saldo de al menos 4,687 víctimas de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública distribuidas así: 1617 víctimas de violencia física, 44 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 2005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 casos de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual y 9 víctimas de violencia basada en género.

La estigmatización de los manifestantes, el incumplimiento de acuerdos puntuales hechos con ellos y la ausencia de acciones de reconocimiento y reparación por parte del Estado hacen parte de una tradición histórica de las élites colombianas. A primera vista podría parecer que se trata simplemente de la aplicación de la lógica maniquea de buenos y malos que empezó a convertirse en consigna a principios de este siglo.

Pero no es tan simple. Si se observa lo que ocurre con los miembros de la Policía Nacional es posible detectar también la desconsideración hacia ellos. La creciente violencia que el gobierno nacional usó contra las protestas de 2019, 2020 y 2021 tuvo como instrumento principal a la policía. No es de extrañar que el número de suicidios entre los policías aumentara (de ocho en 2018 a 45 en 2022). Según la Procuraduría, entre 2020 y 2022, la Fuerza Pública empezó a representar cerca del 20% de los intentos de suicidio a nivel nacional atendidos por el sistema de salud estatal.

Cinco años después del estallido social en Colombia, surge la pregunta sobre la sensibilidad moral de nuestra sociedad, sobre nuestra memoria, sobre el cuidado de los ciudadanos y de los miembros de la Policía Nacional. Máxime cuando altos cargos del Estado en ese entonces aparecen directamente vinculados a la campaña de uno de los actuales candidatos a la presidencia de la república que promete hacer que la violencia estatal durante el gobierno de Iván Duque parezca poca cosa.