La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entregó su informe a la sociedad el pasado 28 de junio. La Comisión representa, al menos, el cuarto esfuerzo nacional por comprender y superar conflictos graves; los anteriores fueron en 1958, a propósito de “La Violencia”; 1987 con motivo del narcoterrorismo y el auge de la violencia urbana; y 2007-2011, después de la desmovilización paramilitar. Hubo otras comisiones oficiales, globales y sectoriales, que podrían sumarse a estos esfuerzos. No se trata de algo nuevo en nuestra historia, solo que antes los renuentes a que se contaran los horrores guardaban silencio y ahora intentan negarlos.
Del informe titulado Hay futuro si hay verdad se han publicado hasta el presente los dos volúmenes centrales, es decir, la “Declaración Final” y el de “Hallazgos y recomendaciones”, y otros tres parciales. De la lectura del segundo volumen colijo tres partes del trabajo: los hechos, las verdades y las recomendaciones.
Llamo hechos a una parte de lo que allí se denomina hallazgos: tipo y número de víctimas, formas de victimización, responsables de las mismas. Esta información procede de una larga labor de distintos organismos estatales, académicos, sociales e internacionales. Muchos se derivan de los resultados de investigaciones judiciales. Más de seis mil víctimas de falsos positivos, 30 mil menores reclutados forzosamente, 50 mil secuestrados, 100 mil desaparecidos, 400 mil homicidios, ocho millones de desplazados. Paramilitares, guerrilleros y militares reconocieron parcialmente su responsabilidad.
Llamo verdades al proceso de escucha que se realizó con víctimas, perpetradores, personas que reunían ambas condiciones, políticos, militares, civiles, todos los expresidentes de la república. Una labor que le dio voz al sufrimiento, pero también a la perplejidad, al reproche, al perdón, a las excusas, a las disculpas, incluso a la subestimación. Por su propia naturaleza, las verdades son fragmentarias, múltiples, a veces contradictorias. Ayudan al reconocimiento, la elaboración de los duelos, las culpas y las responsabilidades.
Las recomendaciones de la Comisión las resumo de la siguiente manera: buscar un consenso social para convertir la paz en una prioridad, reconocer a las víctimas, implementar el acuerdo de La Habana, priorizar “el diálogo y/o el sometimiento a la justicia” de los grupos armados persistentes, “examen crítico del pasado” a través de una política de memoria y verdad, “replantear el problema del narcotráfico”, fortalecer los mecanismos de investigación y judicialización de “los entramados políticos, financieros y armados”, “recuperar el valor de la justicia para reivindicar la legalidad”, nueva visión de la seguridad, profundizar la democracia erradicando la violencia política y promoviendo la representación y el diálogo, inclusión social de las comunidades periféricas, enfoque diferencial, ética ciudadana y pública, mantener el legado de la Comisión.
Los propósitos de la Comisión debería ser también los del país: ampliar los hallazgos, proseguir los ejercicios de memoria y verdades —ojalá con reconocimientos y perdones—, y discutir y decantar sus propuestas para evitar la repetición de tragedias similares.
El Colombiano, 24 de julio
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