¿Cómo cubrir las 809 páginas del informe de los académicos sobre el conflicto armado?
Álvaro Sierra
Con la publicación del informe académico Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, el proceso de La Habana ha producido un documento tan importante como ‘mamotrético’, que añade otro reto al periodismo: ¿cómo llevar al debate público esas 809 páginas y 14 puntos de vista contradictorios?
El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en realidad, son 14 informes. Parece que a los ilustres académicos que la integraron les cuesta tanto como al gobierno y las Farc ponerse de acuerdo. No solo ninguno de los 12 convocados (seis por las Farc, otro tanto por el gobierno) se alió con otro para hacer un informe común, sino que los dos relatores se pusieron de acuerdo… en hacer cada uno su relatoría.
Para empezar, dos referencias. La Silla Vacía y Verdad Abierta produjeron en tiempo récord dos útiles síntesis.
¿A qué hora alcanzaron a leer el informe? La respuesta es ejemplo de cómo trabajar rápido y con eficacia, en equipo o solo.
En Verdad Abierta, Marta Ruiz y María Clara Calle leyeron las dos relatorías e hicieron el reporte, y los miembros del equipo leyeron los 12 informes y escribieron notas sobre cada uno.
En La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin se devoró las 809.
Para los que no tendrán tiempo de meterle muela a todo ese material, sugerencias:
Leer las relatorías de Eduardo Pizarro y Víctor Manuel Moncayo (200 páginas). Hasta en el estilo pertenecen a dos mundos intelectuales distintos. Si es mucho, leer a Pizarro, que hace un esfuerzo por resumir las diferencias y encontrar puntos de confluencia entre los académicos.
Establecer los puntos de divergencia entre los académicos. Son bastante obvios. Y son reflejo de las diferencias que existen en la sociedad sobre el conflicto: ‘es culpa del Estado y la injusticia’; ‘no, es culpa de la barbarie guerrillera’.
El periodismo tiende a enfocarse en lo que divide. Más interesantes, en este caso, son las coincidencias. Tienen que ver, como señala Pizarro, con un aspecto práctico fundamental: están en los factores que contribuyeron a prolongar el conflicto armado por tanto tiempo y, por tanto, la solución es hacerles frente en serio. Entre otros, eso es exactamente lo que se está buscando en La Habana. Y sobre lo que llaman la atención los académicos.
Aprovechar cuadros y estadísticas de los informes. Entre ellos:
- El cuadro de asesinatos políticos entre 1986 y 2002 de Gustavo Duncan.
- Las tablas sobre cambios en la estructura y la propiedad agraria entre 1960 y 2011 de Darío Fajardo.
- Los indicadores de la evolución de la democracia, las capacidades nacionales y la capacidad de fiscalidad del Estado de Jorge Giraldo, y su gráfica sobre distribución de las víctimas (sin desplazados ni amenazas).
- La evolución del puesto de Colombia en la ayuda externa de Estados Unidos de Renán Vega.
- La relatoría de Pizarro presenta estas y otras cifras interesantes.
Preguntas:
- ¿Por qué a las Farc les interesaba tanto crear esta comisión y recibieron tan satisfechos sus resultados? Probablemente, necesitan una narrativa que justifique la rebelión (el paraguas para explicar medio siglo de graves infracciones al DIH), y la consiguieron.
- ¿Cómo popularizar ideas complejas que explican el conflicto, su prolongación y su impacto?
- ¿Qué tal una serie, informe a informe, de piezas cortas y un resumen final de diferencias y coincidencias?
Las 14 tesis clave de los informes, y 14 citas.
Y las diez gráficas más reveladoras.
Este blog volverá sobre el rico material de los académicos.
Consultar y seguir en: http://procesodepaz.fnpi.org/2015/02/un-reto-periodistico/
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miércoles, 25 de febrero de 2015
lunes, 23 de febrero de 2015
Justicia para todos
El pasado 15 de febrero el expresidente César Gaviria Trujillo lanzó al país una propuesta que fue titulada “Justicia transicional para todos” (El Tiempo, 15.02.15). El argumento alrededor del cual gira toda la disquisición dice que “si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra”. En otras palabras, Gaviria dice que si no se finiquita bien la paz la guerra continuará por otros medios. Eso es verdad. Solo habría que añadir que eso –la guerra por otros medios– es lo que estamos viviendo de cuenta de la justicia política del Procurador y del Fiscal, y de la corrupción o malicia de muchos jueces y magistrados.
Las preocupaciones de Gaviria tienen dos acentos principales, la fuerza pública y los no combatientes. Tiene razón Gaviria cuando afirma que el punto de partida de cualquier tratamiento a los militares debe partir de la premisa de que su actuación ha sido legítima y ha girado en torno a la defensa de “las instituciones constitucionales”. También está en lo cierto cuando dice que en la guerra no solo participaron los combatientes sino también empresarios, políticos, y menciona también a “miles de miembros de la sociedad civil” y “miembros de la rama judicial”. Punto final y cierre son las palabras adecuadas.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la justicia transicional no debe ser una sombrilla para que todo el mundo se escampe alegremente y que tiene que reflejar criterios mínimos de justicia para facilitar la transición a la paz sin desconocer a las víctimas. Como lo manifestó hace poco el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, la justicia transicional no se limita a beneficios (“Presidente, Farc y sociedad deben cambiar el chip”, El Colombiano, 09.02.15). En muchos casos parte de la pena debe consistir en la pérdida de los derechos políticos. Es una vergüenza que los condenados sigan orondos como candidatos o jefes políticos, aun estando en prisión, como pasó hace poco con Oscar Suárez Mira.
La otra virtud de la propuesta es que puede ser la base para el pacto por la paz que el país está necesitando, entre la oposición y el gobierno, que vincule a la mitad del país escéptica o crítica del proceso que se está dando en La Habana. Ahora lo importante es que los que pueden se muevan y busquen la manera de hacer operativa esta idea. Gaviria se lanzó pero no se le ven ganas de luchar. Santos se pronunció; le toca a Uribe.
Solidaridad: con mi convicción de que Colombia debe avanzar hacia el pluralismo y la tolerancia, y de que ello debe expresarse cada día y en cada lugar, manifiesto mi solidaridad con Yohir Akerman.
El Colombiano, 22 de febrero de 2015
Las preocupaciones de Gaviria tienen dos acentos principales, la fuerza pública y los no combatientes. Tiene razón Gaviria cuando afirma que el punto de partida de cualquier tratamiento a los militares debe partir de la premisa de que su actuación ha sido legítima y ha girado en torno a la defensa de “las instituciones constitucionales”. También está en lo cierto cuando dice que en la guerra no solo participaron los combatientes sino también empresarios, políticos, y menciona también a “miles de miembros de la sociedad civil” y “miembros de la rama judicial”. Punto final y cierre son las palabras adecuadas.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la justicia transicional no debe ser una sombrilla para que todo el mundo se escampe alegremente y que tiene que reflejar criterios mínimos de justicia para facilitar la transición a la paz sin desconocer a las víctimas. Como lo manifestó hace poco el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, la justicia transicional no se limita a beneficios (“Presidente, Farc y sociedad deben cambiar el chip”, El Colombiano, 09.02.15). En muchos casos parte de la pena debe consistir en la pérdida de los derechos políticos. Es una vergüenza que los condenados sigan orondos como candidatos o jefes políticos, aun estando en prisión, como pasó hace poco con Oscar Suárez Mira.
La otra virtud de la propuesta es que puede ser la base para el pacto por la paz que el país está necesitando, entre la oposición y el gobierno, que vincule a la mitad del país escéptica o crítica del proceso que se está dando en La Habana. Ahora lo importante es que los que pueden se muevan y busquen la manera de hacer operativa esta idea. Gaviria se lanzó pero no se le ven ganas de luchar. Santos se pronunció; le toca a Uribe.
Solidaridad: con mi convicción de que Colombia debe avanzar hacia el pluralismo y la tolerancia, y de que ello debe expresarse cada día y en cada lugar, manifiesto mi solidaridad con Yohir Akerman.
El Colombiano, 22 de febrero de 2015
miércoles, 18 de febrero de 2015
Ecos de la Comisión: Kalmanovitz
La historia del conflicto
Por: Salomón Kalmanovitz
El Espectador, 15.02.15
Se dio a conocer la semana pasada el informe sobre las causas históricas del conflicto colombiano. La mesa de negociación encargó a 12 académicos para que analizaran lo sucedido, la mitad nombrados por las Farc y el resto por el Gobierno.
Mientras Eduardo Pizarro, que es el relator nombrado por el Gobierno, presenta un escrito bien redactado, apoyado en 10 gráficas y muchas estadísticas, el de Víctor Manuel Moncayo presenta algunos datos dispersos, sin ninguna organización con que probar sus afirmaciones frecuentemente descabelladas; por el contrario, afirma que no pueden hacerse comparaciones estadísticas con otros países de la región porque el caso colombiano es demasiado específico. Afirma rotundo que la guerrilla no fue contaminada por el narcotráfico y por el secuestro pues “sus propósitos fueron siempre políticos”. Moncayo presenta 14 tesis al final de su relatoría, muchas de ellas delirantes, como la que afirma que la responsabilidad de la violencia es sistémica (de todos y de nadie), pero con el sorpresivo giro de que recae sobre el Estado.
Entre los académicos designados por las Farc es evidente que De Zubiría, Estrada, Javier Giraldo (la rebelión se justifica porque el Estado incumplió sus deberes) y Vega (existe siempre el terrorismo de Estado) buscan descargar la responsabilidad de la insurgencia en la degradación del conflicto, asumiendo que el capitalismo y el imperialismo son los culpables. Así, el narcotráfico es un negocio transnacional del capitalismo global en el que la organización guerrillera no podía dejar de participar de sus generosos excedentes y el secuestro pasa de agache. Abusan también de adjetivos peyorativos contra sus enemigos.
Los Estados Unidos son un actor determinante para ellos, lo cual es sólo parcialmente cierto: su aporte a la modernización de la Fuerza Pública y a elevar su capacidad de inteligencia fue importante, pero el grueso del 4% del PIB que se gasta en seguridad hoy surge de la tributación interna. Estos académicos reniegan de la ciencia social, como un ejercicio que busca esclarecer la verdad con dos excepciones: Fajardo tiene una larga trayectoria en el estudio de la cuestión agraria y un interés en encontrar las causas del conflicto, mientras que Molano es fiel a una vocación literaria que busca darles voz a los colonos y a esclarecer su historia.
Por el lado del los académicos nombrados por el Gobierno, todos cuentan con trabajos sobre la historia del conflicto, el paramilitarismo y el desplazamiento, como Pecaut (su decano), Duncan, Wills, Jorge Giraldo (desarrolla bien el tema de la debilidad del Estado que no puede ejercer el monopolio de los medios de violencia ) y Gutiérrez. El mismo Giraldo aduce que la “ventanilla siniestra”, como se le llamó a la compra de dólares por el Banco de la República, es prueba de la complacencia con los recursos del narcotráfico; lo cierto es que un régimen de cambios fijo hace necesario que el banco central adquiera todas las divisas que se le ofrezcan. Si sobran las evidencias de aprovechar el lavado de activos por paramilitares, políticos y sector privado. Me parece que Torrijos también pierde objetividad en su análisis de la insurgencia.
El informe de la comisión cuenta con 809 páginas y no es fácil de leer ni de reseñar. Hay que preguntarse por qué no pudieron encargar a los dos mejores académicos de cada bando para presentar un informe corto, esclarecedor y literario.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/opinion/historia-del-conflicto-columna-544252
Por: Salomón Kalmanovitz
El Espectador, 15.02.15
Se dio a conocer la semana pasada el informe sobre las causas históricas del conflicto colombiano. La mesa de negociación encargó a 12 académicos para que analizaran lo sucedido, la mitad nombrados por las Farc y el resto por el Gobierno.
Mientras Eduardo Pizarro, que es el relator nombrado por el Gobierno, presenta un escrito bien redactado, apoyado en 10 gráficas y muchas estadísticas, el de Víctor Manuel Moncayo presenta algunos datos dispersos, sin ninguna organización con que probar sus afirmaciones frecuentemente descabelladas; por el contrario, afirma que no pueden hacerse comparaciones estadísticas con otros países de la región porque el caso colombiano es demasiado específico. Afirma rotundo que la guerrilla no fue contaminada por el narcotráfico y por el secuestro pues “sus propósitos fueron siempre políticos”. Moncayo presenta 14 tesis al final de su relatoría, muchas de ellas delirantes, como la que afirma que la responsabilidad de la violencia es sistémica (de todos y de nadie), pero con el sorpresivo giro de que recae sobre el Estado.
Entre los académicos designados por las Farc es evidente que De Zubiría, Estrada, Javier Giraldo (la rebelión se justifica porque el Estado incumplió sus deberes) y Vega (existe siempre el terrorismo de Estado) buscan descargar la responsabilidad de la insurgencia en la degradación del conflicto, asumiendo que el capitalismo y el imperialismo son los culpables. Así, el narcotráfico es un negocio transnacional del capitalismo global en el que la organización guerrillera no podía dejar de participar de sus generosos excedentes y el secuestro pasa de agache. Abusan también de adjetivos peyorativos contra sus enemigos.
Los Estados Unidos son un actor determinante para ellos, lo cual es sólo parcialmente cierto: su aporte a la modernización de la Fuerza Pública y a elevar su capacidad de inteligencia fue importante, pero el grueso del 4% del PIB que se gasta en seguridad hoy surge de la tributación interna. Estos académicos reniegan de la ciencia social, como un ejercicio que busca esclarecer la verdad con dos excepciones: Fajardo tiene una larga trayectoria en el estudio de la cuestión agraria y un interés en encontrar las causas del conflicto, mientras que Molano es fiel a una vocación literaria que busca darles voz a los colonos y a esclarecer su historia.
Por el lado del los académicos nombrados por el Gobierno, todos cuentan con trabajos sobre la historia del conflicto, el paramilitarismo y el desplazamiento, como Pecaut (su decano), Duncan, Wills, Jorge Giraldo (desarrolla bien el tema de la debilidad del Estado que no puede ejercer el monopolio de los medios de violencia ) y Gutiérrez. El mismo Giraldo aduce que la “ventanilla siniestra”, como se le llamó a la compra de dólares por el Banco de la República, es prueba de la complacencia con los recursos del narcotráfico; lo cierto es que un régimen de cambios fijo hace necesario que el banco central adquiera todas las divisas que se le ofrezcan. Si sobran las evidencias de aprovechar el lavado de activos por paramilitares, políticos y sector privado. Me parece que Torrijos también pierde objetividad en su análisis de la insurgencia.
El informe de la comisión cuenta con 809 páginas y no es fácil de leer ni de reseñar. Hay que preguntarse por qué no pudieron encargar a los dos mejores académicos de cada bando para presentar un informe corto, esclarecedor y literario.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/opinion/historia-del-conflicto-columna-544252
lunes, 16 de febrero de 2015
Ecos de la Comisión Histórica
Desde hoy, reproduciré algunos comentarios interesantes sobre los informes que arrojó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), cuyas labores se desarrollaron entre el 21 de agosto de 2014 y el 10 de febrero de 2015 y de la que hice parte.
Como se sabe, la Comisión Histórica surgió de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y las Farc, y su papel se enmarcó en la discusión sobre el tema de víctimas.
Como se sabe, la Comisión Histórica surgió de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y las Farc, y su papel se enmarcó en la discusión sobre el tema de víctimas.
Comisión histórica
El pasado 10 de febrero, en La Habana, se hizo la presentación de los trabajos de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” acordada por la Mesa de Diálogos entre el Gobierno nacional y las Farc. Fue el punto culminante de casi seis meses de trabajos, de dos relatores y doce comisionados. Me tocó la responsabilidad y la carga de ser uno de ellos. Escribo sobre la comisión con el propósito de aclarar algunas premisas que deben tenerse en cuenta para cualquier ejercicio analítico, comunicativo o pedagógico. Y ello porque desde un principio –cuando se instaló el 21 de agosto de 2014– no han cesado los equívocos, incluso sobre asuntos tan elementales como su composición.
Esta es una de cuatro comisiones históricas principales creadas en Colombia en los últimos 55 años: la Comisión Investigadora de 1958, la Comisión de Expertos de 1987 y el Grupo de Memoria Histórica de 2007. Hay dos diferencias cruciales entre la actual Comisión Histórica y las anteriores. Una, que esta es la primera que surge de un acuerdo entre partes y no como decisión unilateral del gobierno. Otra, que la actual no tenía como misión presentar un informe colectivo.
Estas peculiaridades dieron origen a confusiones. En un país donde el sectarismo todavía es silvestre, la primera originó clasificaciones de izquierda y derecha, descalificaciones por lo uno o lo otro y, ya esta semana, improperios que resultan inculpatorios para quienes los profieren. La segunda dio lugar, al comienzo, a versiones temerosas de que se iba a crear una historia oficial y, ahora, a informes desencantados porque no hubo consensos. Lo cierto es que un examen atento de las funciones de la comisión permitía entender la integración tan variopinta y el resultado tan plural.
La Comisión Histórica es histórica por esas dos características: se proponen interpretaciones desde enfoques, posiciones y experiencias muy diversas, y eso se refleja en el papel sin apresurar acuerdos. Los acuerdos están bien para las negociaciones; la academia es el espacio de la deliberación, la crítica y el disenso. (Los intelectuales orgánicos son otra cosa, excúseme el tecnicismo.) Puede ser histórica si contribuye a organizar discusiones y reflexiones juiciosas y si es considerada útil por una futura comisión de la verdad.
Pude presenciar las reacciones de los miembros de las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana. Ellas fueron de escucha, respeto, valoración, sin que ello para nada insinuara complacencia o aceptación. Si la opinión pública calificada –intelectuales, académicos, periodistas– aborda estos informes con la mitad de esa actitud, el ejercicio puede tener resultados constructivos.
De todos modos, no sobra advertir que siempre es más importante el porvenir que el pasado, que los esfuerzos de la sociedad colombiana deben enfocarse en el qué y el cómo queremos seguir construyendo país más que en lo que pasó.
El Colombiano, 15 de febrero
Esta es una de cuatro comisiones históricas principales creadas en Colombia en los últimos 55 años: la Comisión Investigadora de 1958, la Comisión de Expertos de 1987 y el Grupo de Memoria Histórica de 2007. Hay dos diferencias cruciales entre la actual Comisión Histórica y las anteriores. Una, que esta es la primera que surge de un acuerdo entre partes y no como decisión unilateral del gobierno. Otra, que la actual no tenía como misión presentar un informe colectivo.
Estas peculiaridades dieron origen a confusiones. En un país donde el sectarismo todavía es silvestre, la primera originó clasificaciones de izquierda y derecha, descalificaciones por lo uno o lo otro y, ya esta semana, improperios que resultan inculpatorios para quienes los profieren. La segunda dio lugar, al comienzo, a versiones temerosas de que se iba a crear una historia oficial y, ahora, a informes desencantados porque no hubo consensos. Lo cierto es que un examen atento de las funciones de la comisión permitía entender la integración tan variopinta y el resultado tan plural.
La Comisión Histórica es histórica por esas dos características: se proponen interpretaciones desde enfoques, posiciones y experiencias muy diversas, y eso se refleja en el papel sin apresurar acuerdos. Los acuerdos están bien para las negociaciones; la academia es el espacio de la deliberación, la crítica y el disenso. (Los intelectuales orgánicos son otra cosa, excúseme el tecnicismo.) Puede ser histórica si contribuye a organizar discusiones y reflexiones juiciosas y si es considerada útil por una futura comisión de la verdad.
Pude presenciar las reacciones de los miembros de las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana. Ellas fueron de escucha, respeto, valoración, sin que ello para nada insinuara complacencia o aceptación. Si la opinión pública calificada –intelectuales, académicos, periodistas– aborda estos informes con la mitad de esa actitud, el ejercicio puede tener resultados constructivos.
De todos modos, no sobra advertir que siempre es más importante el porvenir que el pasado, que los esfuerzos de la sociedad colombiana deben enfocarse en el qué y el cómo queremos seguir construyendo país más que en lo que pasó.
El Colombiano, 15 de febrero
lunes, 9 de febrero de 2015
Siete años
Hace siete años –el 4 de febrero de 2008– Colombia vivió una jornada singular. La realización de una marcha nacional que congregó a millones de personas, en centenares de ciudades y poblados, bajo las consignas “No más secuestro”, “No más Farc” y convocada por un colectivo acéfalo y virtual bautizado para la ocasión como “Colombia soy yo”. El historiador Medófilo Medina lo llamó en su momento “un acontecimiento formidable”.
Medina hizo un ejercicio profesional para destacar hitos protagonizados por lo que llama muchedumbres políticas. 1893, 1909, 1929, 1948, 1957, 1977, son los años rutilantes. Los interesados pueden consultar el texto como capítulo del libro El rompecabezas de la paz (La carreta, 2014). Medina hizo su análisis entre el asombro y la duda, le parecía que bajo una condena tan unilateral subyacía una especie de pragmatismo amoral y se asustaba con la idea de un respaldo masivo a la aniquilación de las Farc.
No pretendo discutir, a la distancia de siete años, con una posición que pertenece a su tiempo. Yo, un año después (“El espíritu del 4 de febrero”, El Colombiano, 08.02.09), me quejé del modo como los medios olvidaron el primer aniversario de la marcha y daba cuenta de sus secuelas en la protesta ciudadana contra el secuestro y de las tímidas respuestas de las Farc a la misma, que sintieron –como era lo correcto– que ellas eran las destinatarias de ese mensaje. Las especulaciones sobre ardides del gobierno y la existencia de grandes manipuladores ya se habían desvanecido para ese entonces.
Muchos analistas y estudiosos de la guerra colombiana han pasado por alto el impacto del secuestro en la vida de las gentes del común, no solo de los ricos como pretendían las guerrillas. Coincidencia o no, ese mismo año Fidel Castro Ruz –el mismo– publicó un libro en La Habana como constancia histórica de su rechazo de siempre a la práctica del secuestro y, con mucha sutileza, de su distanciamiento de las Farc.
El 4 de febrero de 2008 fue una manifestación de que los colombianos teníamos reservas morales como para pararnos en la raya y lanzar un “no más” que se oyó en todo el mundo. Sigo pensando que fue una expresión constituyente al oído de una insurgencia que descreía de los votos, las encuestas y de las voces de unos pocos intelectuales críticos, y que ya no podía taparse los ojos ante la voluntad de la multitud.
Muchos de quienes alentamos esas marchas y estuvimos allí estamos apoyando la salida diplomática que avanza en La Habana. Pienso ahora en una narrativa idealista y edificante: que para decidirse a negociar en serio, haya pesado más en las Farc la marcha del 4 de febrero que las muertes –que ocurrieron en los 45 días posteriores– de Raúl Reyes, Iván Ríos y Manuel Marulanda.
El Colombiano, 8 de febrero
Medina hizo un ejercicio profesional para destacar hitos protagonizados por lo que llama muchedumbres políticas. 1893, 1909, 1929, 1948, 1957, 1977, son los años rutilantes. Los interesados pueden consultar el texto como capítulo del libro El rompecabezas de la paz (La carreta, 2014). Medina hizo su análisis entre el asombro y la duda, le parecía que bajo una condena tan unilateral subyacía una especie de pragmatismo amoral y se asustaba con la idea de un respaldo masivo a la aniquilación de las Farc.
No pretendo discutir, a la distancia de siete años, con una posición que pertenece a su tiempo. Yo, un año después (“El espíritu del 4 de febrero”, El Colombiano, 08.02.09), me quejé del modo como los medios olvidaron el primer aniversario de la marcha y daba cuenta de sus secuelas en la protesta ciudadana contra el secuestro y de las tímidas respuestas de las Farc a la misma, que sintieron –como era lo correcto– que ellas eran las destinatarias de ese mensaje. Las especulaciones sobre ardides del gobierno y la existencia de grandes manipuladores ya se habían desvanecido para ese entonces.
Muchos analistas y estudiosos de la guerra colombiana han pasado por alto el impacto del secuestro en la vida de las gentes del común, no solo de los ricos como pretendían las guerrillas. Coincidencia o no, ese mismo año Fidel Castro Ruz –el mismo– publicó un libro en La Habana como constancia histórica de su rechazo de siempre a la práctica del secuestro y, con mucha sutileza, de su distanciamiento de las Farc.
El 4 de febrero de 2008 fue una manifestación de que los colombianos teníamos reservas morales como para pararnos en la raya y lanzar un “no más” que se oyó en todo el mundo. Sigo pensando que fue una expresión constituyente al oído de una insurgencia que descreía de los votos, las encuestas y de las voces de unos pocos intelectuales críticos, y que ya no podía taparse los ojos ante la voluntad de la multitud.
Muchos de quienes alentamos esas marchas y estuvimos allí estamos apoyando la salida diplomática que avanza en La Habana. Pienso ahora en una narrativa idealista y edificante: que para decidirse a negociar en serio, haya pesado más en las Farc la marcha del 4 de febrero que las muertes –que ocurrieron en los 45 días posteriores– de Raúl Reyes, Iván Ríos y Manuel Marulanda.
El Colombiano, 8 de febrero
miércoles, 4 de febrero de 2015
Sereno
Reproduzco a continuación el comentario de Diego Londoño acerca de Paisajes sonoros de Antioquia de Sereno, que regalé a algunos amigos y conocidos en diciembre pasado.
CRÍTICO
DIEGO LONDOÑO
El Colombiano, 1 de febreo de 2015
Sereno: el sonido de Antioquia
Las propuestas musicales deben transformarse con el paso del tiempo, con el cambio de la vida. Muchas agrupaciones no han entendido la palabra evolución y se les nota a leguas la dificultad para salir de la zona de confort ya generalizada. Estrofa, puente, coro, solo, coro, final y lista la canción. Nos acostumbramos muy fácil a las estructuras repetidas, nos da pereza explorar, pues así se va a la fija, en muchas de las radios, en muchos de los oídos. Sin embargo, eso es lo que no pasa con una propuesta que nace no como una banda, no como un disco, no como una canción, sino como arte. Esa propuesta, como el mar de la mañana, como el cielo de domingo soleado, se llama Sereno.
El sonido de esta agrupación entiende el arte como un todo, no lo separa, por el contrario lo une para formar un solo elemento que en este caso lleva por nombre “Paisajes Sonoros de Antioquia” su álbum debut, en el que a través de los sonidos, este pretende narrar cada uno de los paisajes de nuestro territorio. No es solo un disco, es toda una obra de arte construida a través de las ilustraciones, los diseños, las fotografías, los talentosísimos músicos invitados, los textos bellísimos de Patricia Nieto, y como inspiración, en lo más alto de todo, los paisajes de Antioquia, que sirven como lienzo de una acuarela perfecta llamada Sereno.
Esta propuesta sonora, que tiene como eje fundamental la música electrónica, quizá sin darnos cuenta, está construyendo la vanguardia de nuestra idiosincrasia sonora, pues a través de su apuesta artística crea música actual con un profundo respeto por la música colombiana. Ese respeto que a tantas bandas les falta.
¿Se han preguntado a qué suena Antioquia? Yo la verdad no lo sé. Tampoco sé si sea lo que expone Sereno a través de su música, pero lo que más aprecio de su proceso es que se atreven a experimentar, que quieren salir de lo común y lo hacen con responsabilidad y siguiendo el instinto artistico que les dicta el alma. Salud por este nuevo disco, salud por la nueva y buena música.
CRÍTICO
DIEGO LONDOÑO
El Colombiano, 1 de febreo de 2015
Sereno: el sonido de Antioquia
Las propuestas musicales deben transformarse con el paso del tiempo, con el cambio de la vida. Muchas agrupaciones no han entendido la palabra evolución y se les nota a leguas la dificultad para salir de la zona de confort ya generalizada. Estrofa, puente, coro, solo, coro, final y lista la canción. Nos acostumbramos muy fácil a las estructuras repetidas, nos da pereza explorar, pues así se va a la fija, en muchas de las radios, en muchos de los oídos. Sin embargo, eso es lo que no pasa con una propuesta que nace no como una banda, no como un disco, no como una canción, sino como arte. Esa propuesta, como el mar de la mañana, como el cielo de domingo soleado, se llama Sereno.
El sonido de esta agrupación entiende el arte como un todo, no lo separa, por el contrario lo une para formar un solo elemento que en este caso lleva por nombre “Paisajes Sonoros de Antioquia” su álbum debut, en el que a través de los sonidos, este pretende narrar cada uno de los paisajes de nuestro territorio. No es solo un disco, es toda una obra de arte construida a través de las ilustraciones, los diseños, las fotografías, los talentosísimos músicos invitados, los textos bellísimos de Patricia Nieto, y como inspiración, en lo más alto de todo, los paisajes de Antioquia, que sirven como lienzo de una acuarela perfecta llamada Sereno.
Esta propuesta sonora, que tiene como eje fundamental la música electrónica, quizá sin darnos cuenta, está construyendo la vanguardia de nuestra idiosincrasia sonora, pues a través de su apuesta artística crea música actual con un profundo respeto por la música colombiana. Ese respeto que a tantas bandas les falta.
¿Se han preguntado a qué suena Antioquia? Yo la verdad no lo sé. Tampoco sé si sea lo que expone Sereno a través de su música, pero lo que más aprecio de su proceso es que se atreven a experimentar, que quieren salir de lo común y lo hacen con responsabilidad y siguiendo el instinto artistico que les dicta el alma. Salud por este nuevo disco, salud por la nueva y buena música.
lunes, 2 de febrero de 2015
Policías farianos
Está cogiendo la costumbre el presidente Santos de soltar bombas de profundidad en entrevistas insustanciales. La última de sus salidas fue sugerir la posibilidad de que los desmovilizados de las Farc pudieran engrosar la policía nacional o una eventual policía rural. Cabe suponer, dada la continuidad entre el comentario y la reunión con los asesores internacionales en Cartagena, que la sugerencia pudo haber salido de allí.
Se olvida que esa experiencia ya se ensayó en Colombia con resultados muy malos. Algunos reinsertados del Ejército Popular de Liberación entraron al DAS Rural en 1992, y a los miembros de las Milicias Populares de Medellín se les dieron armas y uniformes en 1994 para conformar un cuerpo de seguridad en la zona nororiental de la ciudad, llamado Coosercom. El experimento fue un fracaso que llevó a la muerte a centenares personas, entre civiles e integrantes de esos grupos.
La historia a veces puede eludirse asumiendo que se van a enmendar los errores cometidos. Lo que no es tan fácil de resolver es la incompatibilidad conceptual y práctica entre un soldado y un policía. Esta es una diferencia universal y clara para el sentido común. Lo que se escapa ahora tal vez es la idea de que los guerrilleros y, especialmente, los de las Farc han sido militares tanto en su manera de operar como en su mentalidad. Uno no puede querer, al mismo tiempo, poner al ejército en las fronteras y a los farianos de policía rural.
Luego, en el mismo terreno, están las diferencias entre un policía y un militante político. ¿Tenemos conciencia de que los combatientes de las Farc no son simples guerreros sino, en su mayoría, militantes políticos? Si el futuro de la fuerza desmovilizada está en la política, sus integrantes no pueden ser policías al mismo tiempo. ¿Se imaginan unas elecciones en El Tarra o Planadas con candidatos de la Marcha Patriótica y policía fariana?
Finalmente, creo que esta propuesta tiene serios inconvenientes morales. El mensaje, para un poblador de Ituango o de Caloto, sería algo así como que las personas que los han oprimido durante décadas actuando al margen de la ley, ahora serán vigilantes y controladores autorizados por el poder legítimo del Estado. Los seguirán oprimiendo con otro uniforme. Tampoco parece una buena perspectiva para los desmovilizados. Uno tiene que suponer que el guerrillero sale harto de las armas y de sus antiguos jefes, y quiere hacer otras cosas, tener otro tipo de vida.
Hay razones históricas, conceptuales y morales, como las que acabo de exponer, para rechazar la propuesta comentada. El principal reto de Colombia en el posconflicto será evitar que tengamos una “paz violenta”, una estabilización o un incremento de los niveles de inseguridad que tenemos hoy. Llevar los desmovilizados a la fuerza pública es introducir un factor de riesgo adicional.
El Colombiano, 1 de febrero.
Se olvida que esa experiencia ya se ensayó en Colombia con resultados muy malos. Algunos reinsertados del Ejército Popular de Liberación entraron al DAS Rural en 1992, y a los miembros de las Milicias Populares de Medellín se les dieron armas y uniformes en 1994 para conformar un cuerpo de seguridad en la zona nororiental de la ciudad, llamado Coosercom. El experimento fue un fracaso que llevó a la muerte a centenares personas, entre civiles e integrantes de esos grupos.
La historia a veces puede eludirse asumiendo que se van a enmendar los errores cometidos. Lo que no es tan fácil de resolver es la incompatibilidad conceptual y práctica entre un soldado y un policía. Esta es una diferencia universal y clara para el sentido común. Lo que se escapa ahora tal vez es la idea de que los guerrilleros y, especialmente, los de las Farc han sido militares tanto en su manera de operar como en su mentalidad. Uno no puede querer, al mismo tiempo, poner al ejército en las fronteras y a los farianos de policía rural.
Luego, en el mismo terreno, están las diferencias entre un policía y un militante político. ¿Tenemos conciencia de que los combatientes de las Farc no son simples guerreros sino, en su mayoría, militantes políticos? Si el futuro de la fuerza desmovilizada está en la política, sus integrantes no pueden ser policías al mismo tiempo. ¿Se imaginan unas elecciones en El Tarra o Planadas con candidatos de la Marcha Patriótica y policía fariana?
Finalmente, creo que esta propuesta tiene serios inconvenientes morales. El mensaje, para un poblador de Ituango o de Caloto, sería algo así como que las personas que los han oprimido durante décadas actuando al margen de la ley, ahora serán vigilantes y controladores autorizados por el poder legítimo del Estado. Los seguirán oprimiendo con otro uniforme. Tampoco parece una buena perspectiva para los desmovilizados. Uno tiene que suponer que el guerrillero sale harto de las armas y de sus antiguos jefes, y quiere hacer otras cosas, tener otro tipo de vida.
Hay razones históricas, conceptuales y morales, como las que acabo de exponer, para rechazar la propuesta comentada. El principal reto de Colombia en el posconflicto será evitar que tengamos una “paz violenta”, una estabilización o un incremento de los niveles de inseguridad que tenemos hoy. Llevar los desmovilizados a la fuerza pública es introducir un factor de riesgo adicional.
El Colombiano, 1 de febrero.
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