¿Se salvará el 2012?

Para eludir juicios de ciclo largo, me limitaré a afirmar que el año 2012 ha sido el peor para el Estado colombiano desde 1991. En la ciencia política se evalúa la fortaleza de un Estado por su capacidad para hacer creíbles los monopolios de la seguridad, la justicia y la tributación. Son señales de la fortaleza de un Estado la protección de sus fronteras, una política económica inclusiva y la participación de los impuestos en los ingresos generales.

Desde 1991 el Estado colombiano había venido fortaleciéndose. Mejoró su capacidad de recaudo y con ello aumentó el gasto público social, que produce inclusión. Desde 1999 construyó un nuevo Ejército y mejoró significativamente su eficacia, desmanteló el paramilitarismo y derrotó a la guerrilla. Lo más importante incrementó su legitimidad.

En 2012 varios y grandes han sido los retrocesos en materia de construcción del Estado. El primero, el fallo de La Haya que cercenó una parte importante del mar territorial colombiano y del que el actual gobierno no puede exonerarse. La burda negociación del gobierno con las cortes, aumentó la corrupción, la venalidad y el descrédito de la rama judicial. Después la aprobación de una reforma tributaria que debilita las finanzas del Estado con la típica fórmula de hacer populismo con los pobres, subvencionar a los ricos y poner a pagar a la clase media.

Las medidas del gobierno Santos han agudizado el cambio de estructura económica del país, convirtiéndonos paulatinamente en una economía dependiente del sector minero y energético con una agricultura y una industria débiles. Con dos agravantes, no somos tan ricos en materia minera y el Estado está regalando, en la práctica, los recursos naturales, como lo demuestran los trabajos de Guillermo Rudas y privilegiando a los inversionistas foráneos (Marta Lucía Ramírez, El Tiempo, 23-12-12).

La democracia colombiana está resentida en su legitimidad. El presidente de la República tiene una favorabilidad inferior a la que tuvo Samper en sus peores momentos y el desprestigio de la justicia y del congreso es absoluto. Con pocas excepciones, los congresistas no han mostrado ser representantes de la ciudadanía sino un simple grupo de presión más que legisla para su propio interés, el de sus financiadores y el del Ejecutivo.

¿Qué mensaje le trasmite a la gente el ministro de Hacienda cuando sostiene -como lo hizo defendiendo la reforma tributaria- que el Estado no necesita plata? Si no necesita, ¿por qué no hay infraestructura, la salud está en crisis y la inversión en ciencia y tecnología sigue entre las más bajas de la región? Si el Estado colombiano no necesita dinero, es porque el 34% de la población bajo la línea de pobreza está condenada.

Rectificación: El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia no hizo parte de la junta directiva de Interbolsa como afirmé en esta columna el 16 de diciembre pasado. Pido disculpas.

El Colombiano, 6 de enero