Fin del fin

No son pocos los foros en los que planteé en el último año que el acuerdo entre las Farc y el gobierno nacional era un hecho. Las condiciones militares, políticas y diplomáticas así lo insinuaban. El peor escenario para los dirigentes políticos, empresariales y sociales del país es pensar en lo contrario pues la transición prevista desde la firma de los acuerdos durará diez años, según lo previsto hasta ahora.

Los anuncios del 23 de septiembre pasado suponen la verificación fáctica de aquel pronóstico. Por desatención o agudeza, los titulares de la edición gringa de CNN anunciaron la firma del acuerdo de paz el jueves 24. El apretón de manos entre Santos y Timochenko, así como la fijación de una fecha para el acuerdo final en marzo del próximo año, simbolizan la entrada en la fase final de la negociación. El fin del fin.

Como se suscribió en La Habana hace tres años, el objetivo del acuerdo es la terminación del conflicto armado entre las Farc y el Estado colombiano. Nada más y nada menos. Nada más porque el fin definitivo de las hostilidades con la guerrilla más feroz y obstinada del país no significa que en abril próximo Colombia vaya a ser Suiza. Nada menos porque la primera condición de una sociedad bien ordenada es el silencio de los fusiles.

El experto peruano Carlos Basombrío lo dijo en un seminario en la Universidad Eafit: no es lo mismo una sociedad con guerra que sin guerra. Esta banalidad se le olvida a muchos. Recuerdo que hace quince años un campesino del Putumayo dijo, cuando se le preguntó qué era lo que más deseaba, que lo único que pedía era que lo dejaran tranquilo. En las ciudades y regiones pacificadas hace rato, este dato es subestimado por algunos.

La justicia transicional no es justicia ordinaria ni justicia penal. Las líneas gruesas acordadas en Cuba representan un logro importante. Los crímenes de lesa humanidad serán juzgados y generarán condenas; habrá restricciones a la libertad durante tiempos iguales a los que se definieron para las autodefensas y paramilitares durante la administración de Álvaro Uribe. Del mismo modo, quienes no se acojan a la justicia transicional podrán ser juzgados bajo la legislación ordinaria con penas que pueden llegar a los veinte años de prisión.

La justicia transicional siempre es justicia política. Abogados y organismos internacionales han tratado de codificarla, pero no se puede. Siempre depende de la posición de la opinión pública, de los interlocutores, de la correlación de fuerzas, del contexto internacional. No conocemos todavía las setenta páginas que, se dice, tiene el acuerdo, pero creo que lo alcanzado es bueno y, quizá, lo mejor dentro de lo posible. En abril nacerán criaturitas colombianas para las cuales las Farc solo serán una pesadilla de sus padres y abuelos.

El Colombiano, 27 de septiembre.