viernes, 21 de abril de 2017

Cautela en la justicia transicional

El exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo le dijo, en un arranque de euforia, a Ángela Patricia Janiot que el acuerdo sobre justicia transicional era “una obra de arte” (cnnenespanol, 26.09.16). La realidad es otra. El acuerdo es pesado, fue hecho por dos comisiones negociadoras distintas del gobierno, quedó complejo y, en algunos puntos, incongruente. Convertirlo en una guía para que sirva de veras a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no será cosa de coser y cantar. Ya pasamos, en el proceso de vía rápida, por una reforma constitucional para incorporar la justicia transicional a la carta política y falta una ley estatutaria de la misma.

Una vez finiquitado esto –es decir, el cómo– vendrá lo más importante: el quién. Durante siglos la ciencia política ha discurrido sobre los pesos relativos de las instituciones y las personas pero, en este momento, nadie discute la gravedad que tiene el proceso de selección del Tribunal Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad. Como se sabe, quien tiene a cargo el nombramiento de magistrados y comisionados es un Comité de Escogencia integrado por cinco personas, delegadas por sendas entidades.

Los pasos preparatorios del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han sido pequeños fiascos que sirven de advertencia sobre el delicado manejo que debe tener si no queremos profundizar la discordia nacional. El gobierno se equivocó al nombrar a Néstor Raúl Correa como secretario ejecutivo porque ha demostrado que es un hombre imprudente que no da garantías de imparcialidad; más se demoró en abrir la boca que en corroborar su perfil. La manera en que Santos usurpó la autonomía del Centro de Memoria Histórica para darle un puesto a las fuerzas armadas –cosa que nunca se le ocurrió a Uribe– muestra que la falta de principios y el oportunismo del presidente son riesgos serios para la gestión del posacuerdo.

La batahola que se armó en el recinto del congreso el 9 de abril, con el extraño protagonismo de Gloria Gaitán, demuestra que las víctimas han sido suplantadas por organizaciones con prioridades ideológicas y afán vindicativo. Como si fuera poco –pongo un ejemplo– apareció un grupo de ciudadanos para hacer una serie de demandas de perdón a la iglesia católica entre las que se cuentan algunos agravios ocurridos durante la Guerra de los Mil Días y el desalojo de los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada de la Catedral Primada. Sí. Jiménez de Quesada, el conquistador bachiller, el fundador de Bogotá (El Espectador, “El mea culpa de los católicos ante las víctimas de la guerra”, 17.04.17).

Tres décadas de esperanzas y cinco años de negociaciones pueden jugarse, casi exclusivamente, en el acierto de quienes nombren a magistrados y comisionados, y en la ecuanimidad y prudencia de estos.

El Colombiano, 23 de abril.

lunes, 17 de abril de 2017

La reguetonización de la política

He aquí un listado de palabras y frases que describen al reguetón: letras crudas, imagen de cínica supervivencia y de calculada liviandad, desmedida impudicia, sus intérpretes luchan por la audiencia y lo hacen como en un reality show, las letras crudas y los sonidos de metralleta en sus producciones refuerzan la sensación de combate. Todas ellas pertenecen a la periodista cubana Yoani Sánchez quien habla del género y de su hegemonía en la isla (“Reguetón, la música de la realidad”, El País, 26.12.16).

Todas y cada una de esas frases encajan bien con la manera como se escenifica buena parte de la política contemporánea: discursos carentes de elaboración y que apelan calculadamente a la ordinariez, abandono de las formas aceptadas en el trato hacia los pares, tratamiento de toda controversia como enemistad personal, sobreexposición pública de la vida privada propia y ajena. Todos esos ingredientes aparecen en los discursos populistas, de Chávez o Cristina, de Donald Trump o Rodrigo Duterte.

Sánchez pasó por alto otras características del reguetón que también son comunes con el populismo y que provienen del rechazo descarado de todo lo políticamente correcto, tanto de los montones de noñerías en que las clases medias han convertido algunos avances civilizatorios como de estos mismos. Son rampantes sus exaltaciones del machismo, de la ilegalidad, de la ostentación y de la violencia. No se debe subestimar el poder de las estrellas reguetoneras y de los líderes populistas para moldear las ideas y los comportamientos de la gente.

El ascenso del reguetón ha coincidido con el ascenso del estilo populista y ello debería interrogarnos sobre el tipo de relaciones sociales y patronales culturales sobre los que subyacen ambos fenómenos. Fenómenos poderosos a los que no parecen hacerles mella los cánones del buen gusto o de la buena política y que no creo se puedan enfrentar solo en sus propios terrenos o en sus propios términos. Estas lides no son nuevas pues, como dijo Rousseau, el hombre es el único animal susceptible de hacerse imbécil.

La diferencia entre los reguetoneros y los políticos populistas es que los primeros juegan con sus cartas sobre la mesa y no desbordan los parámetros de su actividad; ellos están para producir entretenimiento (no están pensando en arte) y vivir –con avión privado incluido– de su trabajo. Los líderes populistas no solo están trastocando las reglas constitucionales sino todo lo que se ha entendido siempre como el buen ejercicio de la política. En este sentido, si se tratara de escoger, no tendría la menor duda en elegir a Pitbull en lugar de Nicolás Maduro.

Nada de lo dicho tiene que ver con la condecoración que Luis Pérez le hizo a Maluma. Eso solo fue un acto oportunista que desprestigió el Escudo de Oro, a los anteriores y futuros condecorados y al propio Maluma.

El Colombiano, 16 de abril.

miércoles, 12 de abril de 2017

Las ideas en la guerra: Res Publica

Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas es una publicación de periodicidad cuatrimestral editada por el Grupo de Investigación en Pensamiento Español y Latinoamericano (GIPEL) de la Universidad Complutense de Madrid. Está dirigida al público universitario e investigador, y publica trabajos originales en los ámbitos de la filosofía política, filosofía del derecho, teoría constitucional, metodología de la historia política, historia de los conceptos políticos e historia del pensamiento político español y latinoamericano.

reseña por Rodolfo Gutiérrez Simón. Véase en:https://revistas.ucm.es/index.php/RPUB

lunes, 10 de abril de 2017

Avalancha de coca

El desastre de Mocoa ha sacudido al país. En medio de las escenas dolorosas de los daños y el rescate, sobresalen la mayoría de las reacciones que buscan explicaciones en el comportamiento humano y no solo en la fuerza de la naturaleza. Con excepción, claro está, del pobre alcalde de la ciudad que no se entera o se hace.

Algunas de las explicaciones convincentes aluden al cambio climático, a problemas de planeación urbana, mala gestión en el uso del suelo, a la deforestación y la erosión, en general. Una exposición con evidencia científica y conocimiento del terreno la hizo Rodrigo Botero, ‎Director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, para Semana (“Mocoa: ¿Furia de la naturaleza?”, 01.04.17). Basta hojear el Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia, realizado por el IDEAM y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (2015), para darse cuenta la devastación ocurrida en casi la totalidad del área de los municipios de La Hormiga, Orito y San Francisco, buena parte de Puerto Asís y el propio Mocoa, en especial la cuenca del río.

Pero entre tantas vestiduras rasgadas, tantos pronunciamientos y algunos estudios hay una palabra que no escuché: coca. El departamento del Putumayo alberga el 21% de los cultivos de coca del país. Según los datos que consolidó Santiago Tobón, investigador de la Universidad de los Andes, el área cultivada se duplicó entre 2013 y 2014 y creció en un 50% al año siguiente. La urbanización veloz de los cauces, que mostró Germán Andrade el 2 de abril (https://twitter.com/giandradep?lang=es) solo es posible con mucho dinero, las licencias rápidas saltándose los requisitos de ley cuestan, lo mismo que las camionetas burbuja que vimos en los techos de las casas destruidas.

Discusiones distintas son las que tienen que ver con las razones para que el cultivo de coca se haya disparado en el país y cómo vamos a hacer para volver, siquiera, a los niveles de hace cuatro años. Lo cierto es que a la variedad de factores a los que se puede atribuir la avalancha hay que sumarle la coca, en una región donde cada milímetro de coca es uno menos de selva amazónica. Si la Fiscalía y la Procuraduría quieren ser diligentes respecto a las fallas humanas que generaron este desenlace infortunado, tendrán que buscar en sitios más altos de la administración pública.

El Colombiano, 9 de abril.

viernes, 7 de abril de 2017

Alberto González Mascarozf

Acaba de morir uno de los tantos amigos gratuitos de Jardín y uno de los pocos que se propuso hacer de su cariño una obra perdurable. González se dedicó durante varios años a fotografiar ese paisaje de embrujo y a sus gentes, y les hizo un homenaje a través del libro que nos queda como único recuerdo de los 150 años de la fundación del pueblo. Gratitud eterna.

lunes, 3 de abril de 2017

No es el humo

Un paciente viejo fue al médico y este le dijo que se fuera a vivir a otra parte; una inmunóloga posteó un mensaje aconsejándole a la gente que abandone Medellín por unos días. Cifras oficiales indican que entre el 2015 y el 2016 las hospitalizaciones por infecciones respiratorias se duplicaron (pasaron de diez mil a más de 19.700). Los más hospitalizados fueron los menores de 1 año y los mayores de 65. Se habla de cinco muertes mensuales causadas específicamente por el aire envenenado desde la crisis del año pasado.

El monitoreo que hacen las autoridades es encomiable, si tenemos en cuenta que ninguna otra ciudad lo hace. Se han tomado medidas de mitigación pero la ciudadanía espera que se pongan en marcha planes estructurales para resolver la situación. En especial, debe entenderse que la alerta naranja significa peligro para niños, viejos y personas con problemas respiratorios, quienes representan al menos una cuarta parte de la población. La inactividad ante la alerta naranja es una desconsideración hacia la población vulnerable.

Tenemos que trabajar en tres frentes: corrupción, grupos de presión y ciudadanía.

El Gerente de la Andi advirtió que “hay talleres en la ciudad que cuadran el motor del vehículo para que pase las pruebas y que también hay tramitadores que falsifican los certificados” de tecno-mecánica (Juan Camilo Quintero, “El aire que tenemos es resultado de todos”, El Colombiano, 28.03.17). Hay 50 centros de diagnóstico automotriz en el valle de Aburrá sin ningún incentivo para actuar de acuerdo a la ley. Muestreos de la Alcaldía de Medellín indican que el 53% de los vehículos que transitaron la semana pasada no cumplían la norma. Estamos ante un problema de corrupción que compromete a trasportadores y centros de diagnóstico.

La presión de ciertos grupos de interés –principalmente Fenalco– está basada en imprecisiones y particularismos que bloquean, a veces, a las autoridades. Un ejemplo fue su pronunciamiento, difundido por El Colombiano (“Pico y placa afecta productividad”, 27.03.17). El periodista no hizo ningún aporte y al final no parecía una noticia sino un publirreportaje. Lo que sí afecta la productividad son las consultas médicas, incapacidades y la mortalidad prematura. Ningún interés particular debe obstaculizar el bien común.

Los problemas de cultura ciudadana en Medellín se han agravado según los estudios de Medellín cómo Vamos y Corpovisionarios. El tránsito es una muestra. En plena emergencia, entre el 23 y el 26 de marzo, las autoridades de tránsito aplicaron 2.341 comparendos, de los cuales dos terceras partes correspondían a pico y placa. ¡Más de 1.600 personas intentaron burlar el pico y placa! ¿Cuántas lo lograron? ¿Cuántas más sacaron el otro carro?

Los problemas de coordinación de la acción colectiva, eficacia de la norma y vigilancia de los actos de los particulares dependen del liderazgo de las autoridades. No hay tutía.

El Colombiano, 2 de abril