El taxi es una de las principales opciones de trasporte público para cualquier ciudad del mundo. En ciudades sin una red amplia de servicio público constituye prácticamente una necesidad de primer orden. Como servicio público, las empresas de taxis pueden cumplir su función gracias a una delegación del Estado. Como los colegios o los hospitales privados, ni más ni menos.
En el caso colombiano, la regulación de la industria del trasporte es muy compleja e ineficaz. Una de las razones básicas de eso es la cultura de la informalidad que está en el origen y el adn de las empresas y los trabajadores del sector. Esta característica ha hecho que este ramo se convierta en un mercado político, es decir, un mercado en el que no funcionan las leyes del mercado sino un entramado de prebendas, licencias y normas, que garantizan o aumentan las rentas a los empresarios, que se retribuyen con dinero, puestos y favores a los políticos que los representan.
Para muestra la reciente decisión del Ministerio de Transporte que congela el parque de vehículos blancos lo que, automáticamente, abre el mercado de cupos. Esto significa multiplicarles los activos a los actuales propietarios. Eso es un mercado político, subir precios o rentas, solo con lograr una decisión gubernamental a su favor; sin mejorar el servicio ni agregarle valor a la actividad. Esta medida triplicaría el capital, por ejemplo, del principal empresario de taxis de Bogotá (“Uldarico gana por punta y punta con el gobierno”, La silla vacía, 18.03.15). Y sin mover un dedo –o sí, tal vez de cuenta de una llamada telefónica.
En Medellín y Antioquia, la persistencia de este mercado político está generando enormes problemas que las altas autoridades parecen no haber identificado: un cupo de taxi en Medellín cuesta el doble de lo que cuesta el automóvil; el cierre de los cupos ha generado mucha ineficiencia en el sector (pruebe pidiendo un servicio a una empresa a las 7 de la mañana o de la noche).
Estos son los males menores. Los hay mayores. El servicio pirata se ha disparado; El Poblado, el centro y occidente están llenos de acopios ilegales y rutas de colectivos o expresos piratas. Esto es de dominio público, sin que suscite intervención municipal alguna. El manejo de planillas en servicios especiales se ha vuelto complicado y ha incrementado la corrupción en la policía de carreteras. Los conductores ya saben cuándo los agentes están endeudados o tienen que pagar una fiesta de quinces.
La decisión del gobierno nacional de bloquear la entrada de la aplicación Uber es una muestra del poder de los trasportadores, un ataque más contra la libertad de empresa y una exhibición de lo que es el capitalismo político. Veremos la propaganda electoral en los taxis y sabremos quiénes son los del enredo.
El Colombiano, 29 de marzo
Un sitio sobre filosofía práctica, cultura popular y política
lunes, 30 de marzo de 2015
lunes, 23 de marzo de 2015
Estatuas
Afirman los expertos que Medellín está lejos de los parámetros internacionales de vehículos por habitante. El sentido común nos halaga cuando sentimos que estamos distantes del caos bogotano, pero la agilidad perdida en el trasporte nos alarma. La lentitud en el tráfico es agobiante. Lo digo yo que no tengo carro particular. ¿Cómo conciliar esos datos aparentemente contradictorios?
Desde mi perspectiva una de las principales causas del problema de movilidad estriba en la falta de cultura ciudadana. En los conductores. La ciudad ha invertido en bahías, pero se usan poco. Se han ampliado carriles que sirven como estacionamiento permanente para camiones, ventas de automóviles, ventas ambulantes o zonas para esperar (vayan a Barrio Colombia y vean). En horas pico, todo el mundo se lanza sobre las intersecciones haciendo inservible el sistema de semáforos. Como la ciudad es un bazar, cualquier semáforo o acera es un punto de venta donde el tipo no tiene empacho en apagar el carro hasta que se come unas papas o se toma una gaseosa. No hablemos de las permanentes obstrucciones y la lentitud debidas a que la mayor parte de los conductores llevan en una mano el volante y en la otra un celular.
Pero, ¿no está prohibido conducir con un teléfono o cosa parecida en la mano? He ahí la segunda explicación. El sistema de vigilancia de las normas de tránsito en Medellín es un fracaso. Intente buscar usted un guarda en horas pico, por ejemplo, en el cruce de Las Vegas con la 10. No hace mucho supimos que más de la mitad de los vehículos que circulan no cumplen el requisito de la revisión técnico mecánica. La masa de automotores obsoletos es altísima, lo que indica un fracaso de la supervisión y de los programas de chatarrización. Una parte apreciable de los problemas de movilidad proviene de accidentes y daños de los vehículos en mal estado. Para una porción apreciable de la gente las calles son sus talleres de mantenimiento y reparación.
Después tenemos la creciente participación de empresas privadas y dependencias públicas en obras que intervienen las vías de la ciudad: operadores de televisión y telefonía, encargados de ornato y jardinería, contratistas de las empresas de servicios públicos, responsables de aseo y recolección de basuras. Cualquiera cierra un carril, una vía, un viernes, un sábado, en horas pico. Nadie le pregunta a nadie. Nadie quiere pagar salarios nocturnos o festivos. Todos se lanzan –a veces al mismo tiempo– sobre las calzadas sin importarles la movilidad porque lo suyo es hacer el hueco, trabajar en él y taparlo. Otra cosa son los privados que se han tomado aceras y calzadas como parqueaderos de restaurantes y almacenes.
Hay que pensar en puentes, intercambios y demás, pero sin autoridad y sin cultura ciudadana no hay infraestructura que aguante.
El Colombiano, 22 de marzo
Desde mi perspectiva una de las principales causas del problema de movilidad estriba en la falta de cultura ciudadana. En los conductores. La ciudad ha invertido en bahías, pero se usan poco. Se han ampliado carriles que sirven como estacionamiento permanente para camiones, ventas de automóviles, ventas ambulantes o zonas para esperar (vayan a Barrio Colombia y vean). En horas pico, todo el mundo se lanza sobre las intersecciones haciendo inservible el sistema de semáforos. Como la ciudad es un bazar, cualquier semáforo o acera es un punto de venta donde el tipo no tiene empacho en apagar el carro hasta que se come unas papas o se toma una gaseosa. No hablemos de las permanentes obstrucciones y la lentitud debidas a que la mayor parte de los conductores llevan en una mano el volante y en la otra un celular.
Pero, ¿no está prohibido conducir con un teléfono o cosa parecida en la mano? He ahí la segunda explicación. El sistema de vigilancia de las normas de tránsito en Medellín es un fracaso. Intente buscar usted un guarda en horas pico, por ejemplo, en el cruce de Las Vegas con la 10. No hace mucho supimos que más de la mitad de los vehículos que circulan no cumplen el requisito de la revisión técnico mecánica. La masa de automotores obsoletos es altísima, lo que indica un fracaso de la supervisión y de los programas de chatarrización. Una parte apreciable de los problemas de movilidad proviene de accidentes y daños de los vehículos en mal estado. Para una porción apreciable de la gente las calles son sus talleres de mantenimiento y reparación.
Después tenemos la creciente participación de empresas privadas y dependencias públicas en obras que intervienen las vías de la ciudad: operadores de televisión y telefonía, encargados de ornato y jardinería, contratistas de las empresas de servicios públicos, responsables de aseo y recolección de basuras. Cualquiera cierra un carril, una vía, un viernes, un sábado, en horas pico. Nadie le pregunta a nadie. Nadie quiere pagar salarios nocturnos o festivos. Todos se lanzan –a veces al mismo tiempo– sobre las calzadas sin importarles la movilidad porque lo suyo es hacer el hueco, trabajar en él y taparlo. Otra cosa son los privados que se han tomado aceras y calzadas como parqueaderos de restaurantes y almacenes.
Hay que pensar en puentes, intercambios y demás, pero sin autoridad y sin cultura ciudadana no hay infraestructura que aguante.
El Colombiano, 22 de marzo
lunes, 16 de marzo de 2015
Dúo o coro
Cunde la sensación de que en un país de casi 50 millones de habitantes y bastante heterogéneo no existan sino dos voces: la del gobierno nacional y la de las Farc, el primero hablando desde todas partes y al mismo tiempo, las segundas con una voz oficial desde La Habana. Alguien intenta alterar ese dúo, pero no habla ni delibera, básicamente trina; me refiero al senador Álvaro Uribe Vélez.
Hace una semana, el columnista Rudolf Hommes puso al desnudo esta situación afirmando que “la discusión de la política económica se ha desvanecido” (“Discusión de la política económica”, El Colombiano, 08.03.15). La explicación es que los tradicionales protagonistas del debate económico han sido absorbidos por el gobierno, sean los gremios o Fedesarrollo –el centro de pensamiento económico más importante del país– que, según él, “parece estar en camino de volverse el vocero de la Dian”.
Este diagnóstico es aplicable prácticamente a cualquier campo de los asuntos públicos colombianos, trátese de la paz y la seguridad, la política social o cultural, o las relaciones internacionales. ¿Cuáles son las razones?
Los gremios de la producción han sido colonizados por los políticos o por tecnócratas que siempre tienen a la mano la puerta de acceso al gobierno. Han dejado de cumplir su papel básico como grupos de presión y actúan como vicarios del poder ejecutivo ante el empresariado. Los centros de pensamiento que funcionan en el país, bajo la figura de fundaciones u organismos no gubernamentales, se han convertido en entidades asesoras u operadoras de los ministerios y otras entidades oficiales.
La prensa se ha desprendido, sin vergüenza, de cualquier pose independiente y ni siquiera los humoristas se atreven con el presidente Santos. El maestro de la caricatura Héctor Osuna es el último bastión de la crítica. Los intelectuales públicos provenientes de la academia siguen aprisionados en la llave uribismo/antiuribismo y, así, han descuidado el ejercicio de la deliberación ecuánime y de contrapeso al poder. Estamos inmersos en un ambiente liviano pleno de silencios y de trivialidades.
El resultado final es una gran pérdida para la sociedad en su conjunto. Pierden el sector privado y la sociedad civil silenciados, sin oportunidad de hilvanar argumentos y elaborar posiciones propias frente a los temas que les conciernen. Pierde la prensa abandonada por las expresiones espontáneas e irreflexivas de las redes sociales. Pierde la intelectualidad que abandona el campo de la gran política y se enfrasca en los zafarranchos cotidianos o, cuando más, en asuntos técnicos. Pierde el gobierno que solo escucha aplausos e interjecciones de admiración.
La libertad de conciencia y de expresión siempre se manifiesta en coros, en polifonías, incluso en torres de babel y algarabías. Nunca en el lamentable paisaje de dos voces únicas que –como agujeros negros– se tragan las ideas, los intereses y las posiciones de los demás.
El Colombiano, 15 de marzo
Hace una semana, el columnista Rudolf Hommes puso al desnudo esta situación afirmando que “la discusión de la política económica se ha desvanecido” (“Discusión de la política económica”, El Colombiano, 08.03.15). La explicación es que los tradicionales protagonistas del debate económico han sido absorbidos por el gobierno, sean los gremios o Fedesarrollo –el centro de pensamiento económico más importante del país– que, según él, “parece estar en camino de volverse el vocero de la Dian”.
Este diagnóstico es aplicable prácticamente a cualquier campo de los asuntos públicos colombianos, trátese de la paz y la seguridad, la política social o cultural, o las relaciones internacionales. ¿Cuáles son las razones?
Los gremios de la producción han sido colonizados por los políticos o por tecnócratas que siempre tienen a la mano la puerta de acceso al gobierno. Han dejado de cumplir su papel básico como grupos de presión y actúan como vicarios del poder ejecutivo ante el empresariado. Los centros de pensamiento que funcionan en el país, bajo la figura de fundaciones u organismos no gubernamentales, se han convertido en entidades asesoras u operadoras de los ministerios y otras entidades oficiales.
La prensa se ha desprendido, sin vergüenza, de cualquier pose independiente y ni siquiera los humoristas se atreven con el presidente Santos. El maestro de la caricatura Héctor Osuna es el último bastión de la crítica. Los intelectuales públicos provenientes de la academia siguen aprisionados en la llave uribismo/antiuribismo y, así, han descuidado el ejercicio de la deliberación ecuánime y de contrapeso al poder. Estamos inmersos en un ambiente liviano pleno de silencios y de trivialidades.
El resultado final es una gran pérdida para la sociedad en su conjunto. Pierden el sector privado y la sociedad civil silenciados, sin oportunidad de hilvanar argumentos y elaborar posiciones propias frente a los temas que les conciernen. Pierde la prensa abandonada por las expresiones espontáneas e irreflexivas de las redes sociales. Pierde la intelectualidad que abandona el campo de la gran política y se enfrasca en los zafarranchos cotidianos o, cuando más, en asuntos técnicos. Pierde el gobierno que solo escucha aplausos e interjecciones de admiración.
La libertad de conciencia y de expresión siempre se manifiesta en coros, en polifonías, incluso en torres de babel y algarabías. Nunca en el lamentable paisaje de dos voces únicas que –como agujeros negros– se tragan las ideas, los intereses y las posiciones de los demás.
El Colombiano, 15 de marzo
miércoles, 11 de marzo de 2015
Ecos de la Comisión: Foro Universidad EAFIT
Como parte del proceso de socialización, debate y reflexión de los informes que surgieron de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT realizó un foro con tres de lo comisionados el pasado 27 de febrero. El foro contó con las intervenciones de Daniel Pécaut, Jorge Giraldo y Gustavo Duncan, quien se encargó de la moderación.
La sesión completa puede verse aquí:[http://envivo.eafit.edu.co/EnvivoEafit/?p=22237]
lunes, 9 de marzo de 2015
Complejo político constructor
En tiempos pasados el desarrollo de los países solía medirse con indicadores que hoy resultan exóticos como, por ejemplo, la producción de ácido sulfúrico o acero. La economía de los países industriales giraba alrededor de la industria pesada y la química. Los indicadores de los países en desarrollo son más modestos, casi pudiera decirse que se pueden limitar al hierro y al cemento. A tal punto llega la importancia de la industria de construcción.
La economía política de muchas de nuestras ciudades en expansión gira de manera preminente alrededor de la construcción y, sobre todo, de las obras de vivienda de todo tipo, desde la suntuosa hasta la llamada de interés social. Alrededor de la construcción de vivienda se ha elaborado la arquitectura tributaria de muchos municipios y, paralelamente, una tupida red de corrupción pagada por los ciudadanos.
El secreto de muchos municipios ricos consiste en promover la construcción acelerada y densa de vivienda, lo que genera una tributación extraordinaria por obra y el aseguramiento de ingresos perpetuos por impuesto predial. En algunos casos, y por algún tiempo, el poder político local mantiene una baja presión impositiva a los ciudadanos y un nivel apreciable de subsidios que mantiene a la ciudadanía en la pasividad pues la carga recae sobre los nuevos propietarios.
Los políticos más ambiciosos e inescrupulosos han construido una cadena de valor compleja que incluye notarios, curadores, secretarios de planeación, empresas constructoras y directorios. Tal cadena puede manejar los precios de la tierra, “inventar” tierra usando zonas forestales, retiros de quebrada, enterrando manantiales o eliminando los retiros para vías, andenes, parques o equipamientos comunitarios. Es muy común que eximan a los constructores de las exigencias urbanísticas correspondientes a cada proyecto. Las ganancias del sector de la construcción entran, después, a alimentar los procesos de contratación, licitación y, obvio, las campañas políticas.
Cuando el modelo empieza a hacer crisis en algunas zonas entonces surge una necesidad “imprevista” de proyectos viales y urbanos. La solución nunca consiste en obligar a los constructores a hacer lo que no hicieron en su momento por ambición y con la complicidad de las autoridades municipales. El remedio genial es hacer cobros por valorización. De esta manera todos los ciudadanos pagan varias veces las ganancias de los constructores (que harán los nuevos proyectos), los impuestos que aceitan las maquinarias políticas y los pagos a todos los funcionarios corruptos. Las cargas ambientales y sociales de mediano plazo suelen ocultarse.
Hace 55 años el presidente estadunidense Dwight Eisenhower advirtió al país de la existencia de un “complejo industrial-militar” que pondría los intereses de algunos empresarios y los contratistas militares por encima de los del país. Aquí, pongamos por caso Envigado, Sabaneta o Caldas, hace rato estamos a merced de un complejo político constructor, corrupto, antidemocrático y predatorio.
Coda: a marchar por la vida.
El Colombiano, 8 de marzo
La economía política de muchas de nuestras ciudades en expansión gira de manera preminente alrededor de la construcción y, sobre todo, de las obras de vivienda de todo tipo, desde la suntuosa hasta la llamada de interés social. Alrededor de la construcción de vivienda se ha elaborado la arquitectura tributaria de muchos municipios y, paralelamente, una tupida red de corrupción pagada por los ciudadanos.
El secreto de muchos municipios ricos consiste en promover la construcción acelerada y densa de vivienda, lo que genera una tributación extraordinaria por obra y el aseguramiento de ingresos perpetuos por impuesto predial. En algunos casos, y por algún tiempo, el poder político local mantiene una baja presión impositiva a los ciudadanos y un nivel apreciable de subsidios que mantiene a la ciudadanía en la pasividad pues la carga recae sobre los nuevos propietarios.
Los políticos más ambiciosos e inescrupulosos han construido una cadena de valor compleja que incluye notarios, curadores, secretarios de planeación, empresas constructoras y directorios. Tal cadena puede manejar los precios de la tierra, “inventar” tierra usando zonas forestales, retiros de quebrada, enterrando manantiales o eliminando los retiros para vías, andenes, parques o equipamientos comunitarios. Es muy común que eximan a los constructores de las exigencias urbanísticas correspondientes a cada proyecto. Las ganancias del sector de la construcción entran, después, a alimentar los procesos de contratación, licitación y, obvio, las campañas políticas.
Cuando el modelo empieza a hacer crisis en algunas zonas entonces surge una necesidad “imprevista” de proyectos viales y urbanos. La solución nunca consiste en obligar a los constructores a hacer lo que no hicieron en su momento por ambición y con la complicidad de las autoridades municipales. El remedio genial es hacer cobros por valorización. De esta manera todos los ciudadanos pagan varias veces las ganancias de los constructores (que harán los nuevos proyectos), los impuestos que aceitan las maquinarias políticas y los pagos a todos los funcionarios corruptos. Las cargas ambientales y sociales de mediano plazo suelen ocultarse.
Hace 55 años el presidente estadunidense Dwight Eisenhower advirtió al país de la existencia de un “complejo industrial-militar” que pondría los intereses de algunos empresarios y los contratistas militares por encima de los del país. Aquí, pongamos por caso Envigado, Sabaneta o Caldas, hace rato estamos a merced de un complejo político constructor, corrupto, antidemocrático y predatorio.
Coda: a marchar por la vida.
El Colombiano, 8 de marzo
viernes, 6 de marzo de 2015
Ecos de la Comisión: Hernán González
Causas y orígenes del conflicto
Hernán González Rodríguez
El Espectador, 26 de febrero
El extenso documento de 809 páginas, elaborado por doce historiadores sobre las causas y los orígenes del conflicto en Colombia, el cual se presentó el 10 de febrero pasado en La Habana, es un documento de difícil lectura y asimilación.
Muy pronto se archivará como les sucedió a los otros tres documentos similares de los años 1985, 1987 y 2007. Presentaron documentos incompletos, les faltaron buenos resúmenes.
Cuando nos descubrió Cristóbal Colón, ya había guerras entre México y Tlaxcala, Bogotá y Tunja, Cuzco y Quito, a pesar de que sobraba la tierra, no había capitalismo salvaje, ni gringos miopes, ni comunistas, ni narcotráfico. Hoy, con la presencia de todos estos males, más la explosión demográfica, más las claudicaciones de La Habana, no esperemos una paz perdurable.
Acepto la multiplicidad de actores en el conflicto, pero con responsabilidades muy diferentes. Las cuotas de responsabilidad les resultaron como un tiro por la culata a las Farc, porque como afirma Eduardo Pizarro Leongómez, actual embajador de Colombia en los Países Bajos, y relator de los historiadores, “las Farc pensaron que el relato histórico de esta comisión iba a favorecer su mirada, de una guerrilla víctima del terrorismo de Estado, que los había obligado a empuñar las armas para resistir y que, por tanto, su levantamiento era legítimo. Pero las Farc fueron sorprendidas porque algunos de los ensayistas controvirtieron ese relato histórico”.
El inefable jesuita, padre Javier Giraldo, legitima la rebelión en Colombia por las limitaciones de nuestra democracia, de nuestra justicia, de las insuficiencias en el bienestar de la población por la incapacidad del Gobierno para satisfacer las necesidades biológicas. Olvidó mencionar e incluirse entre quienes toleraron y todavía toleran la natalidad irracional en hogares miserables, con cinco y más hijos de padres diferentes y no deseados. En 1939 toda Colombia censaba 9 millones de habitantes, hoy día, Bogotá sola alberga 8 millones y Colombia 48.
No acepto que hayamos padecido una ‘guerra justa’, lo cual se demuestra al evaluar los resultados entre los objetivos que se propuso la guerrilla y los resultados del conflicto. Como acertadamente le replicó el profesor de Eafit, Jorge Giraldo Ramírez, la guerrilla sí se propuso disminuir la pobreza, pero la guerrilla es responsable de alrededor del 50% de la población desplazada, es decir, de 3 millones de personas. La guerrilla sí se propuso disminuir la desigualdad en la tenencia de tierra; pero, por su culpa, 6 millones de colombiano perdieron sus bienes y aumentó la concentración de la tierra por el desplazamiento forzado. Agrega quien comenta, la modernización agroindustrial se paralizó y grandes bancos internacionales les recomiendan hoy a sus clientes vender sus inversiones en Colombia.
Colombia –finaliza Giraldo Ramírez- perdió entre uno y dos puntos del crecimiento del PIB como consecuencia del conflicto armado; es decir, Colombia tendría hoy día niveles de vida muy superiores si no hubiese existido este. No permiten hablar de una guerra justa los resultados de 50 años de violencia con su balance final de injusticias padecidas por el 8% de los colombianos, alrededor de 6,8 millones de personas, no admiten hablar de guerras justas.
Hernán González Rodríguez
El Espectador, 26 de febrero
El extenso documento de 809 páginas, elaborado por doce historiadores sobre las causas y los orígenes del conflicto en Colombia, el cual se presentó el 10 de febrero pasado en La Habana, es un documento de difícil lectura y asimilación.
Muy pronto se archivará como les sucedió a los otros tres documentos similares de los años 1985, 1987 y 2007. Presentaron documentos incompletos, les faltaron buenos resúmenes.
Cuando nos descubrió Cristóbal Colón, ya había guerras entre México y Tlaxcala, Bogotá y Tunja, Cuzco y Quito, a pesar de que sobraba la tierra, no había capitalismo salvaje, ni gringos miopes, ni comunistas, ni narcotráfico. Hoy, con la presencia de todos estos males, más la explosión demográfica, más las claudicaciones de La Habana, no esperemos una paz perdurable.
Acepto la multiplicidad de actores en el conflicto, pero con responsabilidades muy diferentes. Las cuotas de responsabilidad les resultaron como un tiro por la culata a las Farc, porque como afirma Eduardo Pizarro Leongómez, actual embajador de Colombia en los Países Bajos, y relator de los historiadores, “las Farc pensaron que el relato histórico de esta comisión iba a favorecer su mirada, de una guerrilla víctima del terrorismo de Estado, que los había obligado a empuñar las armas para resistir y que, por tanto, su levantamiento era legítimo. Pero las Farc fueron sorprendidas porque algunos de los ensayistas controvirtieron ese relato histórico”.
El inefable jesuita, padre Javier Giraldo, legitima la rebelión en Colombia por las limitaciones de nuestra democracia, de nuestra justicia, de las insuficiencias en el bienestar de la población por la incapacidad del Gobierno para satisfacer las necesidades biológicas. Olvidó mencionar e incluirse entre quienes toleraron y todavía toleran la natalidad irracional en hogares miserables, con cinco y más hijos de padres diferentes y no deseados. En 1939 toda Colombia censaba 9 millones de habitantes, hoy día, Bogotá sola alberga 8 millones y Colombia 48.
No acepto que hayamos padecido una ‘guerra justa’, lo cual se demuestra al evaluar los resultados entre los objetivos que se propuso la guerrilla y los resultados del conflicto. Como acertadamente le replicó el profesor de Eafit, Jorge Giraldo Ramírez, la guerrilla sí se propuso disminuir la pobreza, pero la guerrilla es responsable de alrededor del 50% de la población desplazada, es decir, de 3 millones de personas. La guerrilla sí se propuso disminuir la desigualdad en la tenencia de tierra; pero, por su culpa, 6 millones de colombiano perdieron sus bienes y aumentó la concentración de la tierra por el desplazamiento forzado. Agrega quien comenta, la modernización agroindustrial se paralizó y grandes bancos internacionales les recomiendan hoy a sus clientes vender sus inversiones en Colombia.
Colombia –finaliza Giraldo Ramírez- perdió entre uno y dos puntos del crecimiento del PIB como consecuencia del conflicto armado; es decir, Colombia tendría hoy día niveles de vida muy superiores si no hubiese existido este. No permiten hablar de una guerra justa los resultados de 50 años de violencia con su balance final de injusticias padecidas por el 8% de los colombianos, alrededor de 6,8 millones de personas, no admiten hablar de guerras justas.
miércoles, 4 de marzo de 2015
Ecos de la Comisión: Medófilo Medina
Las diferentes formas de entender el conflicto armado en Colombia
Medófilo Medina
Razón Pública, 23 Febrero 2015
El informe de la “Comisión Histórica” demuestra que hay muchas interpretaciones acerca de nuestro conflicto. El ex presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores hace un balance perceptivo de las diferencias –y de las concordancias-.
Un mandato concertado
Bajo el modesto título "Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia" este 10 de febrero un grupo de intelectuales entregó doce ensayos y dos relatorías que integran un informe donde se abordan cuatro temas puntuales: el origen del conflicto interno, las razones de su persistencia, sus impactos, y sus víctimas.
El 5 de agosto del año pasado las dos partes de la mesa de La Habana habían anunciado la convocatoria de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) para trabajar durante tres meses sobre aquellos cuatro puntos. Aunque el plazo inicial se prolongó, los comisionados debieron trabajar a marcha forzada.
La primera novedad de esta comisión es su origen concertado. En efecto, las varias comisiones que sobre la paz y la guerra se habían conformado en Colombia (desde aquella que la Junta Militar convocó en 1958 bajo el ostentoso nombre “Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional”) se originaron por designación unilateral del gobierno.
Las opiniones expresan intereses contrapuestos, pero son controversias académicas sin muertos.
Cuando se anunció la CHCV, Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, ponderó la diversidad de las interpretaciones que se esperaban de su trabajo. Y al presentar resultados uno de los relatores, Eduardo Pizarro, señaló en tono efectista: “Llevamos cincuenta años matándonos por diferencias de opinión”. Habría que decir, y esto no es un detalle, que en la guerra las opiniones reflejan intereses.
De la lectura de los ensayos en efecto se desprende que las opiniones expresan intereses contrapuestos, pero son controversias académicas sin muertos. El lector se encuentra en la contribución al entendimiento ante una pluralidad de versiones y ese acopio de miradas es una virtud notable del Informe, pues la diversidad deshace la idea de una única versión oficial sobre el conflicto interno.
Diferencias de opinión
Las diferencias se hacen evidentes a lo largo de todos los ensayos.
Por ejemplo, algunos de los ensayistas atribuyen el conflicto a factores objetivos como la concentración de la propiedad de la tierra, la exclusión de amplios sectores de la población del acceso a bienes y servicios, o la injerencia de Estados Unidos. En la otra orilla están quienes atribuyen el origen del conflicto a razones puramente subjetivas, y la versión más cruda al respecto es la del comisionado Jorge Giraldo.
Entre los objetivistas es notorio un sesgo: estiman que los análisis que acuden a las fechas más remotas están mejor provistos de “contexto histórico”. Pero en este caso la adoración a los ídolos de los orígenes impide responder con perspicacia la pregunta por los factores que han alimentado el desarrollo del conflicto.
Al leer los ensayos se advierte que quienes ponen el centro de gravedad en el contrapunto insurgencia–contrainsurgencia tienden a abundar en el origen del conflicto y se inclinan por lo que podría denominarse un “estiramiento cronológico” hacia atrás. En cambio quienes se enfocan en los comportamientos criminales de los actores acortan la cronología, tienden a ignorar los orígenes del conflicto mismo y se extienden sobre su persistencia e impactos.
Las relatorías elaboradas por Eduardo Pizarro y Víctor Manuel Moncayo muestran bien esos contrastes:
- El primero, más cuidadoso al dar cuenta de los aportes de los ensayistas, los glosa y comenta sin renunciar a introducir valoraciones de cosecha propia. Esto es legítimo, pero es objetable que hubiera acogido ciertos datos empíricos tratados de manera poco rigurosa.
Es el caso de la estadística sobre asesinatos políticos entre 1986 y 2002 que extrae del ensayo de Gustavo Duncan, quien a su vez lo toma acríticamente de Rodolfo Escobedo. En el caso de víctimas de la Unión Patriótica existen estadísticas pormenorizadas con nombres propios que no dejan dudas.
Igualmente toma Pizarro el grafico del comportamiento del gasto militar comparado en Colombia y el resto de América Latina usado por Jorge Giraldo quien para mostrar el supuesto “…sesgo antimilitar de las políticas públicas colombianas” presenta tendencias que debe cubrir el período 1960 – 2013 según el título de la gráfica. Cuando la curva correspondiente al gasto militar colombiano se desprende hacia arriba corta el gráfico aunque falten 13 años de los estipulados en el título. Son abundantes las estadísticas sobre gasto militar de tal modo que no era difícil hacer ejercicios de contraste.[1]
- Por su parte Moncayo se impuso un trabajo abrumador. A más de un breve lugar para reseñar los ensayos o para polemizar con algunos, dedica la mayor parte de su texto a una especie de teoría sobre el orden capitalista, el origen y desarrollo del Estado colombiano, y el largo plazo en la contraposición insurgencia/subversión.
En el capítulo IX de su relatoría, Moncayo sintetiza sus propios ensayos en una “tesis mayúscula” y trece tesis más. No invalido el esfuerzo intelectual del relator pero no pude entender la pertinencia de su escrito en el conjunto del informe de la CHCV.
Relatores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
Los errores del Frente Nacional
La valoración del Frente Nacional y su influencia sobre el origen del conflicto son motivos de especial controversia en el informe.
Una vez más, Daniel Pécaut relanza su reclamo sobre la incapacidad de no pocos investigadores colombianos para captar las aperturas y matices democráticos del régimen bipartidista. Escribe Pécaut: “La representación del Frente Nacional como un sistema cerrado y puramente represivo se convierte en una vulgata que se repite indefinidamente”. Y en la reiteración de ese reclamo lo acompaña ahora María Emma Wills. Pero esta percepción me parece simplista y creo útil mostrarlo en dos puntos de importancia:
1. La frustración en el momento de aplicar la Ley 135 de 1961 o Ley de Tierras. Esta ley tenía elementos que habrían servido para descargar las tensiones en las zonas de colonización donde el problema agrario registraba manifestaciones más agudas.
Es notorio un sesgo: estiman que los análisis que acuden a las fechas más remotas están mejor provistos de “contexto histórico”.
Y sin embargo el segundo gobierno del Frente Nacional, el de Guillermo León Valencia optó por la guerra en aquellas regiones. Recuérdese el grito de Álvaro Gómez contra las llamadas “repúblicas independientes”: Marquetalia, el Pato, Ríochiquito y Guayabero fueron algunos de los escenarios de la agresión militar. ¿Quién hizo esas guerras? El sistema “aperturista” del Frente Nacional. Fue en esa zona entre Tolima, Cauca y Huila donde las autodefensas campesinas dieron origen al Bloque Sur y luego a las FARC entre 1964 y 1966. La guerra avanzó y la reforma agraria se ahogó.
2. En 1967, el presidente Lleras Restrepo, como respuesta al sabotaje de una visita del vicepresidente de Estados Unidos a un centro de experimentación agropecuaria, ordenó la toma de los predios de la Universidad Nacional, ilegalizó al Consejo Superior Estudiantil, eliminó la representación de los estudiantes en el Consejo Superior y estigmatizó a la Federación Universitaria Nacional (FUN).
Podría decirse que esta fue una represión sectorial es decir, que no comprometió al Frente Nacional. Pero fue una represión ejercida sobre los estudiantes, un sector juvenil entonces ilusionado por la revolución cubana. El resultado fue aislar a quienes insistían en mantener la organización amplia y la lucha política pacífica, mientras que los estudiantes radicalizados pudieron decir que se habían cerrado los caminos, optando en muchos acasos por engrosar las filas de la guerrilla, y en especial las del ELN. Mi generación los recuerda por sus nombres: estudiantes de economía, de medicina, de ingeniería, de sociología.
Dirá Pécaut que fueron unos pocos estudiantes. Pero esos pocos eran líderes que potenciaron la guerrilla y en cambio desanimaron al movimiento estudiantil pacífico. El movimiento desapareció como canal de movilización gremial y política y- exceptuando el canto del cisne que fue el “programa mínimo” de 1970- habría que esperar 40 años para que en 2011 volviera a expresarse contra el proyecto de reforma de la Ley 30 del gobierno Santos.
Los temas comunes
Pero el informe no es solo la recopilación de doce o catorce miradas distintas. Por una parte se trata de dos grandes enfoques analíticos o matrices de representación, y por otra son varios los puntos donde existen coincidencias o una cierta similitud de diagnósticos.
Entre esos elementos comunes se destacan la tierra, las precariedades del Estado, las profundas desigualdades y la prolongada ausencia de una reforma social. También desde distintos puntos de vista se denuncia o se admite la responsabilidad del Estado en el surgimiento y persistencia del paramilitarismo y se analiza el impacto del narcotráfico sobre el conflicto interno y sus actores centrales.
Identificar los elementos comunes tiene sentido porque de allí podrían derivarse sugerencias particulares para tomar decisiones y adoptar políticas concretas. Cabe recordar que la Comisión no tuvo el encargo de formular recomendaciones pero si el de ofrecer insumos para la mesa de conversaciones.
Sin duda, los ensayos, resúmenes y apéndices que integran el paquete denominado Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia son en su conjunto un buen producto tanto por lo que ofrece tanto a los negociadores de La Habana como a sectores muy amplios de la opinión pública.
La buena influencia que ejerza este informe podrá dar frutos en la medida en que este acervo se ponga a disposición de la más amplia consulta en bibliotecas, en la educación básica y en la universidad, pues es material de trabajo ara periodistas, empresarios, líderes políticos y sociales.
[1] Abundan los estudios para gasto militar para los años noventa. Sus datos distan de los traídos en CHCV: DNP La Defensa Nacional y las Fuerzas Militares, Bogotá: noviembre 22 de 1995, p.28. Rosas Gabriel (coordinador), Comisión de racionalización del gasto y de las finanzas públicas, defensa, seguridad ciudadanía y gasto público (Resumen ejecutivo) Manuscrito, p.8. El gasto en defensa y en seguridad ciudadana en Colombia: Más para la seguridad del Estado y menos para el ciudadano, en Informe Financiero, No. 28, 1995, p.14
Medófilo Medina
Razón Pública, 23 Febrero 2015
El informe de la “Comisión Histórica” demuestra que hay muchas interpretaciones acerca de nuestro conflicto. El ex presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores hace un balance perceptivo de las diferencias –y de las concordancias-.
Un mandato concertado
Bajo el modesto título "Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia" este 10 de febrero un grupo de intelectuales entregó doce ensayos y dos relatorías que integran un informe donde se abordan cuatro temas puntuales: el origen del conflicto interno, las razones de su persistencia, sus impactos, y sus víctimas.
El 5 de agosto del año pasado las dos partes de la mesa de La Habana habían anunciado la convocatoria de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) para trabajar durante tres meses sobre aquellos cuatro puntos. Aunque el plazo inicial se prolongó, los comisionados debieron trabajar a marcha forzada.
La primera novedad de esta comisión es su origen concertado. En efecto, las varias comisiones que sobre la paz y la guerra se habían conformado en Colombia (desde aquella que la Junta Militar convocó en 1958 bajo el ostentoso nombre “Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional”) se originaron por designación unilateral del gobierno.
Las opiniones expresan intereses contrapuestos, pero son controversias académicas sin muertos.
Cuando se anunció la CHCV, Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, ponderó la diversidad de las interpretaciones que se esperaban de su trabajo. Y al presentar resultados uno de los relatores, Eduardo Pizarro, señaló en tono efectista: “Llevamos cincuenta años matándonos por diferencias de opinión”. Habría que decir, y esto no es un detalle, que en la guerra las opiniones reflejan intereses.
De la lectura de los ensayos en efecto se desprende que las opiniones expresan intereses contrapuestos, pero son controversias académicas sin muertos. El lector se encuentra en la contribución al entendimiento ante una pluralidad de versiones y ese acopio de miradas es una virtud notable del Informe, pues la diversidad deshace la idea de una única versión oficial sobre el conflicto interno.
Diferencias de opinión
Las diferencias se hacen evidentes a lo largo de todos los ensayos.
Por ejemplo, algunos de los ensayistas atribuyen el conflicto a factores objetivos como la concentración de la propiedad de la tierra, la exclusión de amplios sectores de la población del acceso a bienes y servicios, o la injerencia de Estados Unidos. En la otra orilla están quienes atribuyen el origen del conflicto a razones puramente subjetivas, y la versión más cruda al respecto es la del comisionado Jorge Giraldo.
Entre los objetivistas es notorio un sesgo: estiman que los análisis que acuden a las fechas más remotas están mejor provistos de “contexto histórico”. Pero en este caso la adoración a los ídolos de los orígenes impide responder con perspicacia la pregunta por los factores que han alimentado el desarrollo del conflicto.
Al leer los ensayos se advierte que quienes ponen el centro de gravedad en el contrapunto insurgencia–contrainsurgencia tienden a abundar en el origen del conflicto y se inclinan por lo que podría denominarse un “estiramiento cronológico” hacia atrás. En cambio quienes se enfocan en los comportamientos criminales de los actores acortan la cronología, tienden a ignorar los orígenes del conflicto mismo y se extienden sobre su persistencia e impactos.
Las relatorías elaboradas por Eduardo Pizarro y Víctor Manuel Moncayo muestran bien esos contrastes:
- El primero, más cuidadoso al dar cuenta de los aportes de los ensayistas, los glosa y comenta sin renunciar a introducir valoraciones de cosecha propia. Esto es legítimo, pero es objetable que hubiera acogido ciertos datos empíricos tratados de manera poco rigurosa.
Es el caso de la estadística sobre asesinatos políticos entre 1986 y 2002 que extrae del ensayo de Gustavo Duncan, quien a su vez lo toma acríticamente de Rodolfo Escobedo. En el caso de víctimas de la Unión Patriótica existen estadísticas pormenorizadas con nombres propios que no dejan dudas.
Igualmente toma Pizarro el grafico del comportamiento del gasto militar comparado en Colombia y el resto de América Latina usado por Jorge Giraldo quien para mostrar el supuesto “…sesgo antimilitar de las políticas públicas colombianas” presenta tendencias que debe cubrir el período 1960 – 2013 según el título de la gráfica. Cuando la curva correspondiente al gasto militar colombiano se desprende hacia arriba corta el gráfico aunque falten 13 años de los estipulados en el título. Son abundantes las estadísticas sobre gasto militar de tal modo que no era difícil hacer ejercicios de contraste.[1]
- Por su parte Moncayo se impuso un trabajo abrumador. A más de un breve lugar para reseñar los ensayos o para polemizar con algunos, dedica la mayor parte de su texto a una especie de teoría sobre el orden capitalista, el origen y desarrollo del Estado colombiano, y el largo plazo en la contraposición insurgencia/subversión.
En el capítulo IX de su relatoría, Moncayo sintetiza sus propios ensayos en una “tesis mayúscula” y trece tesis más. No invalido el esfuerzo intelectual del relator pero no pude entender la pertinencia de su escrito en el conjunto del informe de la CHCV.
Relatores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
Los errores del Frente Nacional
La valoración del Frente Nacional y su influencia sobre el origen del conflicto son motivos de especial controversia en el informe.
Una vez más, Daniel Pécaut relanza su reclamo sobre la incapacidad de no pocos investigadores colombianos para captar las aperturas y matices democráticos del régimen bipartidista. Escribe Pécaut: “La representación del Frente Nacional como un sistema cerrado y puramente represivo se convierte en una vulgata que se repite indefinidamente”. Y en la reiteración de ese reclamo lo acompaña ahora María Emma Wills. Pero esta percepción me parece simplista y creo útil mostrarlo en dos puntos de importancia:
1. La frustración en el momento de aplicar la Ley 135 de 1961 o Ley de Tierras. Esta ley tenía elementos que habrían servido para descargar las tensiones en las zonas de colonización donde el problema agrario registraba manifestaciones más agudas.
Es notorio un sesgo: estiman que los análisis que acuden a las fechas más remotas están mejor provistos de “contexto histórico”.
Y sin embargo el segundo gobierno del Frente Nacional, el de Guillermo León Valencia optó por la guerra en aquellas regiones. Recuérdese el grito de Álvaro Gómez contra las llamadas “repúblicas independientes”: Marquetalia, el Pato, Ríochiquito y Guayabero fueron algunos de los escenarios de la agresión militar. ¿Quién hizo esas guerras? El sistema “aperturista” del Frente Nacional. Fue en esa zona entre Tolima, Cauca y Huila donde las autodefensas campesinas dieron origen al Bloque Sur y luego a las FARC entre 1964 y 1966. La guerra avanzó y la reforma agraria se ahogó.
2. En 1967, el presidente Lleras Restrepo, como respuesta al sabotaje de una visita del vicepresidente de Estados Unidos a un centro de experimentación agropecuaria, ordenó la toma de los predios de la Universidad Nacional, ilegalizó al Consejo Superior Estudiantil, eliminó la representación de los estudiantes en el Consejo Superior y estigmatizó a la Federación Universitaria Nacional (FUN).
Podría decirse que esta fue una represión sectorial es decir, que no comprometió al Frente Nacional. Pero fue una represión ejercida sobre los estudiantes, un sector juvenil entonces ilusionado por la revolución cubana. El resultado fue aislar a quienes insistían en mantener la organización amplia y la lucha política pacífica, mientras que los estudiantes radicalizados pudieron decir que se habían cerrado los caminos, optando en muchos acasos por engrosar las filas de la guerrilla, y en especial las del ELN. Mi generación los recuerda por sus nombres: estudiantes de economía, de medicina, de ingeniería, de sociología.
Dirá Pécaut que fueron unos pocos estudiantes. Pero esos pocos eran líderes que potenciaron la guerrilla y en cambio desanimaron al movimiento estudiantil pacífico. El movimiento desapareció como canal de movilización gremial y política y- exceptuando el canto del cisne que fue el “programa mínimo” de 1970- habría que esperar 40 años para que en 2011 volviera a expresarse contra el proyecto de reforma de la Ley 30 del gobierno Santos.
Los temas comunes
Pero el informe no es solo la recopilación de doce o catorce miradas distintas. Por una parte se trata de dos grandes enfoques analíticos o matrices de representación, y por otra son varios los puntos donde existen coincidencias o una cierta similitud de diagnósticos.
Entre esos elementos comunes se destacan la tierra, las precariedades del Estado, las profundas desigualdades y la prolongada ausencia de una reforma social. También desde distintos puntos de vista se denuncia o se admite la responsabilidad del Estado en el surgimiento y persistencia del paramilitarismo y se analiza el impacto del narcotráfico sobre el conflicto interno y sus actores centrales.
Identificar los elementos comunes tiene sentido porque de allí podrían derivarse sugerencias particulares para tomar decisiones y adoptar políticas concretas. Cabe recordar que la Comisión no tuvo el encargo de formular recomendaciones pero si el de ofrecer insumos para la mesa de conversaciones.
Sin duda, los ensayos, resúmenes y apéndices que integran el paquete denominado Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia son en su conjunto un buen producto tanto por lo que ofrece tanto a los negociadores de La Habana como a sectores muy amplios de la opinión pública.
La buena influencia que ejerza este informe podrá dar frutos en la medida en que este acervo se ponga a disposición de la más amplia consulta en bibliotecas, en la educación básica y en la universidad, pues es material de trabajo ara periodistas, empresarios, líderes políticos y sociales.
[1] Abundan los estudios para gasto militar para los años noventa. Sus datos distan de los traídos en CHCV: DNP La Defensa Nacional y las Fuerzas Militares, Bogotá: noviembre 22 de 1995, p.28. Rosas Gabriel (coordinador), Comisión de racionalización del gasto y de las finanzas públicas, defensa, seguridad ciudadanía y gasto público (Resumen ejecutivo) Manuscrito, p.8. El gasto en defensa y en seguridad ciudadana en Colombia: Más para la seguridad del Estado y menos para el ciudadano, en Informe Financiero, No. 28, 1995, p.14
lunes, 2 de marzo de 2015
Venezuela
Uno se resiste a hablar sobre Venezuela porque le parece que es como hablar de lo obvio. Del clima con los taxistas, de los carnavales si estamos en carnaval, de películas si estamos en temporada de óscares o de fútbol todo el año. Venezuela –la situación venezolana– es un asunto claro, como el tsunami en Indonesia o la estafa de Interbolsa. Pero parece que no lo es.
En las últimas tres semanas escuché a un respetable dirigente magisterial diciendo que el problema de Venezuela es una fabricación de los medios de comunicación, vi declaraciones del presidente de Ecuador diciendo que había una conspiración internacional contra los gobiernos “progresistas” de América Latina, leí a un columnista colombiano comparando a Nicolás Maduro con Salvador Allende.
La conclusión es que hay que hablar de Venezuela. Y como hay tanta ideología de por medio, es mejor hablar con datos.
Haciendo malabares con lo que Fernando González llamaba “repartir la razón”, algunos analistas occidentales se acostumbraron a criticar al régimen venezolano diciendo al final: claro que hay que reconocer que ha disminuido la pobreza. Ya no es más así. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Venezuela la tasa de pobreza aumentó 6,7% entre 2012 y 2013 (del 25,4% al 32,1%) y la tasa de indigencia 2,7% (del 7,1% al 9,8%). La inflación, que es el impuesto para los pobres, llegó el mismo año a 56,2%, mientras el segundo lugar lo ocupaba Uruguay 8,5% y el promedio del continente llegó al 6,8%. Venezuela fue el único país de Latinoamérica donde los ingresos totales de los hogares pobres tuvieron crecimiento negativo entre 2008 y 2013 (Cepal, “Panorama Social de América Latina”, 2014, Santiago de Chile, 2014).
Tanto o más importante que la pobreza, para mí, es la libertad. Según el principal indicador mundial de libertad, Venezuela aparece en el grupo de países “parcialmente libres”, en el último lugar junto con Guinea y a un paso de Libia o Kazajistán. Las libertades civiles en Venezuela están calificadas al mismo nivel de Egipto y los derechos políticos están en una peor situación que en Pakistán (Freedom in the World 2015). De seguir las cosas como van, Venezuela entrará al triste grupo de los países “no libres” de Occidente, al lado de Cuba y Bielorrusia.
El expresidente Hugo Chávez quería seguir el modelo y la obra de Fidel Castro pero sus logros son muy malos ya que Venezuela todavía no es tan dictatorial como Cuba y tampoco tiene las coberturas básicas ni la seguridad de la isla. La gran contribución del chavismo es haber convertido a su país, en menos de una década, en el país más violento del mundo después de Honduras.
Que los defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos cumplan con su deber.
El Colombiano, 1 de marzo
En las últimas tres semanas escuché a un respetable dirigente magisterial diciendo que el problema de Venezuela es una fabricación de los medios de comunicación, vi declaraciones del presidente de Ecuador diciendo que había una conspiración internacional contra los gobiernos “progresistas” de América Latina, leí a un columnista colombiano comparando a Nicolás Maduro con Salvador Allende.
La conclusión es que hay que hablar de Venezuela. Y como hay tanta ideología de por medio, es mejor hablar con datos.
Haciendo malabares con lo que Fernando González llamaba “repartir la razón”, algunos analistas occidentales se acostumbraron a criticar al régimen venezolano diciendo al final: claro que hay que reconocer que ha disminuido la pobreza. Ya no es más así. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Venezuela la tasa de pobreza aumentó 6,7% entre 2012 y 2013 (del 25,4% al 32,1%) y la tasa de indigencia 2,7% (del 7,1% al 9,8%). La inflación, que es el impuesto para los pobres, llegó el mismo año a 56,2%, mientras el segundo lugar lo ocupaba Uruguay 8,5% y el promedio del continente llegó al 6,8%. Venezuela fue el único país de Latinoamérica donde los ingresos totales de los hogares pobres tuvieron crecimiento negativo entre 2008 y 2013 (Cepal, “Panorama Social de América Latina”, 2014, Santiago de Chile, 2014).
Tanto o más importante que la pobreza, para mí, es la libertad. Según el principal indicador mundial de libertad, Venezuela aparece en el grupo de países “parcialmente libres”, en el último lugar junto con Guinea y a un paso de Libia o Kazajistán. Las libertades civiles en Venezuela están calificadas al mismo nivel de Egipto y los derechos políticos están en una peor situación que en Pakistán (Freedom in the World 2015). De seguir las cosas como van, Venezuela entrará al triste grupo de los países “no libres” de Occidente, al lado de Cuba y Bielorrusia.
El expresidente Hugo Chávez quería seguir el modelo y la obra de Fidel Castro pero sus logros son muy malos ya que Venezuela todavía no es tan dictatorial como Cuba y tampoco tiene las coberturas básicas ni la seguridad de la isla. La gran contribución del chavismo es haber convertido a su país, en menos de una década, en el país más violento del mundo después de Honduras.
Que los defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos cumplan con su deber.
El Colombiano, 1 de marzo
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