Solo la política da garantías

Al fin la Corte Constitucional se pronunció sobre el proyecto de ley estatutaria que regula el llamado “Plebiscito para la paz”. Lo hizo el pasado 18 de junio a través de un comunicado que da cuenta de lo resuelto en la sentencia C-379 de 2016. Y lo hizo siguiendo la tradición del tribunal, esto es, sin entorpecer los propósitos expresos que materializan la voluntad política en un momento dado. Como cuando le dio paso a la reelección de Álvaro Uribe.

Para hacerlo, la Corte ignoró las normas constitucionales que dicen que el Presidente es Jefe del Estado y que le asigna las decisiones sobre la guerra y la paz. Si las hubiera atendido el plebiscito habría muerto o se habría reducido a una consulta no vinculante, despojándolo de todo interés y toda tensión, y condenándolo a ser un ejercicio inocuo. Prefirió resaltar el principio de la división de poderes y con ello les dio espacio y tiempo a los partidos políticos, y se los dio a sí misma, para seguir interviniendo en el futuro sobre el curso de la implementación de los acuerdos.

Concentró toda la responsabilidad por el acuerdo en el Ejecutivo, no solo en el presidente Santos sino en sus sucesores: “El Gobierno Nacional, con independencia de quien sea el mandatario, ejerce un poder cuyo único titular es el pueblo; por tanto, debe atenerse a lo resuelto en la consulta plebiscitaria”, dijo la Presidente de la Corte (“Sea cual sea el gobierno, debe acatar mandato del plebiscito”, El Tiempo, 24.07.16). Un enredo, pues los ciudadanos también elegirán al próximo presidente y, probablemente, con más votos que el que puede obtener el “Sí”.

El país terminó metido en este vericueto porque las Farc tienen una desconfianza absoluta en el sistema político –algo contradictorio con su decisión de reincorporarse a la vida civil– y porque los funcionarios del gobierno consideraron necesario abundar en previsiones frente a las dudas de la comunidad justiciera internacional. Lo único cierto es que no existen blindajes jurídicos y que tal idea proviene del talante barroco y legalista que perdura entre nosotros. (Nadie ha caído en cuenta que la palabra blindaje muestra cómo el léxico militar sigue impregnando nuestra vida.)

Las únicas garantías ciertas provienen del ejercicio de la política. Para empezar, es importante un acuerdo con la oposición. Santos le mandó una carta a Uribe el pasado 10 de julio que no tiene respaldo en una línea de conducta y Uribe se ha olvidado del largo plazo, en contra de consejos como el de Plinio Mendoza de que se concentre en el 2018 (“Hay que doblar la página”, El Tiempo, 30.06.16). Pero lo crucial es que el próximo presidente, y la sociedad toda, muestren un compromiso serio con las implicaciones del acuerdo de La Habana.

El Colombiano, 31 de julio