La ley contra la legalidad

Aunque en Colombia nadie rechaza la idea de que uno de los fundamentos del Estado es el imperio de la ley, son muy pocos los que le prestan real atención. En las pasadas elecciones, el candidato que levantó la bandera de la cultura de la legalidad fue señalado por tirios y troyanos de “no decir nada”, mientras gran parte de las campañas se basaban en la práctica del “todo vale”. En manos del presidente Santos las cosas, en materia de imperio de la ley, empeoraron. Al menos eso dicen los Worldwide Governance Indicators. En el ítem rule of law —uno de los seis indicadores— Colombia bajó seis puntos entre 2011 y 2016. Tenemos un índice más bajo que Brasil y Panamá, superamos a Ecuador y Perú pero allá subió el puntaje. Mirando nuestros vecinos terrestres solo queda el triste consuelo de superar a Venezuela donde, según el WGI, el imperio de la ley es cero.

La historia y la teoría política han expuesto las distintas formas que impiden que la legalidad estatal cubra a todos los miembros de una comunidad política. Aún no he visto una descripción contundente de una de las maneras más paradójicas de socavar el imperio de la ley: la de expedir leyes. Una manera típica en Colombia.

Como se sabe, en Colombia el tamaño de la actividad económica y social que no se rige por la legislación positiva es cercano al 50%. A eso le llamamos informalidad. Y mientras los expertos consideran que la formalización es una prioridad para el país, el Estado se dedica a hacer más abundantes, sofisticados y onerosos los códigos. Nadie ha observado que el flamante ingreso del país a la Ocde representa un salto jurídico que hará más difícil cumplir las exigencias legales en distintas actividades y ampliará la brecha entre el sector formal y el informal. Un penthouse en medio de un asentamiento tugurial, para recordar la metáfora que usó el novelista Carlos Fuentes cuando México ingresó al Nafta.

La manía legislativa del ejecutivo y del congreso ha explotado en este siglo. Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos expidieron cerca de cinco mil decretos, cifra que duplica el acumulado total desde Olaya Herrera en 1930 hasta Andrés Pastrana en 2002. La hiperregulación en la sociedad ha hecho que la demanda de abogados y administradores crezca desmesuradamente mientras el desarrollo precisa más ingenieros, maestros, humanistas y científicos.

Se olvida, además, que el cumplimiento individual de la ley se basa en un adiestramiento, en introyección del aprendizaje normativo, contra lo que atenta el cambio permanente de las reglas. Ahora cambiaron el pasaporte, que yo recuerde la cuarta vez en mi vida. Cifra parecida a los países de Europa del Este. Solo que allá las razones del cambio fueron una revolución, dos secesiones, un cambio de nombre del Estado.

El Colombiano, 22 de julio