Después de cinco años de presidencia sabemos de sobra que Juan Manuel Santos no aguanta un paro ni un ataque de la guerrilla. La escasa favorabilidad de Santos se debe a la ineficiencia y a la imprevisión de su gobierno en los frentes que ha delegado. Las malas lenguas dicen que también a la escasa dedicación al trabajo del presidente. Santos dilapidó su alto capital político sin atreverse a reformar la rama judicial durante su primer mandato. Su equipo carece de cualquier idea de lo que es el tratamiento de los conflictos sociales y busca resolver los problemas a punta de chequera. En el afán de reelegirse, Santos puso todos los huevos de su administración en la canasta de la negociación con las Farc, aumentando así el valor del probable acuerdo y atando su suerte a la conducta de la guerrilla.
Ante este panorama, alguna gente se frota las manos sin darse cuenta que esto nada tiene que ver con la persona de Santos, cuya épica biografía de 200 años publicada por un adulador se vería empañada. El problema son las instituciones públicas. Según Gallup, la imagen desfavorable de la justicia apenas supera en 14 puntos a la de las Farc y es peor que la del congreso; la favorabilidad del Fiscal es peor que la del Presidente; la Corte Constitucional está arruinada. El clima general se la opinión se ha vuelto más pesimista, lo cual es malo para toda la sociedad. La propia Presidencia de la República, tal vez la principal institución del país, se ahoga en el 29% casi 20 puntos por debajo de los sindicatos.
Las implicaciones políticas del mal momento del gobierno son engañosas. En el corto plazo es una mala noticia para las Farc, pero en el mediano es muy buena. Si negocian rápido pueden salir a pescar votos en medio del descrédito de todas las instituciones democráticas y de la clase política. Eso fue lo que pasó en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Aunque la oposición crea que la caída de Santos le beneficia, en realidad le abre el camino a su pesadilla que es el “castro-chavismo”, el de verdad, no el que usan como propaganda. Y hay que recordarle al país que Santos es una herencia de Uribe. Si hay patriotismo en el Centro Democrático, tiene que ayudar a resolver el entuerto que le dejó al país poniendo a Santos de presidente.
Esta es una razón adicional para alentar un acuerdo básico entre el gobierno y la oposición alrededor de dos puntos básicos pero relacionados: el apoyo a la negociación que se lleva a cabo en La Habana y la despolitización de la justicia. En la práctica esto significa que Uribe entre a la Comisión Asesora de Paz y que Santos amarre al Fiscal Montealegre. No es tan difícil.
El Colombiano, 10 de mayo
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