Hace cien años nació John Rawls (21 de febrero), en Baltimore, Estados Unidos, y buena parte de los estudiantes de filosofía del mundo lo estamos recordando, en compañía de algunos economistas y juristas. Rawls nunca salió del mundo académico pero su influencia en las discusiones sobre la cuestión social y el constitucionalismo es notable. La respuesta de los gobiernos occidentales a los desafíos planteados por la pandemia ha realzado la importancia de las ideas de Rawls, así que no se trata de una celebración rutinaria.
Las previsiones de los economistas sobre el curso de la
recuperación económica han sido variadas, aunque la más plausible es la llamada
recuperación en forma de K. La tal K nítidamente sería un signo “menor que”, es
decir <. ¿Qué significa eso? Que un sector de la sociedad disfrutará los
beneficios del nuevo crecimiento económico y otro padecerá por largo tiempo las
consecuencias de la crisis (cerca del 80% de la población). Estos últimos son los
“que están desempleados o parcialmente empleados en trabajos de poca calificación
y servicios de bajo valor agregado —el nuevo ‘precariado’— endeudados, con poca
capacidad financiera y con menguantes perspectivas económicas” (Nouriel Roubini,
“The Covid Bubble”, Project Syndicate, 02.03.21).
En Colombia, eso significaría que los avances del siglo XXI en lo tocante a la superación de la pobreza y la subsecuente expansión de la clase media, que se perdieron el año pasado, durarán por un largo tiempo, agravando las condiciones de penuria y desigualdad. Este gobierno no solo se ha esforzado poco, sino que, además, contrató una misión que está proponiendo medidas laborales, pensionales y sociales que empeorarían la situación de los más vulnerables.
Aquí entra en juego el principio de la diferencia de Rawls, que rechazan los librecambistas. Rawls cree que las desigualdades sociales y económicas pueden ser justificadas solo si son el resultado de acceder a cargos que se provean en condiciones abiertas y con igualdad de oportunidades; esto es, mercados laborales abiertos, sin discriminación alguna y basados en el mérito (este requisito está siendo cuestionado hoy), que permitan la movilidad social. Además, los gobiernos estarían justificados para ejecutar políticas que no son imparciales solo si ellas van en “beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad”.
Rawls —algo que olvidan los igualitarios (y todos los populistas) y que siguen ignorando durante el encierro autoritario— planteó su principio de libertad como el derecho de cada persona “a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos”. El principio de libertad tiene primacía sobre el principio de diferencia.
Una democracia liberal que siga ignorando la cuestión social, afanada con la creación de riqueza y perezosa ante el sufrimiento de la mayoría de los ciudadanos, más temprano que tarde dejará de ser una sociedad libre.
El Colombiano, 7 de marzo
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