Hay personajes que parecen ser muy conocidos por su vida pública, larga, notable o ambas. Pero en muchos casos se trata de una simple apariencia. Se conocen sus caras, sus voces y ciertos estereotipos establecidos por la opinión publicada o por los humoristas, pero poco más. Tal vez sea el caso de Angelino Garzón, quien pasa por una delicada situación de salud, que es, adicionalmente, un caso de Estado por su condición de vicepresidente de la República.
Conozco a Angelino desde hace más de 30 años y en cada década he trabajado con él al menos una vez durante un tiempo apreciable. Filosóficamente hablando eso no quiere decir que uno conozca a alguien, pero sí permite dar cuenta de algunas facetas de la persona.
Desde 1970 la vida pública de Angelino ha tenido tres grandes etapas: la de dirigente sindical hasta 1990, la de dirigente político desde 1980 y la de funcionario de gobierno desde el 2000. Ninguna de estas etapas fue plana. Empezó como dirigente en una central sindical comunista pero terminó fundando una central pluralista (la CUT) en 1986. Mantuvo su militancia comunista hasta 1990, después de haber llegado al cargo más alto al que podía aspirar un líder no histórico (léase viejo) del comunismo colombiano.
Su gran transformación política se produjo en la encrucijada de 1990. Cayó el muro de Berlín y se perdió el régimen sandinista en Nicaragua, el 22 de marzo asesinaron a Bernardo Jaramillo, sus camaradas descubrieron que las Farc espiaban a Jaramillo por la desconfianza que les producía y se salieron del partido comunista, el M-19 invitó a Garzón a entrar en su lista para la constituyente. En lo que me consta, estoy seguro que el mayor orgullo de Angelino es el de haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, mucho más –creo– que ocupar la vicepresidencia.
En los últimos 20 años las convicciones de Angelino se construyeron alrededor de tres ideas fuertes: paz, democracia y concertación. En todas hizo contribuciones, pero la marca de su autenticidad es la concertación. La idea de que hay profundas diferencias de intereses y visiones en la sociedad que demandan espacios de diálogo permanente y voluntad de realizar acuerdos y hacer transacciones. Quizá no sepa Angelino, que esta es también la contribución de uno de los mayores pensadores de nuestro tiempo: Isaiah Berlin.
Pero para defender seriamente una idea como esta es necesario forjarse una personalidad apropiada. Angelino representa bien la moderación, la modestia y la conciencia del origen. Todavía era comunista cuando podía salir a comer con sus contradictores, después de una jornada de disputas agrias. Nunca se ha dado ínfulas, a pesar de una trayectoria tan peculiar y meritoria. Siempre recuerda su cuna bugueña y sus tardes dominicales de adolescente moviendo marcadores en el Pascual Guerrero, casi siempre dejando en ceros la tableta de su América. Estos son sus logros menos apreciados.
El Colombiano, 24 de junio
Un sitio sobre filosofía práctica, cultura popular y política
miércoles, 27 de junio de 2012
miércoles, 20 de junio de 2012
Recibir sin dar
Hace poco tuve la oportunidad de estar en un muy buen seminario sobre nuevas perspectivas en los estudios de la violencia, organizado por las universidades de Harvard y Los Andes. Muchos trabajos novedosos y arriesgados de investigadores jóvenes y el consabido interés que despiertan los ya posicionados.
Entre los primeros estaba un trabajo de Cárdenas, Casas, Méndez y Exadaktylos sobre preferencias sociales y justicia distributiva, que usa métodos de economía experimental y se inspira en los trabajos de Elinor Ostrom, la premio Nóbel de Economía del 2009 que murió esta semana (12 de junio).
El hallazgo de este trabajo es resumido por los autores así: “en los grupos más vulnerables y excluidos encontramos una correlación fuerte entre recibir más programas de apoyo del Estado y menores comportamientos pro-sociales”. En cristiano quiere decir que mientras más subsidios estatales recibe y más objeto de programas de asistencia social es un individuo –pobre en este caso– menos propenso es el mismo individuo a cooperar y solidarizarse con sus semejantes. Peor aún, entre 6 capitales latinoamericanas
Bogotá tuvo el peor indicador de expectativas de cooperación entre la gente.
Esto significa que habría un efecto indeseado en las políticas sociales tal y como están concebidas en Colombia, a saber, que ciertas medidas de asistencia social sostenida deterioran el capital social (confianza, solidaridad, asociacionismo, integración) de las comunidades más pobres. No es un argumento contra la justicia distributiva, sino contra la política de subsidiar o regalar.
Yo creería –Cárdenas no me proporcionó la respuesta– que este comportamiento puede hallarse también entre los ricos que viven de los favores del Estado: contratistas y rentistas de todo tipo. No es el tipo de burgués o de corporación que uno vea todos los días haciendo filantropía. Todo lo contrario, usualmente ni siquiera cumplen con la legislación sea laboral, ambiental o fiscal. Este sí sería un argumento contra el rentismo.
Si se mira bien los pobres no piden que les regalen nada. Los resultados de las encuestas de percepción de los proyectos Cómo vamos indican que, para 9 ciudades, lo que la ciudadanía demanda es más empleo y más seguridad, muy por encima de otros aspectos relacionados con el asistencialismo. La clase empresarial suele pedir más seguridad jurídica y perfeccionamiento del mercado que subsidios.
Claro que hay excepciones. Pobres que piden subsidios y ricos que piden subsidios más grandes que les complementen contratos enormes. A estas franjas es imposible satisfacerlas. Mientras más se les da, más se les queda debiendo. Se trata, como decía, Baudelaire de “reyes destronados”. Tienen todos los derechos y ninguna obligación. Y encima, según el estudio mencionado, menos le aportan a la sociedad.
Aquí hay una pista muy interesante para revisar y modificar las políticas sociales del Estado tanto a nivel nacional como local, pero hay un pequeño problema: si se acaba el asistencialismo subsidiado, el clientelismo queda herido de muerte.
El Colombiano, 17 de junio
Entre los primeros estaba un trabajo de Cárdenas, Casas, Méndez y Exadaktylos sobre preferencias sociales y justicia distributiva, que usa métodos de economía experimental y se inspira en los trabajos de Elinor Ostrom, la premio Nóbel de Economía del 2009 que murió esta semana (12 de junio).
El hallazgo de este trabajo es resumido por los autores así: “en los grupos más vulnerables y excluidos encontramos una correlación fuerte entre recibir más programas de apoyo del Estado y menores comportamientos pro-sociales”. En cristiano quiere decir que mientras más subsidios estatales recibe y más objeto de programas de asistencia social es un individuo –pobre en este caso– menos propenso es el mismo individuo a cooperar y solidarizarse con sus semejantes. Peor aún, entre 6 capitales latinoamericanas
Bogotá tuvo el peor indicador de expectativas de cooperación entre la gente.
Esto significa que habría un efecto indeseado en las políticas sociales tal y como están concebidas en Colombia, a saber, que ciertas medidas de asistencia social sostenida deterioran el capital social (confianza, solidaridad, asociacionismo, integración) de las comunidades más pobres. No es un argumento contra la justicia distributiva, sino contra la política de subsidiar o regalar.
Yo creería –Cárdenas no me proporcionó la respuesta– que este comportamiento puede hallarse también entre los ricos que viven de los favores del Estado: contratistas y rentistas de todo tipo. No es el tipo de burgués o de corporación que uno vea todos los días haciendo filantropía. Todo lo contrario, usualmente ni siquiera cumplen con la legislación sea laboral, ambiental o fiscal. Este sí sería un argumento contra el rentismo.
Si se mira bien los pobres no piden que les regalen nada. Los resultados de las encuestas de percepción de los proyectos Cómo vamos indican que, para 9 ciudades, lo que la ciudadanía demanda es más empleo y más seguridad, muy por encima de otros aspectos relacionados con el asistencialismo. La clase empresarial suele pedir más seguridad jurídica y perfeccionamiento del mercado que subsidios.
Claro que hay excepciones. Pobres que piden subsidios y ricos que piden subsidios más grandes que les complementen contratos enormes. A estas franjas es imposible satisfacerlas. Mientras más se les da, más se les queda debiendo. Se trata, como decía, Baudelaire de “reyes destronados”. Tienen todos los derechos y ninguna obligación. Y encima, según el estudio mencionado, menos le aportan a la sociedad.
Aquí hay una pista muy interesante para revisar y modificar las políticas sociales del Estado tanto a nivel nacional como local, pero hay un pequeño problema: si se acaba el asistencialismo subsidiado, el clientelismo queda herido de muerte.
El Colombiano, 17 de junio
viernes, 15 de junio de 2012
Contra Fajardo
La seriedad de las amenazas contra la vida del gobernador Sergio Fajardo esta semana no debe ser subestimada. La información provino del Ejército Nacional –la institución que goza de más credibilidad en el país– y fue confirmada por la Fiscalía. Mal servicio le prestan a la democracia medios como El Tiempo y El Espectador que sepultaron la nota y le adjudicaron la información al propio Fajardo.
Fajardo nunca ha hecho política con la violencia. En esto se distingue nítidamente de aquellos políticos que resultan amenazados cuando dejan de mojar prensa más de dos semanas o que creen que un séquito de guardaespaldas les da estatus. Solo por eso merece credibilidad. Pero si, además, su despacho se ve sometido a un operativo de protección por parte del CTI de la Fiscalía desde Bogotá, como sucedió en la noche del miércoles 6 de junio, aquella subestimación resulta insostenible. Técnicamente dejó de ser una amenaza y se convirtió en la debelación de un atentado.
Mi punto es que se trata de un asunto serio, contra la autoridad regional más importante del país, en un ambiente que se torna inseguro entre los titubeos del gobierno central y los juegos beligerantes desde los extremos del espectro político.
¿De dónde puede provenir esta acción? Fajardo nunca se ha enfocado en luchas personalizadas o vindicativas, nunca estigmatizó ningún partido por merecido que lo tuviera y se apartó siempre del tinglado de la polarización en la última década alrededor de la figura de Álvaro Uribe. Su perspectiva ha sido la de gobernar para todos, incluso cuando ha estado en campaña.
Pero sí se ha comprado una lucha. La lucha contra la corrupción, la criminalidad y la ilegalidad. Cuando esa lucha es genérica y abstracta, como cuando se publicó el Libro Blanco, nada pasa. Excepto, claro está, el pleitismo propio de los políticos que tienen pocos argumentos pero les sobran amigos en los tribunales. Pero cuando la lupa pasa del papel a los organismos de control y se investigan casos concretos, nombres de personajes, empresas de fachada, contratos a dedo y acomodados y desfalcos de varios cientos y miles de millones de pesos, la cosa cambia.
Es que aquí no se trata de honor sino de plata, no se juega el prestigio sino la libertad. Con este desplazamiento, las nobles banderas políticas y las trayectorias públicas van quedando a un lado y lo que emerge son prontuarios, antecedentes y asociaciones para delinquir. En estos casos, cuando una investigación es seria, termina poniendo en evidencia que existe una fina conexión entre miles de votos, centenas de contratos y decenas de balas.
Esta es la hipótesis más plausible, pero en este país y en esta región hay más probabilidades en juego. En cualquier caso y por el bien de todos, sería bueno que toda la sociedad antioqueña –incluyendo a los adversarios políticos de Sergio Fajardo– condenara públicamente estas acciones.
El Colombiano, 10 de junio.
Fajardo nunca ha hecho política con la violencia. En esto se distingue nítidamente de aquellos políticos que resultan amenazados cuando dejan de mojar prensa más de dos semanas o que creen que un séquito de guardaespaldas les da estatus. Solo por eso merece credibilidad. Pero si, además, su despacho se ve sometido a un operativo de protección por parte del CTI de la Fiscalía desde Bogotá, como sucedió en la noche del miércoles 6 de junio, aquella subestimación resulta insostenible. Técnicamente dejó de ser una amenaza y se convirtió en la debelación de un atentado.
Mi punto es que se trata de un asunto serio, contra la autoridad regional más importante del país, en un ambiente que se torna inseguro entre los titubeos del gobierno central y los juegos beligerantes desde los extremos del espectro político.
¿De dónde puede provenir esta acción? Fajardo nunca se ha enfocado en luchas personalizadas o vindicativas, nunca estigmatizó ningún partido por merecido que lo tuviera y se apartó siempre del tinglado de la polarización en la última década alrededor de la figura de Álvaro Uribe. Su perspectiva ha sido la de gobernar para todos, incluso cuando ha estado en campaña.
Pero sí se ha comprado una lucha. La lucha contra la corrupción, la criminalidad y la ilegalidad. Cuando esa lucha es genérica y abstracta, como cuando se publicó el Libro Blanco, nada pasa. Excepto, claro está, el pleitismo propio de los políticos que tienen pocos argumentos pero les sobran amigos en los tribunales. Pero cuando la lupa pasa del papel a los organismos de control y se investigan casos concretos, nombres de personajes, empresas de fachada, contratos a dedo y acomodados y desfalcos de varios cientos y miles de millones de pesos, la cosa cambia.
Es que aquí no se trata de honor sino de plata, no se juega el prestigio sino la libertad. Con este desplazamiento, las nobles banderas políticas y las trayectorias públicas van quedando a un lado y lo que emerge son prontuarios, antecedentes y asociaciones para delinquir. En estos casos, cuando una investigación es seria, termina poniendo en evidencia que existe una fina conexión entre miles de votos, centenas de contratos y decenas de balas.
Esta es la hipótesis más plausible, pero en este país y en esta región hay más probabilidades en juego. En cualquier caso y por el bien de todos, sería bueno que toda la sociedad antioqueña –incluyendo a los adversarios políticos de Sergio Fajardo– condenara públicamente estas acciones.
El Colombiano, 10 de junio.
martes, 12 de junio de 2012
La expropiación del fútbol
Desde tiempos inmemoriales se sabe de la importancia del deporte, el entretenimiento y el espectáculo en las sociedades. Desconfiadamente muchos creen que la expresión “pan y circo” es apenas una muestra de cinismo de las élites dominantes. Pero no. La vida sin pan puede ser dura, pero sin circo sería aburrida.
El fútbol ocupa el principal lugar global en la categoría circo. Más aun. Lamentando la decadencia de la Vuelta a Colombia, la inopia del boxeo, la falta de atención sobre deportes que en otras latitudes son exaltados, todo eso junto lo único que ha hecho es convertir al fútbol en el casi único esparcimiento del pueblo colombiano.
Este año la Dimayor decidió privatizar totalmente las trasmisiones de televisión. Ahora se anunció la creación de un canal futbolístico entre Direct TV y RCN. Esto ya sería la privatización definitiva e indefinida del espectáculo del fútbol colombiano. Pobre sí, lento, casi siempre torpe, pero es nuestro fútbol. El escenario donde busca oportunidades parte importante de nuestra juventud, la representación de identidades sociales y regionales, el principal medio para el uso del tiempo libre de las clases medias y bajas.
Los defensores del libre mercado podrán argumentar que se trata de un negocio legítimo entre empresas privadas. Ojalá fuera cierto. Todos los clubes profesionales viven en mayor o menor medida de los dineros públicos. No hay un solo equipo que no reciba dineros de las empresas industriales y comerciales del Estado, de alcaldías y gobernaciones, e incluso (una vergüenza) de una caja de compensación.
Un cálculo rápido me permite asegurar que los clubes de fútbol reciben al menos 100 mil millones de pesos al año que son dinero público. Contemos adicionalmente los gastos indirectos. Todos los equipos juegan en escenarios estatales, casi siempre mal arrendados. El simple gasto que supone dedicar una buena parte de la fuerza pública en cada fecha profesional y en cada partido incluyendo los de equipos de la B ya es alto.
Visto de esta manera la privatización de las trasmisiones televisivas del fútbol colombiano funcionaría de esta manera: todos los colombianos financiamos los clubes en patrocinios, escenarios y boletería, unos señores dueños de los clubes reunidos en una cosa llamada Dimayor le venden los derechos a los angelitos de Direct Tv y RCN, que después nos van a cobrar la trasmisión. En resumen, nos van a vender dos veces el mismo producto. ¡Eso no es libre mercado! Se trata de puro latrocinio.
La clave de todo este asunto la dio Hernán Peláez hace unos meses en un consejo a José Pékerman (El Espectador, 01.01.12): “Si Blatter, el terrorífico presidente de la Fifa, ya está cuestionado por sobornos y compra de votos, mal puede esperar que los discípulos de él sean mansas palomas”; los de Colfútbol “sólo piensan en el billete acumulado en Suiza y en la viajadera”.
El Colombiano, 3 de junio
El fútbol ocupa el principal lugar global en la categoría circo. Más aun. Lamentando la decadencia de la Vuelta a Colombia, la inopia del boxeo, la falta de atención sobre deportes que en otras latitudes son exaltados, todo eso junto lo único que ha hecho es convertir al fútbol en el casi único esparcimiento del pueblo colombiano.
Este año la Dimayor decidió privatizar totalmente las trasmisiones de televisión. Ahora se anunció la creación de un canal futbolístico entre Direct TV y RCN. Esto ya sería la privatización definitiva e indefinida del espectáculo del fútbol colombiano. Pobre sí, lento, casi siempre torpe, pero es nuestro fútbol. El escenario donde busca oportunidades parte importante de nuestra juventud, la representación de identidades sociales y regionales, el principal medio para el uso del tiempo libre de las clases medias y bajas.
Los defensores del libre mercado podrán argumentar que se trata de un negocio legítimo entre empresas privadas. Ojalá fuera cierto. Todos los clubes profesionales viven en mayor o menor medida de los dineros públicos. No hay un solo equipo que no reciba dineros de las empresas industriales y comerciales del Estado, de alcaldías y gobernaciones, e incluso (una vergüenza) de una caja de compensación.
Un cálculo rápido me permite asegurar que los clubes de fútbol reciben al menos 100 mil millones de pesos al año que son dinero público. Contemos adicionalmente los gastos indirectos. Todos los equipos juegan en escenarios estatales, casi siempre mal arrendados. El simple gasto que supone dedicar una buena parte de la fuerza pública en cada fecha profesional y en cada partido incluyendo los de equipos de la B ya es alto.
Visto de esta manera la privatización de las trasmisiones televisivas del fútbol colombiano funcionaría de esta manera: todos los colombianos financiamos los clubes en patrocinios, escenarios y boletería, unos señores dueños de los clubes reunidos en una cosa llamada Dimayor le venden los derechos a los angelitos de Direct Tv y RCN, que después nos van a cobrar la trasmisión. En resumen, nos van a vender dos veces el mismo producto. ¡Eso no es libre mercado! Se trata de puro latrocinio.
La clave de todo este asunto la dio Hernán Peláez hace unos meses en un consejo a José Pékerman (El Espectador, 01.01.12): “Si Blatter, el terrorífico presidente de la Fifa, ya está cuestionado por sobornos y compra de votos, mal puede esperar que los discípulos de él sean mansas palomas”; los de Colfútbol “sólo piensan en el billete acumulado en Suiza y en la viajadera”.
El Colombiano, 3 de junio
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