Como sabrán los ciudadanos informados, se constituyó hace poco en la ciudad la veeduría ciudadana “Todos por Medellín”. Su breve manifiesto expresa como intención la de “controlar y vigilar lo de todos e, igualmente, proponer alternativas de futuro, de manera participativa y constructivamente para el bien común”. Añade que “surge para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses colectivos” (todospormedellin.org).
El profesor de derecho constitucional Esteban Hoyos Ceballos explicó hace poco que las veedurías ciudadanas son “un mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos y a organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión de las autoridades públicas y, en algunos casos de los particulares, en la ejecución de programas, proyectos, contratos o en lo que atañe a la prestación de los servicios públicos” (“¿Para qué una veeduría ciudadana a la Alcaldía y a EPM?”, El Colombiano, 27.08.20). Es decir, se trata de uno de los elementos de democracia participativa introducidos hace 30 años en nuestra carta política.
Cuando el periodista Luis Carlos Vélez le comentó hace poco a Daniel Quintero que se iba a conformar “un comité cívico de seguimiento para EPM”, el alcalde dijo que “me parece maravilloso e invito a la ciudadanía a sumarse” (Semana, 23.08.20).
Algunos de los amigos del alcalde han salido a atacar este proceso ciudadano. Se aducen explicaciones de todo tipo. Desde algunas tan malas como que la nueva veeduría entrará en competencia con la actual Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, como si los mecanismos de participación sobraran o como si no se conociera el objeto particular de cada uno de ellos, hasta la socorrida pero no por ello falaz de que “Todos por Medellín” está siendo impulsada por el expresidente Álvaro Uribe.
La suma de la oposición a la nueva veeduría está recogida en el comunicado de “Colombia Humana”, la personería jurídica de Gustavo Petro (“Control social para la recuperación de EPM”, 29.08.20). Los diez puntos del comunicado se resumen en tres tesis. La primera es que el representante de los ciudadanos es el alcalde, razón por la cual los ciudadanos deben limitarse a apoyar sus actos (si uno sigue la idea, es un despropósito hacerle oposición a Duque). La segunda es que el ejercicio ciudadano es válido solo si está orientado por los objetivos que comparte ese jefe político. La tercera tesis es que hay unos enemigos que son el uribismo y los empresarios.
La primera tesis es autoritaria, la segunda es corporativista y la tercera una declaración de principios. Un paquete propio de los movimientos populistas.
Cualquier persona puede sumarse a la veeduría, yo —como el alcalde— los invito a hacerlo (todospormedellin.org).
El Colombiano, 6 de septiembre
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