Acuerdo sobre víctimas

El pasado 15 de diciembre se firmó en La Habana el “Acuerdo sobre víctimas del conflicto” entre el Gobierno y las Farc. Fueron 18 meses de negociaciones, cuyos primeros avances se vislumbraron después de un año de dificultades y estancamiento en el tema. El documento tiene cinco partes: comisión de la verdad y unidad para la búsqueda de desaparecidos, jurisdicción especial para la paz, medidas de reparación y garantías de no repetición; más una especie de adenda sobre derechos humanos y una presentación de los principios y las generalidades.

El título del documento ilustra su enfoque. Se encamina a darle cuerpo a la obsesión gubernamental de que las víctimas tienen que estar en el centro de la salida política del conflicto armado. Se trata de un acuerdo sobre justicia transicional, un concepto que, aunque ya fue usado en el proceso con los paramilitares, no es bien comprendido por amplios sectores de la opinión pública. De manera simple, el término fuerte de la justicia transicional es la transición –en este caso a la paz– y el término débil es justicia, sobre todo cuando se entiende ella como justicia penal. Justicia transicional significa justicia a la medida de la paz y volcada al futuro, no al pasado. Es justicia política, como argumento en un libro (La tercera realidad, Sílaba, 2015).

Una cita que confirma mi tesis: “El acto de juzgar tiene dos propósitos. En el corto plazo zanjar diferencias ciudadanas para impedir la aparición de la venganza. En el largo plazo, asegurar la paz de la comunidad política”. Estas palabras coinciden con el objetivo del acuerdo, paz y no repetición, pero no las pronunció ni Humberto de la Calle ni Sergio Jaramillo. Son de Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz durante las administraciones de Álvaro Uribe (Justicia y paz, ITM, 2005, p. 53).

Si se fueran a ponderar los componentes del mantra contemporáneo de la justicia transicional coincidiríamos, en principio, con el balance de Juanita León: mucha verdad, mucha reparación, poca justicia (La silla vacía, 16.12.15). Pero, ¿es poca justicia? Desde una perspectiva abstracta y punitiva, sin duda. Pero la valoración puede cambiar si se piensa desde un punto de vista concreto y prospectivo.

Los miembros de las Farc tendrán que hacer declaraciones exhaustivas de verdad, una parte de ellos irá a un tribunal, serán juzgados y recibirán condenas. Muchos tendrán restricciones de libertad sin cárcel, pero algunos podrían recibir condenas penitenciarias de hasta 20 años. Cualquier pose de héroes o de rebeldes impolutos se quedó sin piso, según el texto. Hacia futuro, no me queda duda de que es más importante impedir otro ciclo de violencia que tener 100 o 200 tipos en Bellavista. Personalmente, creo que la suspensión de derechos políticos a máximos responsables era una medida deseable y respetuosa con las víctimas.

El Colombiano, 31 de enero.