No creo que las guerras se resuelvan con justicia. O para decirlo de una manera más tajante: justicia y paz no es más que una frase; en la resolución de las guerras se trata de justicia o paz. Por ello no es raro que el punto flojo del Acuerdo con las Farc, en mi opinión, sea el de justicia. Todo esto, dicho aquí de manera brusca, lo argumento con más delicadez y rigor en mi más reciente libro (Responsabilidad y reconciliación ante la justicia transicional, Editorial Eafit, 2017).
La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– es un hecho así falte la mitad de la implementación. El gobierno nacional dejó para lo último la aprobación de la ley estatutaria que regula la JEP y ahora estamos metidos en todos los enredos del mundo para sacarla adelante. Por la crisis de la justicia, la antipatía gringa, la campaña electoral y el descrédito del Presidente. Si a principios de año se hacían chambonadas, como dijo Sergio Jaramillo, no sé cómo pueda acabar este capítulo.
La otra mitad se resolvió esta semana con la publicación de los nombres de los integrantes del Tribunal Especial para la Paz y de las salas que componen la JEP. No puedo entrar en detalles ahora sobre los nombramientos. De un primer examen quedan dos cosas claras.
La primera es que el Comité de Escogencia no tuvo el cuidado de impedir el nombramiento de personas que tomaron parte activa como litigantes contra una de las partes del conflicto, especialmente de abogados y activistas que durante largo tiempo llevaron causas contra el Estado. Entre los magistrados designados hay al menos dos personas que tienen estas características y que no debieran estar allí. Este criterio fue propuesto directamente al gobierno y a los negociadores antes de que se firmara el acuerdo, y a los congresistas después.
La segunda es la precaria presencia antioqueña. No creo que tener hombres y mujeres, indios, negros y mestizos garantice nada. Pensaba sí que, después de tanta insistencia en la paz territorial, la representación regional sería tenida en cuenta por el Comité de Escogencia. De Antioquia, la región más victimizada durante el conflicto armado, solo salió una magistrada que ha hecho toda su carrera en el exterior (otra nació acá pero no más). Ninguno de esos casos le aporta al tribunal la sensibilidad que dan la historia y el contexto regional, que tan importantes son para juzgar. No es un defecto menor.
Ya antes de todo esto la legitimidad de la JEP estaba cuestionada. Y ahora estamos en manos de esos jueces. El acuerdo dice que deben juzgar pensando en la reconciliación. Pero hay que temerle a la indignación de un juez o a la tentación de convertirse en un héroe. En ambos casos, la venganza tocará a su puerta cada día.
El Colombiano, 1 de octubre
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