Deterioro institucional

Es razonable que la atención sobre los resultados de las encuestas de los últimos días se haya concentrado en la gestión del gobierno y en la favorabilidad de la imagen del Presidente. Al fin y al cabo, el poder y la influencia del Ejecutivo sobre la marcha del país en casi todos los aspectos son determinantes y vivimos bajo un sistema que suele llamarse presidencialista.

Sin embargo no conviene perder de vista qué pasa con otras instituciones del Estado y con temas fundamentales de la vida nacional. Para hacerlo me baso en los resultados de la encuesta de agosto de Gallup Colombia.

Empecemos por lo sabido, el congreso y los partidos políticos. Ya parece natural que tengan una muy mala imagen ante los ciudadanos. La noticia es que la desconfianza en el congreso (67%) es la peor desde mayo del 2000 y la de los partidos políticos (74%), es la peor de los últimos 7 años. Lo que ya era malo ha empeorado.

La calificación global sobre el sistema judicial colombiano es negativa en un 74%, la peor en 14 años. La imagen de la Corte Suprema de Justicia cuenta con un 53% desfavorable, y el gobierno Santos ha sido el único periodo desde que se sabe en el cual la imagen negativa supera la positiva. La joya del sistema judicial, la Corte Constitucional, tiene la peor imagen desde el 2000 (47%), y lo mismo le pasa a la Fiscalía (51%). Sin duda, es el resultado de un problema viejo que el gobierno no fue capaz de resolver cuando intentó promover la reforma a la justicia.

Los organismos de control se desfondaron. La desfavorabilidad de la procuraduría (32%) y la de la contraloría (31%) son las peores de lo que va del siglo. Incluso un organismo autónomo y relativamente lejano para el ciudadano del común, como la Junta Directiva del Banco de la República, vive su peor momento de las últimas dos décadas (desaprobación del 35%).

La mayoría de las mediciones realizadas por Gallup durante el gobierno Santos muestran que la gente cree que no hay garantías para la oposición democrática. Actualmente este registro negativo es del 51%, pero durante el 2011 osciló entre el 49% y el 59%. Durante el 2013 vemos el único periodo consistente en el que la mayoría de las personas (51%) dice no estar dispuesta a perder algunas libertades en aras de mejorar la seguridad. Importante dato para congresistas y ministros que quieren judicializar y penalizar toda conducta inapropiada.

El paro agrario fue un florero de Llorente, y los problemas del campo son apenas un ámbito entre otros. Desde una perspectiva institucional puede decirse que la situación es precaria. Y la tentación de salirse por la fácil con la mezcla de populismo punitivo, regalos sectoriales y exaltación patriótica no parece el indicado.

El Colombiano, 15 de septiembre