Se sabía

Cuando era evidente para los expertos —hace cuatro años— que el acuerdo con las Farc se produciría, el general Óscar Naranjo dijo en Eafit, en un seminario sobre los retos del posconflicto, que la prioridad del Estado debía ser el copamiento de los territorios con mayor impacto de la desmovilización guerrillera y la garantía de la seguridad para los ciudadanos de esas regiones del país.

Poco después, durante el acompañamiento que la Universidad Eafit le brindó al sector empresarial, el profesor Mauricio Uribe mostró un cuadro sintético de las características de los procesos posteriores a los acuerdos de paz. Una de ellas era la violencia, la paz —aunque suene contradictorio— ha sido violenta en la experiencia contemporánea. Mantener la guardia en alto y llevar el Estado a las regiones, debía constituir la primera obligación de la autoridad central.

Hace un año, tuve la oportunidad de escuchar los planteamientos del comandante de las fuerzas armadas general Alberto José Mejía explicando el diagnóstico que llevó a la formulación de la llamada “Doctrina Damasco”. La idea básica era que, con el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, el consiguiente incremento del narcotráfico y la persistencia de diversos grupos armados ilegales, nuestra perspectiva era la de una paz inestable.

Así que cuando cada día se suman casos de asesinatos de líderes sociales, termina el año y el balance muestra que el homicidio se incrementó en el país (4%) por primera vez en ocho años (“¿Hubo retroceso en la prevención de homicidios en el país?”, El Espectador, 04.01.19) y luego se da el ataque terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander, puede haber dolor y quejas pero no sorpresa. Todo eso, sin números ni nombres exactos, se sabía que podía ocurrir.

En contra de los que algunos han sugerido, esta situación no deviene de los acuerdos entre las Farc y el Estado colombiano. Por el contrario, es el resultado combinado de la incapacidad estructural del Estado para asegurar a la población y del incumplimiento estatal de los compromisos firmados en el Teatro Colón. Las Farc, en lo fundamental, han cumplido. Su reproche a la masacre de los cadetes reitera su compromiso con la civilidad (“Farc condena carrobomba en la Escuela General Santander en Bogotá”, El Tiempo, 17.01.19).

Lo cierto es que hubo gran negligencia del gobierno Santos en la implementación de los acuerdos y poco de eso ha cambiado en el gobierno Duque; solo lleva seis meses, es cierto, pero la mera nómina de responsables nombrados en el tema no augura eficacia en el cumplimiento de esas tareas. Las cosas se pueden enderezar. El Estado está en mejores condiciones que antes para hacerlo y el desafío de los grupos armados ilegales es el menos significativo de los últimos cuarenta años. Pero Duque tiene que hacer replanteamientos serios tanto estratégicos como diplomáticos.

El Colombiano, 27 de enero