La basura estuvo, hasta ahora, debajo de la alfombra por cuenta de las protestas y la pandemia. En 2018 el gobierno de Iván Duque le otorgó contratos y puestos a cuatro grupos políticos que tenían a sus jefes en la cárcel o en procesos penales (La Silla Vacía, “Los cuestionados que mantienen cuotas nacionales”, 12.03.19). En 2020, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República compró mercados para familias pobres con sobrecostos del 40%. La misma entidad está ocultando información sobre el destino de 200 mil millones de pesos para atención en salud, como tampoco le cuenta al país el costo de las vacunas, según denuncias del Instituto Anticorrupción.
El escándalo por la pérdida de 70 mil millones de pesos correspondientes al anticipo de un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones fue posible por la calma chicha en la que estamos y porque el desfalco dejó de ser del 40% y pasó al 100%. Pero no fue repentino. El proceso de adjudicación del contrato fue anormal desde el comienzo, tanto por el diseño, como por la calidad de los proponentes y porque un asesor de la ministra era socio de una de las compañías participantes (Germán Vargas, “Quién es la cara oculta”, El Tiempo, 25.07.21). La firma Centro Poblados está conformada por sociedades opacas que acreditaron experiencia en construcción y producción de muebles y ganó la licitación para prestar servicios de internet. El ministerio entregó el anticipo a terceros a pesar de que un banco rechazó las garantías.
Pero no es todo. La firma principal del consorcio participa en tres contratos que el Invías realizó a comienzos del 2021 por casi 500 mil millones de pesos y con anticipos de hasta el 50% (Germán Vargas, “Sanción ejemplar”, El Tiempo, 22.08.21). Lo que sigue es el juego que termina con que la plata no aparece, los contratistas demandan al estado y se ganan algunos pleitos, después cambian de razón social y vuelven a contratar con el estado porque apoyaron la campaña presidencial. Historia conocida.
¿Cómo ha contratado el gobierno de Iván Duque? Le compraron ventiladores malos a una empresa de licores, una polvorera y una compañía de software ganaron contratos para suministrar tapabocas, a una unión temporal que aparece en los papeles de Panamá le compraron ventiladores, el contrato de las batas para el sector de salud se lo ganó una empresa que hace carreteras; negocios triplicaron ventas y duplicaron utilidades como efecto de ese único contrato (La Silla Vacía, “Las perlas de la contratación para el Covid”, 18.07.21).
Poco antes de estallar el escándalo, la Comisión Primera del Senado eliminó un capítulo sobre la protección a denunciantes de corrupción del proyecto de ley 341, según comunicado de Transparencia por Colombia. Blanco es, gallina lo pone.
El Colombiano, 29 de agosto
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