Más allá del derecho

Las discusiones sobre la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en El Caribe por parte de Colombia ayudan a ilustrar un poco el tipo de mentalidad que caracteriza a las élites colombianas. De una vez por todas, diré que cuando digo élites uso el término en el sentido sociológico que incluye, además de los ricos y los políticos, a los directores ideológicos como las iglesias, los medios, los intelectuales y las universidades.

La primera nota dominante es la carencia del mínimo sentido de solidaridad (en este caso con los isleños) y de noción de comunidad política. La opinión predominante entre los intelectuales –algunos de ellos columnistas– carece de cualquier sentimiento de patria, lo que no sorprende pero sí entristece. Creo que los intelectuales deben caracterizarse por un criterio propio, incluso personal, pero teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos. Pocos han expresado una opinión que tenga en cuenta el sentimiento razonado –en cualquier rango sobre el 84%– de los colombianos que rechazan lo ocurrido el 19 de noviembre (Semana, encuesta Colombia Opina 2012-4)

La segunda es el leguleyismo. Una cosa es la valoración de la capacidad civilizatoria del derecho y otra muy distinta es creer que lo único que existe es la ley. Además, del derecho existe, por ejemplo, la justicia. El derecho ni siquiera es el único discurso normativo, esto es, que ayuda a regular las relaciones sociales. También lo son la ética y la política.

En el caso del tema que nos concierne, Colombia siempre despreció la política. No intentó buscar una mediación internacional, como la que hizo Juan Pablo II entre Chile y Argentina; no buscó una negociación directa con Nicaragua, como las que hizo con Venezuela; tampoco hizo un ejercicio sistemático y fuerte de soberanía en la zona desde que se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas en 1928, para consolidar con hechos lo que había ganado con títulos históricos y diplomacia.

Lo que vemos ahora en las discusiones públicas es la disyuntiva falsa de acatar o no el fallo de la Corte Internacional de Justicia. La disyuntiva es falsa porque la única opción sensata, bien sea desde una perspectiva idealista o desde una realista, es acatarlo. Pero también es falsa porque no es lo único que hay para hacer. Las posibles acciones que se abren para el Estado colombiano son múltiples. Y quizás la más importante de toda sea la de empezar, de una vez por todas, a construir una política de Estado respecto al significado y las implicaciones de la soberanía.

El país debe abandonar la manía folklórica de firmar cuanta ocurrencia emerge de la maraña de las normas internacionales, característica de las repúblicas bananeras cosmopolitas. Los Estados serios del mundo se caracterizan por firmar pocos tratados internacionales, hacerlos bajo el criterio del interés nacional y cumplir los que se firman.

El Colombiano, 2 de diciembre