La Habana, acuerdo sin reconciliación

Todo indica que en La Habana habrá acuerdo y también que la fecha del mismo depende de las Farc porque el gobierno perdió el reloj de la negociación. El acuerdo se dará porque las Farc necesitan maquillar su derrota y su desmovilización con frases grandilocuentes y porque Santos debe culminar la tarea estratégica de Uribe con una cereza diplomática.

Los analistas concuerdan en que una cosa es el acuerdo con las Farc y otra muy distinta es la finalización de la violencia. Pero ya va siendo claro, también, que el acuerdo no basta para se produzca la reconciliación. Más aún, dados los últimos hechos –que expresan procesos más profundos– podríamos decir que se están incubando nuevas arenas de conflictividad desde varios flancos.

El primero son las propias Farc. El alevoso ataque a Inzá en la madrugada del 7 de diciembre demuestra que a esta guerrilla no le interesa en lo más mínimo la posibilidad de reconciliarse con sus conciudadanos. Cuando Nelson Mandela les explicó a sus jueces su actividad subversiva, hace 50 años, dijo que había elegido acciones que produjeran el mínimo resentimiento posible. Las Farc hacen exactamente lo contrario esparciendo sufrimiento a los más humildes en Cauca, Arauca y el norte de Antioquia (la última contra Reforestadora El Guásimo).

El segundo flanco proviene del gobierno nacional. El gobierno de Juan Manuel Santos está llevando sus relaciones con nuestra variopinta oposición al punto de convertirla en la nueva encarnación de la enemistad política. Álvaro Uribe, Jorge Robledo y Gustavo Petro han sido los blancos preferidos de los ataques de escribanos, ministros y del propio presidente. Quien tiene la responsabilidad de mantener las diferencias en un plano conciliador es el Presidente, pero Santos se ha decidido a sacrificar los acuerdos con sectores institucionalizados, llegando a la indeseable situación de un acuerdo con las Farc sin consenso nacional.

El tercer flanco proviene de las autoridades, de las cuales la más dañina es el procurador Alejandro Ordoñez. La manera fanática y tiránica como ha conducido la gestión en la Procuraduría General de la Nación abrió ya una grieta institucional y política que, probablemente, no será fácil de cerrar. La destitución del alcalde de Bogotá es un despropósito jurídico como lo demostró hace poco el exmagistrado Luis Fernando Álvarez (El Colombiano, 13.12.13), y es una amenaza contra la democracia y el pluralismo político como lo argumentó Kevin Whitaker, nominado a la embajada de Estados Unidos en Colombia.

En estas condiciones la ciudadanía y la opinión pública se desconciertan, se fragmentan y alimentan sentimientos de crispación, desánimo y descrédito en los dirigentes y en las instituciones. Aún se pueden enderezar algunos entuertos y del único que se tiene que esperar algún viraje es del Presidente, pero las adulaciones inverosímiles de los asesores y la prensa no le ayudan.

El Colombiano, 15 de diciembre