Hace un par de meses, en un foro convocado por la Universidad del Rosario, defendí la propuesta de renta básica universal para afrontar las consecuencias sociales de la cuarentena. Mientras mis contertulios guardaban silencio, en el foro de estudiantes se escuchan comentarios reprobatorios. Ninguna de las dos actitudes me extrañó a pesar de que el objetivo y el mecanismo de la renta básica son antiguos y plurales.
En el año 800, Carlomagno había dictado “que se tenga sumo cuidado con todos los que nos incumben, y que no sean reducidos a la pobreza por nadie” (Capitular De Villis). En Inglaterra, la Carta del Bosque (1217) consagró el usufructo general de la propiedad común. Esos son los principios angulares de la renta básica: el bienestar de todos, sufragado por los bienes de todos. La propuesta, concebida ya, como un ingreso fijo, en efectivo, dado a todos los ciudadanos, es menos vieja. Me gusta subrayar que Frederick Hayek fue uno de sus mentores.
Cristianos, socialistas, liberales, pensadores y gobernantes de todo tipo han defendido esta idea a lo largo de los siglos. Y, sin embargo, el rechazo entre la gente común y los economistas ha sido generalizado. Hasta hoy. En medio de la crisis de 1999, la propuse para Colombia a través de un par de libros y varias conferencias sin obtener receptividad alguna. Hoy está siendo aceptada: se acaba de aprobar en España; preguntado al respecto, el director de Anif dijo que “es una medida que se debe tomar, porque es positiva desde todo punto de vista” (“El aislamiento como estrategia se está agotando, Santamaría”, El Colombiano, 14.06.20).
La renta básica consiste en que cada ciudadano colombiano, mayor de edad, reciba una cantidad de dinero, por el solo hecho de respirar. Es un derecho que se deriva de la obligación que tiene el estado de no dejar caer en la miseria a nadie y del derecho que cada uno tiene de beneficiarse de los recursos que pertenecen a la nación. La sociedad contemporánea genera pobreza artificial y no es capaz de garantizar el pleno empleo; ya el trabajo duro y honrado no es antídoto contra el hambre y la exclusión.
Además de sus ventajas éticas y sociales, la renta básica es eficiente. La renta básica no necesita intermediarios, encuestas, estudios ni administradores. La eliminación de casi todos los costos de transacción y del control político es, también, una barrera contra la corrupción y el clientelismo. La renta básica también ayudaría a restañar los problemas de legitimidad de las instituciones públicas, creando un nexo material entre los ciudadanos y el estado.
Es fácilmente financiable. Basta con desmontar la mayoría de los subsidios existentes y concentrar los recursos en su aplicación; súmele el rubro oculto de la corrupción y sobraría dinero para fondear una propuesta como la del senador Iván Marulanda.
El Colombiano, 21 de junio
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