En el foro de candidatos a la Alcaldía de Medellín convocado por Fescol, El Espectador y la Universidad Eafit, realizado el pasado 20 de agosto, surgió una propuesta muy importante para la ciudad: la de realizar un pacto por la transparencia. La idea consiste en que los seis aspirantes hagan públicas las fuentes de financiación de sus campañas y los nombres de sus equipos de trabajo, con la intención de darle confianza a la ciudadanía de que no hay nexos con criminales, parapolíticos o personas ligadas a la ilegalidad.
Este tema es crucial para Medellín. Como dijo uno de los candidatos, se pueden discutir prioridades y políticas pero tiene que erigirse una barrera indiscutible entre el crimen y la política. Todos los candidatos expresaron su acuerdo y los organizadores del foro tienen la meta de que se suscriba formalmente.
Las declaraciones de buena voluntad son importantes. No hay que tomarlas con cinismo. Pero el tema no es fácil. Traigo a colación un método que instauró en Medellín un alcalde de infausta memoria que se llama “la apuntada” y que –me dicen– está otra vez en práctica en esta campaña. La apuntada funciona de varios modos. Uno, “financie mi campaña y yo le devuelvo el triple en contratos”. Ya se entiende que contratistas, como el de la Loma de los Balsos, sigan campantes burlándose de los ciudadanos y las administraciones, porque ya se están apuntando para los próximos cuatro años.
El otro sistema es de frente. Ir a la comunidad a firmar un supuesto contrato o pacto por cual el candidato se compromete a poner un columpio en un parque (o poco más) y la comunidad se compromete a votar por él. En este caso el candidato le quita a la persona su condición ciudadana y lo convierte en un cliente, en un pequeño mercachifle que vende sus derechos básicos por cualquier pendejada.
“La apuntada” la usaron los narcotraficantes hace años en varias partes del Valle de Aburrá. Recogían plata entre la gente para mandar mulas a Estados Unidos y Europa con la promesa de devolverles cuatro o cinco veces lo entregado. Muchas personas “de bien” se apuntaron sin preguntar pero sabiendo que era un crimen; unas se embolsillaron su plata y otras la perdieron porque las mulas caen, y se caen más las de los incautos.
Eso es parte de la cultura mafiosa. No hay narcotraficantes, que sepamos, entre los candidatos, pero hay campañas en Medellín y municipios vecinos, y a la Gobernación de Antioquia, que operan con este y muchos otros métodos practicados por la mafia. Cuando un político solo habla con el lenguaje del dinero encuentra unos interlocutores inmediatos que son los mercaderes sin escrúpulos y los criminales. Al lenguaje del dinero tiene que oponérsele el lenguaje ciudadano de la persuasión, la legalidad y la ética.
El Colombiano, 23 de agosto
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