El proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana entre el Gobierno nacional y las Farc tiene muchos puntos positivos respecto a los tres procesos anteriores con el mismo grupo guerrillero. Esos procesos tuvieron una duración, discontinua por supuesto, de nueve años y debieran haber dejado suficientes aprendizajes.
La negociación actual tiene dos falencias que el país debe abocar inmediatamente: la primera, es la carencia de un consenso del campo democrático e institucional respecto a la importancia de la negociación y a las condiciones en que deba desarrollarse la implementación del posible acuerdo. La segunda, dependiente de esta, es la necesidad de una ambiciosa campaña de formación y movilización ciudadana para fortalecer ese consenso.
Cuando hablo de consenso no hablo de los acuerdos ideales en que participan todos. Tal tipo de consensos solo existen en los libros de los teóricos del contractualismo y en las mentes arrebatadas por el idealismo. Los consensos reales siempre son consensos aproximados, acuerdos de las minorías activas o resultado numérico de mayorías calificadas.
Humberto de la Calle –jefe de la delegación gubernamental en la negociación– acaba de expresar su “preocupación de que un eventual acuerdo en La Habana se vuelva inviable por la polarización que hoy vive el país”. Según la misma nota, a su vez, “reiteró la importancia del papel de la crítica de los que no están de acuerdo” (El Colombiano, 19.09.14).
Sin embargo el gobierno y sus partidarios hacen otra cosa. Que Iván Cepeda aliente un debate como el de esta semana contra el senador Álvaro Uribe va y viene, que el Ministro del Interior se apersone del mismo es asunto más grave. El exrector de la Universidad Nacional de Colombia Moisés Wasserman manifestó su preocupación por la ausencia de diálogo social en el país y por la tendencia a descalificar a los críticos como “personas enemigas de la paz” (El Tiempo, 19.09.14). En este problema al gobierno le cabe la mayor responsabilidad pero algunos sus funcionarios actúan como simples bochincheros.
Cualquier efecto que pudiera esperarse de la campaña publicitaria “Soy capaz” quedó anulado por el comportamiento de los congresistas y los miembros del Ejecutivo esta semana. Ya no sabemos si los uribistas y los santistas –el mismo perro con distinta guasca– son capaces pero despistados o simplemente incapaces e irresponsables.
La platica de la campaña no se perdió solo por el ejemplo en contrario que se vio en el Capitolio nacional. La campaña estaba mal diseñada. Se nota que no hubo detrás un solo asesor que supiera del tema. Y lo peor de todo es que se quiera reemplazar la pedagogía ciudadana con publicidad. Si los gestores miraran 25 años hacia atrás encontrarían un modelo exitoso en la campaña “Viva la ciudadanía”. En la vida pública no bastan las buenas intenciones.
El Colombiano, 21 de septiembre
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