Ya pasó el escándalo por las declaraciones del General Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana. Pasó porque, de manera sensata, reconoció su yerro y pidió excusas (ya quisiéramos que las autoridades civiles hicieran lo mismo, ante casos similares). Un lapsus de estos es comprensible ante una presión por resultados que no siempre está bien acompañada por la acción de otras autoridades como la Fiscalía o la justicia. También en medio de un sobredimensionamiento de la seguridad y de un debilitamiento de una visión estratégica y renovada.
El General Gómez dijo lo que no debió haber dicho: “Aquí a la gente de bien no la asesinan, a los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales” (“General Gómez se disculpó por declaraciones sobre homicidios en Medellín”, El Colombiano, 09.08.17). Y estoy seguro de que ese no es su pensamiento ni el de la institución. Pero –siendo francos– es el pensamiento de muchas personas en Medellín y en Colombia, a juzgar por sus actitudes y prioridades.
No se trata de una distinción entre buenos y malos, se trata de la discriminación de siempre entre “ricos” –realmente clase media alta– y pobres. Todos los estudios de valores en Colombia apuntan a que la principal discriminación que existe en el país y en Medellín es contra los pobres. Las discriminaciones que tienen prensa y dolientes son otras: mujeres, inclinaciones sexuales, raza; pero la más importante es la discriminación social. La homosexualidad, feminidad o negritud siempre se arreglan con plata.
En materia de seguridad esta discriminación es palmaria. Como lo mostré en un estudio hace cuatro años la principal inequidad que hay en Medellín tiene que ver con el derecho a la vida. Los datos de este año lo corroboran. En 2017, hasta el 7 de agosto, en la comuna El Poblado no ha ocurrido ni un solo homicidio. Cero. El Poblado tiene 130 mil habitantes y me atrevo a decir que no hay un solo municipio colombiano con población superior a 100 mil habitantes sin homicidios en este año. En El Poblado no viven los buenos; de hecho viven casi todos los malos importantes, según las noticias sobre detenciones de capos. Viven las clases altas y medias altas, entre las que hay gente muy buena y alguna muy mala.
Esa inequidad se manifiesta también en la voz, la protesta y el imaginario que proyectan algunas declaraciones oficiales y titulares de prensa. Las redes sociales se conmueven a diario con los robos de celulares en El Poblado mientras los asesinatos en Robledo –la comuna más violenta después del Centro– pasan casi desapercibidos. La espectacularidad en la persecución de ladroncitos y fleteros manda un mensaje retorcido respecto a las prioridades de la política de seguridad. Mientras haya 600 asesinatos anuales en Medellín hablar de cacharros y de plata es una grosería.
El Colombiano, 13 de agosto
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