En un estado democrático de derecho hay dos principios básicos de cara a la movilización social. La protesta callejera se permite siempre, hace parte de las libertades de la gente, tanto como poder votar o emprender una acción legal contra las autoridades. La violencia de la fuerza pública casi nunca se permite, solo de manera excepcional. La regla en este caso es que la fuerza pública respeta los derechos humanos y enfrenta la violencia en las calles “con una mano amarrada a la espalda”, para usar las palabras del intelectual canadiense Michael Ignatieff. No sobra repetir ahora que la fuerza pública no tiene derecho a matar a los ciudadanos en situación de protesta.
Los gobernantes con sensibilidad por el orden jurídico y por la democracia piden disculpas cuando la fuerza pública se excede en el uso de la fuerza y promueve que los entes apropiados estudien y, si es del caso, castiguen esos excesos. Los gobernantes no pueden hacer imputaciones temerarias a quien protesta; investiga, prueba y acusa a quienes usan las movilizaciones para cometer crímenes.
Esto que acabo de frasear es la cartilla, el abecé. Que haya dirigentes y personajes públicos que no lo entiendan es una muestra de su precaria mentalidad liberal y democrática. Es una vergüenza que ni el presidente de la República pida disculpas y mesura a la policía, ni Gustavo Petro condene la violencia en las calles; y que el jefe del Centro Democrático promueva el exceso policial. A pesar de que, según la FIP, las fallas en el liderazgo civil son una de las principales causas de la crisis en la policía (“¿Qué pasa con la policía en Colombia?”, Contexto, 03.05.2021).
La cartilla hay que aprendérsela por la sencilla razón de que las manifestaciones callejeras son una tendencia nacional e internacional. Otra vez hay que decir que esto fue advertido por muchos académicos desde hace más de cinco años; digamos Daniel Pécaut, para no mencionar sino uno. Son “parte integral del paisaje político global”, dicen los investigadores del Carnegie Endowment for International Peace, donde se creó un observatorio desde 2017. Su último reporte enumera 230 protestas antigubernamentales significativas en 110 países, motivadas por la corrupción, la manipulación electoral, la brutalidad policial y el manejo de la pandemia.
Y esto último, las razones de las protestas son la otra parte del problema. El deber de los dirigentes es tratar de entender que hay detrás del alboroto, incluso, aunque algunas de las consignas no sean razonables (yo no estoy de acuerdo con todas).
En medio de tanta oscuridad, veo una luz de esperanza en la actitud y opinión (medida por encuestas) de la mayoría de la gente que, a la vez, apoya la protesta y condena la violencia. Espero que así voten el año entrante: a favor de los inconformes, contra los violentos.
El Colombiano, 9 de mayo
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