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La última joya del diseño institucional elaborado en la Asamblea Nacional Constituyente está a punto de colapsar reventada por la presión de la corrupción, la ineficiencia y la perversa influencia de los demás poderes públicos. Se trata de la justicia, que articulada con los derechos (y deberes), fue el mejor saldo de la Constitución de 1991.

La justicia colombiana está postrada. El problema no es nuevo y tiene muchos orígenes. Los mecanismos de postulación y elección de los magistrados de las altas cortes ya han mostrado sus grietas. Los constituyentes creyeron en la limpieza idílica de los juristas, como si nunca hubieran conocido a un abogado de carne y hueso. Crearon un órgano administrativo autónomo que se come el presupuesto mientras la mayoría de los municipios tienen un juez promiscuo y los fiscales de las grandes ciudades se las tienen que ver con una variedad inabarcable de delitos.

Hace algunos años apareció un oscuro abogado llamado Augusto Ibáñez quien quiso poner en práctica la doctrina del “siglo de los jueces” que en la práctica significaba la imposición (ya no el control) de las cortes sobre la política, y quien además lideró un sabotaje inédito del poder judicial contra el ejecutivo.

Durante los últimos tres años hemos visto una sucesión de exabruptos. El carrusel de las pensiones que permitió que personas con labores temporales en las cortes accedieran a pensiones altísimas; la puerta giratoria que se abrió entre altas cortes para que los magistrados transitaran de una a otra; los intricados organigramas de negociación de puestos entre la Procuraduría, las cortes y el congreso. Hace 4 años los magistrados se disfrazaban de exégetas heroicos, ya ni siquiera se molestan en hacerlo.

Con la llegada del presidente con la más alta votación de la historia se divisó la posibilidad de la reforma a la justicia que terminó en medio de un escándalo terrible y la incapacidad manifiesta del gobierno. En la última semana Santos posesionó casi clandestinamente a un magistrado altamente cuestionado, incluso por los oficialistas más obsecuentes, y un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura incitó públicamente a los beneficiarios de las pensiones millonarias a atacar a la Corte Constitucional mediante tutelas.

El resultado salta a la vista. Según Invamer Gallup en 2008 la favorabilidad de la justicia entre los colombianos era de un 58%, hoy tiene una desfavorabilidad del 62%, 70% entre los jóvenes (El Tiempo, 09.05.13). Latinobarómetro muestra que este es el peor momento de la justicia para los ciudadanos en los últimos diez años y también que la justicia es el componente más bajo de apoyo al sistema político. Según el Estudio Mundial de Valores la confianza en la justicia apenas llega al 34%.

Ahí están los factores y los responsables de los problemas de legitimidad de nuestras instituciones.

El Colombiano, 12 de mayo