Dijo hace poco Daniel Pécaut en una entrevista con María Jimena Duzán que no recordaba haber visto nada parecido a esta campaña presidencial y que “solo podría compararla con el clima que se vivió en los años 1946 y 1947 entre conservadores y liberales” (Semana, 16.05.14). Pécaut es un sociólogo francés que lleva 50 años estudiando la realidad colombiana y escribió uno de los libros más importantes sobre la gestación de la guerra civil de mediados del siglo pasado, que nosotros seguimos llamando eufemísticamente “La violencia”.
Lo dice un académico que viene de afuera –aunque con nacionalidad colombiana– y lo repite un empresario y político colombiano, Juan Manuel Ospina, quien añade que esto es un irrespeto a los ciudadanos y a la democracia (El Espectador, 22.05.14). Ospina llama a un voto que se salga de esta dinámica entre lo que él llama, “las dos campañas de origen uribista”. Ignoro los comentarios a su planteamiento, pero a mí me llovieron rayos y centellas por sostener algo parecido en mi columna de la semana pasada.
Eso no me sorprende. Lo sorpresivo es encontrar a alguien que esté pensando para votar. Pensando en el sentido de reflexionar, de ponderar las calidades de los candidatos, de evaluar la importancia de votar por x ó y partido, de examinar las posibles consecuencias de los resultados del 25 de mayo y de la inevitable segunda vuelta. Y es que el ambiente está tan polarizado que no hay J. J. Rendón ni hacker que conmuevan a los seguidores ardientes de los dos bandos que, al parecer, se tragaron la campaña.
Para quienes nacimos con el Frente Nacional la coyuntura actual es lo más semejante a los estados de fanatismo que narran nuestros padres. Pécaut aclara: “No estoy diciendo que el país esté al borde de una guerra civil”. Ya es muy sintomático que lo esté pensando, que se vea en la obligación de aclararlo.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre 1946 y 2014. Ahora hay una población más educada, más clase media, más deliberación, más ciudadanía. Lo que significa que también le cabe más responsabilidad a cada persona que llega a la urna electoral. Cada ciudadano tiene la posibilidad de acrecentar o disminuir esta disputa, de prolongar el enfrentamiento político y social que tenemos hace cuatro años o de atemperarlo dándole una oportunidad a las opciones que han mostrado más decencia en la campaña.
Estamos ante la disyuntiva que Marco Polo le planteó al Gran Kan, según Italo Calvino en el epílogo de Las ciudades invisibles. La fácil: “aceptar el infierno y volverse parte de él hasta no verlo más”. La difícil: “buscar y saber y reconocer qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio”. Cada votante puede echarle un tarjetón a la llamarada o quitárselo.
El Colombiano, 25 de mayo
Un sitio sobre filosofía práctica, cultura popular y política
viernes, 30 de mayo de 2014
miércoles, 21 de mayo de 2014
Tercero incluido
El argumento subyacente a mis columnas sobre política nacional es el siguiente: en Colombia el problema más importante es el de la corrupción sistemática que –factores institucionales aparte– se alimenta del estilo y la falta de voluntad de los últimos dos gobiernos; el país vive un proceso de desinstitucionalización vinculado fuertemente, aunque no solo, con la figura de la reelección.
Planteo un tercero. Los dos últimos gobiernos sumieron al país en un ambiente de polarización y sectarismo que ya está amenazando seriamente nuestra precaria cultura política, la legitimidad de las autoridades y el recurso a la política. Los efectos de esta conducta en el comportamiento social y en las relaciones privadas son muy negativos, debido a lo que el filósofo italiano Alessandro Ferrara llama “la fuerza del ejemplo”. La intemperancia de Santos no es inferior a la de Uribe, como se colige de que el presidente descalifique un partido parlamentario como nazi (El Espectador, 23.04.14).
En el fondo de mi manera de ver la situación nacional está la convicción de que no hay diferencias políticas sustantivas entre Uribe y Santos, y que sus peleas provienen de intereses privados de pequeños grupos y rencillas personales. Ante este panorama, la solución más expedita la brinda la democracia electoral. Si Colombia se confina a la polaridad entre Santos y Uribe, la corrupción, la desinstitucionalización y el sectarismo nos desbarrancarán.
Según el maestro Norberto Bobbio (El tercero ausente, 1997), la inclusión de un tercero en condiciones de un conflicto larvado que amenaza la convivencia social y la estabilidad política es la solución más acorde a las necesidades de la tranquilidad, la libertad y la democracia. En el país hemos intentado tercerías ante situaciones críticas y todas han sido abortadas, al menos en el último siglo. Con fraude, como ocurrió con Anapo, o con sangre, como pasó con el Nuevo Liberalismo.
Hoy estamos de nuevo ante la urgencia de una tercería. Y hay sujeto. Se llama Enrique Peñalosa. Como potencial presidente Peñalosa tiene una formación más excelsa que la de cualquiera que haya ocupado la Casa de Nariño y la suficiente experiencia administrativa. En su campaña hay ideas y propuestas serias y claras (consultar: http://www.penalosapresidente.co). Sus defectos como candidato son bastante menores que los de sus rivales de hoy.
Pero lo que resulta, a mi manera de ver, definitivo para considerarlo la mejor opción para Colombia hoy es ser quien es. Un candidato independiente, moderno, buen administrador, comprometido con la gente. Un tipo que rompería el esquema actual de gobernabilidad, basado en la depredación de los dineros públicos y en transacciones que vulneran la moralidad pública. Pero la realización de esta tercería depende de la seriedad con que la ciudadanía asuma el ejercicio electoral, al menos que vote por convicción y no por miedo. El llamado voto útil es una vergüenza.
El Colombiano, 18 de mayo
Planteo un tercero. Los dos últimos gobiernos sumieron al país en un ambiente de polarización y sectarismo que ya está amenazando seriamente nuestra precaria cultura política, la legitimidad de las autoridades y el recurso a la política. Los efectos de esta conducta en el comportamiento social y en las relaciones privadas son muy negativos, debido a lo que el filósofo italiano Alessandro Ferrara llama “la fuerza del ejemplo”. La intemperancia de Santos no es inferior a la de Uribe, como se colige de que el presidente descalifique un partido parlamentario como nazi (El Espectador, 23.04.14).
En el fondo de mi manera de ver la situación nacional está la convicción de que no hay diferencias políticas sustantivas entre Uribe y Santos, y que sus peleas provienen de intereses privados de pequeños grupos y rencillas personales. Ante este panorama, la solución más expedita la brinda la democracia electoral. Si Colombia se confina a la polaridad entre Santos y Uribe, la corrupción, la desinstitucionalización y el sectarismo nos desbarrancarán.
Según el maestro Norberto Bobbio (El tercero ausente, 1997), la inclusión de un tercero en condiciones de un conflicto larvado que amenaza la convivencia social y la estabilidad política es la solución más acorde a las necesidades de la tranquilidad, la libertad y la democracia. En el país hemos intentado tercerías ante situaciones críticas y todas han sido abortadas, al menos en el último siglo. Con fraude, como ocurrió con Anapo, o con sangre, como pasó con el Nuevo Liberalismo.
Hoy estamos de nuevo ante la urgencia de una tercería. Y hay sujeto. Se llama Enrique Peñalosa. Como potencial presidente Peñalosa tiene una formación más excelsa que la de cualquiera que haya ocupado la Casa de Nariño y la suficiente experiencia administrativa. En su campaña hay ideas y propuestas serias y claras (consultar: http://www.penalosapresidente.co). Sus defectos como candidato son bastante menores que los de sus rivales de hoy.
Pero lo que resulta, a mi manera de ver, definitivo para considerarlo la mejor opción para Colombia hoy es ser quien es. Un candidato independiente, moderno, buen administrador, comprometido con la gente. Un tipo que rompería el esquema actual de gobernabilidad, basado en la depredación de los dineros públicos y en transacciones que vulneran la moralidad pública. Pero la realización de esta tercería depende de la seriedad con que la ciudadanía asuma el ejercicio electoral, al menos que vote por convicción y no por miedo. El llamado voto útil es una vergüenza.
El Colombiano, 18 de mayo
domingo, 18 de mayo de 2014
Guerra sucia
El sábado 17 de mayo, ayer, Hernando Gómez Buendía mostró la campaña presidencial del 2014 como una guerra sucia, como una "guerra mafiosa" entre el presidente actual y el anterior. Y la mostró, además, como una continuación de los métodos usados contra la fórmula Mockus-Fajardo en la del 2010.
A Gómez Buendía, tal vez por pudor o falta de espacio, le quedó por decir lo que se está llevando de calle la campaña actual: las libertades básicas. Aquí nadie se ruboriza por el uso a escala industrial del espionaje organizado desde el gobierno contra las campañas políticas, ni de la censura de los medios a los columnistas disidentes. Pobre Voltaire con aquello de "no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla".
Resulta curioso que a los predicadores de la corrección política, los abanderados de las buenas maneras, no les resulte extraño llamarnos a votar por Santos.
Para leer a Gómez Buendía: http://www.elespectador.com/opinion/guerra-sucia-columna-492879
A Gómez Buendía, tal vez por pudor o falta de espacio, le quedó por decir lo que se está llevando de calle la campaña actual: las libertades básicas. Aquí nadie se ruboriza por el uso a escala industrial del espionaje organizado desde el gobierno contra las campañas políticas, ni de la censura de los medios a los columnistas disidentes. Pobre Voltaire con aquello de "no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla".
Resulta curioso que a los predicadores de la corrección política, los abanderados de las buenas maneras, no les resulte extraño llamarnos a votar por Santos.
Para leer a Gómez Buendía: http://www.elespectador.com/opinion/guerra-sucia-columna-492879
miércoles, 14 de mayo de 2014
Reelección perversa
En diciembre pasado los investigadores del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) Javier Revelo Rebolledo y Mauricio García Villegas publicaron un artículo titulado “Reelección, paz y democracia” (Razón pública, 09.12.13). Como problema plantean que “en el debate actual sobre la reelección suele olvidarse que no se trata sólo del futuro de la paz, sino también del futuro de la democracia constitucional”. Y en la conclusión afirman que “la reelección presidencial inmediata es un riesgo latente para el sistema de pesos y contrapesos”.
¿Cuál es el argumento del artículo? Que la reelección presidencial desfiguró el sistema constitucional establecido en 1991 al permitirle a un presidente reelecto intervenir –de forma prácticamente definitiva– en la conformación de los organismos de control que están previstos que sean independientes y que tienen por función vigilar a la rama ejecutiva del poder público. El riesgo consiste en que el presidente ponga fiscal, procurador, defensor del pueblo, y se embolsille la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Banco de la República.
Según el calendario de los periodos de estos funcionarios, Revelo y García concluyen que si Juan Manuel Santos es reelegido suya sería toda la Corte Constitucional y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y gobernaría “seis de los ocho años con un fiscal y un defensor nominados por él”. La manera como el presidente ha comprado al congreso le entregaría la contraloría y otros cargos adicionales.
Un cuadro elaborado por ellos para los posibles ocho años de Santos pone en evidencia como nombra. Que Alejandro Ordóñez haya sido nombrado y reelegido se lo debemos enteramente al presidente, así como el nombramiento del cuestionado Alberto Rojas en la Corte Constitucional y de Eduardo Montealegre, mutado a mensajero de Santos (Reed, El Colombiano, 04.05.14).
Revelo y García concluyen que de esta manera se altera completamente el sistema de pesos y contrapesos de nuestro sistema político y que, por tanto, “la democracia está en juego”. En una perspectiva jurídica proponen dos posibles soluciones: una reforma constitucional que prohíba la reelección o seis reformas legislativas. Cualesquiera de las dos tareas parece tan titánica como quimérica.
El planteamiento de los autores del artículo que comento es bastante aceptado. De hecho, el actual ministro de justicia Alfonso Gómez Méndez y el senador oficialista Juan Fernando Cristo han dicho varias veces que la figura de la reelección es nociva para el país. Dicen pero no hacen y la ambición de Santos es tan grande como su falta de escrúpulos. El problema, a mi modo de ver, tiene una solución más viable y democrática: derrotar a Santos en las urnas.
Revelo y García advierten que “la esperanza de lograr la paz en La Habana no debería ocultar los riesgos de la posible reelección del presidente Santos para la democracia colombiana”.
El Colombiano, 11 de mayo.
¿Cuál es el argumento del artículo? Que la reelección presidencial desfiguró el sistema constitucional establecido en 1991 al permitirle a un presidente reelecto intervenir –de forma prácticamente definitiva– en la conformación de los organismos de control que están previstos que sean independientes y que tienen por función vigilar a la rama ejecutiva del poder público. El riesgo consiste en que el presidente ponga fiscal, procurador, defensor del pueblo, y se embolsille la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Banco de la República.
Según el calendario de los periodos de estos funcionarios, Revelo y García concluyen que si Juan Manuel Santos es reelegido suya sería toda la Corte Constitucional y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y gobernaría “seis de los ocho años con un fiscal y un defensor nominados por él”. La manera como el presidente ha comprado al congreso le entregaría la contraloría y otros cargos adicionales.
Un cuadro elaborado por ellos para los posibles ocho años de Santos pone en evidencia como nombra. Que Alejandro Ordóñez haya sido nombrado y reelegido se lo debemos enteramente al presidente, así como el nombramiento del cuestionado Alberto Rojas en la Corte Constitucional y de Eduardo Montealegre, mutado a mensajero de Santos (Reed, El Colombiano, 04.05.14).
Revelo y García concluyen que de esta manera se altera completamente el sistema de pesos y contrapesos de nuestro sistema político y que, por tanto, “la democracia está en juego”. En una perspectiva jurídica proponen dos posibles soluciones: una reforma constitucional que prohíba la reelección o seis reformas legislativas. Cualesquiera de las dos tareas parece tan titánica como quimérica.
El planteamiento de los autores del artículo que comento es bastante aceptado. De hecho, el actual ministro de justicia Alfonso Gómez Méndez y el senador oficialista Juan Fernando Cristo han dicho varias veces que la figura de la reelección es nociva para el país. Dicen pero no hacen y la ambición de Santos es tan grande como su falta de escrúpulos. El problema, a mi modo de ver, tiene una solución más viable y democrática: derrotar a Santos en las urnas.
Revelo y García advierten que “la esperanza de lograr la paz en La Habana no debería ocultar los riesgos de la posible reelección del presidente Santos para la democracia colombiana”.
El Colombiano, 11 de mayo.
miércoles, 7 de mayo de 2014
Torres de arena
El politólogo estadounidense Robert Dahl (1915-2014) popularizó la versión de que el poder social está repartido entre varios grupos. Wright Mills (1916-1962) sostuvo que esas élites distintas suelen ponerse de acuerdo alrededor de una visión y una idea de gobierno. El elemento común de toda la teoría política es la importancia decisiva de las élites en la dirección de la sociedad. En el populismo y el comunismo el poder está más concentrado todavía.
En Colombia es muy evidente que las élites de poder han estado fragmentadas por sectores y regiones, y que mantienen entre ellas disputas terribles por periodos largos que han impedido consolidar el Estado y la paz en el país. Si las Farc existen es más por la división y disputa de nuestras élites que por su popularidad o por su fuerza; si Colombia se rezaga cada día respecto a Ecuador o Perú –por decir algo– es por esta incapacidad de los grupos de poder.
En Antioquia, el narcotráfico rompió el consenso de las élites regionales y, después, las divergencias sobre el mercado y las instituciones agudizaron esa ruptura. Pero no es solo un problema de consenso. Los acontecimientos de los últimos dos años en Antioquia deberían suscitar una profunda reflexión. Recordémoslos: estafa de Interbolsa, condena a César Pérez García, condena a Oscar Suárez Mira, colapso de Space, llamado a juicio de Luis Alfredo Ramos. ¿Hay algo que explique la caída de sectores de este sector de las élites económicas y políticas de Antioquia?
Creo que la mejor explicación es que la crisis del narcotráfico puso a nuestras élites ante el dilema de optar por un modelo legal y moderno de gestión económica y política, frente a un modelo rentista y tramposo. Hoy se puede concluir que una parte de las élites antioqueñas no aprendió la lección de aquellos años y siguió bordeando los límites de la legalidad y la prudencia en sus actuaciones.
El trasfondo de esta crisis de algunos sectores de poder en Antioquia es un problema ético. No es que Interbolsa o CDO no supieran de finanzas o ingeniería, no se trata de que los caciques electorales conservadores o liberales carecieran de habilidades políticas, se trata básicamente de que sus escrúpulos frente a la ley y sus valores para la convivencia democrática no existían o eran muy débiles. Estas élites construyeron torres de arena y se les desmoronaron.
Esta diferencia entre élites se nota en la política. En Antioquia hay una cerrada disputa entre élites legales y otras aventureras. Pero el gran nudo gordiano está en la política nacional, pues nos estamos acostumbrando a un modelo de gobernabilidad en el que desde Bogotá se coordina con una mano adelante a las élites de mostrar y con una mano atrás a los mejores clientes de los tribunales de justicia.
El Colombiano, 4 de mayo
En Colombia es muy evidente que las élites de poder han estado fragmentadas por sectores y regiones, y que mantienen entre ellas disputas terribles por periodos largos que han impedido consolidar el Estado y la paz en el país. Si las Farc existen es más por la división y disputa de nuestras élites que por su popularidad o por su fuerza; si Colombia se rezaga cada día respecto a Ecuador o Perú –por decir algo– es por esta incapacidad de los grupos de poder.
En Antioquia, el narcotráfico rompió el consenso de las élites regionales y, después, las divergencias sobre el mercado y las instituciones agudizaron esa ruptura. Pero no es solo un problema de consenso. Los acontecimientos de los últimos dos años en Antioquia deberían suscitar una profunda reflexión. Recordémoslos: estafa de Interbolsa, condena a César Pérez García, condena a Oscar Suárez Mira, colapso de Space, llamado a juicio de Luis Alfredo Ramos. ¿Hay algo que explique la caída de sectores de este sector de las élites económicas y políticas de Antioquia?
Creo que la mejor explicación es que la crisis del narcotráfico puso a nuestras élites ante el dilema de optar por un modelo legal y moderno de gestión económica y política, frente a un modelo rentista y tramposo. Hoy se puede concluir que una parte de las élites antioqueñas no aprendió la lección de aquellos años y siguió bordeando los límites de la legalidad y la prudencia en sus actuaciones.
El trasfondo de esta crisis de algunos sectores de poder en Antioquia es un problema ético. No es que Interbolsa o CDO no supieran de finanzas o ingeniería, no se trata de que los caciques electorales conservadores o liberales carecieran de habilidades políticas, se trata básicamente de que sus escrúpulos frente a la ley y sus valores para la convivencia democrática no existían o eran muy débiles. Estas élites construyeron torres de arena y se les desmoronaron.
Esta diferencia entre élites se nota en la política. En Antioquia hay una cerrada disputa entre élites legales y otras aventureras. Pero el gran nudo gordiano está en la política nacional, pues nos estamos acostumbrando a un modelo de gobernabilidad en el que desde Bogotá se coordina con una mano adelante a las élites de mostrar y con una mano atrás a los mejores clientes de los tribunales de justicia.
El Colombiano, 4 de mayo
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