Más de 15 años trabajando en temas de seguridad me permiten afirmar que la policía colombiana no es asesina, como la brasileña o la estadounidense. Baste comparar las cifras de homicidios a manos de la policía en Rio de Janeiro y Medellín durante un año cualquiera, digamos 2017: más de 1.100 en Rio, 6 en Medellín. El problema de la policía colombiana es otro, una crisis institucional desatendida desde hace varios años. ¿Cómo se explican los asesinatos de Bogotá?
Por la coyuntura. El gobierno de Iván Duque usó la pandemia para elevar actos cotidianos al nivel de delitos. Los policías veteranos —lo vivimos todos— capearon la situación conversando con los infractores y haciendo la pedagogía que no hicieron los administradores públicos. Los policías corruptos hicieron su agosto desde marzo: pague y siga. Pero también hubo los machistas y violentos que aprovecharon la patente que les dieron con los decretos abusivos de la cuarentena para desahogarse. Periodistas y columnistas reportaron innumerables casos de ancianos zarandeados, vendedores ambulantes detenidos, jóvenes heridos o asesinados por el “delito” de salir a la calle.
El gobierno nacional no detuvo esta pendiente resbaladiza. Sigue considerando que el consumo de licor en sitios públicos es un delito. Una noche, un ciudadano normal sale, con unos tragos en la cabeza, a comprar otra botella y se encuentra con dos policías con ganas de pegar que se extralimitan en el uso de la fuerza y lo matan. Todo esto puede ser anecdótico, como la historia que se narra en la película Un día de furia (Joel Schumacher, 1993). Un gobierno decente hubiera cortado por lo sano haciéndole un reproche a la fuerza pública y mostrando empatía por la víctima. Ni Duque ni su ministro de defensa hicieron eso.
Lo que no es anecdótico es que, después, la policía metropolitana de Bogotá matara a otros siete ciudadanos que participaban en las protestas (“¿Quiénes son las víctimas fatales durante la noche de caos en Bogotá?”, El Tiempo, 10.09.20). No lo es porque en estos casos la policía actuó con premeditación, en contra de todos los protocolos disponibles. El director administrativo de la Presidencia, Diego Molano le pidió a la alcaldesa que garantizara el orden público. ¿No conoce la constitución? ¿No sabe que por el artículo 189 es competencia del presidente y que los alcaldes intervienen siguiendo órdenes presidenciales (art. 315)?
Pero el asunto no es nuevo. Veníamos con una gran insatisfacción con el régimen político, mostrada por todas las encuestadoras y visible en las manifestaciones callejeras de 2019. Súmesele a esto el desastre social y económico al que este gobierno ha llevado al país. La calle reaparecerá y puede ser con furia. La sociedad debe preparar una respuesta proactiva y sensata. Contra toda evidencia, uno esperaría que el gobierno cambiara su forma de encarar la protesta.
El Colombiano, 13 de septiembre
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