Las recientes tragedias en el país se parecen entre sí y con todas las anteriores. La naturaleza tiene sus mañas y el azar es impenetrable, pero siempre está la mano del hombre. También cuando no está. ¿Cuántas muertes en la minería del oro y el carbón? ¿Cuántas en ríos y quebradas después de tres aguaceros? El acumulado de imprevisión, descuido y mala gestión se paga con vidas, por lo general las de los más pobres.
Las muertes en accidentes laborales superaron las quinientas en 2012 y la mayoría de ellas ocurrieron en el sector informal de la economía: minería, construcción, transporte. Es vergonzoso que algunas se presenten en empresas legales. Las muertes por desastres representan una porción creciente de las muertes violentas en Colombia. Me niego a llamarlos desastres naturales porque en la era del antropoceno todo daño se debe a la acción humana, así ella no sea intencional.
Según Santiago Montenegro, "muchos estiman que dos terceras partes de las edificaciones de las ciudades son informales" ("País formal e informal", El Espectador, 03.05.15). Si así fuera, el porcentaje para pequeños municipios y ciudades puede acercarse, con certeza, al ciento por ciento. En Medellín se le cayó un conjunto residencial a uno de los constructores más reconocidos de la región; en Barranquilla, un barrio completo de la familia Char se fue al suelo, sin escándalo porque son amigos del Presidente. ¡Qué diremos de nuestros pueblos!
En el artículo citado, Montenegro afirma que la informalidad es uno de los principales problemas del país. Sin duda. Y está conectado claramente con otros problemas como el clientelismo, la corrupción, el paternalismo y, por definición, con la cultura de la ilegalidad. El urbanismo ilegal nació de la mano con el clientelismo, auspiciado por algunos políticos que ofrecieron protección a cambio de votos. El paternalismo ha impedido acciones eficaces jugando la vida de los pobladores a la suerte, antes que buscar alternativas de largo plazo.
Nuestro país de abogados se solaza con legislaciones perfectas pero inaplicables, en lugar de procurar leyes sencillas, que atiendan lo fundamental, que ayuden a regular los asuntos cruciales de la vida ciudadana y que sean asequibles para su cumplimiento y vigilancia. En parte, debido a ello, la mayoría de los habitantes y localidades del país viven, básicamente, al margen de la ley.
La informalidad está conectada, también, con la cultura del riesgo y del corto plazo que siguen caracterizadonos. La imprudencia y la irresponsabilidad de quien lleva a sus hijos a vivir a la orilla de un río, esperando amparo y providencias extrañas, aunque estén presionadas por la necesidad no dejan de ser injustificables. No hay pobreza ni ignorancia que justifiquen esta línea de conducta. El círculo vicioso entre imprevisión oficial y temeridad privada hay que cortarlo.
El Colombiano, 24 de mayo
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