Los efectos de la pandemia, aunque probables, son inciertos; los efectos de las medidas políticas para detener la pandemia son ciertos e inmediatos. Aunque ningún epidemiólogo se atreve a sugerir números siquiera cercanos a la gripa española de hace un siglo; la mayoría de los economistas prevén una crisis social mayor que la de 2008 (que en Colombia se sintió poco). Esos efectos serán: alto de desempleo, quiebra de pequeños y medianos negocios, desaparición de las fuentes de ingresos de millones de colombianos. Esto puede conducir a que buena parte de los 18 millones de personas que engrosaron la clase media en las dos décadas recientes caigan en la pobreza.
Las medidas no deben ser solo de alivio sino también de ingresos directos a las familias y las personas. La decisión de la alcaldía de Bogotá de no cobrar los servicios públicos durante este mes y aplazar el pago de impuestos están bien. Acá no estamos hablando de regalos y, menos aún, de justicia distributiva. El estado tomó la decisión de enviar a la gente a cuarentena y eso debe ser compensado. Los servicios de agua, electricidad e internet debieran ser iguales a cero mientras la cuarentena sea total. La congelación de créditos por parte de Bancolombia es un primer paso. Bogotá y Bancolombia deben ser imitados por Medellín, EPM y los demás bancos.
La medida de Bogotá de “entregar 350 mil subsidios de 423 mil pesos a familias pobres y 178 mil pesos a familias vulnerables durante esta cuarentena” (La Silla Vacía, 26.03.20) y el anuncio, aunque vago, del gobierno nacional de activar una protección en efectivo a los cesantes van en la dirección correcta: entregar efectivo directamente a las personas, ya. Sin embargo, el estado solo tiene ojos y mecanismos para los más pobres —lo cual está bien en tiempos de normalidad— pero en tiempos de crisis hay que atender al 90% de la población. ¿Cómo apoyar a esa clase media vulnerable?
Espero que nadie necesite argumentos para que se entienda esta necesidad. Es decir, que cualquier decisor público o privado entienda las penurias de millones de colombianos. Dicho esto, hay que hablar de plata. El estado colombiano se gastó el 6,1% del PIB resolviendo la crisis financiera de 1999. Si esta crisis fuera igual de importante debería invertir —según mi regla de tres— 75 billones de pesos. El gobierno Duque dispuso 15 billones. Hay que hacer más, mucho más.
Ya Hong Kong, España, Estados Unidos y ¡El Salvador! aprobaron cheques a cada ciudadano para atender la crisis. Colombia tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo? El mecanismo más barato y simple es universal: entregarle a todo el mundo una cantidad determinada por dos meses, quizás tres. El estado sabe (se supone) cuántos somos y dónde vivimos. Otro sería el impuesto de renta negativo por 2020.
El Colombiano, 29 de marzo
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