Participación política de las Farc

El asunto de la participación de las Farc en la política democrática se discutió en tres de los puntos de la agenda de La Habana: en el segundo, ídem; en el tercero, fin del conflicto; y en el quinto, el de víctimas. En el segundo se acordaron las circunscripciones especiales, en el tercero las diez curules para las Farc y en el quinto que no habría pérdida de los derechos políticos para los condenados por la justicia transicional. No es un secreto, pero a la opinión pública se le escapa que esos arreglos los hicieron tres comisiones distintas del gobierno. El segundo por los negociadores oficiales; el tercero por una comisión de ministros y congresistas liderada por Cristo; el quinto, por una comisión de abogados. Estos dos últimos casos implicaron que, en su afán por destrabar la negociación, Santos les dio un golpe de Estado a de la Calle, Jaramillo y compañía, y puso negociadores de ocasión a que sacaran eso como fuera.

En los puntos dos y tres se definieron la creación de nuevos movimientos políticos, como acontece en cualquier solución de un conflicto de naturaleza política, y la forma en que las Farc accederían al congreso. Es decir, la participación política de las Farc como organización. En el punto quinto se definía la participación de algunos individuos de las Farc en política; cosa muy diferente. Básicamente se acordó que un miembro de las Farc condenado por delitos de lesa humanidad podrá, a la vez, aspirar a cargos públicos.

Este entuerto no se pudo resolver en la discusión del acto legislativo que le da rango constitucional a la jurisdicción especial para la paz, ni tampoco en la conciliación del texto final. El senador Carlos Fernando Galán intentó introducir la tímida aclaración de que los desmovilizados que incumplieran los acuerdos perderían esa gabela pero no pudo. El senador Roy Barreras abortó el debate y terminó evitándoles el disgusto a los comandantes de las Farc.

Que una persona condenada por delitos de lesa humanidad no pierda los derechos políticos no tiene asidero. Jurídico no, por supuesto. Moral, menos. He sostenido en repetidas ocasiones que es una ofensa para las víctimas que los victimarios más reconocidos ocupen cargos de representación pública. El argumento que ha usado el gobierno para defender este punto es la de la participación política pero se trata de una falacia: una cosa es el movimiento político y otra uno de sus miembros condenados.

El jurista Rodrigo Uprimny tiene la esperanza de que los magistrados del Tribunal Especial para la Paz puedan introducir sanciones políticas en sus fallos. Ojalá. Yo creo que otra posibilidad sería que los miembros de las Farc condenados renuncien voluntariamente a la elegibilidad política como acto de reparación simbólica a la sociedad colombiana. Dada su trayectoria hay pocas probabilidades de que ocurra.

El Colombiano, 26 de marzo