Desde lejos el proceso revocatorio de la presidente Dilma Rousseff en Brasil puede verse como un espectáculo. Los debates en el congreso, con parlamentarios disfrazados, portando carteleras y pronunciando arengas de un minuto para anunciar su voto, que confirman el enunciado garciamarquiano de que Brasil es el país más grande de El Caribe. Como fondo, las coloridas y masivas manifestaciones de simpatizantes de cada bando en las principales ciudades del país. De cerca –me cuentan los amigos brasileños– la desazón y la impotencia de ver un país paralizado de cuenta del conflicto político.
Es muy probable que Dilma no esté pagando sus propias faltas sino las de su partido y su antecesor. Y, como pasa siempre con la corrupción, se le está castigando por un fenómeno que tiene características sistémicas y que involucra, con diferencias de grado, al grueso de las élites políticas y económicas. Lo notable del proceso brasileño de revocatoria es su carácter democrático y civilizado. Basta compararlo con los casos colombiano y venezolano.
En Colombia, el Partido Comunista con la simpatía de muchos sectores, especialmente del liberalismo lopista, creyó que una supuesta falta de espacios políticos era justificación suficiente para iniciar una guerra que produjo millones de víctimas. Del mismo modo, ante cualquier conflicto en el país, muchos acuden primero a las vías de hecho o a la violencia, que es un recurso que debería considerarse inadmisible. En Venezuela, la dictadura soberana del chavismo ha coartado la representación popular expresada en la Asamblea Nacional desde la trinchera judicial.
Cuando se mira desde la perspectiva histórica y filosófica, se comprende que un proceso revocatorio no es otra cosa que la trasfiguración de la revolución y del golpe de Estado a través de mecanismos no violentos, deliberativos y legales. En este sentido, conmueve ver movilizaciones de los ciudadanos brasileños, que logran que los partidos asuman su vocería y que pueden cambiar un gobierno sin disparar un tiro y sin un muerto en las calles. La izquierda brasileña se lamenta hoy, pero no sobra recordarle que hace 24 años era ella la que bailaba de alegría cuando hizo renunciar a Fernando Collor de Melo.
Cosa distinta es que se piense que un proceso de este tipo pueda generar un clima inestabilidad y desorden que le impida a Brasil recuperarse pronto o que produzca consecuencias peores que el statu quo. Para contraste, véase el caso del Proceso 8.000 en Colombia. La crisis nacional que se desató por la decisión de Ernesto Samper de permanecer en la Casa de Nariño condujo al escalamiento de la guerra, al aislamiento del país y a la instalación de la corrupción sistémica. 20 años después de aquella desgracia –la peor crisis de gobernabilidad del siglo XX– quedan muchas dudas de que las cosas habrían sido peores si el presidente hubiera sido revocado.
El Colombiano, 24 de abril
Un sitio sobre filosofía práctica, cultura popular y política
lunes, 25 de abril de 2016
lunes, 18 de abril de 2016
De la emergencia a la estrategia
Durante las tres primeras semanas de marzo Medellín y el valle de Aburrá pasaron por una emergencia ambiental nunca antes vista en la región. Tuvimos días con niveles de contaminación del aire similares a los peores de Beijing, Mumbai o Ciudad de México, que llevan a que en esas ciudades se suspendan las actividades educativas, incluso laborales, y se establezcan medidas estrictas. En nuestro valle, la reacción fue tardía, apenas se adoptaron algunas medidas de impacto durante un fin de semana. Primero el bolsillo que la vida, parece seguir siendo la perversa divisa de nuestra cultura.
Como compadeciéndose de todos nosotros –primero de las autoridades– San Pedro movió el grifo y algunas partículas se vinieron al suelo, lluvia ácida de por medio (sin que se haya escuchado ninguna advertencia al respecto). Pero no hay razones para la tranquilidad. Según concentraciones de PM2.5 (partículas de diámetro inferior a 2.5 micrómetros) en Medellín no tenemos aire bueno en ningún día del año. Durante los primeros 13 días de abril, el 40% de las mediciones fueron de nivel “dañina a grupos sensibles” y el 11% “dañina” (en general). En plata blanca significa que –según el Área Metropolitana– las personas con afecciones cardíacas y respiratorias deben limitar su actividad al aire libre y debe ser restringida la actividad física en exteriores de toda la gente y que, especialmente en puntos como La Candelaria, los límites entre Laureles y Castilla, Caldas y La Estrella, medidas radicales deben aplicarse semanalmente.
Las medidas de información pública que está adoptando Eugenio Prieto desde el Área Metropolitana son un buen comienzo para sensibilizar a las diez administraciones municipales y a los dos millones y medio de habitantes del valle. Pero necesitamos medidas urgentes, primero del sector público, seguido de las corporaciones y, después, de los ciudadanos.
Según la experiencia internacional, estamos en mora de convertir el centro en una zona de baja emisión a través de la limitación de acceso de vehículos, el incremento de vías peatonales, el aumento en los costos de parqueo e impuestos para la carga en vehículos medianos y grandes (ver: http://sootfreecities.eu/measure). Las corporaciones tienen poder para influir sobre sus proveedores y empleados en la racionalización del transporte privado, la optimización de horarios por actividad y la adecuación técnica de los vehículos para reducir la contaminación. Es importante mantener en alerta a la ciudadanía para promover comportamientos razonables y amigables con el ambiente. Al final, aunque la mala calidad del aire tiene efectos sobre la competitividad y el gasto público, es la salud de cada persona la que resulta afectada.
He escuchado al alcalde Federico Gutiérrez hablar de la importancia del realismo y criticando la autocomplacencia. La calidad del aire en Medellín es un tema más grave hoy que la inseguridad o la pobreza. Es hora de actuar sin timidez ni medias tintas.
El Colombiano, 17 de abril
Como compadeciéndose de todos nosotros –primero de las autoridades– San Pedro movió el grifo y algunas partículas se vinieron al suelo, lluvia ácida de por medio (sin que se haya escuchado ninguna advertencia al respecto). Pero no hay razones para la tranquilidad. Según concentraciones de PM2.5 (partículas de diámetro inferior a 2.5 micrómetros) en Medellín no tenemos aire bueno en ningún día del año. Durante los primeros 13 días de abril, el 40% de las mediciones fueron de nivel “dañina a grupos sensibles” y el 11% “dañina” (en general). En plata blanca significa que –según el Área Metropolitana– las personas con afecciones cardíacas y respiratorias deben limitar su actividad al aire libre y debe ser restringida la actividad física en exteriores de toda la gente y que, especialmente en puntos como La Candelaria, los límites entre Laureles y Castilla, Caldas y La Estrella, medidas radicales deben aplicarse semanalmente.
Las medidas de información pública que está adoptando Eugenio Prieto desde el Área Metropolitana son un buen comienzo para sensibilizar a las diez administraciones municipales y a los dos millones y medio de habitantes del valle. Pero necesitamos medidas urgentes, primero del sector público, seguido de las corporaciones y, después, de los ciudadanos.
Según la experiencia internacional, estamos en mora de convertir el centro en una zona de baja emisión a través de la limitación de acceso de vehículos, el incremento de vías peatonales, el aumento en los costos de parqueo e impuestos para la carga en vehículos medianos y grandes (ver: http://sootfreecities.eu/measure). Las corporaciones tienen poder para influir sobre sus proveedores y empleados en la racionalización del transporte privado, la optimización de horarios por actividad y la adecuación técnica de los vehículos para reducir la contaminación. Es importante mantener en alerta a la ciudadanía para promover comportamientos razonables y amigables con el ambiente. Al final, aunque la mala calidad del aire tiene efectos sobre la competitividad y el gasto público, es la salud de cada persona la que resulta afectada.
He escuchado al alcalde Federico Gutiérrez hablar de la importancia del realismo y criticando la autocomplacencia. La calidad del aire en Medellín es un tema más grave hoy que la inseguridad o la pobreza. Es hora de actuar sin timidez ni medias tintas.
El Colombiano, 17 de abril
lunes, 11 de abril de 2016
Oposición
Si no fuera porque es inadmisible creer en la fatalidad y no es de buen recibo académico hacer afirmaciones rotundas, diría que una característica de la política colombiana es su dificultad secular para tratar con la oposición. Desde la manera como Camilo Torres y los federalistas plantearon sus diferencias con Antonio Nariño y el gobierno de Cundinamarca, pasando por la forma como los radicales enfrentaron a la Regeneración, hasta la semana pasada cuando el Centro Democrático salió a las calles de casi un centenar de ciudades.
Nuestra cultura política se caracteriza por un desempeño frecuente de la oposición que desborda los límites legales y constitucionales, y se realiza de forma desleal e irresponsable, mientras los sectores en el gobierno demuestran intolerancia, baja resistencia a la crítica y abuso de poder. Creo que esta es la regla aunque haya excepciones notables y recurrentes. Buena parte de nuestras guerras civiles, si no todas, involucran esta variable. Una prueba de la débil influencia del talante y del ideario demoliberal.
Fue muy lamentable la reacción de algunos políticos e intelectuales que descalificaron la convocatoria de las marchas del 2 de abril, como si un sector político constituido no tuviera derecho a manifestarse y protestar, confundiendo el ejercicio de la deliberación pública con la estigmatización del adversario. Más lamentable porque hoy, en la práctica, la única oposición al gobierno, sistemática y clara para la opinión pública, es la que lleva a cabo el Centro Democrático. Hay políticos de oposición como Jorge Robledo o Claudia López pero tienen poco eco entre sus copartidarios. Bancada de oposición, propiamente dicha, solo la de Uribe y su partido. Más allá se encuentra uno con políticos y periodistas que son gobiernistas sibilinos, cuyo mejor desempeño consiste en hacerle oposición a la oposición. Defender un gobierno tan malo como el de Santos es tarea hercúlea, es más fácil darle varilla a Uribe (que no tiene chequera y también da motivo).
A raíz de las protestas del 17 de marzo, la senadora Claudia López hizo notar los sesgos mediáticos y de algunos funcionarios contra los manifestantes, y advirtió que Colombia se debe preparar ya que “verdaderas demandas y preocupaciones sociales saldrán a la calle con menos temor y más contundencia” (Semana, “Los costos de la democracia”, 31.03.16). Muchas previsiones respecto a las características del país después del acuerdo con las Farc coinciden en que vendrá un periodo de ardua lucha social y política.
En este país hay mucho ilustrado y progresista de labia que no puede ver a su contradictor perorando y marchando. El dogmatismo y el sectarismo no son monopolio de sectores tradicionalistas; gran parte de quienes posan de modernos mantienen el puño cerrado y su demonio reaccionario en la punta de la lengua. Las proclamas basadas en el odio y el miedo son antesala de la violencia.
El Colombiano, 10 de abril
Nuestra cultura política se caracteriza por un desempeño frecuente de la oposición que desborda los límites legales y constitucionales, y se realiza de forma desleal e irresponsable, mientras los sectores en el gobierno demuestran intolerancia, baja resistencia a la crítica y abuso de poder. Creo que esta es la regla aunque haya excepciones notables y recurrentes. Buena parte de nuestras guerras civiles, si no todas, involucran esta variable. Una prueba de la débil influencia del talante y del ideario demoliberal.
Fue muy lamentable la reacción de algunos políticos e intelectuales que descalificaron la convocatoria de las marchas del 2 de abril, como si un sector político constituido no tuviera derecho a manifestarse y protestar, confundiendo el ejercicio de la deliberación pública con la estigmatización del adversario. Más lamentable porque hoy, en la práctica, la única oposición al gobierno, sistemática y clara para la opinión pública, es la que lleva a cabo el Centro Democrático. Hay políticos de oposición como Jorge Robledo o Claudia López pero tienen poco eco entre sus copartidarios. Bancada de oposición, propiamente dicha, solo la de Uribe y su partido. Más allá se encuentra uno con políticos y periodistas que son gobiernistas sibilinos, cuyo mejor desempeño consiste en hacerle oposición a la oposición. Defender un gobierno tan malo como el de Santos es tarea hercúlea, es más fácil darle varilla a Uribe (que no tiene chequera y también da motivo).
A raíz de las protestas del 17 de marzo, la senadora Claudia López hizo notar los sesgos mediáticos y de algunos funcionarios contra los manifestantes, y advirtió que Colombia se debe preparar ya que “verdaderas demandas y preocupaciones sociales saldrán a la calle con menos temor y más contundencia” (Semana, “Los costos de la democracia”, 31.03.16). Muchas previsiones respecto a las características del país después del acuerdo con las Farc coinciden en que vendrá un periodo de ardua lucha social y política.
En este país hay mucho ilustrado y progresista de labia que no puede ver a su contradictor perorando y marchando. El dogmatismo y el sectarismo no son monopolio de sectores tradicionalistas; gran parte de quienes posan de modernos mantienen el puño cerrado y su demonio reaccionario en la punta de la lengua. Las proclamas basadas en el odio y el miedo son antesala de la violencia.
El Colombiano, 10 de abril
lunes, 4 de abril de 2016
SOS mugre
Los titulares de las columnas de este diario son en mayúsculas, así que este título puede leerse bien de cualquier modo: SOS mugre o S.O.S. mugre, Sos mugre… bien, todavía queda margen para jugar con signos ortográficos: S.O.S. Mugre, SOS: mugre… basta de charla. La idea es lanzar una voz de emergencia pero también decir que la tacita de plata es un mugre y que sus habitantes –mayores consumidores de artículos de aseo del país– no dejamos de ser unos mugrosos.
La crisis ambiental de Medellín no es de hoy, solo que en marzo se hizo letal. No es de hoy pero llevamos al menos una década (hasta ayer) escuchando que las medidas ambientales son una demanda de los que nos oponemos al desarrollo, que restricciones que son casi universales van a quebrar a los comerciantes, que no es viable hacer empresa sin botar chorros de humo. Puras expresiones de la miopía particularista que impide tomar acciones colectivas.
Un diagnóstico serio se nos hizo hace seis años en el Latin American Green City Index. El informe, elaborado por ocho expertos mundiales para 17 ciudades de Latinoamérica, dijo que Medellín carecía de restricciones (sobrecostos monetarios) para circular por vías congestionadas y de carriles para carros con más de tres pasajeros (Juan Gómez lo intentó hace 20 años y lo iban crucificando). Medellín gasta demasiada electricidad para sus niveles de productividad. En ese entonces emitía poco dióxido de sulfuro pero ya sobrepasaba la muestra en cuanto a dióxido de nitrógeno y material particulado. El diagnóstico más doloroso decía que la ciudad tiene buena capacidad de monitoreo “pero no tiene habilidad para implementar su propia legislación ambiental” (p. 63).
No se identificó allí que toda la cadena de la industria de la construcción, en su gran mayoría, es muy contaminante pues trabaja con los parámetros de hace un siglo. El señor Adonaís Jaramillo del Colectivo Ambiental denunció hace poco la explotación de canteras en el occidente de la ciudad, no se hable de las ladrilleras y los constructores de vivienda y obras públicas. El martes pasado pude ver en Las Vegas, a la altura del Politécnico, al contratista de andenes cortando concreto sin normas de protección y regando jardineras con manguera en pleno racionamiento.
Tampoco se dijo que los alcaldes y la autoridad metropolitana tienen problemas para ejecutar medidas porque los grupos de presión los obstaculizan de manera ostensible e irresponsable, que si en la ciudad circulan vehículos sin revisión técnica es por la corrupción en las oficinas de tránsito, que si hay negocios contaminantes en funcionamiento es por ineficiencia o dolo de los funcionarios. Como suelo hacerlo, no dejo de interpelar la responsabilidad corporativa e individual porque cuando se respira veneno cualquier contribución y acción de autocuidado es valiosa en sí misma. La solución única, no existe.
El Colombiano, 3 de abril
La crisis ambiental de Medellín no es de hoy, solo que en marzo se hizo letal. No es de hoy pero llevamos al menos una década (hasta ayer) escuchando que las medidas ambientales son una demanda de los que nos oponemos al desarrollo, que restricciones que son casi universales van a quebrar a los comerciantes, que no es viable hacer empresa sin botar chorros de humo. Puras expresiones de la miopía particularista que impide tomar acciones colectivas.
Un diagnóstico serio se nos hizo hace seis años en el Latin American Green City Index. El informe, elaborado por ocho expertos mundiales para 17 ciudades de Latinoamérica, dijo que Medellín carecía de restricciones (sobrecostos monetarios) para circular por vías congestionadas y de carriles para carros con más de tres pasajeros (Juan Gómez lo intentó hace 20 años y lo iban crucificando). Medellín gasta demasiada electricidad para sus niveles de productividad. En ese entonces emitía poco dióxido de sulfuro pero ya sobrepasaba la muestra en cuanto a dióxido de nitrógeno y material particulado. El diagnóstico más doloroso decía que la ciudad tiene buena capacidad de monitoreo “pero no tiene habilidad para implementar su propia legislación ambiental” (p. 63).
No se identificó allí que toda la cadena de la industria de la construcción, en su gran mayoría, es muy contaminante pues trabaja con los parámetros de hace un siglo. El señor Adonaís Jaramillo del Colectivo Ambiental denunció hace poco la explotación de canteras en el occidente de la ciudad, no se hable de las ladrilleras y los constructores de vivienda y obras públicas. El martes pasado pude ver en Las Vegas, a la altura del Politécnico, al contratista de andenes cortando concreto sin normas de protección y regando jardineras con manguera en pleno racionamiento.
Tampoco se dijo que los alcaldes y la autoridad metropolitana tienen problemas para ejecutar medidas porque los grupos de presión los obstaculizan de manera ostensible e irresponsable, que si en la ciudad circulan vehículos sin revisión técnica es por la corrupción en las oficinas de tránsito, que si hay negocios contaminantes en funcionamiento es por ineficiencia o dolo de los funcionarios. Como suelo hacerlo, no dejo de interpelar la responsabilidad corporativa e individual porque cuando se respira veneno cualquier contribución y acción de autocuidado es valiosa en sí misma. La solución única, no existe.
El Colombiano, 3 de abril
miércoles, 30 de marzo de 2016
Saber terminar II
A mi vista, fue Martin Scorsese quien hizo énfasis en la idea de saber terminar. En 1976 se consagró a la tarea de documentar el concierto de despedida de The Band haciendo, en paralelo, un reportaje que exponía las reflexiones de los miembros del grupo que decidieron dar por terminada una tarea exitosa. La idea de parar con plenitud de fuerzas, en medio del reconocimiento general y con múltiples proyectos por delante, me pareció especial. La película se titula The Last Waltz.
Supe después de otros ejemplos: Gioachino Rossini (1792-1868) que dejó en los márgenes su excelente carrera musical y se dedicó a la gastronomía, de Arthur Rimbaud (1854-1891) que abandonó la poesía en plena juventud para dedicarse al comercio y los viajes, de Juan Rulfo (1917-1986) que escapó a la euforia de la literatura continental y se sumergió en la fotografía. Parece que al artista le es perdonable su perseverancia más allá del pudor porque se le atribuye a la vocación, pero no hay actividad digna en la que la vocación no tenga alguna cabida.
Cada tanto, al político se le reprocha su impulso incontinente. En el siglo XIX Santander y San Martín fueron tipos raros. Un amigo argentino identificó halos de santidad en San Martín por su renuncia al Perú, al poder en su patria y su exilio voluntario en Europa, y a fe que comparado con Bolívar podría serlo. Deng Xiaoping (1904-1997), que dejó el poder y lo repartió entre la nueva generación, luce sensato al lado de Mao que perdió la cordura y se mantuvo en su silla. Benedicto XVI dejó una marca en la Iglesia que será reconocida en el futuro, y todo gracias a una renuncia inconcebible.
“Es infinitamente más fácil incrementar el movimiento que lograr detenerlo”, escribió Hans Blumemberg (El hombre de la luna, Pre-textos, 2010). Hay que saber ver. Ver cuando se agota un ciclo, cuando se torna imperativo cambiar de medio de expresión, cuando la repetición frena el aprendizaje propio y el desarrollo ajeno. Hay que tener valor para dejar a un lado las destrezas acumuladas y volver a empezar de cero, como novato, una etapa, un ejercicio, que se quiere y que se ignora. Y voluntad, porque seguir caminando sobre la ruta trazada es ya pura inercia.
En nuestro tiempo se le atribuyen méritos al reflejo de aferrarse, pero el afán de aferrarse es una dotación natural. El bebé nace y se nutre con las manos empuñadas. La fatiga de la cultura es aprender a soltar, a zafarse del instinto, de la herencia, de los caminos sabidos y hechos, de los modos recibidos de ver y vivir la vida. Saber terminar es expresión de la prudencia pero, ante todo, ejercicio de la libertad. Saber terminar es aprender a morir un poco y esforzarse por resucitar de otro modo.
Supe después de otros ejemplos: Gioachino Rossini (1792-1868) que dejó en los márgenes su excelente carrera musical y se dedicó a la gastronomía, de Arthur Rimbaud (1854-1891) que abandonó la poesía en plena juventud para dedicarse al comercio y los viajes, de Juan Rulfo (1917-1986) que escapó a la euforia de la literatura continental y se sumergió en la fotografía. Parece que al artista le es perdonable su perseverancia más allá del pudor porque se le atribuye a la vocación, pero no hay actividad digna en la que la vocación no tenga alguna cabida.
Cada tanto, al político se le reprocha su impulso incontinente. En el siglo XIX Santander y San Martín fueron tipos raros. Un amigo argentino identificó halos de santidad en San Martín por su renuncia al Perú, al poder en su patria y su exilio voluntario en Europa, y a fe que comparado con Bolívar podría serlo. Deng Xiaoping (1904-1997), que dejó el poder y lo repartió entre la nueva generación, luce sensato al lado de Mao que perdió la cordura y se mantuvo en su silla. Benedicto XVI dejó una marca en la Iglesia que será reconocida en el futuro, y todo gracias a una renuncia inconcebible.
“Es infinitamente más fácil incrementar el movimiento que lograr detenerlo”, escribió Hans Blumemberg (El hombre de la luna, Pre-textos, 2010). Hay que saber ver. Ver cuando se agota un ciclo, cuando se torna imperativo cambiar de medio de expresión, cuando la repetición frena el aprendizaje propio y el desarrollo ajeno. Hay que tener valor para dejar a un lado las destrezas acumuladas y volver a empezar de cero, como novato, una etapa, un ejercicio, que se quiere y que se ignora. Y voluntad, porque seguir caminando sobre la ruta trazada es ya pura inercia.
En nuestro tiempo se le atribuyen méritos al reflejo de aferrarse, pero el afán de aferrarse es una dotación natural. El bebé nace y se nutre con las manos empuñadas. La fatiga de la cultura es aprender a soltar, a zafarse del instinto, de la herencia, de los caminos sabidos y hechos, de los modos recibidos de ver y vivir la vida. Saber terminar es expresión de la prudencia pero, ante todo, ejercicio de la libertad. Saber terminar es aprender a morir un poco y esforzarse por resucitar de otro modo.
lunes, 28 de marzo de 2016
Voluntad sin confianza
Hasta hoy, la mayoría de los analistas políticos del país hemos coincidido en la certeza de que las negociaciones entre el Gobierno nacional y las Farc habrán de culminar con un acuerdo. Esa convicción proviene de la identificación de factores objetivos, tanto internos como externos, y de factores subjetivos.
Los factores objetivos han sido el balance estratégico de fuerzas a favor del Estado, el desprestigio y la ineficacia de la lucha armada, la ilegitimidad de la guerrilla, el abrazo de la democracia por parte de la izquierda latinoamericana, el consenso internacional contra el terrorismo y la rebeldía armada. En fechas recientes, la crisis de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Los factores subjetivos se concentran en la voluntad de las partes de finiquitar el acuerdo; una voluntad reforzada porque las Farc no tienen otra alternativa y el Gobierno la tiene pero no quiere ni pensarla.
Lo que va corrido del 2016 ha mostrado que las Farc –congruente con la evidencia de 50 años– son muy intransigentes cuando de hacer concesiones se trata. Las negociaciones trascurrieron muy rápido cuando se abordaron los temas de la agenda en los que quien daba era el Gobierno: tres acuerdos en menos de dos años. Cuando empezaron los temas en los que las Farc tenían que dar, la negociación se ralentizó. El acuerdo sobre víctimas se demoró año y medio. Ahora que se discute el fin del conflicto, las Farc vuelven a enredar la pita.
Hay que recordarle a medio mundo que las Farc tuvieron siempre dos planes: el plan A tomarse el poder y el plan B dominar una parte del territorio nacional. El plan A fracasó. Da la impresión de que en la Mesa de Diálogos quieren sacar adelante alguna forma del plan B. Su concepción de los llamados “territorios de paz” implica menoscabar la soberanía del Estado, perpetuar el control sobre su militancia e imponer un dominio privado sobre las comunidades de esas zonas, mantener la vigencia de su proyecto armado y hacer política en todo el país con los fusiles como respaldo.
El pulso que se está dando hoy en Cuba demuestra que las Farc carecen todavía de un elemento crucial para que el acuerdo sea posible: confianza. Cuando un acuerdo de paz se da entre dos entes soberanos, la voluntad basta. Cuando se trata de un acuerdo entre un grupo rebelde y el gobierno de un país no, porque este acuerdo siempre tiene que terminar con la reintegración de ese grupo a la sociedad mayor. Además de voluntad, esto necesita confianza.
La sintaxis sobrecargada de los acuerdos, sus vericuetos normativos, la red de instituciones que figuran allí, demuestran la profunda desconfianza de las Farc en la sociedad colombiana y su sistema político. Si, además, quieren mantener una insurgencia latente como presunta salvaguarda pueden acabar con el proceso.
El Colombiano, 27 de marzo
Los factores objetivos han sido el balance estratégico de fuerzas a favor del Estado, el desprestigio y la ineficacia de la lucha armada, la ilegitimidad de la guerrilla, el abrazo de la democracia por parte de la izquierda latinoamericana, el consenso internacional contra el terrorismo y la rebeldía armada. En fechas recientes, la crisis de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Los factores subjetivos se concentran en la voluntad de las partes de finiquitar el acuerdo; una voluntad reforzada porque las Farc no tienen otra alternativa y el Gobierno la tiene pero no quiere ni pensarla.
Lo que va corrido del 2016 ha mostrado que las Farc –congruente con la evidencia de 50 años– son muy intransigentes cuando de hacer concesiones se trata. Las negociaciones trascurrieron muy rápido cuando se abordaron los temas de la agenda en los que quien daba era el Gobierno: tres acuerdos en menos de dos años. Cuando empezaron los temas en los que las Farc tenían que dar, la negociación se ralentizó. El acuerdo sobre víctimas se demoró año y medio. Ahora que se discute el fin del conflicto, las Farc vuelven a enredar la pita.
Hay que recordarle a medio mundo que las Farc tuvieron siempre dos planes: el plan A tomarse el poder y el plan B dominar una parte del territorio nacional. El plan A fracasó. Da la impresión de que en la Mesa de Diálogos quieren sacar adelante alguna forma del plan B. Su concepción de los llamados “territorios de paz” implica menoscabar la soberanía del Estado, perpetuar el control sobre su militancia e imponer un dominio privado sobre las comunidades de esas zonas, mantener la vigencia de su proyecto armado y hacer política en todo el país con los fusiles como respaldo.
El pulso que se está dando hoy en Cuba demuestra que las Farc carecen todavía de un elemento crucial para que el acuerdo sea posible: confianza. Cuando un acuerdo de paz se da entre dos entes soberanos, la voluntad basta. Cuando se trata de un acuerdo entre un grupo rebelde y el gobierno de un país no, porque este acuerdo siempre tiene que terminar con la reintegración de ese grupo a la sociedad mayor. Además de voluntad, esto necesita confianza.
La sintaxis sobrecargada de los acuerdos, sus vericuetos normativos, la red de instituciones que figuran allí, demuestran la profunda desconfianza de las Farc en la sociedad colombiana y su sistema político. Si, además, quieren mantener una insurgencia latente como presunta salvaguarda pueden acabar con el proceso.
El Colombiano, 27 de marzo
lunes, 21 de marzo de 2016
Los Stones y la ortodoxia hodierna
Para los adolescentes setenteros en Colombia el rock fue un paquete completo que recibimos como una bendición. Un mundo que nos habilitó para una pertenencia contracultural, moderna y cosmopolita. Para nosotros no importaban las grietas que hicieron que el rock dejara de ser algo monolítico después de que Elvis se hundiera. Carecía de interés entender las diferencias entra la rebeldía sicodélica (Grateful Dead), la glamorosa (Velvet Underground), la militante (Nina Simone), la marginal (Johnny Cash). No veíamos incompatibilidades entre The Beatles y The Rolling Stones: eran solo las dos cabezas del monstruo que nos engulló (a algunos los escupió poco después).
No era lo mismo en el Norte. El hipismo se convirtió en la némesis de lo que sería el punk, los experimentales se opusieron a los herederos del blues, el funk vinagró la dulzura del soul… y los Stones se convirtieron en el lado oscuro de los cuatro fabulosos: las mamás adoraban a los Beatles mientras se les preguntaba si eran capaces de dejar salir a sus hijas con un Stone. Después llegaron Altamont y las emboscadas de la policía y la prensa sensacionalista contra Jagger y Richards; mientras que la reina convertía a Paul McCartney en caballero y Mark Chapman hacía de Lennon un mártir. Las diferencias culturales se hicieron cada vez más grandes; cualquier paisano se podía arrimar al rock advirtiendo que solo lo hacía al rock de los chicos de Liverpool.
La tensión juvenil y la antipatía callejeras alrededor de las dos bandas británicas tuvieron su baño teórico en un libro titulado “La música del hombre”. Su autor es Yehudi Menuhin (1916-1999), uno de los grandes violinistas de la historia. Menuhin –hablo con mi recuerdo después de 30 años– termina el libro con un capítulo sobre la música popular en el que lleva a los Beatles al cielo y condena la música de los Stones. Se trató de la introducción del maniqueísmo en la cultura juvenil. Como si fuera una profecía, después Hey Jude empezó a escucharse en las misas, Yesterday como trasfondo de mensajes de autoayuda y Eleanor Rigby como ambientador de consultorios. Y Paul se afianzó como el niño bueno del mundo pop: el que se comporta bien, no dice groserías, no hace chistes (porque todo chiste es discriminatorio y demandable), no hace comentarios sobre política, religión o fútbol.
The Beatles llegaron a ser, sin quererlo, el símbolo de la ñoñería contemporánea, el lenguaje correcto, la cortesía victoriana y el disimulo potenciado. Y el mundo del rock se fue quedando poco a poco con los Stones, hasta que en el siglo XXI Keith Richards ha pasado a ocupar un lugar análogo, aunque menor, al que había dejado vacante Elvis Presley. La lagartería evidente durante el paso de Mick y sus compañeros por Colombia es un triunfo para sus satánicas majestades.
El Colombiano, 20 de marzo
No era lo mismo en el Norte. El hipismo se convirtió en la némesis de lo que sería el punk, los experimentales se opusieron a los herederos del blues, el funk vinagró la dulzura del soul… y los Stones se convirtieron en el lado oscuro de los cuatro fabulosos: las mamás adoraban a los Beatles mientras se les preguntaba si eran capaces de dejar salir a sus hijas con un Stone. Después llegaron Altamont y las emboscadas de la policía y la prensa sensacionalista contra Jagger y Richards; mientras que la reina convertía a Paul McCartney en caballero y Mark Chapman hacía de Lennon un mártir. Las diferencias culturales se hicieron cada vez más grandes; cualquier paisano se podía arrimar al rock advirtiendo que solo lo hacía al rock de los chicos de Liverpool.
La tensión juvenil y la antipatía callejeras alrededor de las dos bandas británicas tuvieron su baño teórico en un libro titulado “La música del hombre”. Su autor es Yehudi Menuhin (1916-1999), uno de los grandes violinistas de la historia. Menuhin –hablo con mi recuerdo después de 30 años– termina el libro con un capítulo sobre la música popular en el que lleva a los Beatles al cielo y condena la música de los Stones. Se trató de la introducción del maniqueísmo en la cultura juvenil. Como si fuera una profecía, después Hey Jude empezó a escucharse en las misas, Yesterday como trasfondo de mensajes de autoayuda y Eleanor Rigby como ambientador de consultorios. Y Paul se afianzó como el niño bueno del mundo pop: el que se comporta bien, no dice groserías, no hace chistes (porque todo chiste es discriminatorio y demandable), no hace comentarios sobre política, religión o fútbol.
The Beatles llegaron a ser, sin quererlo, el símbolo de la ñoñería contemporánea, el lenguaje correcto, la cortesía victoriana y el disimulo potenciado. Y el mundo del rock se fue quedando poco a poco con los Stones, hasta que en el siglo XXI Keith Richards ha pasado a ocupar un lugar análogo, aunque menor, al que había dejado vacante Elvis Presley. La lagartería evidente durante el paso de Mick y sus compañeros por Colombia es un triunfo para sus satánicas majestades.
El Colombiano, 20 de marzo
lunes, 14 de marzo de 2016
La paz no es de Santos
La paz no es de Santos. Nunca lo ha sido ni lo podría ser por más que durante seis años haya actuado como si lo fuera, obnubilado por el apoyo internacional y la adulación del círculo duro, aristocrático y lanudo, como decía García Márquez, que a veces lo perjudica antes que ayudarlo. Al cabo de 67 meses, el Presidente accedió a decir que “la paz no es mía” (“Santos abre la posibilidad de firmar acuerdo con las Farc en otra fecha”, El Colombiano, 09.03.16).
La paz no es de Santos porque la cultura nacional ha sido pactista: aquí se dispara y se negocia, y el orden de estos factores suele ser muy variable. Desde 1982 hemos tenido 18 negociaciones con grupos armados en Colombia, sin contar los arreglos vergonzantes con el narcotráfico. Negociaciones ideadas por presidentes conservadores y liberales, por hombres de partido y líderes solitarios, con criterios claros y sin ellos, con palomas y con manos firmes, aquí en la selva y en el exterior, con poco o mucho apoyo de las élites o de la ciudadanía.
La paz no es de Santos porque la actual negociación con las Farc no empezó en agosto del 2012 o, en todo caso, no en este gobierno. Lo que estamos viendo en La Habana, es la cuarta fase de una brega diplomática que empezó en 1982 con Belisario Betancur y tiene historias, protagonistas, modelos, referidos al uso con recursos toponímicos: La Uribe, Caracas y Tlaxcala, El Caguán, La Habana. Varios de los negociadores sentados hoy en la Mesa de Diálogos estuvieron en algunas de esas etapas, en la mesa, detrás o en otra parte del engranaje de las dos partes.
La paz no es de Santos porque el asentimiento de las Farc a sentarse en Cuba, tiene su explicación en la reestructuración del Ejército nacional y el Plan Colombia, iniciados en la administración de Andrés Pastrana y en la estrategia llevada a cabo por Álvaro Uribe. La negociación era el corolario indispensable de aquellos procesos. Como dijo hace tres años y medio Francisco Santos –con la franqueza que lo caracteriza como persona y lo perjudica como político– “Uribe hubiera firmado un acuerdo como este” (Semana, 08.09.12).
Ni de Santos ni de los expresidentes, ni de los negociadores de 35 años. Hay mucha gente, muchas organizaciones, muchos individuos que le han metido el hombro a la tarea de la paz, con malos y buenos argumentos, en momentos inoportunos y propicios. Esto que llamamos paz y que realmente es un acuerdo para la reintegración de las Farc a la comunidad política tiene muchos contribuyentes. Hubiera sido bueno que desde el primer día Santos hubiera reconocido que la paz no era de él, al menos no de él solo. Por eso sería feo un Nobel para dos tipos.
El Colombiano, 13 de marzo
La paz no es de Santos porque la cultura nacional ha sido pactista: aquí se dispara y se negocia, y el orden de estos factores suele ser muy variable. Desde 1982 hemos tenido 18 negociaciones con grupos armados en Colombia, sin contar los arreglos vergonzantes con el narcotráfico. Negociaciones ideadas por presidentes conservadores y liberales, por hombres de partido y líderes solitarios, con criterios claros y sin ellos, con palomas y con manos firmes, aquí en la selva y en el exterior, con poco o mucho apoyo de las élites o de la ciudadanía.
La paz no es de Santos porque la actual negociación con las Farc no empezó en agosto del 2012 o, en todo caso, no en este gobierno. Lo que estamos viendo en La Habana, es la cuarta fase de una brega diplomática que empezó en 1982 con Belisario Betancur y tiene historias, protagonistas, modelos, referidos al uso con recursos toponímicos: La Uribe, Caracas y Tlaxcala, El Caguán, La Habana. Varios de los negociadores sentados hoy en la Mesa de Diálogos estuvieron en algunas de esas etapas, en la mesa, detrás o en otra parte del engranaje de las dos partes.
La paz no es de Santos porque el asentimiento de las Farc a sentarse en Cuba, tiene su explicación en la reestructuración del Ejército nacional y el Plan Colombia, iniciados en la administración de Andrés Pastrana y en la estrategia llevada a cabo por Álvaro Uribe. La negociación era el corolario indispensable de aquellos procesos. Como dijo hace tres años y medio Francisco Santos –con la franqueza que lo caracteriza como persona y lo perjudica como político– “Uribe hubiera firmado un acuerdo como este” (Semana, 08.09.12).
Ni de Santos ni de los expresidentes, ni de los negociadores de 35 años. Hay mucha gente, muchas organizaciones, muchos individuos que le han metido el hombro a la tarea de la paz, con malos y buenos argumentos, en momentos inoportunos y propicios. Esto que llamamos paz y que realmente es un acuerdo para la reintegración de las Farc a la comunidad política tiene muchos contribuyentes. Hubiera sido bueno que desde el primer día Santos hubiera reconocido que la paz no era de él, al menos no de él solo. Por eso sería feo un Nobel para dos tipos.
El Colombiano, 13 de marzo
lunes, 7 de marzo de 2016
Acuerdo sobre drogas ilícitas
Tal vez el más coherente y sobrio de los cuatro documentos que se conocen de las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno nacional y las Farc sea el correspondiente al punto cuatro de la agenda, llamado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Son 24 páginas, de las cuales dos terceras partes están dedicadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, y el resto se reparten entre una sección dedicada al asunto del consumo de drogas y salud pública, y otra al de la producción y comercialización de narcóticos.
El acuerdo esboza una narrativa que no por razonable deja de ser nueva, especialmente cuando es suscrita por el gobierno y un grupo insurgente y puede proporcionar una visión alternativa sobre este problema, el principal del país en las últimas cuatro décadas. Que los cultivos ilícitos están asociados a la débil presencia del Estado y a las condiciones de marginalidad en la frontera agrícola, y que la producción de narcóticos ha generado poderosas organizaciones criminales, impulsado la corrupción institucional y financiado el conflicto armado interno.
El acuerdo sustituye la política antidrogas costosa, ineficaz y contraproducente que ha mantenido Colombia desde hace 30 años, y que ha tenido como único dispositivo la represión por igual a cultivadores, traficantes y consumidores. Tal desatino no tiene parangón en países cercanos como Perú y Bolivia, o lejanos como Afganistán. Se supone que el nuevo programa de sustitución de cultivos cambia la estrategia frente a los campesinos cocaleros, buscará que en un lapso de dos años puedan acogerse voluntariamente a la nueva estrategia, luego de los cuales el Estado podrá intervenir coactivamente.
También procurará un enfoque de salud pública frente al consumo de narcóticos, tema en el que la sociedad anda más rezagada aún que el Estado. La sincronización de las políticas públicas con la tendencia internacional se ha visto entorpecida por la actitud intolerante de un amplio sector de la sociedad que ha conducido a que la policía concentre sus mayores esfuerzos en atacar jíbaros y consumidores, antes que en la protección de la vida y la integridad de la ciudadanía.
La última sección es la más declarativa y la que tiene menos dientes. Aborda el asunto del narcotráfico como empresa criminal. Son cinco páginas en la que saltan asuntos habituales como lavado de activos, extinción de dominio, control de insumos y operaciones financieras y, en general, la lucha contra el crimen organizado. Incluye, además, un numeral que invoca la lucha contra la corrupción. Pero mientras esto no se traduzca en cambios normativos e institucionales, y cuente con una mayor voluntad política, las probabilidades de resultados notables serán bajas. No sobra decir que si el país abocara con firmeza la corrupción y el lavado de activos, la financiación de los acuerdos –un dolor de cabeza– quedaría garantizada.
El Colombiano, 6 de marzo
El acuerdo esboza una narrativa que no por razonable deja de ser nueva, especialmente cuando es suscrita por el gobierno y un grupo insurgente y puede proporcionar una visión alternativa sobre este problema, el principal del país en las últimas cuatro décadas. Que los cultivos ilícitos están asociados a la débil presencia del Estado y a las condiciones de marginalidad en la frontera agrícola, y que la producción de narcóticos ha generado poderosas organizaciones criminales, impulsado la corrupción institucional y financiado el conflicto armado interno.
El acuerdo sustituye la política antidrogas costosa, ineficaz y contraproducente que ha mantenido Colombia desde hace 30 años, y que ha tenido como único dispositivo la represión por igual a cultivadores, traficantes y consumidores. Tal desatino no tiene parangón en países cercanos como Perú y Bolivia, o lejanos como Afganistán. Se supone que el nuevo programa de sustitución de cultivos cambia la estrategia frente a los campesinos cocaleros, buscará que en un lapso de dos años puedan acogerse voluntariamente a la nueva estrategia, luego de los cuales el Estado podrá intervenir coactivamente.
También procurará un enfoque de salud pública frente al consumo de narcóticos, tema en el que la sociedad anda más rezagada aún que el Estado. La sincronización de las políticas públicas con la tendencia internacional se ha visto entorpecida por la actitud intolerante de un amplio sector de la sociedad que ha conducido a que la policía concentre sus mayores esfuerzos en atacar jíbaros y consumidores, antes que en la protección de la vida y la integridad de la ciudadanía.
La última sección es la más declarativa y la que tiene menos dientes. Aborda el asunto del narcotráfico como empresa criminal. Son cinco páginas en la que saltan asuntos habituales como lavado de activos, extinción de dominio, control de insumos y operaciones financieras y, en general, la lucha contra el crimen organizado. Incluye, además, un numeral que invoca la lucha contra la corrupción. Pero mientras esto no se traduzca en cambios normativos e institucionales, y cuente con una mayor voluntad política, las probabilidades de resultados notables serán bajas. No sobra decir que si el país abocara con firmeza la corrupción y el lavado de activos, la financiación de los acuerdos –un dolor de cabeza– quedaría garantizada.
El Colombiano, 6 de marzo
lunes, 29 de febrero de 2016
Esperando a los bárbaros
Hace algunos años el expresidente Álvaro Uribe se inventó la categoría “guerrillero vestido de civil”. Las polvaredas que desató tal expresión reflejaron los problemas y peligros que tenía el uso de la expresión. Identificar al guerrillero con el civil es desconocer una tradición que separa lo militar de lo político, borrar de un plumazo el derecho humanitario y señalar como enemigos –en medio de la guerra– a personas concretas que no eran combatientes. Ni más ni menos. Más de una década después, Alfredo Molano repite la fórmula hablando de “paramilitarismo civil”.
Molano puso así otra piedra en el edificio de la extrema izquierda al analizar los hechos del homenaje que algunas personas hicieron a Camilo Torres en Carmen de Chucurí; personas forasteras que se encontraron con una manifestación de rechazo de los pobladores de ese municipio. Ahí es cuando Molano se desgarra las vestiduras y sindica como “reorganización, por ahora civil, del paramilitarismo” a los miembros de una comunidad que expresan una opinión diferente a la suya (“El caso Yarima”, El Espectador, 20.02.16). El padre Francisco de Roux tiene otra visión: “No quise estar en la celebración de Patio Cemento, porque, después de haber vivido años en el Magdalena Medio, conozco el dolor y la rabia que guardan algunas comunidades de la cordillera de los Yariguíes contra la violencia de miembros del Eln” (“Memorias de Camilo”, El Tiempo, 24.02.16).
Imagínense ustedes en el futuro próximo a personajes públicos graduando de paramilitar a toda organización o movilización que no sea de izquierda; y al revés, de guerrillera a toda aquella que exprese un movimiento antisistema. Es un escenario indeseable de alta polarización y pugnacidad social, con el antecedente del uso habitual de la violencia para resolver disputas.
La posición de Molano hace parte de una seguidilla de artículos y comunicados de algunos académicos y muchos activistas que afirman que “existe una solución de continuidad” entre los paramilitares y las bandas criminales. Según la falacia de la continuidad, el hombre es mono y la vaca yerba. Ya el profesor Francisco Gutiérrez había dado una clase de epistemología mostrando los abusos del factor continuidad (“Patitos feos pero sensatos”, El Espectador, 14.01.16). Pero las posiciones políticas avasallan los valores académicos de ciertos intelectuales.
La resurrección conceptual del paramilitarismo tiene como consecuencia que se reconozca a las bandas criminales como parte del conflicto armado (no lo han sido) y que el Estado colombiano se dedique a diseñar una estrategia militar contra ellas, en lugar de la acción policial y judicial que muchos pedimos. Lo que está claro es que los teóricos de la reinvención paramilitar ya están buscando a los nuevos bárbaros, a los enemigos de la próxima guerra y sus columnas y comunicados son toque de tambores. No están pensando en la reconciliación. Amigos de la paz, se dicen.
El Colombiano, 28 de febrero.
Molano puso así otra piedra en el edificio de la extrema izquierda al analizar los hechos del homenaje que algunas personas hicieron a Camilo Torres en Carmen de Chucurí; personas forasteras que se encontraron con una manifestación de rechazo de los pobladores de ese municipio. Ahí es cuando Molano se desgarra las vestiduras y sindica como “reorganización, por ahora civil, del paramilitarismo” a los miembros de una comunidad que expresan una opinión diferente a la suya (“El caso Yarima”, El Espectador, 20.02.16). El padre Francisco de Roux tiene otra visión: “No quise estar en la celebración de Patio Cemento, porque, después de haber vivido años en el Magdalena Medio, conozco el dolor y la rabia que guardan algunas comunidades de la cordillera de los Yariguíes contra la violencia de miembros del Eln” (“Memorias de Camilo”, El Tiempo, 24.02.16).
Imagínense ustedes en el futuro próximo a personajes públicos graduando de paramilitar a toda organización o movilización que no sea de izquierda; y al revés, de guerrillera a toda aquella que exprese un movimiento antisistema. Es un escenario indeseable de alta polarización y pugnacidad social, con el antecedente del uso habitual de la violencia para resolver disputas.
La posición de Molano hace parte de una seguidilla de artículos y comunicados de algunos académicos y muchos activistas que afirman que “existe una solución de continuidad” entre los paramilitares y las bandas criminales. Según la falacia de la continuidad, el hombre es mono y la vaca yerba. Ya el profesor Francisco Gutiérrez había dado una clase de epistemología mostrando los abusos del factor continuidad (“Patitos feos pero sensatos”, El Espectador, 14.01.16). Pero las posiciones políticas avasallan los valores académicos de ciertos intelectuales.
La resurrección conceptual del paramilitarismo tiene como consecuencia que se reconozca a las bandas criminales como parte del conflicto armado (no lo han sido) y que el Estado colombiano se dedique a diseñar una estrategia militar contra ellas, en lugar de la acción policial y judicial que muchos pedimos. Lo que está claro es que los teóricos de la reinvención paramilitar ya están buscando a los nuevos bárbaros, a los enemigos de la próxima guerra y sus columnas y comunicados son toque de tambores. No están pensando en la reconciliación. Amigos de la paz, se dicen.
El Colombiano, 28 de febrero.
lunes, 22 de febrero de 2016
Acuerdo sobre desarrollo rural
Hace más de 20 meses se firmó en La Habana el acuerdo nombrado Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral. Las noticias del acuerdo y la difusión posterior del texto fueron recibidos en medio de lamentaciones y diatribas que dieron visos alternos de prisa, ignorancia y mala fe. Se daba entender, unas veces, que tal compromiso entrañaba políticas incompatibles con la imagen que tenemos de la economía colombiana o que, otras, podría desatar consecuencias indeseables para el desarrollo del país. Nada de eso es cierto.
El acuerdo agrario parte de reconocer que el desarrollo rural “es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país” y se propone “sentar las bases para la trasformación estructural del campo” y crear “condiciones de bienestar para la población rural” (p. 1). El acuerdo propugna por una focalización en la que se le otorgará prioridad a las zonas y comunidades del país “más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto” (pp. 2-4).
El acuerdo se despliega en tres capítulos que hablan de acceso y uso de la propiedad rural, planes de desarrollo territorial y planes para eliminar la pobreza extrema en el campo y reducir a la mitad la pobreza en un lapso de diez años. Los ejes de cada uno de estos tres puntos son, respectivamente, la creación de un fondo de tierras para distribución gratuita y el diseño de mecanismos para la solución de conflictos en el campo, la promoción de la economía campesina y la habitual lista de compra que incluye vías, electricidad, vivienda, salud y educación.
Sin embargo, en mi opinión, el pivote de este acuerdo es el proceso de formalización de la propiedad rural, la actualización del catastro rural y la subsiguiente renovación del esquema de impuestos en el campo. Por tres razones: este proceso conjunto asegurará los derechos de propiedad y reducirá la probabilidad de conflictos por la tierra, pondrá al Estado con sus instituciones en el centro de la regulación de la actividad en el campo y servirá de base para el desarrollo del mercado en las regiones periféricas del país. Así que en contra de los miedos invocados, el acuerdo debería traer al país más propiedad, más mercado y más Estado.
El informe Colombia rural: razones para la esperanza (Pnud, 2011) y el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2014 mostraron –si había dudas– la precaria situación del campesinado colombiano y la ineficiencia del estado de cosas que se fue configurando por cuenta del rentismo, la exclusión y la guerra. Las conclusiones de la Misión para la transformación del campo, que tuvo lugar en 2015, muestran un panorama más completo de los desafíos que tiene Colombia en el campo. Lo firmado en Cuba es una tarea pendiente del país, con Farc o sin ellas.
El Colombiano, 21 de febrero
El acuerdo agrario parte de reconocer que el desarrollo rural “es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país” y se propone “sentar las bases para la trasformación estructural del campo” y crear “condiciones de bienestar para la población rural” (p. 1). El acuerdo propugna por una focalización en la que se le otorgará prioridad a las zonas y comunidades del país “más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto” (pp. 2-4).
El acuerdo se despliega en tres capítulos que hablan de acceso y uso de la propiedad rural, planes de desarrollo territorial y planes para eliminar la pobreza extrema en el campo y reducir a la mitad la pobreza en un lapso de diez años. Los ejes de cada uno de estos tres puntos son, respectivamente, la creación de un fondo de tierras para distribución gratuita y el diseño de mecanismos para la solución de conflictos en el campo, la promoción de la economía campesina y la habitual lista de compra que incluye vías, electricidad, vivienda, salud y educación.
Sin embargo, en mi opinión, el pivote de este acuerdo es el proceso de formalización de la propiedad rural, la actualización del catastro rural y la subsiguiente renovación del esquema de impuestos en el campo. Por tres razones: este proceso conjunto asegurará los derechos de propiedad y reducirá la probabilidad de conflictos por la tierra, pondrá al Estado con sus instituciones en el centro de la regulación de la actividad en el campo y servirá de base para el desarrollo del mercado en las regiones periféricas del país. Así que en contra de los miedos invocados, el acuerdo debería traer al país más propiedad, más mercado y más Estado.
El informe Colombia rural: razones para la esperanza (Pnud, 2011) y el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2014 mostraron –si había dudas– la precaria situación del campesinado colombiano y la ineficiencia del estado de cosas que se fue configurando por cuenta del rentismo, la exclusión y la guerra. Las conclusiones de la Misión para la transformación del campo, que tuvo lugar en 2015, muestran un panorama más completo de los desafíos que tiene Colombia en el campo. Lo firmado en Cuba es una tarea pendiente del país, con Farc o sin ellas.
El Colombiano, 21 de febrero
lunes, 15 de febrero de 2016
Hambre
Durante los primeros diez días de febrero aparecieron multitud de artículos y columnas sobre la visita de Thomas Piketty –autor de un libro aburridor y exitoso– a Colombia. El tema es la desigualdad, un problema que identificaron los griegos hace más de dos milenios, lo pusieron en movimiento los “niveladores” en el siglo XVII y se convirtió en lema moderno con la Revolución Francesa. Un tema importante cuyo retorno a la reflexión contemporánea se debe a John Rawls (1921-2002), no a Piketty.
En cambio, la muerte por hambre de los niños wayúu no ha merecido columnas (al menos en los tres periódicos y tres revistas que ojeo). Los libros de Martín Caparrós (El hambre, Planeta, 2013) y David Rieff (El oprobio del hambre, Taurus, 2016) no se venden ni se discuten tan bien. Esto tiene tres explicaciones: a diferencia de la desigualdad, el hambre no es discutible; la nutrición no es glamorosa como la igualdad; en Europa y Norteamérica (sacando a México) el hambre escasea, luego se puede hablar de otras cosas.
Vuelvo a Rawls. ¿Por qué no habla Rawls del hambre? Mi respuesta es porque la discusión sobre la equidad es propia de lo que él llama sociedades bien ordenadas; el hambre es un problema de sociedades que no son bien ordenadas y su reflexión pertenece a la teoría no ideal (perdón por el tecnicismo). Vayan y miren ustedes el mapa del Índice Global del Hambre (GHI) y verán que solo hay color en América Latina, África y Asia, con excepción de Corea del Sur y Japón.
Según el Instituto Nacional de Salud, en 2014 murieron 299 niños por hambre o razones asociadas, en 2015 fueron 260 y durante enero de 2016 murieron 11 menores de cinco años (www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico). Los departamentos más afectados son La Guajira (14,6%), Cesar y Córdoba (6,5%) y Vichada con el 6,2%. El grupo más afectado es la población indígena que pone el 42,8 % de los niños muertos. Por supuesto, los que se mueren de hambre son los niños pobres: el 70,8% de las madres registran bajo o ningún nivel educativo y el 86,5% pertenecen al estrato socioeconómico uno.
Entre 128 países medidos, Colombia ocupó una mediocre posición 80 en GHI, con un 8.8% de la población con problemas nutricionales, en la mitad entre el >5 de Argentina y el 16.9 de Bolivia (no cuento a Haití). El balance colombiano es peor dado que aparecemos entre los 22 países que menos éxitos obtuvieron en la reducción del hambre (Global Hunger Index 2015, p. 15).
Que en La Guajira los amigos del vicepresidente de la República se roben la plata de las regalías, que el ejecutivo central carezca sistemáticamente de metas sociales ambiciosas, que a los colombianos nos guste tanto hablar de lo que no es urgente, pueden ser algunas explicaciones.
El Colombiano, 14 de febrero
En cambio, la muerte por hambre de los niños wayúu no ha merecido columnas (al menos en los tres periódicos y tres revistas que ojeo). Los libros de Martín Caparrós (El hambre, Planeta, 2013) y David Rieff (El oprobio del hambre, Taurus, 2016) no se venden ni se discuten tan bien. Esto tiene tres explicaciones: a diferencia de la desigualdad, el hambre no es discutible; la nutrición no es glamorosa como la igualdad; en Europa y Norteamérica (sacando a México) el hambre escasea, luego se puede hablar de otras cosas.
Vuelvo a Rawls. ¿Por qué no habla Rawls del hambre? Mi respuesta es porque la discusión sobre la equidad es propia de lo que él llama sociedades bien ordenadas; el hambre es un problema de sociedades que no son bien ordenadas y su reflexión pertenece a la teoría no ideal (perdón por el tecnicismo). Vayan y miren ustedes el mapa del Índice Global del Hambre (GHI) y verán que solo hay color en América Latina, África y Asia, con excepción de Corea del Sur y Japón.
Según el Instituto Nacional de Salud, en 2014 murieron 299 niños por hambre o razones asociadas, en 2015 fueron 260 y durante enero de 2016 murieron 11 menores de cinco años (www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico). Los departamentos más afectados son La Guajira (14,6%), Cesar y Córdoba (6,5%) y Vichada con el 6,2%. El grupo más afectado es la población indígena que pone el 42,8 % de los niños muertos. Por supuesto, los que se mueren de hambre son los niños pobres: el 70,8% de las madres registran bajo o ningún nivel educativo y el 86,5% pertenecen al estrato socioeconómico uno.
Entre 128 países medidos, Colombia ocupó una mediocre posición 80 en GHI, con un 8.8% de la población con problemas nutricionales, en la mitad entre el >5 de Argentina y el 16.9 de Bolivia (no cuento a Haití). El balance colombiano es peor dado que aparecemos entre los 22 países que menos éxitos obtuvieron en la reducción del hambre (Global Hunger Index 2015, p. 15).
Que en La Guajira los amigos del vicepresidente de la República se roben la plata de las regalías, que el ejecutivo central carezca sistemáticamente de metas sociales ambiciosas, que a los colombianos nos guste tanto hablar de lo que no es urgente, pueden ser algunas explicaciones.
El Colombiano, 14 de febrero
lunes, 8 de febrero de 2016
Puntos suspensivos en el acuerdo sobre víctimas
El gran logro del “Acuerdo sobre víctimas del conflicto” consiste en haber sentado un marco interpretativo claro y firme para el desenvolvimiento del componente de justicia. Declara la autonomía del Estado colombiano para administrar justicia pero procura alinear sus criterios con el derecho internacional; se apuntala en la caracterización del conflicto armado interno (en el primer párrafo habla de finalizar la “guerra”) para invocar la normatividad del derecho humanitario; y mira hacia el futuro en términos de seguridad jurídica, confianza, reconciliación y justicia restaurativa.
Literariamente el acuerdo es muy heterogéneo, con largos pasajes yermos y párrafos con arranques declamatorios y torturas al idioma que, por fortuna, carecen de castigo de parte de las academias de la lengua. Pero contiene afirmaciones de alta trascendencia simbólica. Por ejemplo, que “el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas” y que la fuerza pública actúa en “calidad de garante de derechos por parte del Estado” (p. 26). O que el carácter general de las actuaciones de la insurgencia se describe con la categoría “delito político”.
Pero si el acuerdo estuviera completamente cerrado aún quedarían pendientes cuestiones cruciales que tienen que ver con una implementación que tendrá más ingredientes políticos e ideológicos que técnicos, a diferencia de los otros tres puntos pactados hasta hoy. Y esto debido a que el nombramiento de los miembros de la comisión de la verdad y los magistrados del tribunal para la paz tendrá unas consecuencias irreversibles sobre el destino de muchas personas y sobre el carácter polémico o conciliador del post-acuerdo. Estas instancias no pueden ser la guerra por otros medios.
Más aun, los términos en que podría resolverse la situación de los guerrilleros de las Farc y de muchos militares y civiles tienen un alto componente de vaguedad. ¿Cómo se puede esquivar la responsabilidad de los mandos de las Farc por crímenes de guerra masivos y sistemáticos como el secuestro o el uso de minas antipersona? ¿Los anuncios decembrinos del presidente Santos sobre los términos de la justicia transicional para militares y civiles, fueron actos pedagógicos o implican el diseño de criterios y organismos específicos para ejecutarlos? ¿En qué consiste el trato diferenciado a los militares? El texto dice que las Farc “se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz” y que “los términos de esa reparación material serán precisados en el marco del Acuerdo Final” (p. 58). ¿Involucrará ella los bienes de dicha organización?
El imprevisible resultado final del tribunal para la paz no debería dejar a la sociedad con la impresión de que las condenas a los guerrilleros fueron sumarias, cortas y pocas, respecto a los eventuales procesos contra los agentes del Estado y los terceros civiles.
El Colombiano, 7 de febrero
Literariamente el acuerdo es muy heterogéneo, con largos pasajes yermos y párrafos con arranques declamatorios y torturas al idioma que, por fortuna, carecen de castigo de parte de las academias de la lengua. Pero contiene afirmaciones de alta trascendencia simbólica. Por ejemplo, que “el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas” y que la fuerza pública actúa en “calidad de garante de derechos por parte del Estado” (p. 26). O que el carácter general de las actuaciones de la insurgencia se describe con la categoría “delito político”.
Pero si el acuerdo estuviera completamente cerrado aún quedarían pendientes cuestiones cruciales que tienen que ver con una implementación que tendrá más ingredientes políticos e ideológicos que técnicos, a diferencia de los otros tres puntos pactados hasta hoy. Y esto debido a que el nombramiento de los miembros de la comisión de la verdad y los magistrados del tribunal para la paz tendrá unas consecuencias irreversibles sobre el destino de muchas personas y sobre el carácter polémico o conciliador del post-acuerdo. Estas instancias no pueden ser la guerra por otros medios.
Más aun, los términos en que podría resolverse la situación de los guerrilleros de las Farc y de muchos militares y civiles tienen un alto componente de vaguedad. ¿Cómo se puede esquivar la responsabilidad de los mandos de las Farc por crímenes de guerra masivos y sistemáticos como el secuestro o el uso de minas antipersona? ¿Los anuncios decembrinos del presidente Santos sobre los términos de la justicia transicional para militares y civiles, fueron actos pedagógicos o implican el diseño de criterios y organismos específicos para ejecutarlos? ¿En qué consiste el trato diferenciado a los militares? El texto dice que las Farc “se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz” y que “los términos de esa reparación material serán precisados en el marco del Acuerdo Final” (p. 58). ¿Involucrará ella los bienes de dicha organización?
El imprevisible resultado final del tribunal para la paz no debería dejar a la sociedad con la impresión de que las condenas a los guerrilleros fueron sumarias, cortas y pocas, respecto a los eventuales procesos contra los agentes del Estado y los terceros civiles.
El Colombiano, 7 de febrero
jueves, 4 de febrero de 2016
Janis
Janis eludió la trampa del show en el momento preciso en que hizo del blues su vida. Asumió la opción simple y profunda de fundir vida y blues en una sola cosa inseparable... y con una sinceridad temeraria le dio rienda suelta a su sentimiento sin tapujos. Pero muy pocos se dieron cuenta de que al frente no tenían el espectáculo de Janis Joplin, que frente a sus ojos simplemente estaba ella. El detalle era que Janis no tenía espectáculo porque era incapaz de actuar; en la tarima estaba ella, solo ella...
Fragmento de mi Aún arde Janis, publicado en el fanzine Música para camaleones en septiembre 1990. A propósito de la presentación de Janis: Little Girl Blue de Amy Berg (2015).
miércoles, 3 de febrero de 2016
Las ideas en la guerra: Esteban Carlos Mejía
¿Ideas para la guerra?
Por: Esteban Carlos Mejía
El Espectador, 30 de enero de 2016
Tiene la piel acaramelada, canelita Hollywood, y su sensualidad lo impregna todo con gracia seductora. ¡Un bombón! Casualmente estamos chupando paletas en un tenderete en la 70, acá en Medallo, entre hoteles, turistas y sol solecito alúmbrame un poquito.
“¿Cómo te fue en Cartagena?”. “Bien”, responde con pereza. “Estuvimos en el Festival Internacional de Música. Lo mejor, un conciertazo de tango y bandoneón”. “¿Tango?”. “Sí, a Nano le gusta”. Nano es Laureano, su marido, ganadero de nueva generación. Las malas lenguas, envidiosas y celosas, dicen que es mafioso. A mí no me parece. Estudió Zootecnia en Luisiana, EE. UU., y vive dedicado a la estabulación y a la inseminación artificial… de vacas y yeguas. También es pinta: ¡un bebezote! “¿Tu lo odias, cierto?”, me provoca Isabel. “No, por Dios, cómo se te ocurre, yo apenas lo envidio”, y no me crece la nariz.
“¿Leíste mucho en vacaciones?”. “Pocón pocón”, dice. “Me concentré en una joya sobre política”, y me muestra Las ideas en la guerra, de Jorge Giraldo Ramírez, editado por Debate (2015), con prólogo de Daniel Pécaut. “Según advierte el subtítulo es una justificación y crítica en la Colombia contemporánea”. Arrugo el ceño: “Tú, una nena frívola y coqueta, ¿leyendo esas vainas?”. Sonríe y le da una chupeteada a su paleta de piña: “No sólo de pan vive el hombre”.
Me cuenta que Las ideas en la guerra es un libro para leer y subrayar. “Hablar de novelas es trivial, pero intentar resumir un libro como este puede ser complejo, mucho más en un cotilleo como los nuestros”, se disculpa. “Es un análisis político, no histórico, del surgimiento de las Farc y, a la vez, una indagación metódica, rigurosa, sin misticismos, sobre la responsabilidad ideológica del Partido Comunista colombiano en la teoría y práctica de la lucha armada en Colombia”.
De repente, me acuerdo que yo conozco al autor, un señorazo. “Mis amigos bogotanos dicen que es el intelectual más juicioso de Medellín”, digo. “Y consecuente”, agrega ella. “Plantea cuestiones que muchísimos quisieran callar, olvidar o postergar. Déjame te muestro”. Abre el libro. Veo sus rayones, los resaltados, las huellas de su lectura. Encuentra lo que busca. “Oye, por ejemplo”, dice, y me lee: “La guerra colombiana es una anomalía en Occidente por su duración. […] ¿Cuáles han sido, en 35 años o 50 según quien cuente, los resultados de la guerra que la izquierda armada colombiana le planteó a su país? ¿Cuáles han sido las consecuencias indeseadas y no previstas por los promotores de la confrontación? ¿A quién ha beneficiado? ¿Cuáles pueden ser las explicaciones plausibles de la persistencia de los mandos de los ejércitos irregulares izquierdistas en una lucha que nunca tuvo un horizonte claro de victoria?”.
La paleta se me derrite, atónito. “¿A ti qué bicho te picó?”, le reprocho. “¿Lo tuyo no es, pues, el goce pagano? ¿No dizque todo es ficción?”. “Leer a Jorge Giraldo, con su pulcritud analítica y su precisión expositiva, te abre los ojos, Mejillón. Te previene contra la desmemoria. Las ideas en la guerra te pone a pensar”, concluye. Y yo le creo, cómo no, si ella es mi guía, mi cicerone, mi parcera. Lástima que sea ajena…
Por: Esteban Carlos Mejía
El Espectador, 30 de enero de 2016
Tiene la piel acaramelada, canelita Hollywood, y su sensualidad lo impregna todo con gracia seductora. ¡Un bombón! Casualmente estamos chupando paletas en un tenderete en la 70, acá en Medallo, entre hoteles, turistas y sol solecito alúmbrame un poquito.
“¿Cómo te fue en Cartagena?”. “Bien”, responde con pereza. “Estuvimos en el Festival Internacional de Música. Lo mejor, un conciertazo de tango y bandoneón”. “¿Tango?”. “Sí, a Nano le gusta”. Nano es Laureano, su marido, ganadero de nueva generación. Las malas lenguas, envidiosas y celosas, dicen que es mafioso. A mí no me parece. Estudió Zootecnia en Luisiana, EE. UU., y vive dedicado a la estabulación y a la inseminación artificial… de vacas y yeguas. También es pinta: ¡un bebezote! “¿Tu lo odias, cierto?”, me provoca Isabel. “No, por Dios, cómo se te ocurre, yo apenas lo envidio”, y no me crece la nariz.
“¿Leíste mucho en vacaciones?”. “Pocón pocón”, dice. “Me concentré en una joya sobre política”, y me muestra Las ideas en la guerra, de Jorge Giraldo Ramírez, editado por Debate (2015), con prólogo de Daniel Pécaut. “Según advierte el subtítulo es una justificación y crítica en la Colombia contemporánea”. Arrugo el ceño: “Tú, una nena frívola y coqueta, ¿leyendo esas vainas?”. Sonríe y le da una chupeteada a su paleta de piña: “No sólo de pan vive el hombre”.
Me cuenta que Las ideas en la guerra es un libro para leer y subrayar. “Hablar de novelas es trivial, pero intentar resumir un libro como este puede ser complejo, mucho más en un cotilleo como los nuestros”, se disculpa. “Es un análisis político, no histórico, del surgimiento de las Farc y, a la vez, una indagación metódica, rigurosa, sin misticismos, sobre la responsabilidad ideológica del Partido Comunista colombiano en la teoría y práctica de la lucha armada en Colombia”.
De repente, me acuerdo que yo conozco al autor, un señorazo. “Mis amigos bogotanos dicen que es el intelectual más juicioso de Medellín”, digo. “Y consecuente”, agrega ella. “Plantea cuestiones que muchísimos quisieran callar, olvidar o postergar. Déjame te muestro”. Abre el libro. Veo sus rayones, los resaltados, las huellas de su lectura. Encuentra lo que busca. “Oye, por ejemplo”, dice, y me lee: “La guerra colombiana es una anomalía en Occidente por su duración. […] ¿Cuáles han sido, en 35 años o 50 según quien cuente, los resultados de la guerra que la izquierda armada colombiana le planteó a su país? ¿Cuáles han sido las consecuencias indeseadas y no previstas por los promotores de la confrontación? ¿A quién ha beneficiado? ¿Cuáles pueden ser las explicaciones plausibles de la persistencia de los mandos de los ejércitos irregulares izquierdistas en una lucha que nunca tuvo un horizonte claro de victoria?”.
La paleta se me derrite, atónito. “¿A ti qué bicho te picó?”, le reprocho. “¿Lo tuyo no es, pues, el goce pagano? ¿No dizque todo es ficción?”. “Leer a Jorge Giraldo, con su pulcritud analítica y su precisión expositiva, te abre los ojos, Mejillón. Te previene contra la desmemoria. Las ideas en la guerra te pone a pensar”, concluye. Y yo le creo, cómo no, si ella es mi guía, mi cicerone, mi parcera. Lástima que sea ajena…
lunes, 1 de febrero de 2016
Acuerdo sobre víctimas
El pasado 15 de diciembre se firmó en La Habana el “Acuerdo sobre víctimas del conflicto” entre el Gobierno y las Farc. Fueron 18 meses de negociaciones, cuyos primeros avances se vislumbraron después de un año de dificultades y estancamiento en el tema. El documento tiene cinco partes: comisión de la verdad y unidad para la búsqueda de desaparecidos, jurisdicción especial para la paz, medidas de reparación y garantías de no repetición; más una especie de adenda sobre derechos humanos y una presentación de los principios y las generalidades.
El título del documento ilustra su enfoque. Se encamina a darle cuerpo a la obsesión gubernamental de que las víctimas tienen que estar en el centro de la salida política del conflicto armado. Se trata de un acuerdo sobre justicia transicional, un concepto que, aunque ya fue usado en el proceso con los paramilitares, no es bien comprendido por amplios sectores de la opinión pública. De manera simple, el término fuerte de la justicia transicional es la transición –en este caso a la paz– y el término débil es justicia, sobre todo cuando se entiende ella como justicia penal. Justicia transicional significa justicia a la medida de la paz y volcada al futuro, no al pasado. Es justicia política, como argumento en un libro (La tercera realidad, Sílaba, 2015).
Una cita que confirma mi tesis: “El acto de juzgar tiene dos propósitos. En el corto plazo zanjar diferencias ciudadanas para impedir la aparición de la venganza. En el largo plazo, asegurar la paz de la comunidad política”. Estas palabras coinciden con el objetivo del acuerdo, paz y no repetición, pero no las pronunció ni Humberto de la Calle ni Sergio Jaramillo. Son de Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz durante las administraciones de Álvaro Uribe (Justicia y paz, ITM, 2005, p. 53).
Si se fueran a ponderar los componentes del mantra contemporáneo de la justicia transicional coincidiríamos, en principio, con el balance de Juanita León: mucha verdad, mucha reparación, poca justicia (La silla vacía, 16.12.15). Pero, ¿es poca justicia? Desde una perspectiva abstracta y punitiva, sin duda. Pero la valoración puede cambiar si se piensa desde un punto de vista concreto y prospectivo.
Los miembros de las Farc tendrán que hacer declaraciones exhaustivas de verdad, una parte de ellos irá a un tribunal, serán juzgados y recibirán condenas. Muchos tendrán restricciones de libertad sin cárcel, pero algunos podrían recibir condenas penitenciarias de hasta 20 años. Cualquier pose de héroes o de rebeldes impolutos se quedó sin piso, según el texto. Hacia futuro, no me queda duda de que es más importante impedir otro ciclo de violencia que tener 100 o 200 tipos en Bellavista. Personalmente, creo que la suspensión de derechos políticos a máximos responsables era una medida deseable y respetuosa con las víctimas.
El Colombiano, 31 de enero.
El título del documento ilustra su enfoque. Se encamina a darle cuerpo a la obsesión gubernamental de que las víctimas tienen que estar en el centro de la salida política del conflicto armado. Se trata de un acuerdo sobre justicia transicional, un concepto que, aunque ya fue usado en el proceso con los paramilitares, no es bien comprendido por amplios sectores de la opinión pública. De manera simple, el término fuerte de la justicia transicional es la transición –en este caso a la paz– y el término débil es justicia, sobre todo cuando se entiende ella como justicia penal. Justicia transicional significa justicia a la medida de la paz y volcada al futuro, no al pasado. Es justicia política, como argumento en un libro (La tercera realidad, Sílaba, 2015).
Una cita que confirma mi tesis: “El acto de juzgar tiene dos propósitos. En el corto plazo zanjar diferencias ciudadanas para impedir la aparición de la venganza. En el largo plazo, asegurar la paz de la comunidad política”. Estas palabras coinciden con el objetivo del acuerdo, paz y no repetición, pero no las pronunció ni Humberto de la Calle ni Sergio Jaramillo. Son de Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz durante las administraciones de Álvaro Uribe (Justicia y paz, ITM, 2005, p. 53).
Si se fueran a ponderar los componentes del mantra contemporáneo de la justicia transicional coincidiríamos, en principio, con el balance de Juanita León: mucha verdad, mucha reparación, poca justicia (La silla vacía, 16.12.15). Pero, ¿es poca justicia? Desde una perspectiva abstracta y punitiva, sin duda. Pero la valoración puede cambiar si se piensa desde un punto de vista concreto y prospectivo.
Los miembros de las Farc tendrán que hacer declaraciones exhaustivas de verdad, una parte de ellos irá a un tribunal, serán juzgados y recibirán condenas. Muchos tendrán restricciones de libertad sin cárcel, pero algunos podrían recibir condenas penitenciarias de hasta 20 años. Cualquier pose de héroes o de rebeldes impolutos se quedó sin piso, según el texto. Hacia futuro, no me queda duda de que es más importante impedir otro ciclo de violencia que tener 100 o 200 tipos en Bellavista. Personalmente, creo que la suspensión de derechos políticos a máximos responsables era una medida deseable y respetuosa con las víctimas.
El Colombiano, 31 de enero.
lunes, 25 de enero de 2016
Niños nosotros
El calor ya está duro, incluso para los que nos gusta; los ríos secos, como se vio en el impresionante reportaje gráfico de este diario (El Colombiano, 17.01.16); el bolsillo se lamenta, por las tarifas y el impacto de la sequía en los precios. Sin duda, estamos atravesando otro fenómeno del Niño, pero la responsabilidad de los problemas no es del clima sino nuestra.
La culpa directa e inmediata es de los dos últimos gobiernos, Uribe y Santos. Así se deduce del análisis de Guillermo Perry basado en informes de la Contraloría, el congreso y expertos (“Alzas e imprevisión”, El Tiempo, 09.11.15). Crudamente lo que Perry dice es que el gobierno de Uribe nos ha hecho pagar 7 mil millones de dólares desde el 2006 para que las generadoras hicieran los ajustes necesarios para atender una sequía o escasez de gas. La plata parece que se perdió y ahora hay cortes e incremento en las tarifas, de cuenta de Santos. Este gobierno, además, al parecer se desentendió de los problemas en las termoeléctricas. Nadie protesta.
Juan Manuel Santos figuró en la Cumbre de Naciones Unidas sobre cambio Climático, en Lima, y se lució también en París en XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Muchos compromisos en el papel y muchas guías para el futuro. En lo que resta de gobierno hará lo mismo: clientelismo, cortoplacismo e inercia administrativa (“Santos dice una cosa en París y otra en las CAR”, La silla vacía, 08.11.15). ¿Quién hace control político?
Colombia es un país muy sensible a los avatares del clima por cuenta de la debilidad de su infraestructura, la precariedad de sus políticas públicas y la debilidad del Estado en todos los niveles para garantizar el cumplimiento de las normas. Lo demostraron las inundaciones del 2011, los desastres naturales en las regiones y lo muestra la sequía actual. Sin embargo, el cambio climático es una expresión en boca de todos que no afecta la conducta de nadie. Los gobernantes locales que han prohijado la destrucción del bosque para impulsar la construcción de vivienda o los gerentes que asumen que nada vale más vale que un metro de obra pública, son ejemplos de ello. Cuando se habla de Metroplús en Envigado, de la invasión de las laderas en Sabaneta o la minería en Jericó, a los responsables se les olvida el ambiente.
Por último están los ciudadanos que lavan carros, motos, andenes y balcones con agua potable por chorros; los que se bañan dos veces porque está haciendo mucho calor; los que compran ventiladores y le suben al aire acondicionado como si no hubiera un vínculo entre agua, energía, escasez y bolsillo. Porque vivir al día, gastar hoy porque puedo pagar, acomodarme sin que importe el resto de la humanidad, es una actitud arraigada en la sociedad. ¡Más autorregulación!
El Colombiano, 24 de enero.
La culpa directa e inmediata es de los dos últimos gobiernos, Uribe y Santos. Así se deduce del análisis de Guillermo Perry basado en informes de la Contraloría, el congreso y expertos (“Alzas e imprevisión”, El Tiempo, 09.11.15). Crudamente lo que Perry dice es que el gobierno de Uribe nos ha hecho pagar 7 mil millones de dólares desde el 2006 para que las generadoras hicieran los ajustes necesarios para atender una sequía o escasez de gas. La plata parece que se perdió y ahora hay cortes e incremento en las tarifas, de cuenta de Santos. Este gobierno, además, al parecer se desentendió de los problemas en las termoeléctricas. Nadie protesta.
Juan Manuel Santos figuró en la Cumbre de Naciones Unidas sobre cambio Climático, en Lima, y se lució también en París en XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Muchos compromisos en el papel y muchas guías para el futuro. En lo que resta de gobierno hará lo mismo: clientelismo, cortoplacismo e inercia administrativa (“Santos dice una cosa en París y otra en las CAR”, La silla vacía, 08.11.15). ¿Quién hace control político?
Colombia es un país muy sensible a los avatares del clima por cuenta de la debilidad de su infraestructura, la precariedad de sus políticas públicas y la debilidad del Estado en todos los niveles para garantizar el cumplimiento de las normas. Lo demostraron las inundaciones del 2011, los desastres naturales en las regiones y lo muestra la sequía actual. Sin embargo, el cambio climático es una expresión en boca de todos que no afecta la conducta de nadie. Los gobernantes locales que han prohijado la destrucción del bosque para impulsar la construcción de vivienda o los gerentes que asumen que nada vale más vale que un metro de obra pública, son ejemplos de ello. Cuando se habla de Metroplús en Envigado, de la invasión de las laderas en Sabaneta o la minería en Jericó, a los responsables se les olvida el ambiente.
Por último están los ciudadanos que lavan carros, motos, andenes y balcones con agua potable por chorros; los que se bañan dos veces porque está haciendo mucho calor; los que compran ventiladores y le suben al aire acondicionado como si no hubiera un vínculo entre agua, energía, escasez y bolsillo. Porque vivir al día, gastar hoy porque puedo pagar, acomodarme sin que importe el resto de la humanidad, es una actitud arraigada en la sociedad. ¡Más autorregulación!
El Colombiano, 24 de enero.
lunes, 18 de enero de 2016
Rumberos primitivos
Hace 40 años diciembre duraba 15 días: siete y ocho, la novena, el 31 y el 6 de enero. Se festejaba con fervor religioso el siete, matada de marrano en la calle el 24, pólvora pequeña pero agresiva, y bailes familiares y barriales con música de las grandes orquestas criollas y venezolanas, amenizada con discos de verdad y tocadiscos (el dispositivo que retornará). Era una celebración simple, rústica, pero comunitaria y con un sentido preciso.
Después, con la nueva oleada migratoria, la violencia y la subcultura del narcotráfico hubo muchos cambios. Ahora diciembre dura seis semanas. La religiosidad y los bailes desaparecieron, la pólvora se hizo más detonante, dañina y cotidiana, la borrachera se multiplicó y la música se volvió una excusa para la grosería. No hay discos, solo emisoras llenas de gritos que repiten incesantemente la misma docena de temas.
Estoy hablando del valle de Aburrá y algunas regiones de Antioquia. Pero el provinciano cree que diciembre es así en todo el mundo. Falso. La vida me ha permitido pasar diciembre en otras cuatro regiones del país y sendos países latinoamericanos. En Bogotá la pólvora es, por comparación, casi inexistente; en la costa Caribe la música es musical, no líneas con palabras que riman con lulo y con fruta. En Centroamérica se mantiene presente que en Occidente la navidad es una fiesta religiosa. Los argentinos no beben más en diciembre y celebran sin escándalo. Al final del año un taxista peruano es más exquisito, musicalmente hablando, que cualquier profesional paisa.
Hace unos tres años estuve en un seminario académico en Bolivia. Era una concentración de profesionales europeos y americanos en Mecapaca, un pueblito a media hora de La Paz. Con mucho esfuerzo trabajamos. Día y noche sonaron explosiones, como si viéramos Los cañones de Navarone en cuarta dimensión. Los europeos salían en los ratos libres a conocer el pueblo y llegaban con historias de aymaras y mestizos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, tirados en la calle en medio de tacos de dinamita y botellas de cerveza. Un día sí y otro también. Los anfitriones bolivianos trataron de explicarnos con leves asomos de vergüenza de qué se trataba la cosa. El seis de agosto es el día de la declaración de independencia y en muchos pueblos la gente se dedica la semana entera a la pólvora y al alcohol.
De todo lo que he visto en la vida eso es lo más parecido a una navidad paisa, excepción hecha que los bolivianos no se matan. Medellín y Antioquia se han ido modernizando. Somos más sofisticados en la culinaria y en ciertos aspectos del consumo cultural. Sin embargo, nuestras formas de festejar han perdido trasfondo y se han vuelto cada vez más prosaicas. La crítica a la ordinariez y el primitivismo ayuda al proceso de civilización.
El Colombiano, 17 de enero.
Después, con la nueva oleada migratoria, la violencia y la subcultura del narcotráfico hubo muchos cambios. Ahora diciembre dura seis semanas. La religiosidad y los bailes desaparecieron, la pólvora se hizo más detonante, dañina y cotidiana, la borrachera se multiplicó y la música se volvió una excusa para la grosería. No hay discos, solo emisoras llenas de gritos que repiten incesantemente la misma docena de temas.
Estoy hablando del valle de Aburrá y algunas regiones de Antioquia. Pero el provinciano cree que diciembre es así en todo el mundo. Falso. La vida me ha permitido pasar diciembre en otras cuatro regiones del país y sendos países latinoamericanos. En Bogotá la pólvora es, por comparación, casi inexistente; en la costa Caribe la música es musical, no líneas con palabras que riman con lulo y con fruta. En Centroamérica se mantiene presente que en Occidente la navidad es una fiesta religiosa. Los argentinos no beben más en diciembre y celebran sin escándalo. Al final del año un taxista peruano es más exquisito, musicalmente hablando, que cualquier profesional paisa.
Hace unos tres años estuve en un seminario académico en Bolivia. Era una concentración de profesionales europeos y americanos en Mecapaca, un pueblito a media hora de La Paz. Con mucho esfuerzo trabajamos. Día y noche sonaron explosiones, como si viéramos Los cañones de Navarone en cuarta dimensión. Los europeos salían en los ratos libres a conocer el pueblo y llegaban con historias de aymaras y mestizos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, tirados en la calle en medio de tacos de dinamita y botellas de cerveza. Un día sí y otro también. Los anfitriones bolivianos trataron de explicarnos con leves asomos de vergüenza de qué se trataba la cosa. El seis de agosto es el día de la declaración de independencia y en muchos pueblos la gente se dedica la semana entera a la pólvora y al alcohol.
De todo lo que he visto en la vida eso es lo más parecido a una navidad paisa, excepción hecha que los bolivianos no se matan. Medellín y Antioquia se han ido modernizando. Somos más sofisticados en la culinaria y en ciertos aspectos del consumo cultural. Sin embargo, nuestras formas de festejar han perdido trasfondo y se han vuelto cada vez más prosaicas. La crítica a la ordinariez y el primitivismo ayuda al proceso de civilización.
El Colombiano, 17 de enero.
miércoles, 13 de enero de 2016
Necrología
La escasez de biografías y memorias entre nosotros –a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o Europa– quizá sea un reflejo de la baja estima del papel de los individuos en la sociedad. Encima, la virtual inexistencia de un género menor como la necrología reduce la vida de las personas a estadísticas y contingencias. Mientras en los grandes diarios del mundo el obituario ocupa una sección importante, en Colombia no existe: paga la familia un aviso y el periódico despacha al difunto célebre con un párrafo insulso.
La biografía, la memoria y la necrología ayudan a entender cómo se forjan las personalidades, las carreras, las obsesiones de las personas que lograron destacarse en algún ámbito de la vida social, para bien o para mal. Son parte crucial de la historia de las sociedades y, por ende, de la comprensión del presente. Ayudan a ilustrar las vidas ejemplares y a entender cómo la inteligencia, la sensibilidad, el trabajo y el azar conforman las trayectorias de la gente y de su medio; cómo se cambian a sí mismos y cómo transforman su entorno.
Revisar la sección necrológica de algunos periódicos internacionales muestra las pérdidas que tuvimos casi sin que nos diéramos cuenta. Tal vez uno de los ámbitos menos atendido sea el de las ciencias. En 2016 tuvimos una muerte pública gracias a que el neurocientífico Oliver Sacks decidió contar su enfermedad y su agonía. En cambio, en silencio, se murieron pensadores tan diversos como los sociólogos Ulrich Beck y Benedict Anderson, el politólogo Sheldon Wolin y el economista Douglas North. En Colombia murió Jaime Jaramillo Uribe, el pionero de la llamada “nueva historia”, sin que la prensa se ocupara con seriedad de su vida. Más allá de una nota en Generación, la muerte de Michel Hermelin, maestro de generaciones de geólogos, pasó inédita.
La literatura, y el arte, en general suelen llamar más atención. Un premio Nobel difunto, como Günter Grass, puede obtener un espacio destacado a partir de lo que mandan las agencias de prensa. Un personaje como Eduardo Galeano, cuya celebridad era más mucho más grande que su obra, también. Pero de la muerte de un poeta local, como Jesús Gaviria, no se da cuenta ni la prensa local. Aun así, hay mucha diferencia en el trato a los artistas populares; se notó en el cariño y la dedicación de la prensa estadunidense al deceso de B. B. King y lo que hicieron los medios colombianos con Calixto Ochoa. Un pionero de la música electrónica, que vino a Medellín en 1985, pasó a mejor vida sin que supiéramos, Dieter Moebius se llama.
El obituario nos recuerda la gratitud debida a quien nos hizo la vida mejor: el humor de Daniel Rabinovich, el talante del Doctor Spock, una canción de Celina González.
El Colombiano, 10 de enero.
La biografía, la memoria y la necrología ayudan a entender cómo se forjan las personalidades, las carreras, las obsesiones de las personas que lograron destacarse en algún ámbito de la vida social, para bien o para mal. Son parte crucial de la historia de las sociedades y, por ende, de la comprensión del presente. Ayudan a ilustrar las vidas ejemplares y a entender cómo la inteligencia, la sensibilidad, el trabajo y el azar conforman las trayectorias de la gente y de su medio; cómo se cambian a sí mismos y cómo transforman su entorno.
Revisar la sección necrológica de algunos periódicos internacionales muestra las pérdidas que tuvimos casi sin que nos diéramos cuenta. Tal vez uno de los ámbitos menos atendido sea el de las ciencias. En 2016 tuvimos una muerte pública gracias a que el neurocientífico Oliver Sacks decidió contar su enfermedad y su agonía. En cambio, en silencio, se murieron pensadores tan diversos como los sociólogos Ulrich Beck y Benedict Anderson, el politólogo Sheldon Wolin y el economista Douglas North. En Colombia murió Jaime Jaramillo Uribe, el pionero de la llamada “nueva historia”, sin que la prensa se ocupara con seriedad de su vida. Más allá de una nota en Generación, la muerte de Michel Hermelin, maestro de generaciones de geólogos, pasó inédita.
La literatura, y el arte, en general suelen llamar más atención. Un premio Nobel difunto, como Günter Grass, puede obtener un espacio destacado a partir de lo que mandan las agencias de prensa. Un personaje como Eduardo Galeano, cuya celebridad era más mucho más grande que su obra, también. Pero de la muerte de un poeta local, como Jesús Gaviria, no se da cuenta ni la prensa local. Aun así, hay mucha diferencia en el trato a los artistas populares; se notó en el cariño y la dedicación de la prensa estadunidense al deceso de B. B. King y lo que hicieron los medios colombianos con Calixto Ochoa. Un pionero de la música electrónica, que vino a Medellín en 1985, pasó a mejor vida sin que supiéramos, Dieter Moebius se llama.
El obituario nos recuerda la gratitud debida a quien nos hizo la vida mejor: el humor de Daniel Rabinovich, el talante del Doctor Spock, una canción de Celina González.
El Colombiano, 10 de enero.
lunes, 28 de diciembre de 2015
Diciembre caliente
Todavía reina la idea de que en diciembre el mundo entra en receso. Los guerreros clásicos del norte lanzaban sus operaciones con la convicción de que en diciembre se podía hacer muy poco; no a causa de la navidad si no de la nieve. Los políticos mañosos del sur prefieren tomar medidas impopulares en los últimos días del año pues la opinión pública está de vacaciones. Pero el mundo no para y este diciembre de 2015 estuvo tan movido que anuncia que el bisiesto que le sigue será muy intranquilo.
En Colombia se finiquitó el punto de justicia transicional –que por definición poco tiene que ver con la justicia corriente– entre el Gobierno nacional y las Farc. Antes que el Centro Democrático, Human Rights Watch descalificó el texto pero el proceso terminará en un acuerdo en algún momento del primer semestre y llevará a los colombianos a un plebiscito a mediados del año. La gran incertidumbre no está en la firma de la paz sino en su construcción, así esta se reduzca al cumplimiento de lo firmado. El reformismo verbal de Santos chocará con los poderes regionales en manos del crimen y del capitalismo político, y con el complejo político constructor de Vargas Lleras.
Mientras tanto, la región se volverá más inestable. Ya el régimen chavista dio en diciembre dos pasos para instalar la dictadura: una asamblea paralela a la recién elegida y una corte suprema más dócil. En Venezuela habrá golpe del chavismo o del ejército contra el chavismo o insurrección civil o desesperanza, y en el corto plazo, nada es bueno para Colombia. En Ecuador se dará el pulso sobre las pretensiones de Correa de perpetuarse en el poder. El gobierno de Brasil está mareado. ¿Será capaz Macri de estabilizar de forma expedita a Argentina después de los 30 decretos del 14 de diciembre? ¿Cómo va a detener Castro el nuevo éxodo de la isla? ¿Firmada la paz en Colombia, será México el nuevo foco de desorden en el continente?
Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales. Hasta noviembre todo indicaba que el partido republicano se suicidaría con Donald Trump, pero las encuestas del 22 de diciembre muestran el ascenso de Ted Cruz lo que le daría un aspecto renovado e hispanizado para enfrentarse a una candidata demócrata con 20 años de desgaste o experiencia, según se mire. Por su parte, las noticias europeas solo confirman el declive vertiginoso del continente. Esta semana se registró el refugiado número un millón y el Estado Islámico entró a hacer parte de la fórmula para la desintegración europea; las fronteras del continente está incendiadas y nadie está seguro en ninguna metrópoli. No necesitamos visa, pero no dan muchas ganas de ir por allá.
Sin mencionar la crisis de la policía nacional ni los malos augurios de la economía. Feliz año.
El Colombiano, 27 de diciembre
En Colombia se finiquitó el punto de justicia transicional –que por definición poco tiene que ver con la justicia corriente– entre el Gobierno nacional y las Farc. Antes que el Centro Democrático, Human Rights Watch descalificó el texto pero el proceso terminará en un acuerdo en algún momento del primer semestre y llevará a los colombianos a un plebiscito a mediados del año. La gran incertidumbre no está en la firma de la paz sino en su construcción, así esta se reduzca al cumplimiento de lo firmado. El reformismo verbal de Santos chocará con los poderes regionales en manos del crimen y del capitalismo político, y con el complejo político constructor de Vargas Lleras.
Mientras tanto, la región se volverá más inestable. Ya el régimen chavista dio en diciembre dos pasos para instalar la dictadura: una asamblea paralela a la recién elegida y una corte suprema más dócil. En Venezuela habrá golpe del chavismo o del ejército contra el chavismo o insurrección civil o desesperanza, y en el corto plazo, nada es bueno para Colombia. En Ecuador se dará el pulso sobre las pretensiones de Correa de perpetuarse en el poder. El gobierno de Brasil está mareado. ¿Será capaz Macri de estabilizar de forma expedita a Argentina después de los 30 decretos del 14 de diciembre? ¿Cómo va a detener Castro el nuevo éxodo de la isla? ¿Firmada la paz en Colombia, será México el nuevo foco de desorden en el continente?
Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales. Hasta noviembre todo indicaba que el partido republicano se suicidaría con Donald Trump, pero las encuestas del 22 de diciembre muestran el ascenso de Ted Cruz lo que le daría un aspecto renovado e hispanizado para enfrentarse a una candidata demócrata con 20 años de desgaste o experiencia, según se mire. Por su parte, las noticias europeas solo confirman el declive vertiginoso del continente. Esta semana se registró el refugiado número un millón y el Estado Islámico entró a hacer parte de la fórmula para la desintegración europea; las fronteras del continente está incendiadas y nadie está seguro en ninguna metrópoli. No necesitamos visa, pero no dan muchas ganas de ir por allá.
Sin mencionar la crisis de la policía nacional ni los malos augurios de la economía. Feliz año.
El Colombiano, 27 de diciembre
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