Para el público amplio, el que no cavila, ni ata cabos, ni tiene información privilegiada, llegó la hora de la verdad. No me alegra decir que se han confirmado mis peores sospechas, las mismas que varias personas hicimos públicas en Medellín hace dos años. Que Daniel Quintero actuaba en favor de terceros, que su propósito no era gobernar a Medellín sino preparar las elecciones nacionales del 2022, que su misión no era servirle a la ciudad sino servirse de ella.
Esta semana Todos por Medellín, nuestra veeduría cívica, denunció que ya empezaron a pedirles a los funcionarios del municipio los datos para amarrar los votos. En el Inder les exigen diligenciar los datos sobre puesto de votación con el agregado de comprometer veinte personas del entorno del empleado. Un truco viejo aplicado con éxito por un grupo liberal de la ciudad, cuyo jefe apadrina a Quintero.
Esa es una de las artimañas para engordar la votación, la otra, elemental, tragarse la nómina. Y no basta la administrativa. Por eso la alcaldía decidió cambiar todo el mapa de contratación del municipio, eliminando decenas de instituciones y miles de personas con trayectoria reconocida, y destrezas específicas en la provisión de bienes públicos y remplazándolas por razones sociales salidas de la nada y personas sin las competencias apropiadas. La manera como se están afectando los servicios a la ciudadanía alcanza niveles dramáticos. Lo que ha pasado con el programa Buen Comienzo bastaría, pero lo mismo pasa si se mira la red cultural, el Hospital General, el Jardín Botánico… la lista es inagotable. Las trampas tradicionales aumentadas de forma exponencial. Los corruptos tradicionales sabían guardar las apariencias y obtenían como respuesta el resignado “roban pero hacen”.
El resultado inmediato es el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Medellín y el saqueo de los recursos públicos. Hay consecuencias traumáticas a mediano plazo para la ciudad. Una, la destrucción de la capacidad tecnocrática del municipio, tanto en su estructura interna como en la red de contratación pública; una faceta poco visible pero tan importante que algunos la llaman el “cuarto poder del estado”. La segunda consecuencia será la ruptura entre la sociedad civil organizada y los administradores del municipio, lo que implica un cortocircuito en los lazos de solidaridad de la ciudadanía con el estado, una declinación de la confianza en los gobernantes (está su cota histórica más baja) y la pérdida de los marcos que sostienen la civilidad (el comportamiento de la gente en la calle es ya un síntoma). El tercer impacto será el quiebre de la colaboración público-privada, una estrategia en la que Medellín fue pionera a nivel internacional y por la cual hoy se aboga como una de las formas más idóneas para salir de la actual crisis económica y social en los países occidentales.
El Colombiano, 8 de agosto
No hay comentarios.:
Publicar un comentario