Acuerdo sobre drogas ilícitas

Tal vez el más coherente y sobrio de los cuatro documentos que se conocen de las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno nacional y las Farc sea el correspondiente al punto cuatro de la agenda, llamado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Son 24 páginas, de las cuales dos terceras partes están dedicadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, y el resto se reparten entre una sección dedicada al asunto del consumo de drogas y salud pública, y otra al de la producción y comercialización de narcóticos.

El acuerdo esboza una narrativa que no por razonable deja de ser nueva, especialmente cuando es suscrita por el gobierno y un grupo insurgente y puede proporcionar una visión alternativa sobre este problema, el principal del país en las últimas cuatro décadas. Que los cultivos ilícitos están asociados a la débil presencia del Estado y a las condiciones de marginalidad en la frontera agrícola, y que la producción de narcóticos ha generado poderosas organizaciones criminales, impulsado la corrupción institucional y financiado el conflicto armado interno.

El acuerdo sustituye la política antidrogas costosa, ineficaz y contraproducente que ha mantenido Colombia desde hace 30 años, y que ha tenido como único dispositivo la represión por igual a cultivadores, traficantes y consumidores. Tal desatino no tiene parangón en países cercanos como Perú y Bolivia, o lejanos como Afganistán. Se supone que el nuevo programa de sustitución de cultivos cambia la estrategia frente a los campesinos cocaleros, buscará que en un lapso de dos años puedan acogerse voluntariamente a la nueva estrategia, luego de los cuales el Estado podrá intervenir coactivamente.

También procurará un enfoque de salud pública frente al consumo de narcóticos, tema en el que la sociedad anda más rezagada aún que el Estado. La sincronización de las políticas públicas con la tendencia internacional se ha visto entorpecida por la actitud intolerante de un amplio sector de la sociedad que ha conducido a que la policía concentre sus mayores esfuerzos en atacar jíbaros y consumidores, antes que en la protección de la vida y la integridad de la ciudadanía.

La última sección es la más declarativa y la que tiene menos dientes. Aborda el asunto del narcotráfico como empresa criminal. Son cinco páginas en la que saltan asuntos habituales como lavado de activos, extinción de dominio, control de insumos y operaciones financieras y, en general, la lucha contra el crimen organizado. Incluye, además, un numeral que invoca la lucha contra la corrupción. Pero mientras esto no se traduzca en cambios normativos e institucionales, y cuente con una mayor voluntad política, las probabilidades de resultados notables serán bajas. No sobra decir que si el país abocara con firmeza la corrupción y el lavado de activos, la financiación de los acuerdos –un dolor de cabeza– quedaría garantizada.

El Colombiano, 6 de marzo