Después de una campaña plebiscitaria poco ejemplar llegaron unos días asombrosos de calma, reuniones, diálogos, intercambio de propuestas, manifestaciones pacíficas, masivas y derrochantes de cortesía y estética. El país del que algunos se avergüenzan está mostrando una faz tan civilizada que ya se la quisieran, por estos días, franceses o alemanes. Los apocalípticos pueden quedarse con los ecos de la tarde noche del 2 de octubre.
Entre las alternativas se han visto muchas que cabrían dentro de lo que se llama –en el comunicado conjunto del Gobierno Nacional y las Farc (07.10.16)– “propuestas de ajustes y precisiones”. La propuesta que más me llama la atención es la que se refiere a la justicia. Dice el documento del Centro Democrático que “es preferible para la institucionalidad del país crear un Tribunal Transicional dentro de la estructura de la Rama Judicial” (Bases de un acuerdo nacional de paz, p. 19). El argumento es la institucionalidad y el propósito es separar a los guerrilleros de los militares y civiles.
El principal problema de esta propuesta es la historia reciente. La justicia ordinaria no ha sabido tratar los eventos relacionados con el conflicto armado. Por temor, unas veces; por sesgo, otras. Pero, sobre todo, porque la justicia ordinaria desconoce la naturaleza y los parámetros de las guerras; cree en la magnificencia del Estado y trata a sus contendores armados como simples rivales políticos, por demás altruistas.
Porque es así, la justicia ordinaria condena al Estado por masacres cometidas por terceros; juzga con rigor a los parapolíticos y no actúa frente a la Farc-política; acepta testimonios verbales y le niega valor a los computadores de Raúl Reyes; condena militares con el código penal y paramilitares con la Ley de Justicia y Paz; detuvo al hermano de Uribe porque era un peligro para la sociedad y liberó a “El paisa” porque no lo era (después lo demostró en la Teófilo Forero de las Farc). ¿Esa es la justicia que está reivindicando el Centro Democrático? Cuesta creerlo.
Una de las palabras preferidas para impugnar el capítulo sobre víctimas, que sería el único que habría que cambiar totalmente según Marta Lucía Ramírez (punto 5.2, “Marta Lucía: el no realista”, La silla vacía, 12.10.16)– es impunidad. Y claro todos queremos justicia, pero la realidad real de Colombia en las últimas tres décadas es que, siendo la impunidad constante, la violencia y el conflicto han descendido de manera dramática. Los factores que más han influido para estos logros han sido la estrategia militar y las negociaciones con los grupos armados ilegales.
Como tal se trata de una propuesta indeseable. Los únicos perjudicados serían los militares y los civiles, y los únicos beneficiarios los guerrilleros (ironía). Pero, además, inviable. Es la columna vertebral del Acuerdo, tomó año y medio negociar el punto. Ajustarlo, sí; sustituirlo, absurdo.
El Colombiano, 16 de octubre
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