No son pocos los foros en los que planteé en el último año que el acuerdo entre las Farc y el gobierno nacional era un hecho. Las condiciones militares, políticas y diplomáticas así lo insinuaban. El peor escenario para los dirigentes políticos, empresariales y sociales del país es pensar en lo contrario pues la transición prevista desde la firma de los acuerdos durará diez años, según lo previsto hasta ahora.
Los anuncios del 23 de septiembre pasado suponen la verificación fáctica de aquel pronóstico. Por desatención o agudeza, los titulares de la edición gringa de CNN anunciaron la firma del acuerdo de paz el jueves 24. El apretón de manos entre Santos y Timochenko, así como la fijación de una fecha para el acuerdo final en marzo del próximo año, simbolizan la entrada en la fase final de la negociación. El fin del fin.
Como se suscribió en La Habana hace tres años, el objetivo del acuerdo es la terminación del conflicto armado entre las Farc y el Estado colombiano. Nada más y nada menos. Nada más porque el fin definitivo de las hostilidades con la guerrilla más feroz y obstinada del país no significa que en abril próximo Colombia vaya a ser Suiza. Nada menos porque la primera condición de una sociedad bien ordenada es el silencio de los fusiles.
El experto peruano Carlos Basombrío lo dijo en un seminario en la Universidad Eafit: no es lo mismo una sociedad con guerra que sin guerra. Esta banalidad se le olvida a muchos. Recuerdo que hace quince años un campesino del Putumayo dijo, cuando se le preguntó qué era lo que más deseaba, que lo único que pedía era que lo dejaran tranquilo. En las ciudades y regiones pacificadas hace rato, este dato es subestimado por algunos.
La justicia transicional no es justicia ordinaria ni justicia penal. Las líneas gruesas acordadas en Cuba representan un logro importante. Los crímenes de lesa humanidad serán juzgados y generarán condenas; habrá restricciones a la libertad durante tiempos iguales a los que se definieron para las autodefensas y paramilitares durante la administración de Álvaro Uribe. Del mismo modo, quienes no se acojan a la justicia transicional podrán ser juzgados bajo la legislación ordinaria con penas que pueden llegar a los veinte años de prisión.
La justicia transicional siempre es justicia política. Abogados y organismos internacionales han tratado de codificarla, pero no se puede. Siempre depende de la posición de la opinión pública, de los interlocutores, de la correlación de fuerzas, del contexto internacional. No conocemos todavía las setenta páginas que, se dice, tiene el acuerdo, pero creo que lo alcanzado es bueno y, quizá, lo mejor dentro de lo posible. En abril nacerán criaturitas colombianas para las cuales las Farc solo serán una pesadilla de sus padres y abuelos.
El Colombiano, 27 de septiembre.
Un sitio sobre filosofía práctica, cultura popular y política
lunes, 28 de septiembre de 2015
jueves, 24 de septiembre de 2015
Ahora hay que ganar la paz
Este 23 de septiembre no solo marcó el punto de no retorno en la negociación iniciada hace tres años para poner fin al conflicto entre las Farc y el Estado colombiano, sino que también sirvió de hito para fijar el término de los diálogos. De esta manera, la prolongada escena habanera entra en la fase final que se coronará –podemos decirlo con más certeza– con un acuerdo.
Sin dudas, la culminación de los acuerdos sobre el punto cinco de la agenda –conocido como el de víctimas– marcaba el principal obstáculo para las partes. Para el Estado colombiano porque la jurisprudencia nacional e internacional impide la aplicación de la vieja fórmula de amnistía e indulto. Para las Farc, porque las condiciones de justicia comprometen existencialmente a los mandos de la guerrilla y simbólicamente su representación como agentes colectivos del drama colombiano. Para la sociedad, porque la idea de un acuerdo sin alguna aplicación de justicia era inaceptable.
Es bueno recordar, que la discusión sobre víctimas era más compleja pues incluía un relato plural como el de la Comisión Histórica, la conformación de una comisión de la verdad y los acuerdos sobre reparación y justicia recientes. Todos han cedido. Ahora es tarea de los líderes políticos y de los formadores de opinión contribuir a que haya una opinión pública comprensiva que ponga entre paréntesis los agravios y se enfoque en las tareas del futuro.
Lo que falta en estos meses ni es poco ni es secundario. Los términos del desarme y la desmovilización nos inquietan, legítimamente, a muchos. El proceso legal e institucional para poner en marcha la implementación de los acuerdos está crudo y tiene muchos inconvenientes. Hay una treintena de pendientes, algunos de ellos cruciales, dentro de los textos ya pactados en La Habana.
El Estado colombiano ganó la guerra hace siete años. Las partes del conflicto, el Estado y las Farc, están a punto de ganar el acuerdo para terminar las hostilidades de manera oficial y definitiva. Falta lo más importante: que la sociedad colombiana toda, sin exclusiones, sepa ganar la paz. El reto es enorme y nadie deberá desentenderse de él. No será tarea exclusiva del gobierno, ni de la fuerza desmovilizada.
Tenemos un acumulado que a menudo se ha desdeñado. Las experiencias de los acuerdos de paz desde 1989 hasta la desmovilización paramilitar de 2005. Los laboratorios de paz en el Oriente antioqueño, el Magdalena Medio, Urabá y Córdoba, y otras regiones. Los procesos de retorno, desminado y atención a las víctimas. Tenemos una gran experiencia atendiendo las contingencias de los desastres naturales en el Ruiz, Armenia, Páez o las inundaciones del 2011. Si Bogotá mira a las regiones en lugar de ponerse a inventar fórmulas, aprovecharemos nuestro pasado reciente.
El 23 de septiembre será un día importante en la historia contemporánea del país. Llegó la hora de probar que podemos ganar la paz como en 1821, 1904 y 1958. Pero ahora tendrá que ser una tarea más incluyente y trasformadora.
El Colombiano, 24 de octubre.
Sin dudas, la culminación de los acuerdos sobre el punto cinco de la agenda –conocido como el de víctimas– marcaba el principal obstáculo para las partes. Para el Estado colombiano porque la jurisprudencia nacional e internacional impide la aplicación de la vieja fórmula de amnistía e indulto. Para las Farc, porque las condiciones de justicia comprometen existencialmente a los mandos de la guerrilla y simbólicamente su representación como agentes colectivos del drama colombiano. Para la sociedad, porque la idea de un acuerdo sin alguna aplicación de justicia era inaceptable.
Es bueno recordar, que la discusión sobre víctimas era más compleja pues incluía un relato plural como el de la Comisión Histórica, la conformación de una comisión de la verdad y los acuerdos sobre reparación y justicia recientes. Todos han cedido. Ahora es tarea de los líderes políticos y de los formadores de opinión contribuir a que haya una opinión pública comprensiva que ponga entre paréntesis los agravios y se enfoque en las tareas del futuro.
Lo que falta en estos meses ni es poco ni es secundario. Los términos del desarme y la desmovilización nos inquietan, legítimamente, a muchos. El proceso legal e institucional para poner en marcha la implementación de los acuerdos está crudo y tiene muchos inconvenientes. Hay una treintena de pendientes, algunos de ellos cruciales, dentro de los textos ya pactados en La Habana.
El Estado colombiano ganó la guerra hace siete años. Las partes del conflicto, el Estado y las Farc, están a punto de ganar el acuerdo para terminar las hostilidades de manera oficial y definitiva. Falta lo más importante: que la sociedad colombiana toda, sin exclusiones, sepa ganar la paz. El reto es enorme y nadie deberá desentenderse de él. No será tarea exclusiva del gobierno, ni de la fuerza desmovilizada.
Tenemos un acumulado que a menudo se ha desdeñado. Las experiencias de los acuerdos de paz desde 1989 hasta la desmovilización paramilitar de 2005. Los laboratorios de paz en el Oriente antioqueño, el Magdalena Medio, Urabá y Córdoba, y otras regiones. Los procesos de retorno, desminado y atención a las víctimas. Tenemos una gran experiencia atendiendo las contingencias de los desastres naturales en el Ruiz, Armenia, Páez o las inundaciones del 2011. Si Bogotá mira a las regiones en lugar de ponerse a inventar fórmulas, aprovecharemos nuestro pasado reciente.
El 23 de septiembre será un día importante en la historia contemporánea del país. Llegó la hora de probar que podemos ganar la paz como en 1821, 1904 y 1958. Pero ahora tendrá que ser una tarea más incluyente y trasformadora.
El Colombiano, 24 de octubre.
lunes, 21 de septiembre de 2015
Elecciones y no repetición
Uno de los elementos críticos de la justicia transicional es el de no repetición. La no repetición se concibe –según la Unidad de Víctimas– como las “acciones, medidas y procesos encaminados a evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, generar cambios en el funcionamiento de las instituciones, transformar factores estructurales de la violencia y lograr una incidencia positiva en la cultura política, con el fin de fortalecer la política de prevención general”.
En términos generales, y muy vagos, se concibe que la fortaleza de las instituciones, el cumplimiento la ley, la garantía de los derechos y la atención a las víctimas son instrumentos que permiten predecir que los daños y las vulneraciones de un pasado cercano y violento no van a volver a ocurrir. Como suele pasar con nuestras visiones legalistas, rara vez se conecta este tema con la permanencia de organizaciones, colectivos y personas en posiciones desde las cuales pueden seguir lastimando a la población.
Hace poco (31 de julio de 2015), la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá produjo una sentencia que se sale de esta rutina y hace un llamado a las autoridades a tomar medidas concretas para evitar que la población victimizada en el conflicto armado siga sufriendo atropellos desde los cargos de representación pública. La sentencia se dio en un caso contra dos miembros de grupos paramilitares en el Magdalena y el magistrado ponente fue Eduardo Castellanos Roso.
La sentencia usa el concepto “maquinaria política” para significar que “familiares y antiguos coequiperos de personas condenadas por concierto para delinquir agravado se siguen presentando a elecciones”, con el “propósito común de ganar elecciones para ocupar cargos públicos y acceder a las rentas del Estado, sin tener en cuenta consideraciones de tipo programático, ideológico o partidista” (pp. 694-695). Y pone el ejemplo de hijos, hermanos o “asesores de confianza” de personas condenadas por parapolítica u otros delitos graves que remplazan a los condenados en las listas electorales.
La sentencia considera que el triunfo de maquinarias políticas asociadas a personas condenadas por hechos relacionados con el conflicto armado y la extensa victimización de la población, amenaza las garantías de no repetición. Además, “exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que… informe si la permanencia en cargos públicos de familiares, amigos o antiguos funcionarios públicos que trabajaron de la mano de personas condenadas por auspiciar grupos armados ilegales, haya podido obstaculizar el cumplimiento de la normatividad de Justicia Transicional”.
No sé si la fiscalía hará algo. Pero los ciudadanos sí debemos actuar. En Antioquia hay más de una docena de políticos condenados que tienen sus maquinarias andando. Por otro lado, ¿Luis Pérez, el alcalde de la Operación Orión y de La Escombrera, es una garantía de no repetición en la gobernación?
El Colombiano, 20 de septiembre.
En términos generales, y muy vagos, se concibe que la fortaleza de las instituciones, el cumplimiento la ley, la garantía de los derechos y la atención a las víctimas son instrumentos que permiten predecir que los daños y las vulneraciones de un pasado cercano y violento no van a volver a ocurrir. Como suele pasar con nuestras visiones legalistas, rara vez se conecta este tema con la permanencia de organizaciones, colectivos y personas en posiciones desde las cuales pueden seguir lastimando a la población.
Hace poco (31 de julio de 2015), la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá produjo una sentencia que se sale de esta rutina y hace un llamado a las autoridades a tomar medidas concretas para evitar que la población victimizada en el conflicto armado siga sufriendo atropellos desde los cargos de representación pública. La sentencia se dio en un caso contra dos miembros de grupos paramilitares en el Magdalena y el magistrado ponente fue Eduardo Castellanos Roso.
La sentencia usa el concepto “maquinaria política” para significar que “familiares y antiguos coequiperos de personas condenadas por concierto para delinquir agravado se siguen presentando a elecciones”, con el “propósito común de ganar elecciones para ocupar cargos públicos y acceder a las rentas del Estado, sin tener en cuenta consideraciones de tipo programático, ideológico o partidista” (pp. 694-695). Y pone el ejemplo de hijos, hermanos o “asesores de confianza” de personas condenadas por parapolítica u otros delitos graves que remplazan a los condenados en las listas electorales.
La sentencia considera que el triunfo de maquinarias políticas asociadas a personas condenadas por hechos relacionados con el conflicto armado y la extensa victimización de la población, amenaza las garantías de no repetición. Además, “exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que… informe si la permanencia en cargos públicos de familiares, amigos o antiguos funcionarios públicos que trabajaron de la mano de personas condenadas por auspiciar grupos armados ilegales, haya podido obstaculizar el cumplimiento de la normatividad de Justicia Transicional”.
No sé si la fiscalía hará algo. Pero los ciudadanos sí debemos actuar. En Antioquia hay más de una docena de políticos condenados que tienen sus maquinarias andando. Por otro lado, ¿Luis Pérez, el alcalde de la Operación Orión y de La Escombrera, es una garantía de no repetición en la gobernación?
El Colombiano, 20 de septiembre.
lunes, 14 de septiembre de 2015
Refugiados
En 1972, Giorgos Dalaras –quien ha llegado a ser el cantante popular más importante de Grecia– grabó el disco Asia Menor. Una obra con letras de Pitágoras (no el filósofo) y música de uno de los más importantes compositores helenos, Apostolos Kaldaras. Tuve la oportunidad de conocer, y obtener, la bella edición de 2004 con textos en griego e inglés, gracias a un amigo de ese país. Los once cortes del disco hablan de la Catástrofe; la expulsión de los griegos que vivían en Turquía. Hubo millón y medio de desplazados y más de 300 mil griegos muertos. Pero no es de música que quiero hablar.
El ingente desplazamiento forzado hacia Europa, que ya supera cualquier fenómeno parecido después de la Segunda Guerra Mundial, se produce por las líneas de confrontación entre musulmanes y cristianos en África, y entre musulmanes en Oriente Medio. Europa es el centro de convergencia de los refugiados y de los mercaderes de personas que pueden haber ganado 160 mil millones de euros en el último lustro, según DW. En América, el mercado de migrantes a Estados Unidos mueve 12 mil millones de dólares al año, según la OIT. Pero no es de negocios que quiero hablar.
Las mafias de trata de personas son la última parte de la cadena de esta movilización de muchedumbres. En el comienzo de la cadena están las guerras y los abusos de gobiernos autoritarios. En América, las guerras de Centroamérica y los Andes y las dictaduras del Cono Sur expulsaron a millones de personas desde hace cuatro décadas. Estos casos fueron sistemáticos y poco deliberados. También los hubo episódicos y deliberados como la expulsión de ciudadanos indeseables por parte del régimen castrista de Cuba en los eventos conocidos como Camarioca en 1965 (entre 3 y 5 mil expulsados) y Mariel en 1980 (125 mil). Tal vez allí aprendió Nicolás Maduro como desplazar colombianos. Pero no es de política que quiero hablar.
Basta sentarse con un poco de atención a mirar las imágenes que ofrece la televisión internacional, las fotografías, a escuchar los testimonios de los refugiados. Basta releer la letra del cuarto corte del disco de Dalaras: “ser un refugiado es incluso más amargo que la muerte”. Y después, escuchar a quienes justifican el desplazamiento. Nadie en Colombia había justificado el desplazamiento forzado hasta que la Marcha Patriótica y algunos grupitos que se proclaman de izquierda salieron a decir que Maduro estaba en lo cierto y que había procedido correctamente. No es música, ni negocios, ni política, es humanidad. Dirigentes políticos que no conocen la compasión porque no les importan las personas y a quienes no les interesa saber que el arraigo es una necesidad profunda de los seres humanos (Simone Weil).
“En el lugar donde debería estar el padre, está la madre buscando a sus hijos”.
El Colombiano, 13 septiembre
El ingente desplazamiento forzado hacia Europa, que ya supera cualquier fenómeno parecido después de la Segunda Guerra Mundial, se produce por las líneas de confrontación entre musulmanes y cristianos en África, y entre musulmanes en Oriente Medio. Europa es el centro de convergencia de los refugiados y de los mercaderes de personas que pueden haber ganado 160 mil millones de euros en el último lustro, según DW. En América, el mercado de migrantes a Estados Unidos mueve 12 mil millones de dólares al año, según la OIT. Pero no es de negocios que quiero hablar.
Las mafias de trata de personas son la última parte de la cadena de esta movilización de muchedumbres. En el comienzo de la cadena están las guerras y los abusos de gobiernos autoritarios. En América, las guerras de Centroamérica y los Andes y las dictaduras del Cono Sur expulsaron a millones de personas desde hace cuatro décadas. Estos casos fueron sistemáticos y poco deliberados. También los hubo episódicos y deliberados como la expulsión de ciudadanos indeseables por parte del régimen castrista de Cuba en los eventos conocidos como Camarioca en 1965 (entre 3 y 5 mil expulsados) y Mariel en 1980 (125 mil). Tal vez allí aprendió Nicolás Maduro como desplazar colombianos. Pero no es de política que quiero hablar.
Basta sentarse con un poco de atención a mirar las imágenes que ofrece la televisión internacional, las fotografías, a escuchar los testimonios de los refugiados. Basta releer la letra del cuarto corte del disco de Dalaras: “ser un refugiado es incluso más amargo que la muerte”. Y después, escuchar a quienes justifican el desplazamiento. Nadie en Colombia había justificado el desplazamiento forzado hasta que la Marcha Patriótica y algunos grupitos que se proclaman de izquierda salieron a decir que Maduro estaba en lo cierto y que había procedido correctamente. No es música, ni negocios, ni política, es humanidad. Dirigentes políticos que no conocen la compasión porque no les importan las personas y a quienes no les interesa saber que el arraigo es una necesidad profunda de los seres humanos (Simone Weil).
“En el lugar donde debería estar el padre, está la madre buscando a sus hijos”.
El Colombiano, 13 septiembre
domingo, 13 de septiembre de 2015
La tercera realidad
Los textos que se reúnen en este libro tienen como trasfondo la historia colombiana entre 1994 y 2014, y reflejan una parte de las discusiones nacionales sobre paz y reconciliación, derechos humanos y derecho humanitario. Son textos disidentes: contra el guerrerismo y el pacifismo ingenuos; contra la laxitud del Estado respecto a los límites de los actos legítimos de la fuerza pública y contra la violencia guerrillera ensañada con los más humildes; contra el espíritu reaccionario que detesta los derechos humanos y contra los que los usaron como un instrumento arrojadizo en medio de la niebla de la guerra.
Estas variadas disidencias, ejercidas durante veinte años por el autor, pueden ayudar a iluminar algunas de las tensiones que se avecinan. Aún en medio de la guerra, hay que tratar de mantener presente el horizonte de la democracia y de la reconciliación para que pueda darle forma a la manera de conducir las hostilidades, a los intentos de solución negociada y a las medidas posteriores a los eventuales acuerdos.
Conversación del autor con el periodista Daniel Rivera
Fecha y hora: lunes 14 de septiembre de 2015, 8:00 p.m.
Lugar: Salón Humboldt, Jardín Botánico de Medellín
lunes, 7 de septiembre de 2015
Diplomacia descosida
La crisis, ya crónica, con nuestros vecinos es uno de los casos particulares de la ineficiencia del gobierno nacional. La malicia política de Santos fracasó estruendosamente al pagarle a Ernesto Samper los favores recibidos en su campaña reeleccionista con su postulación para que fuera nombrado Secretario de Unasur para ayudarle a superar su condición de paria internacional, darle todas las garantías a los países del Alba y acabar de hundir a Colombia.
En Colombia los más ingenuos creyeron que una política de guante de seda funcionaría con dirigentes ideologizados como Rafael Correa o Nicolás Maduro o con simples corruptos como Diosdado Cabello o Daniel Ortega. Y confundieron la calma chicha con las buenas relaciones diplomáticas. La canciller se sonríe con sus pares de los países vecinos mientras ellos cada que pueden mandan dentelladas a la yugular colombiana.
La calamidad humanitaria en la frontera con Venezuela es el resultado de una mala política exterior. Santos está –hoy por hoy innecesariamente– hipotecado a Maduro al ponerlo como garante de las negociaciones con las Farc en La Habana. No le han dicho que el acuerdo, que esperamos, ya no necesita a los venezolanos, y el plato roto lo están pagando los residentes colombianos en Venezuela y las gentes que viven en la frontera.
Correa se había calmado con Colombia porque el gobierno le hizo concesiones a raíz de las quejas ecuatorianas por la aspersión aérea en la frontera y porque Colombia gira –me dijo un dirigente ecuatoriano– un millón de dólares mensuales para la atención a los refugiados colombianos en ese país. Como si no aprendiera la lección, se dice que Santos está escogiendo a Ecuador como sede de los diálogos con el Eln y así quedaremos en manos de Correa por unos años más. Ya Correa les pidió a sus compatriotas que no compraran productos en Colombia (El Tiempo, 02.09.15).
Nos quedaba Panamá, pero el año pasado Colombia –por iniciativa del Ministro de Hacienda– quiso meter al istmo en la lista negra de paraísos fiscales. Ahora que Colombia necesitó el voto de Panamá en la Organización de Estados Americanos para convocar una reunión de cancilleres con el fin de discutir la crisis con Venezuela, los panameños se abstuvieron y contribuyeron a la derrota (una más) diplomática del gobierno y del país (La silla vacía, “El factor Panamá, clave en la derrota de la OEA”, 02.09.15).
La política adversarial y beligerante de los dos administraciones de Álvaro Uribe no fue sustituida por una política dialogante sino por una no-política. Seis años de santismo han demostrado que el país carece de una estrategia diplomática y que el gobierno se ha especializado en acumular derrotas. No con las potencias continentales; con Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Panamá. Y sus efectos no son abstractos: pregúntenles a los isleños y a los guajiros.
El Colombiano, 6 de septiembre.
En Colombia los más ingenuos creyeron que una política de guante de seda funcionaría con dirigentes ideologizados como Rafael Correa o Nicolás Maduro o con simples corruptos como Diosdado Cabello o Daniel Ortega. Y confundieron la calma chicha con las buenas relaciones diplomáticas. La canciller se sonríe con sus pares de los países vecinos mientras ellos cada que pueden mandan dentelladas a la yugular colombiana.
La calamidad humanitaria en la frontera con Venezuela es el resultado de una mala política exterior. Santos está –hoy por hoy innecesariamente– hipotecado a Maduro al ponerlo como garante de las negociaciones con las Farc en La Habana. No le han dicho que el acuerdo, que esperamos, ya no necesita a los venezolanos, y el plato roto lo están pagando los residentes colombianos en Venezuela y las gentes que viven en la frontera.
Correa se había calmado con Colombia porque el gobierno le hizo concesiones a raíz de las quejas ecuatorianas por la aspersión aérea en la frontera y porque Colombia gira –me dijo un dirigente ecuatoriano– un millón de dólares mensuales para la atención a los refugiados colombianos en ese país. Como si no aprendiera la lección, se dice que Santos está escogiendo a Ecuador como sede de los diálogos con el Eln y así quedaremos en manos de Correa por unos años más. Ya Correa les pidió a sus compatriotas que no compraran productos en Colombia (El Tiempo, 02.09.15).
Nos quedaba Panamá, pero el año pasado Colombia –por iniciativa del Ministro de Hacienda– quiso meter al istmo en la lista negra de paraísos fiscales. Ahora que Colombia necesitó el voto de Panamá en la Organización de Estados Americanos para convocar una reunión de cancilleres con el fin de discutir la crisis con Venezuela, los panameños se abstuvieron y contribuyeron a la derrota (una más) diplomática del gobierno y del país (La silla vacía, “El factor Panamá, clave en la derrota de la OEA”, 02.09.15).
La política adversarial y beligerante de los dos administraciones de Álvaro Uribe no fue sustituida por una política dialogante sino por una no-política. Seis años de santismo han demostrado que el país carece de una estrategia diplomática y que el gobierno se ha especializado en acumular derrotas. No con las potencias continentales; con Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Panamá. Y sus efectos no son abstractos: pregúntenles a los isleños y a los guajiros.
El Colombiano, 6 de septiembre.
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