El populismo es una especie política con una trayectoria ya casi centenaria. A pesar de ello son todavía insuficientes los estudios sobre el tema al punto que un experto reconoce la dificultad de explicarlo (Loris Zanatta, El populismo, 2015). Una posible definición diría que el populismo es clientelismo a gran escala basado en un esquema de subsidios a la población, comprada así para la movilización política permanente y la creación de una base electoral amarrada y servil. Esa política suplanta la creación de trabajos decentes y le niega a los bienes básicos la calidad de derechos. Hace poco, Cecilia López hizo un análisis de esta política y muestra las críticas que ya está haciendo la Cepal (“Subsidios e informalidad”, El Tiempo, 16.11.15).
El caso del chavismo en Venezuela ilustra los problemas de esta manera de atender los problemas sociales. Durante los primeros años la pobreza bajó, pero después volvió a niveles peores que los de 1999. Además la combinación de subsidios con rentismo petrolero y ataque a la producción, está dejando al país en la miseria y el desespero. Aunque en grado menor, Colombia también aplicó este modelo. Solo que disperso, sin propaganda y usado electoralmente, sobre todo, por los jefes locales de todos los partidos. Ahora Germán Vargas Lleras, con chequera, casas gratis y disfrazado de albañil, se proyecta como una especie de Nicolás Maduro a la colombiana. Además, con una conducta guiada por el “todo vale” (La silla vacía, 26.08.15).
El gobierno nacional está empezando a revisar algunas de estas políticas porque, como dice López, “no gradúan a nadie”, es decir, nadie sale de la pobreza con ellas a pesar de los recursos que se invierten y de los enormes costos de transacción que generan. Solo el programa de “Familias en Acción” se lleva medio punto del producto interno bruto. La exministra señala que hay relación entre la informalidad y la aplicación de subsidios, lo que demostraría la precariedad del país en materia de creación de empresas modernas y responsables. Las malas políticas de subsidios incluyen problemas técnicos de diseño e identificación de beneficiarios y, lo peor de todo, enormes sumas que llegan a gente (muchas veces corporaciones o sectores económicos completos) que no las necesitan.
De cara a la implementación de los acuerdos de La Habana, se hace más urgente aún revisar esta política. El establecimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial dice estar encaminado a la eliminación de la pobreza extrema rural, pero la sostenibilidad de ese acuerdo depende de que se cree un entorno propicio para la generación de ingresos y la creación de riqueza en las regiones periféricas. El recurso al subsidio debe ser focalizado y transitorio. Y el reto es que los pobres rurales dejen de serlo a partir de esfuerzos productivos, no de subsidios.
El Colombiano, 29 de noviembre
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