Como un parto, nueve meses después de haberse lanzado, acaba de publicarse el primer informe de la iniciativa Tenemos que hablar Colombia. Un poco de memoria: después de las duras y multitudinarias protestas del año pasado, seis universidades del país (3 públicas y 3 privadas) promovieron un ejercicio de diálogo nacional y cívico apoyadas por Sura y la Fundación Ideas para la Paz. Los relatores del informe reportan 1.453 conversaciones con más de 5.500 personas alrededor de las preguntas qué cambiar, qué mejorar y qué mantener en el país.
La convicción de que hay que transformar el país es tan abrumadora que la inmensa mayoría de las personas piden un cambio y una minoría significativa —más modesta— pide mejorar. Las posiciones que optan por “mantener” no alcanzan el 2%. Las áreas identificadas para el cambio son educación, corrupción, cultura ciudadana, diversidad cultural y natural, confianza en lo público y protección de la paz y la constitución. Las constantes detrás de estos temas son el marco constitucional de 1991, la defensa de la legalidad, el acuerdo con las Farc y la inclusión social.
¿Quiénes se espera que sean los promotores del cambio? Resulta que los factores del poder público son vistos con enorme desconfianza, lo que coincide con todas las mediciones; mientras que los factores del poder privado (organizaciones sociales, no gubernamentales y empresas) gozan de cierta confianza pero no se espera que ellos vayan a incidir en ese proyecto. La confianza y la esperanza está en la ciudadanía y la sociedad; un mensaje abierto, una carta sin destinatario, con más carácter de demanda que de propuesta.
Este tipo de conclusiones tienen una solidez mayor y debieran tener primacía sobre las visiones tecnocráticas que, en las mejores democracias, pueden tener mayor peso en la elección de los medios; y esto debido a que el principio democrático descansa en la formación de la opinión pública. Y ambos procesos, el deliberativo y el técnico, deben ocupar el centro de la atención pública, por encima de las ocurrencias personales, las consignas y los usos demagógicos.
No obstante, y de modo complementario, deben escucharse las angustias que expresan los ciudadanos a través de otros medios. Según la encuesta Invamer Poll (03.22), los niveles de pobreza, el estado de la economía y el costo de vida, así como la asistencia a la niñez y la vejez, están en los puntajes más altos de insatisfacción desde 2008. Las estadísticas oficiales confirman esta angustiosa situación (Armando Estrada, “Las pobrezas en Colombia”, El Colombiano, 29.03.22). Durante este cuatrienio, el Misery Index aumentó siete puntos y solo en la primera mitad el país había caído cuatro puestos en el indicador mundial de desarrollo humano.
Esto sin ahondar en los problemas de inseguridad y narcotráfico en los que hemos retrocedido quince años, según la percepción ciudadana. Los indicadores objetivos pueden ser más drásticos aún en algunas variables relacionadas con ellos.
¿Habrá alguien que escuche, comprenda y atienda?
El Colombiano, 3 de abril.
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