Poderes ilegales

No sin razón en Colombia vivimos pendientes de las calamidades que ocasionan los grupos armados ilegales, calamidades que en el último año se reducen a los actos del Eln y de las bandas criminales. Vivimos en la inercia de la sangre y reducimos ilegalidad a crimen violento y poder a uso de las armas. Por esta vía, distorsionamos la percepción exagerando los daños de unos e ignorando los de otros.

Hace cinco años, a propósito de los hechos de La Gabriela que dejaron 80 muertos y 222 damnificados, describí (perdón por la cita) “el proceso que permite que estas tragedias ocurran. Someramente: el Estado hace una vía (la mal llamada Autopista Medellín-Bogotá); particulares con agallas detectan los predios aledaños y toman posesión de ellos (los finos montan restaurantes, los menos finos lavaderos de carros); los funcionarios del municipio (en este caso Bello) les tramitan licencias sin que hayan demostrado la propiedad; los autorizan a recibir escombros y no controlan el uso del terreno; la comunidad y las autoridades (Corantioquia) alertan a la Alcaldía cada año, durante cinco años, pero puede más la indolencia o la corrupción. Enseguida, la tragedia” (El Colombiano, 06.03.11). ´

Ese párrafo, me parece, solo requiere cambiar Bello por Copacabana y, en el contexto, La Gabriela por El Cabuyal y en el saldo los 80 muertos por los que se acaben de identificar en estos días. Por lo demás, las cosas son casi idénticas. Un líder comunal dijo que “expusimos la alarma varias veces ante las autoridades, porque nos estaban perjudicando con las aguas, pero nadie nos puso cuidado” (El Tiempo, “El deslizamiento era una tragedia anunciada”, 27.10.16). El actual alcalde de Copacabana asegura que “hemos ordenado cierres, hemos detenido personas, y ellos siempre vuelven” (El Colombiano, “Faltó más control en las canteras de El Cabuyal”, 27.0.16).

Devolvámonos un año en el tiempo, al 12 de noviembre del 2015, y volvamos al bendito párrafo de la autocita. Cambiar la carretera por Troncal del Café o, mejor carretera Medellín-Quibdó; en los lugares poner La Huesera y Amagá… ¡Ah!, no olvidar los dos muertos. Lo demás, fue igual, igualitico. Ahora, saltemos adelante. Seis meses. A comienzos de abril. Al llamado paro armado de la llamada banda de Los Urabeños o como les digan ya. Reviso los balances de la prensa, por ejemplo Semana (“Este es el saldo que dejó el paro armado”, 01.04.16), y me pregunto quiénes son más dañinos para la sociedad. El tal paro armado fue una lagaña de mico al lado de los daños económicos y sociales provocados a la comunidad del suroeste antioqueño.

Hoy algunos de los peores ilegales del país son funcionarios públicos que mediante mecanismos corruptos se amangualan con particulares para explotar recursos naturales colectivos para obtener pequeños beneficios a costa de enormes daños a la sociedad toda.

El Colombiano, 30 de octubre.