Media justicia

Esta semana (27.03) el Consejo de Estado tumbó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionar con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo. Según el editorialista de El Colombiano (28.03.14), el Consejo de Estado afirmó que “las decisiones disciplinarias (contra Salazar) adolecen de falsa motivación jurídica” y “son contrarias a la Constitución”.

Si estos son los términos de la sentencia, la prensa se ha equivocado en el mensaje que trasmitió a la opinión pública. No sería cierto que se tratara simplemente de un problema de desproporción de la sanción sino de algo más grave: falsedad en la motivación jurídica. Y con ello también se equivocan los periodistas que han subestimado las implicaciones que el fallo tiene en el manejo que la Procuraduría hizo del asunto.

La conducta sistemática del procurador Alejandro Ordóñez en este tipo de procesos administrativos ha sido la de actuar blandamente con los funcionarios implicados en relaciones y actividades con grupos criminales y juzgar severamente a todos aquellos que se oponen o denuncian esas alianzas perversas.

En ese sentido el fallo del Consejo de Estado es un resarcimiento. Con la persona de Alonso Salazar, sometido a varios procesos temerarios desde hace más de cuatro años, cuando Salazar también salió absuelto de un proceso ante la Fiscalía que inició Luispérez, personaje siniestro que acaba de anunciar que continuará con su guerrilla jurídica (El Colombiano, 30.03.14).

Pero también es un resarcimiento para distintos sectores de la sociedad medellinense. Para las colectividades políticas que acompañaron a Salazar en su campaña y en la alcaldía y para la campaña del actual alcalde Aníbal Gaviria. Para los dirigentes empresariales que, liderados por Juan Sebastián Betancur desde Proantioquia, apoyaron a Salazar a fines de 2011. Para los directores de El Colombiano que lo acompañaron, sin dejarse tentar por una malentendida imparcialidad. Y, por supuesto, para los ciudadanos de a pie y los sectores sociales que se movilizaron en esta causa.

Sin embargo, no hay justicia completa. A lo largo de 4 años Alonso Salazar ha demostrado su inocencia y en cambio sus acusadores han salido tocados por los fallos judiciales, pero nadie los juzga y por eso se declaran “contentos” y siguen preparando sus campañas para retornarle el poder al clientelismo ilegal en la región.

Competencia desleal: 21 días después de la consulta para escoger el candidato de la Alianza Verde a la Presidencia, la Registraduría no ha entregado los resultados. Con ello ha retrasado todos los pasos legales para que Enrique Peñalosa lleve a cabo su campaña. Esto derivará, seguramente, en que no pueda contar con los recursos financieros en el momento oportuno. Así el registrador vuelve a hacerle los favores al presidente-candidato, como si necesitara más ayuda. Los poderes contra la alternativa.

El Colombiano, 30 de marzo