Examen de sangre

Aunque el reporte sobre delitos menores tiene inundados los medios de comunicación, sobre todo la televisión, no es de esperarse que toda agresión física a un ciudadano tenga notoriedad pública. Si no hay cámara policial que le haga el trabajo gratis al medio, ni modo. Si no hay armas, ni muertos ni detenidos, menos aún.

Si la condición del ciudadano agredido es la de ser profesor, las características del hecho no califican significativamente la situación. En el medio colombiano la docencia no es una labor profesional especialmente estimada. Ni desde el Estado, ni desde la familia. Tampoco por el estudiante promedio, que confunde el derecho a la educación con una prerrogativa suya frente al maestro. Así que golpear a un profesor no constituye, por sí mismo, un agravante especial.

Hasta aquí llega el caso hipotético, pero estas presunciones se cumplen para el hecho que quiero comentar. El 31 de julio pasado fue agredido por dos personas, y después amenazado por una tercera, el profesor Hernando Muñoz Sánchez dentro del campus de la Universidad de Antioquia. La razón: pedirle a un par de personas que no estacionaran su moto en zona peatonal.

Hubo condenas a la agresión por parte de la facultad a la que pertenece Muñoz Sánchez y también de la asociación de profesores. Según el boletín de la Facultad de Educación, un directivo de la Facultad de Derecho se abstuvo de terciar en el asunto poniendo en pie de igualdad la versión de uno de los agresores –un estudiante de su unidad académica– y la del agredido. Una muestra fehaciente de la manera cómo se pueden formar abogados sin moral, pensando solo en términos jurídicos. Un agresor no es igual a un agredido, independiente de los pormenores de una querella judicial.

También debo argumentar que si bien todas las personas son iguales en dignidad, hay relaciones sociales en las cuáles se produce una diferenciación que debe ser tenida en cuenta. Cumplidas las condiciones básicas del respeto a la dignidad y los derechos del otro, en la calle un ciudadano no es igual a un policía, en un hospital un paciente no es igual a su médico. Hay una investidura especial que la sociedad le otorga a una persona para el debido cumplimiento de sus funciones. Tampoco en un claustro educativo un estudiante es igual a un profesor.

Se trata de un delito menor, sin duda. Es menor, por desgracia, incluso en el contexto de la Universidad de Antioquia, mi alma mater. Pero el silencio, la indiferencia, la connivencia con los trasgresores cotidianos y los pequeños y medianos delincuentes que se enseñorean en el campus, deben terminar. Y la forma como propios y extraños se han apropiado del bien público que constituye la universidad, también.

Mi solidaridad con el colega Hernando Muñoz.

El Colombiano, 10 de agosto