Vendedores ambulantes

Hace dos años, en el Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT, hizo un ejercicio con 14 expertos en seguridad sobre los llamados “mercados ilegales en el valle de Aburrá” (Economía criminal en Antioquia: narcotráfico, 2011). El instrumento aplicado buscaba determinar el tamaño del mercado y el grado de tolerancia social de las mercancías ilegales.

Los resultados mostraron que los mercados ilegales más frecuentes y tolerados eran los de vigilancia, ventas ambulantes, contrabando, extorsión al trasporte y al comercio minorista y la venta de artículos piratas. Mercados importantes pero menos tolerados serían los de autopartes, drogas, porte ilegal de armas y robo de automóviles. Si estos mercados los ubicamos en un mapa queda claro que el Centro es el lugar de mayor concentración de todos ellos, aunque para nadie es un secreto que están presentes en las distintas comunas de Medellín y en el resto del valle de Aburrá.

Existe una confusión cuando se cree que los venteros ambulantes, en general, son los operadores de esos mercados. Una parte de ese mercado está a su cargo y algunos de ellos, por interés o coacción, pueden estar articulados a funciones que requiere el crimen organizado. Por otra parte, también es cierto que otros mercados ilícitos están relacionados con el comercio legal o relativamente formal, como el contrabando, el mercado de facturas de IVA, las autopartes. Es decir, nos referimos a un mundo complejo y numeroso que va más allá del invocado derecho al trabajo o de la simple subsistencia.

Se puede ver, después, que este es un tema más profundo que el del espacio público. El espacio público es un asunto de primer orden en las urbes modernas y está bien que las autoridades intervengan para recuperarlo. Pero la invasión del espacio público no es un monopolio de los comerciantes informales e ilegales. El comercio legal tiene su cuota de responsabilidad, como lo han hecho notar la protesta pacífica del fin de semana en el Parque Lleras (El Colombiano, 29.09.12) y el movimiento ciudadano que se está gestando alrededor de la Avenida 33.

El nudo crucial del asunto es el de la seguridad. El ejercicio analítico que se hizo a propósito de la Encuesta de Percepción Ciudadana del proyecto Medellín cómo vamos lo reitera y en esto coincide una parte de los analistas. Y aquí la frontera no está tampoco entre el comercio informal y el comercio organizado. La frontera está entre los mercados y los mercaderes que tienen algún tipo de relación con organizaciones criminales y armadas, y los que no. Ahí es donde debe estar la prioridad de quien diseña y ejecuta la política pública.

Justicia: según su abogado, “El cebollero” saldrá libre dentro de dos años; para ese entonces Alonso Salazar deberá permanecer diez años más inhabilitado para hacer política o contratar con el Estado.

El Colombiano, 7 de octubre