El pasado 15 de febrero el expresidente César Gaviria Trujillo lanzó al país una propuesta que fue titulada “Justicia transicional para todos” (El Tiempo, 15.02.15). El argumento alrededor del cual gira toda la disquisición dice que “si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra”. En otras palabras, Gaviria dice que si no se finiquita bien la paz la guerra continuará por otros medios. Eso es verdad. Solo habría que añadir que eso –la guerra por otros medios– es lo que estamos viviendo de cuenta de la justicia política del Procurador y del Fiscal, y de la corrupción o malicia de muchos jueces y magistrados.
Las preocupaciones de Gaviria tienen dos acentos principales, la fuerza pública y los no combatientes. Tiene razón Gaviria cuando afirma que el punto de partida de cualquier tratamiento a los militares debe partir de la premisa de que su actuación ha sido legítima y ha girado en torno a la defensa de “las instituciones constitucionales”. También está en lo cierto cuando dice que en la guerra no solo participaron los combatientes sino también empresarios, políticos, y menciona también a “miles de miembros de la sociedad civil” y “miembros de la rama judicial”. Punto final y cierre son las palabras adecuadas.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la justicia transicional no debe ser una sombrilla para que todo el mundo se escampe alegremente y que tiene que reflejar criterios mínimos de justicia para facilitar la transición a la paz sin desconocer a las víctimas. Como lo manifestó hace poco el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, la justicia transicional no se limita a beneficios (“Presidente, Farc y sociedad deben cambiar el chip”, El Colombiano, 09.02.15). En muchos casos parte de la pena debe consistir en la pérdida de los derechos políticos. Es una vergüenza que los condenados sigan orondos como candidatos o jefes políticos, aun estando en prisión, como pasó hace poco con Oscar Suárez Mira.
La otra virtud de la propuesta es que puede ser la base para el pacto por la paz que el país está necesitando, entre la oposición y el gobierno, que vincule a la mitad del país escéptica o crítica del proceso que se está dando en La Habana. Ahora lo importante es que los que pueden se muevan y busquen la manera de hacer operativa esta idea. Gaviria se lanzó pero no se le ven ganas de luchar. Santos se pronunció; le toca a Uribe.
Solidaridad: con mi convicción de que Colombia debe avanzar hacia el pluralismo y la tolerancia, y de que ello debe expresarse cada día y en cada lugar, manifiesto mi solidaridad con Yohir Akerman.
El Colombiano, 22 de febrero de 2015
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