Arbitrariedad al cuadrado

Se conoció hace poco la decisión de la Procuraduría, en última instancia, de suspender en el cargo al Secretario de Infraestructura Física de Antioquia Mauricio Valencia Correa y a tres funcionarios más de la misma dependencia de la Gobernación. La sanción –que inicialmente era de destitución e inhabilidad de 11 años para ejercer cargos públicos– se le redujo a 8 meses de suspensión.

Como anotó este diario, la decisión de la Procuraduría “no se origina en actos de corrupción, ni celebración indebida de contrato” (El Colombiano, 15.11.14). Si no fue por estas razones, ¿qué pasó? En 2012 la Secretaría de Infraestructura inició un proceso de licitación para adecuar 4,1 kilómetros de doble calzada hacia el Túnel de Occidente al cabo del cual resultó ganador un consorcio integrado por las firmas Conasfaltos, Arquitectura y Concreto y Copcisa.

Inmediatamente se tomó la decisión, los responsables de la dependencia se dieron cuenta que la propuesta del consorcio ganador tenía irregularidades que viciaban el proceso, afectaban el principio de equidad respecto a los demás licitantes y, sobre todo, los criterios de pulcritud y trasparencia en la contratación pública que se ha propuesto la administración departamental.

A partir de allí surgieron montones de irregularidades. El Colombiano se lamentó en editorial del 17 de junio del 2013 del exceso de rigor en el procedimiento. El procurador regional David Roa Salguero decidió, el 8 de julio del mismo año, ordenar una investigación. El consorcio afectado decidió demandar al Departamento de Antioquia, es decir a todos los antioqueños, por 3.500 millones de pesos en diciembre pasado.

Toda la ruta es muy irregular. El punto de partida que enturbia todo el proceso consiste en que el consorcio ganador reconoció que su propuesta tenía problemas de información, es decir, que estaba viciado. El procurador Roa, de filiación conservadora, se mostró tan acucioso en este caso que ni siquiera hizo caso a esta confesión de parte. En la segunda instancia no se aceptó como prueba ese reconocimiento del error.

Pero, bueno. De esta procuraduría se puede esperar cualquier cosa, su característica es la arbitrariedad y el uso político de las sanciones para limpiarles el camino a los políticos del conservatismo y del Centro Democrático y prepararle el terreno a la candidatura de Ordóñez a la presidencia. Lo inesperado fue la actuación del consorcio, y en particular de la firma Arquitectura y Concreto. Ellos demandaron al Departamento a sabiendas de que se habían equivocado, aferrándose a la adjudicación y dejando de lado cualquier consideración ética.

El mensaje de estas empresas es perverso: no les importa que en la región se establezcan procesos claros de contratación pública, les importa un pito castigar a una administración eficiente y limpia con tal de ganarse unos millones y menos les importa la reputación y la carrera de unos funcionarios públicos intachables.

El Colombiano, 23 de noviembre