Un paro

En el país de las confusiones, los empresarios del trasporte de carga se asumen como movimiento social y el sabotaje en las carreteras como protesta o paro. Dan lo mismo los indígenas que bloquean la carretera panamericana por un problema de tierras con palos y piedras, que los señores que atraviesan fierros que cuestan varias decenas de millones de pesos para evitar que circulen las mercancías por las carreteras colombianas. Los resentidos de gran ciudad creen que los únicos perjudicados son los industriales y, por ello, se desentienden del asunto o le simpatizan en secreto.

Hace más de tres décadas Jesús Antonio Bejarano (1946-1999) –quien sigue haciendo falta después de haber sido asesinado por las Farc– intentó introducir en Colombia el debate sobre los grupos de presión, mostrando las diferencias entre estos y los sindicatos. El tema, que yo sepa, sigue casi virgen. Los estudios sobre movimientos sociales son marginales en el país y, en cualquier caso, carecemos de una teorización que nos permita analizar, tipificar y clasificar las distintas formas de organización social y desobediencia a la autoridad. Se trata de un daño colateral del ocaso de la sociología en Colombia. Y eso que Andrés Oppenheimer vino a proponernos acabar con las humanidades y las artes (“América Latina necesita menos poetas y más técnicos y científicos”, El Tiempo, 03.07.16).

No creo que se necesite mucha tinta ni mucho seso para entender las diferencias entre una organización social y un gremio. Los gremios son asociaciones de empresarios y a esa categoría pertenece la Asociación Colombiana de Camioneros, en cuya razón social debe entenderse que no es camionero el conductor sino el dueño que lo es, usualmente, de varios vehículos. También hay que ver qué es un paro. Siempre la literatura clásica sobre movimientos sociales entendió que los ceses de actividades eran acciones voluntarias. Pero lo que vemos en las carreteras colombianas tiene poco de eso, pues gran parte del paro es forzoso. Se parece más a una actividad de sabotaje.

La última confusión es evaluativa. En el país pasamos del extremo de considerar que toda protesta era subversiva y lesiva para el Estado de derecho a creer que toda protesta es legítima. Se trata de un sofisma. No toda protesta es legítima. Hay que evaluar sus propósitos y motivaciones, los medios a través de los cuales se desarrolla y las consecuencias que tiene respecto del interés público, que por definición es superior a cualquier interés sectorial. Sin mirar los objetivos de los trasportadores, está claro que los medios que están usando son violentos y que están afectando a la población de los municipios más pobres que se están quedando sin provisiones.

Queda el gobierno que instauró la idea de que todas las relaciones y los conflictos sociales del país se resuelven con plata o con promesas de plata. ¡Mercader!

El Colombiano, 17 de julio.