Comisión Histórica: Gustavo Gallón

El informe de Jorge Giraldo para la CHVC

Gustavo Gallón
El Espectador, 28 de octubre de 2015

“Cualquier acuerdo para la terminación de la guerra será más sólido mientras mejor trate de entender nuestro drama desde una perspectiva colectiva, y mientras más respeto guarde por los que han sufrido”.

Con esta apertura mental e invitación a la concordia termina el informe del profesor Jorge Giraldo para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por el Gobierno y las Farc. Qué valioso habría sido que el resto de su texto se hubiera trabajado con tal sabiduría y cautela.

En su opinión, el conflicto armado en Colombia habría persistido por la debilidad del Estado, y “la extraordinaria longevidad del mismo” se debería a su mezcla con el narcotráfico. Siendo un punto de vista respetable, su escrito no lo desarrolla con maestría.

Esa debilidad del Estado la atribuye en primer lugar a lo que considera como el escaso tamaño de la fuerza pública. En sus palabras, “la élite gobernante se autoinhibió para enfrentar la insurgencia guerrillera” al haber delegado “a los militares toda la responsabilidad para enfrentarse con un fenómeno de naturaleza estrictamente política, como es la guerra civil revolucionaria”. Ordinariamente dicha delegación ha sido interpretada como una cesión de poder al Ejército, en desmedro de la democracia. Ha dado lugar a cierta militarización del Estado y a graves abusos, incrementando así los motivos de la guerra, según documentados informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana sobre la situación de derechos humanos en Colombia. La fuerza pública está integrada por 450.000 efectivos, 100 mil más que en Brasil, cuya población es cuatro veces superior. El gasto militar en nuestro país representa el 3,5 % del PIB, tres veces más que en Brasil, según el Banco Mundial.

Acontecimientos bélicos notorios brillan por su ausencia en este ensayo. Si bien se advierte allí que en 1965 hubo una importante reforma laboral, no se menciona que simultáneamente se bombardeó a Marquetalia, ni que ese año se expidió el Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional mediante el decreto 3398, que autorizó a los militares para crear grupos paramilitares e introdujo nociones claves de la Doctrina de Seguridad Nacional en las fuerzas armadas. La relación entre éstas y los paramilitares sólo aparecería con la vinculación de Rodríguez Gacha a la actividad anticomunista a mediados de los años 80: “desde ese momento en adelante, miembros de la fuerza pública participaron en las redes logísticas y operativas de estos núcleos privados contrainsurgentes”, según Giraldo.

Un segundo componente de esa debilidad del Estado sería la baja inversión en infraestructura vial. Y un tercer componente, la baja tributación, que privaría al Estado de suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones. Ciertamente esos son dos problemas nacionales, pero su relación de causa a efecto con el conflicto armado no es evidente, y el informe no la demuestra.

Mucha gente en el país, mal informada y sin rigor analítico, puede tener una visión similar. Sin proponérselo, este informe hace visible ese hecho y pone de presente que hace falta divulgar más información y propiciar más reflexión sobre nuestro conflicto armado para construir la paz. Gracias, profesor Giraldo.

*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)