Entre los cambios de actitud de la generación del milenio —los nacidos entre 1981 y 2000— uno de los más notables tiene que ver con el objeto de las demandas ciudadanas. Según un estudio reciente, los milénicos esperan más contribuciones sociales por parte de las empresas (The Economist, 03.19). Los miembros de las generaciones anteriores esperamos más del Estado. Esta tensión no es nueva. La crisis del Estado de Bienestar mostró que el Estado moderno podía fracasar tanto por exceso como por defecto.
La discusión sobre las contribuciones de las empresas es un poco más antigua. Antes de que emergiera la llamada “cuestión social” el enfoque dominante era que las empresas solo se debían a sus propietarios y que la creación de riqueza por sí misma era una contribución suficiente a la sociedad. La cuestión social marcó las discusiones y los conflictos en Europa en el siglo XIX: los políticos radicales, los sindicatos y la Iglesia católica confluyeron en la visión de que las empresas tenían obligaciones especiales con los trabajadores y sus familias. Esta controversia encontró una solución exitosa en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, hace 100 años (un centenario que no debería pasarse por alto) y, en Colombia, con la legislación laboral de Ospina Pérez y el invento de las cajas de compensación.
Cuando comenzó la ilusión liberal, tras las reformas radicales de Thatcher y el colapso soviético, el concepto de responsabilidad social empresarial adquirió especial fuerza. La idea básica es un desarrollo de la convicción de que las condiciones del entorno inmediato de la empresa son un factor crítico para su sostenibilidad y eficiencia. En otras palabras, invertir en el bienestar de las comunidades con las que se comparte localización y sociabilidad se revierte positivamente en los rendimientos. Ignoro balances del impacto de esta estrategia; lo cierto es que el resultado global es poco halagüeño: una brecha social más grande y más gente más inconforme.
Una idea que debería adquirir relevancia en el corto plazo les pide a las empresas que jueguen un papel significativo en el cambio social. No estamos hablando del cambio en los niveles macro de la sociedad y las instituciones públicas. Se trata del cambio en el comportamiento micro, no individual, de grupos de personas como empleados, proveedores, quizá clientes. Las organizaciones pueden y deben orientar el cambio comportamental de quienes conforman sus grupos de interés; pueden y deben hacerlo respetando las libertades individuales y mostrando, a la vez alternativas razonables y compatibles con diversos estilos de vida. Sobre este tema, la profesora Cristina Bicchieri compartió sus tesis con grupos interesados de Sura, Comfama y la Universidad Eafit. El subtítulo de su libro es elocuente: “Cómo unas pocas personas pueden cambiar los comportamientos de toda una sociedad”. Con menos plata, más intención, mejores ideas, quizás haya mejores resultados.
El Colombiano, 31 de marzo
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